CE - 110010315000202302840011SENTENCIA20231005220825

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: MARLE LUZ RODRÍGUEZ GARCÍA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora es de naturaleza legal y económica.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela proferido el 11 de julio de 2023 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Marle Luz Rodríguez García , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por el Tribunal Administra tivo del Quindío, Sala

La señora Marle Luz Rodríguez García , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por el Tribunal Administra tivo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 27 de abril de 2023, en el expediente rad. No. 630013333-001-2022-00020-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA

SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL

TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,

GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razon es de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […]”.

[Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte actora informó que es docente y que labora para el departamento del Quindío desde el 7 de febrero de 1994, razón por la que considera tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías por el régimen anualizado, con pago de interés cada año.

Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas las cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece

Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas las cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece por los servicios prestados en el año 2020.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Manifestó que el “17 de julio de 2021” solicitó a la Secretaría de Educación Departamental del Quindío el pago de las cesantías y el reconocimiento de la sanción por mora establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudenci a de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Señaló que “(…) la entidad pública demandada, como patrono, en vez de efectuar una respuesta de fondo, o proceder a la consignación de las cesantías, remitió la solicitud a la Fiduciaria La Previsora S.A., para que otorgara respuesta a la solicitud, siendo esta última entidad la encargada de los recursos del FOMAG, no sobre quien recae la obligación de la consignación como patrono, pero hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela, nunca se obtuvo respuesta (…)”2.

La accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG - y el departamento del Quindío , con el fin que se

de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG - y el departamento del Quindío , con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto configurado el 1 4 de octubre de 2021, que le negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecida e n la Ley 50 de 1990 , así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, así como en la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Armenia que, en sentencia del 2 3 de septiembre de 2022, negó las pretensiones.

En contra de la precitada decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, en sentencia del 27 de abril de 2023 la confirmó con fundamento en que “(…) guarda una relación analógica este proceso con los definidos

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

por las Salas Segunda y Tercera de Decisión de esta corporación, así que, siguiendo esta misma línea, debe con cluirse que el fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda por considerar que los docentes demandantes no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que tienen un régimen especial contemplado en la Ley 91 de 1989, se ajusta a derecho, por lo que amerita ser confirmado (…)”3.

La parte actora indicó que “ (…) de acuerdo con la sentencia SU 098 de 2018, en virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006 no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanció n moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social (…)”4.

Anotó que, en el trámite del proceso ordinario, los juzgadores de manera caprichosa no aplicaron el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha decisión no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino también el derecho a la seguridad social.

caprichosa no aplicaron el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha decisión no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino también el derecho a la seguridad social.

Sostuvo que la sente ncia cuestionada no fue proferida acorde con la normatividad que regula la materia y la jurisprudencia y afirmó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta “ (…) las últimas 21 sentencias del Consejo de Estado, donde esta alta jurisdicción contenciosa administrativa se hace la pregunta ¿le es aplicable sí o no, la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por sus 6 consejeros, cada uno de ellos en sus difere ntes ponencias han

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00. 4 Ibidem.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva (…)”5.

Al respecto, hizo una relación de las sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 20206, el 24 de enero de

expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva (…)”5.

Al respecto, hizo una relación de las sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 20206, el 24 de enero de 20197, el 29 de julio de 20198, el 2 de diciembre de 20199, el 10 de junio de 202010, 22 de octubre de 2020 11, 12 de noviembre de 2020 12, 17 de junio de 202113, 4 de noviembre de 202114, 25 de noviembre de 202115, 11 de noviembre de 202116, 20 de enero de 202217, 3 de marzo de 202218, 28 de abril de 202219, 9 de mayo de 202220, 19 de mayo de 202221, 1 de julio de 202222, 22 de agosto de 202223 y 22 de septiembre de 202224.

Agregó que también se desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias SU-098 del 17 de octubre 2018, SU-332 del 25 de julio 2019 y SU-041 del 6 de febrero 2020.

Explicó que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia pr oferida el 23 de marzo de 2023 25 “(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa,

5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00. 6 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2013 00666 01.

radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00. 6 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2013 00666 01. 7 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2009 00867 01. 8 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 03499 01. 9 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00173 01. 10 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00208 01. 11 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01. 12 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01. 13 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 31 000 2014 00815 01 y nro. 08001 23 33 000 2015 00331 01. 14 Proceso identificado con el radicado nro. 19001 23 33 000 2015 00445 02. 15 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 33 000 2014 01127 01 y 40001 23 40 000 2017 00134 01. 16 Procesos identificados con l os radicados nro. 08001 23 40 000 2014 90022 01 y 080001 23 40 000 2015 90008 01. 17 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01.

080001 23 40 000 2015 90008 01. 17 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01. 18 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00075 01. 19 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2013 00756 01. 20 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01. 21 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01. 22 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00376 01. 23 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00509 01. 24 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 90124 01. 25 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente (…)”26, por lo tanto, solicitó que en el presente asunto se dicte sentencia de tutela en igual sentido.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

en desconocimiento del precedente (…)”26, por lo tanto, solicitó que en el presente asunto se dicte sentencia de tutela en igual sentido.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 29 de mayo de 2023 a través de la ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Subsección B, Sección Tercera que, por auto del 31 de mayo de 2023 27 la admitió y dispuso notificar 28 a los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío como parte accionada, así como vincular 29 al titular del Juzgado Primero Administrativo de Armenia, al gobernador o a quien haga sus veces del departamento del Quindío, al director o a quien haga sus veces del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Ministra de Educación Nacional, por asistirles interés jurídico en el proceso.

3.2. El Juzgado Primero Administrativo de Armenia remitió copia digi tal del expediente contencioso 30, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos de la acción de tutela.

3.3. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. presentó escrito vía correo electrónico31, en el que solicitó que se declare la improcedencia

26 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00. 27 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00.

27 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00. 28 Esta orden se cumplió el 2 de junio de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00. 29 Ibídem. 30 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00. 31 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de la acción de tutela y se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar por no estar legitimados en la causa por pasiva.

Expuso que Fiduprevisora S.A. actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG, y que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme con las normas aplicables, sin que se pueda aducir que el tribunal acc ionado haya desconocido, entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de debate.

3.4. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe

las normas aplicables, sin que se pueda aducir que el tribunal acc ionado haya desconocido, entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de debate.

3.4. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe vía correo electrónico32 en el que solicitó declarar improcedente la tutela, y manifestó que “(…) la accionante lo que hace es tratar de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia a fin de obtener que se deje sin efectos una decisión judicial, adoptada al interior de un proceso contencioso administrativo en segunda instancia, que le fue desfavorable a sus intereses (…)”, y que “(…) se soportó en la prueba recauda (sic) y el análisis integral que el caso ameritaba, siempre con el ánimo de acertar jurídicamente en la conclusión a la cual se arribó (…)”.

3.5. Por escrito radicado el 13 de junio de 202333, el apoderado de la accionante manifestó que se pronunciaba sobre “las contestaciones a la acción de tutela radicadas por el Tribunal Administrativo del Quindío y la FIDUPREVISORA S.A.”. Insistió en que el régimen de liquidación y pago del auxilio de cesantías aplicable para la totalidad de los servidores públicos del orden territorial es el dispuesto por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para lo cual sostuvo que l os docentes oficiales pueden ser catalogados como empleados públicos.

Agregó que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido el pago de la sanción moratoria por no consignación de las cesantías en

32 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

Agregó que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido el pago de la sanción moratoria por no consignación de las cesantías en

32 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00. 33 Visto en el índice 1 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

tiempo, aplicando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a servidores públicos docentes sin distinción, siempre y cuando estuviesen vinculados después del 1 de enero de 1990”.

3.6. El departamento del Quindío y el Ministerio de Educación Nacional guardaron silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 11 de julio de 2023 34, declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito general de relevancia constitucional, bajo la consideración que la accionante pretende que se reabra el debate surtido en el proceso ordinario , teniendo en cuenta que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron de bidamente debatidos,

en el proceso ordinario , teniendo en cuenta que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron de bidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por último, aseveró que los argumentos planteados tanto en el recurso de apelación como en el escrito de tutela se dirigen a lo mismo, esto es, a que se dé aplicación a algunas sentencias del Consejo de Estado y de los juzgados administrativos, con el fin de que se reconozca que los docentes oficiales tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó 35

manifestando lo siguiente:

34 Visto en el índice 1 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00. 35 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Aseveró que no es cierto que no exista una posición respecto de la

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Aseveró que no es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial y para ello enlistó nuevamente las veintiséis sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación.

Para sostener que la acción de tutela sí cumple con el requisito general de relevancia constitucional , hizo referencia a la sentencia del 23 de marzo de 2023 proferida por la Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, para acotar que allí se analizó un caso con idéntica naturaleza en el que se consideró que sí se superaban los requisitos generales de procedibilidad y, de manera específica, que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente, razón por la que solicitó que en este caso se profiera sentencia en igual sentido.

Por auto del 14 de agosto de 2023 se concedió la impugnación 36 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 28 de agosto de 202337.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 38, en concordancia con el numeral 5 del artículo

36 Visto en el índice 2 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

noviembre de 1991 38, en concordancia con el numeral 5 del artículo

36 Visto en el índice 2 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00. 37 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 01. 38 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, p odrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201539, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 40, así como con

www.consejodeestado.gov.co

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201539, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 40, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 201941 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente42:

6.2.1. La señora Marle Luz Rodríguez García, actuando por conducto de apoderado, promovió demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el departamento del Quindío, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto configurado el 14 de octubre de 2021, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías prevista en la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

A título de restablecimiento del derec ho, solicitó que se condenara a las demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora señalada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de su salario por

A título de restablecimiento del derec ho, solicitó que se condenara a las demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora señalada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021; así

39 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 40 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, re ferente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 41 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913. 42 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radica do nro. 63001 33 33 001 2022 000 20 00/02. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02840 00.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se refiere el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

www.consejodeestado.gov.co

como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se refiere el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Armenia que, en sentencia proferida el 2 3 de septiembre de 2022, negó las pretensiones.

6.2.3. En contra de la precitada decisión la hoy accionante interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, en sentencia del 27 de abril de 2023, la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta que el a quo declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional, la Sala resolverá si en este evento se cumple o no, y para ello, se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional43

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese s entido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una

providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese s entido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué

43 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en es os términos en la sentencia C – 590 de 2005.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02840-01

Accionante: Marle Luz Rodríguez García

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”44.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional45.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades46:

constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades46:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la

44 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 45 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben acl