CE - 110010315000202302830011SENTENCIA20231212094420

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-02830-01

Demandante: SAMUEL JOSÉ OLIVEROS GAMBOA Y OTRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia proferida en el marco de un proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo porque, si bien confirmó la decisión que había declarado patrimonialmente responsable a las demandadas , la indemnización ordenada no correspondió con lo que se probó en el proceso y no se tuvo en cuenta que trece años después no se ha entregado la vivienda adjudicada al señor Oliveros Gamboa . La Sala declarará : ii) la falta de relevancia cons titucional frente a los defectos fáctico en su dimensión negativa, desconocimiento del precedente judicial y sustantivo, y iii) la falta subsidiariedad frente a los defectos fáctico en su dimensión positiva y violación directa de la Constitución.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante1 contra la sentencia de 22 de junio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el municipio

de 22 de junio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el municipio de Ibagué.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos, contra el Tribunal Administrativo del Tolima.”. (mayúsculas fijas del original - archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

1 Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos.2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-02830-01

Actor: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Acción de tutela – impugnación fallo

Como fundamento fáctico de la acción 2 la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. La Defensoría del Pueblo Regional Tolima , en representación de un grupo, formuló demanda en ejercicio del medio de control de perjuicios causados a un grupo en contra del municipio de Ibagué –Gestora Urbana de Ibagué por la mora en la entrega de unas viviendas de las que eran adjudicatarios en un proyecto de vivienda de interés social , problemática que, además, se agravó por la ocupación de hecho de estas (invasión), lo cual impidió el proceso de entrega.

1. Mediante sentencia del 14 de diciembre de 2016, el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralida d del Circuito Judicial de Ibagué accedió parcialmente a las pretensiones

cual impidió el proceso de entrega.

1. Mediante sentencia del 14 de diciembre de 2016, el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralida d del Circuito Judicial de Ibagué accedió parcialmente a las pretensiones porque se probó el daño irrogado al extremo activo y la conducta omisiva de la Administración, quien inobservó el plazo pactado para entregar los inmuebles y asumió una conducta pasiva frente a la ocupación de hecho por parte de terceros.

1. En consecuencia, condenó a las demandadas al pago de los perjuicios morales y al pago de perjuicios materiales por daño emergente desde el mes de agosto de 2010 – fecha desde la que debieron entregarse las viviendas – hasta que efectivamente se entregaran.

1. En cuanto a la situación particular del señor Samuel José Oliveros Gamboa advirtió que este fue renuente a recibir el inmueble, por lo cual la indemnización por daño emergente que le correspondía iría hasta el 31 de marzo de 2015 , fecha del oficio que dio cuenta de esa situación3.

1. En consecuencia, lo ubicó en el vigésimo cuarto subgrupo de propietarios que recibieron inmuebles en el mes de marzo de ese año y le reconoció en su favor 55 meses de cánones, cada uno por la suma de $150.000.

1. La Defensoría del Pueblo Regional Tolima presentó recurso de apelación en el que pidió que las sumas de dinero reconocidas en favor de cada una de las familias afectadas

2 El mecanismo se presentó el 26 de mayo de 2023. 3 “el único en esta supermanzana que no quiso recibir el inmueble según usted porque no cumplía con lo prometido en la promesa de compraventa”.3

2 El mecanismo se presentó el 26 de mayo de 2023. 3 “el único en esta supermanzana que no quiso recibir el inmueble según usted porque no cumplía con lo prometido en la promesa de compraventa”.3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-02830-01

Actor: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Acción de tutela – impugnación fallo

con la ocupación de hecho debían ser reajustadas conforme con el incremento del salario mínimo legal mensual vigente o el índice de precios al consumidor.

1. El apoderado del señor Samuel José Oliveros Gamboa adicionó el recurso presentado por la Defensoría en el sentido de manifestar que el cálculo de la indemnización ordenada en su favor fue erróneo porque se tuvo como fecha de entrega el 31 de marzo del 2015, cuando lo cierto es que el inmueble nunca fue entregado porque seguía invadido, por lo tanto, se le debía indemnizar hasta que se realizara la entrega efectiva4.

1. A través de fallo de 10 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima modificó el ordinal segundo mediante el cual el a quo condenó a las demandadas al pago de los perjuicios morales y, en su lugar, condenó únicamente al pago de los perjuicios materiales.

1. Asimismo, modificó el ordinal cuarto que había condenado al pago de cánones por el término de 55 meses por concepto de daño emergente en favor del aquí actor -Samuel José Oliveros Gamboapor ser de los propietarios que recibió el inmueble en marzo de 2015 para, en su lugar, reconocerle 62 meses, manteniendo como fecha límite el 31 de marzo de 2015.

José Oliveros Gamboapor ser de los propietarios que recibió el inmueble en marzo de 2015 para, en su lugar, reconocerle 62 meses, manteniendo como fecha límite el 31 de marzo de 2015.

1. Por último, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida en el proceso.

1. El 19 de octubre de 2021, el señor Samuel José Oliveros Gamboa presentó solicitud para que se corrigiera la sentencia de segunda instancia toda vez que en las consideraciones se manifestó que se adicionaría la sentencia de primera instancia

4 1) Además, no se podía tener como fecha de entrega la antes referida con base en un oficio de la Gestora Urbana porque no fue debatido en el proceso y, por lo tanto, solo constituía una manifestación o afirmación de esa entidad. 2) Sumado a lo anterior, s eñaló que en su caso el juzgado sin razones suficientes ni fundadas se apartó del contrato de arrendamiento y los recibos de pago mensuales que demostraban valores superiores pagados por concepto de cánones de arrendamiento. 3) Por otro lado, respecto a los daños y perjuicios morales argumentó que su hogar estaba conformado por tres personas que se hicieron parte en el proceso y fueron reconocidas en el mismo, sin embargo, a estas no se le reconocieron perjuicios. 4) Adicionalmente, reprochó la falta de rec onocimiento de perjuicios objetivados y subjetivados porque no fueron reclamados en las pretensiones de la demanda ni antes que se corriera traslado para presentar pruebas, y la negativa a condenar en costas y a agencias en derecho. 5) Por último, señalo q ue si bien el a quo accedió parcialmente a las pretensiones, también lo es que no

pruebas, y la negativa a condenar en costas y a agencias en derecho. 5) Por último, señalo q ue si bien el a quo accedió parcialmente a las pretensiones, también lo es que no dispuso absolutamente nada en la parte resolutiva respecto de la entrega de su vivienda, motivo por el cual solicitó que se emitiera un pronunciamiento respecto de ello.4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-02830-01

Actor: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Acción de tutela – impugnación fallo

respecto de la orden de entrega física, real y material de la vivienda que se le adjudicó y se actualizarían las sumas de dineros reconocidas a los demandantes por concepto de perjuicios, sin embargo, en l a parte resolutiva de la sentencia dichas órdenes no fueron incluidas.

1. Mediante providencia del 1 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a la solicitud de corrección del actor respecto de la entrega del inmueble, por lo cual adicionó un ordinal a la providencia para que e l municipio de Ibagué y la Gestora Urbana de Ibagué procedieran de manera inmediata con la entrega física, real y efectiva al actor de la vivienda adjudicada en la Urbanización “ Nueva Castilla ”; no obstante, negó la solicitud de corrección respecto a la actualización de las sumas de dinero porque ese aspecto sí quedó sentado en la resolutiva5.

Fundamento de la vulneración

Los actores señalaron que el tribunal demandado incurrió en los defectos procedimental absoluto, sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Fundamento de la vulneración

Los actores señalaron que el tribunal demandado incurrió en los defectos procedimental absoluto, sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

En cuanto al defecto fáctico indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en esta modalidad en su dimensión negativa porque no valoró el oficio del 6 de diciembre de 2016 proferido y presentado por la Gestora Urbana , en el cual estaban relacionadas las viviendas entregadas en diferentes fechas entre los años 2011 al 2015, y que, entre esas, no estaba la adjudicada al hogar del señor Samuel José Oliveros Gamboa.

5 “PRIMERO: CORREGIR la sentencia de fecha 10 de junio de 2021, adicionando un numeral en la referida providencia, únicamente, respecto de la orden de entrega de la vivienda adjudicada al señor Samuel José Oliveros Gamboa. En consecuencia, el numeral adicionado quedará así: “CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y A LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ, que procedan en forma inmediata, si aún no lo han hecho, a realizar la entrega física, real y efectiva de la vivienda adjudicada al señor Samuel José Oliveros Gamboa en la Urbanización “Nueva Castilla”, en las mismas condiciones entregadas a los demás adjudicatarios, mediante los actos administrativos de su competencia y/o las acciones policivas a que hubiera lugar, en orden a obtener la restitución y el desalojo de las personas que se encuentran ocupando la unidad de vivienda, si aún persiste la invasión, deberán proceder respetando las reglas establecidas en la sentencia de la Corte Constitucional T -740 de 2012, en caso que

que se encuentran ocupando la unidad de vivienda, si aún persiste la invasión, deberán proceder respetando las reglas establecidas en la sentencia de la Corte Constitucional T -740 de 2012, en caso que sus ocupantes, constituyan población vulnerabl e o se encuentren en estado de debilidad manifiesta o constituyan sujetos de especial protección constitucional.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de corrección respecto de la actualización de las sumas de dinero, al estar plenamente incluida en el resuelve de la providencia objeto de la petición”.5

Expediente: 11001-03-15-000-2023-02830-01

Actor: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Acción de tutela – impugnación fallo

Asimismo, que no se valoró la prueba sobreviniente –Oficio VPE-50-RS-2921 del 22 de diciembre de 2016–, emitido por la Gestora Urbana en fecha posterior a la sentencia de primera instancia, la cual fue aportado con el recurso de apelación y en la cual se lee que “a la fecha se tiene conocimiento que existen cinco (5) viviendas invadidas..., por visita realizada a la vivienda adjudicada a Samuel José Oliveros Gamboa, pudimos constatar que se encuentra invadida por la señora Marly Gaviria Álzate desde el 12 d e octubre de 2012..., que durante el trascurso de este tiempo no se había dado solución a la restitución del inmueble..., actualmente es imposible determinar una fecha cierta para la entrega del inmueble antes mencionado, ya que para poder restituirla se e stá iniciando un proceso jurídico”.

Con base en ese oficio, manifestó que la vivienda que le adjudicaron está invadida

inmueble antes mencionado, ya que para poder restituirla se e stá iniciando un proceso jurídico”.

Con base en ese oficio, manifestó que la vivienda que le adjudicaron está invadida inclusive 29 meses antes del 31 de marzo de 2015, de modo que no es cierto que se hubiera negado a recibirla, motivo por el cual el pago de los cánones de arrendamiento debe reconocérsele hasta la fecha en que se le haga entrega efectiva.

De igual manera, indicó que la autoridad accionada tampoco valoró el contrato de arrendamiento ni los recibos de pago allegados por el señor Oliveros Gamboa, los cuales daban cuenta de que pagó una suma superior a $150.000.000 por concepto de cánones de arrendamiento.

En segundo lugar, alegó que el defecto fáctico también se presentó en su dimensión positiva porque el tribunal dio por probado, con base en el oficio del 31 de marzo de 2015, que el señor Oliveros Gamboa se negó a recibir el inmueble, a pesar de que esa prueba no fue controvertida en el curso del proceso ordinario y, en todo caso, ello no ocurrió así, pues el Oficio VPE-50-RS-2921 del 22 de diciembre de 2016 acreditó que la vivienda estaba invadida desde octubre de 2012.

En conclusión, frente a esta dimensión, la parte actora manifestó que la supuesta prueba de la renuencia no fue debatida al interior del proceso ni tampoco existía otro documento que probara esa situación, por tanto, ese oficio no tenía la calidad de prueba dado que se trató de una simple manifestación o afirmación de la entidad.

Admitir o aceptar la conclusión del tribunal es trasladar una situación en perjuicio del

que probara esa situación, por tanto, ese oficio no tenía la calidad de prueba dado que se trató de una simple manifestación o afirmación de la entidad.

Admitir o aceptar la conclusión del tribunal es trasladar una situación en perjuicio del actor, quien demostró fehacientemente que el incumplimiento en la entrega de la vivienda se estructuró el 31 de enero de 2010 y a la fecha no se ha materializado únicamente por6

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Actor: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Acción de tutela – impugnación fallo

la ocupación y la conducta pasiva de las demandadas frente a la ocupación de hecho por parte de terceros.

Frente al sustantivo, señaló que la demanda fue presentada en vigencia del Código Procedimiento Civil, por lo tanto, debía ser tramitad a conforme con esas reglas, pues, incluso, así fue reconocido en la providencia cuestionada , luego entonces no podía restárseles valor probatorio a los recibos de pago de arrendamiento con fundamento en el artículo 384 del Código General del Proceso ni mucho menos exi gírsele como prueba únicamente el contrato de arrendamiento o, en caso de que el contrato fue verbal, una prueba testimonial, máxime cuando dicha norma regula la restitución de inmueble arrendado y no las acciones de grupo.

De modo que debió aplicarse el artículo 175 del CPC, el cual prevé como medios de prueba la declaración de parte, el juramento, el testimonio, el dictamen pericial, la inspección judicial, los docume ntos6, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez, por lo tanto, bastaba con los recibos

inspección judicial, los docume ntos6, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez, por lo tanto, bastaba con los recibos de pago mensual aportados.

Por otra parte, refirió que se desconoció la línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la presunción de daño moral en algunos específicos eventos y los topes con lo que se indemniza, a efecto de hacer más equitativo este tipo de reconocimientos.

Por último, en lo relacionado con la violación directa de la Constitución argumentó que el señor Oliveros Gamboa tiene 37 años de edad y aproximadamente desde el año 2012, como consecuencia de las angustias e inconvenientes derivados del incumplimiento en la entrega de la vivienda, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide , padecimiento por el cual ha sido tratado desde entonces , tanto así que e n los años 2018 y 2020 fue necesario que lo hospitalizaran en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué por

6 “En relación a las acciones de grupo en estos eventos, entre otras, la Sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado de fecha 03 de marzo de 2020, y que básicamente se fundó en la proferida el 1° de octubre de 2019 por la Sala Doce Especial de Decisión dentro del Radicado 05001 2331 000 2003 03502 02. -AG-REV-. En cuanto a la presunción de daño moral en algunos específicos eventos y los topes con lo que se indemniza, a efecto de hacer más equitativo este tipo de reconocimientos. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de 28 de agosto de 2014, exp.26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio. 27709

con lo que se indemniza, a efecto de hacer más equitativo este tipo de reconocimientos. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de 28 de agosto de 2014, exp.26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio. 27709 M.P. Carlos Alberto Zambrano y 32988. M.P. Ramiro Pazos Guerreo. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp.31172. M.P. Olga Melida Valle de De La Hoz. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2006, exp. 2001 -00213. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, sentencia de 15 de agosto de 2007, ex p.2003-00385. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 36149. M.P. Hernán Andrade Rincón”.7

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ansiedad no especificada, afirmaciones que pueden ser corroboradas con la historia clínica que da cuenta de que sufre de desorientación, retraso mental leve y deterioro del comportamiento nulo o mínimo.

En cuanto al accionante Álvaro Oliveros Castellanos7 señalaron que tiene 62 años de edad, no tiene ingresos, debe pagar arriendo, y se encuentra en una condición económica de debilidad manifiesta y en peligro de que se materialice un perjuicio irremediable porque no tiene ingresos.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las

de debilidad manifiesta y en peligro de que se materialice un perjuicio irremediable porque no tiene ingresos.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:

“1°. Que se amparen los Derechos Fundamentales al Debido Proceso, a la Defensa y Contradicción, Acceso a la Administración de Justicia, de Igualdad procesal ante la ley, Buena Fe, Confianza Legítima, y a la Prevalencia de las Garantías Procesales de la población de estratos socioeconómico s bajos a la Vivienda Digna y de cualquier otro derecho que se establezca como amenazado o vulnerado.

2°. Que como consecuencia de lo anterior, se Deje sin Valor y Sin Efectos Jurídicos los numerales Primero, y Segundo del resuelve de la Sentencia del 10 de junio de 2021, proferida por el Tribunal accionado, que modifico los numerales segundo y cuarto de la sentencia del 14 de diciembre de 2016, proferida por el juzgado séptimo administrativo oral del circuito judicial de Ibagué, mediante los cuales Revoc ó y/o Negó los Perjuicios Morales, y los cambio por Perjuicios materiales, Declaro la conformación del Subgrupo 4.24,en el que ubico al hogar de los accionantes, y dispuso No condenar en costas de segunda instancia; así mismo se Deje sin Valor y Sin Efectos Jurídicos los numerales Quinto y Sexto de la Sentencia del 14 de diciembre de 2016, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué, mediante los cuales se Resolvió condenar al pago de las costas, no

numerales Quinto y Sexto de la Sentencia del 14 de diciembre de 2016, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué, mediante los cuales se Resolvió condenar al pago de las costas, no obstante lo anterior, no se tuvo en cuenta al actor hoy accionante y en segunda instancia no se condenó pese a que las demandadas fueron vencidas en juicio, lo que conlleva a evidenciar una desigualdad injustificada toda vez que los accionantes desde el inicio del proceso, durante el desarrollo del mismo y hasta el 06 de octubre de 2022, tuvimos apoderado de confianza quien nos representó hasta la fecha de la renuncia del mismo, por lo que tenemos legítimo derecho a que se nos renazcan las mismas de manera equitativa; Resolvió Negar las demás pretensiones de la demanda.

3°. Por lo tanto, Disponer y Ordenar, corregir y/o modificar, el numeral segundo de la sentencia de segunda instancia de fecha 10 de junio de 2021, mediante el cual erradamente se Declaró Administrativamente Re sponsables al Municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué, por los perjuicios materiales ocasionados a las personas integrantes del grupo conformado por los demandantes, por cuanto los mismos, se advierte el error, en cuanto ya habían

7 Padre del señor Samuel José Oliveros Gamboa.8

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Actor: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Acción de tutela – impugnación fallo

sido resuelto s en primera instancia, en el sentido de mantener el numeral Tercero de la Sentencia de Primera Instancia que acertadamente Resolvió

Actor: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Acción de tutela – impugnación fallo

sido resuelto s en primera instancia, en el sentido de mantener el numeral Tercero de la Sentencia de Primera Instancia que acertadamente Resolvió Condenar al Municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué, a reconocer y pagar los perjuicios materiales, corrigiendo y/o modificando el error en que si se incurrió en el caso individual del subgrupo 4.24, en el cual se ubicó al hogar accionante en aras de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales invocados.

4°. Como consecuencia de lo anterior, Disponer y Ordenar corregir y/o modificar la errada actuación del Tribunal accionado, que confundió los numerales Segundo y Tercero del Resuelve de la Sentencia de Primera Instancia, que declaran y condenan perjuicios morales y materiales, en el sentido de mantener con valor y efectos jurídicos el numeral Segundo de la Sentencia de Primera Instancia que Declaro Administrativamente Responsables al Municipio de Ibagué y, a la Gestora Urbana de Ibagué, por los Perjuicios Morales ocasionados, subjetivados y objetivados a l menos en el caso individual del hogar de Samuel José Oliveros Gamboa, y que los mismos sean tasados, reconocidos y pagados en el menor tiempo posible.

5°. Como consecuencia, Disponer y Ordenar, corregir y/o modificar el Subgrupo 4.24, en el que ubico al hogar accionante y le cuantifico la indemnización correspondiente a los perjuicios materiales por concepto de cánones e arrendamiento, en el sentido de que se modifique la supuesta fecha límite 31

4.24, en el que ubico al hogar accionante y le cuantifico la indemnización correspondiente a los perjuicios materiales por concepto de cánones e arrendamiento, en el sentido de que se modifique la supuesta fecha límite 31 de marzo de 2015, y reconozca el inmueble hasta la fecha no ha sido entregado y como en derecho corresponde, que por tanto, la fecha límite para efectos de reconocer la indemnización sea hasta la fecha en que se haga la entrega física, real y efectiva de la vivienda, que los valores a reconocer por concepto de cánones de arrendamientos, sean reconocidos, liquidados y pagados conforme a las pruebas aportadas el proceso, contrato de arrendamiento y/o recibos de pago de los mismos, garantizándole en los términos de la sentencia de tutela que se profiera, los derechos fundamentales al hogar accionante.

6°. Disponer y Ordenar, que en el evento de que las entidades condenadas al momento de proferirse la decisión judicial que resuelva la presente acción de tutela, continúen incumpliendo la providencia judicial que hizo t ránsito a cosa juzgada del 01 de diciembre de 2022, que corrigió la sentencia del 10 de junio de 2021, mediante la cual se adiciono un numeral, Ordenando a las entidades condenadas que procedan de manera Inmediata procedan a realizar la restitución y entrega física, real y efectiva del inmueble, se Ordene en el caso individual, la Devolución en el menor tiempo posible el 100% del valor de la vivienda, debidamente indexado a la fecha en que efectivamente sea devuelto.

7°. Disponer y Ordenar la corrección y/o modificación del numeral Segundo de

individual, la Devolución en el menor tiempo posible el 100% del valor de la vivienda, debidamente indexado a la fecha en que efectivamente sea devuelto.

7°. Disponer y Ordenar la corrección y/o modificación del numeral Segundo de la Sentencia se segunda instancia, mediante el cual, se resolvió No condenar en costas de segunda instancia, y en su lugar se ordene la respectiva condena a las entidades condenadas al pago de las mismas, como en derec ho corresponde.

8°. Disponer y Ordenar la corrección y/o modificación del Numeral Quinto de la Sentencia de primera Instancia, mediante el cual se resolvió condenar a las entidades demandas a pagar las costas procesales, en el sentido de que se tenga en cuenta al hogar de los accionantes, en el entendido que tienen derecho a beneficiarse de la condena en costas y agencias en derecho, asunto que los juzgadores de primera y segunda instancia, no los tuvieron en cuenta, dado que lo anterior conlleva a evidenciar una desigualdad injustificada toda vez que los accionantes desde el inicio del proceso, durante el desarrollo del mismo y hasta el 06 de octubre de 2022, tuvimos apoderado de confianza, quien nos representó hasta la fecha de la renuncia del poder conferido, por lo que tenemos9

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legítimo derecho a que se ordene que se nos reconozcan las mismas de manera equitativa.

9°. Disponer y Ordenar, la corrección y/o modificación del numeral Sexto de la sentencia de primera instancia, mediante el cual, se niegan las demás

legítimo derecho a que se ordene que se nos reconozcan las mismas de manera equitativa.

9°. Disponer y Ordenar, la corrección y/o modificación del numeral Sexto de la sentencia de primera instancia, mediante el cual, se niegan las demás pretensiones de la demanda, y en su lugar se Ordene lo pertinente, como en derecho corresponde.

10°. Disponer y Ordenar las demás correcciones y/o modificaciones que el Señor Juez de Tutela, considere conducente decretar para un mejor proveer ”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 30 de mayo de 2023, la Sección Quinta de esta Corporación admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Tolima , así como la vinculación del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, los demandantes de la acción de grupo, al municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 22 de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, tras considerar que no satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

Al respecto, sostuvo que la cuestión planteada por los accionantes fue objeto de la demanda, el recurso de apelación y la solicitud de corrección de la sentencia del 10 de junio de 2021 del Tribunal Administrativo del Tolima, por lo cual el juez natural de la causa emitió un pronunciamiento frente a ello y no se puede utilizar la acción de tutela para

junio de 2021 del Tribunal Administrativo del Tolima, por lo cual el juez natural de la causa emitió un pronunciamiento frente a ello y no se puede utilizar la acción de tutela para reabrir el debate como si se tratara de una tercera instancia.

En segundo lugar, consideró que las pretensiones del señor Oliveros Gamboa en las que propone que su caso se liquide teniendo en cuenta un valor superior al reconocido por concepto de los cánones de arrendamiento que las víctimas pagaron durante el tiempo que el municipio y la gestora se tardaron en entregar las viviendas, así como la devolución del total de los valores pagados, son de tipo legal y tornan improcedente el mecanismo.

Además, lo pretendido por los d emandantes implica un impacto en el monto del dinero que recibiría n a título de reparación por perjuicios materiales , lo cual significa que la10

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Actor: Samuel José Oliveros Gamboa y otro Acción de tutela – impugnación fallo

discusión tiene como objetivo lograr una pretensión económica , es decir, no se plantea una cuestión de índole constitucional.

Impugnación

La parte actora manifestó que, contrario a lo considerado por el a quo, el asunto es de relevancia constitucional porque si bien se reclaman derechos económicos, lo cierto es que se debe acceder al amparo porque estos guardan conexidad con los derechos a la vivienda digna y al mínimo vital que contribuyen a la subsistencia de los actores, puesto que se encuentran en una precaria condición económica y de salud.

Agregó que debe pagar arriendo y sus condiciones económicas y de salud son precarias,

vivienda digna y al mínimo vital que contribuyen a la subsistencia de los actores, puesto que se encuentran en una precaria condición económica y de salud.

Agregó que debe pagar arriendo y sus condiciones económicas y de