CE - 110010315000202302861011SENTENCIA20230927185233

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02861-01

Referencia: Acción de tutela

Actores: MARÍA AMÉRICA GARCÍA TABACO Y OTROS.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE

DENEGÓ EL AMPARO SOLICITADO. SÍ ES PROCEDENTE LA

APLICACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE

REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS DERIVADOS DE DELITOS DE LESA

HUMANIDAD. REITERACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO , REPARACIÓN

INTEGRAL Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de 5 de julio de 2023, proferida en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que denegó el amparo en la acción de tutela de la referencia.

1 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.2

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I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores MARÍA AMÉRICA GARCÍA TABACO , LUZ MILA MALDONADO GARCÍA, quien actúa en nombre propio y de su hija menor de edad KBUM2, JOSÉ ARISMENDI MALDONADO GARCÍA, MARCO FIDEL MALDONADO GARCÍA , ALICIA MALDONADO GARCÍA, quien actúa en nombre propio y de su hijo menor de edad

JJSM; JOSÉ ARMANDO MALDONADO GARCÍA , ROSAURA

MALDONADO GARCÍA , DANIEL URIBE MALDONADO , FREDY

MALDONADO TABACO , OLMAR ALBEIRO MALDONADO

TABACO, JOSÉ RAMIRO URIBE SÁNCHEZ , MARÍA LUZ HERMINDA TABACO MALDONADO y MARÍA HERCILIA CÁRDENAS, actuando a través de apoderado , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la reparación integral y al acceso a la administración de justicia, lo s cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ3 al haber proferido la sentencia de

2 La se reservará los nombres por protección a los menores de edad. 3 En adelante el TRIBUNAL.3

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2 La se reservará los nombres por protección a los menores de edad. 3 En adelante el TRIBUNAL.3

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24 de noviembre de 2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 157593333002 2017 00293 01.

I.2.- Hechos

Indicaron que el 24 de diciembre de 2005, miembros del EJÉRCITO NACIONAL asesinaron a sus familiares, los señores EUCLIDES MALDONADO TABACO , CARLOS JULIO MALDONADO y RUTH MARILCE TABACO (q.e.p.d.), en zona rural del MUNICIPIO DE PISBA, haciéndolos pasar como muertos en combate.

Anotaron que el mismo día los uniformados llegaron a la residencia del señor EUCLIDES MALDONADO TABACO “[…] con tres cuerpos sin vida en bolsas negras, una de esas bolsas se encontraba rasgada y el joven MARCO FIDEL MALDONADO GARCÍA reconoció de forma inmediata la ropa de vestir de su padre […]”.

Manifestaron que el 25 de diciembre de 2005, el CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN -CTI-, mostró unas fotografías de unas personas NN, abatidas en combate, documentos de los cuales la señora LUZ MILA MALDONADO GARCÍA pudo identificar que se4

DE INVESTIGACIÓN -CTI-, mostró unas fotografías de unas personas NN, abatidas en combate, documentos de los cuales la señora LUZ MILA MALDONADO GARCÍA pudo identificar que se4

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trataba de su padre, su hermano y su cuñada.

Sostuvieron que los días 26 y 27 de diciembre de 2005 la señora LUZ MILA MALDONADO GARCÍA realizó trámites para darle cristiana sepultura a sus familiares, pero en el cementerio le informaron que los cuerpos habían sido enterrados como NN. Hasta el año 2011, le fueron entregados los restos de los occisos.

Precisaron que la muerte del señor “[…] EUCLIDES MALDONADO TABACO (Q.E.P.D.), obedeció a una conducta irregular de los Agentes Estatales, no al pretendido operativo con que se justificó su deceso a manos de miembros del Ejército Nacional […]”.

Expusieron que el 14 de julio de 2017 presentaron solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, con la finalidad de agotar el requisito de procedibilidad previo a demandar a través del medio de control de reparación directa al Estado, por los perjuicios causado s con el asesinato del señor EUCLIDES

MALDONADO TABACO.

la finalidad de agotar el requisito de procedibilidad previo a demandar a través del medio de control de reparación directa al Estado, por los perjuicios causado s con el asesinato del señor EUCLIDES

MALDONADO TABACO.

Explicaron que el 17 de agosto de 2017 fue agotado el requisito de procedibilidad aludido, razón por la cual el 7 de diciembre siguiente5

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promovieron el medio de control respectivo contra la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJÉRCITO NACIONAL4, el cual fue identificado con el número único de radicación 15759333300220170029300 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE L

CIRCUITO DE SOGAMOSO5.

Anotaron que, mediante sentencia de 13 de diciembre de 2019 , el JUZGADO accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda, razón por la cual, al igual que la entidad demandada, interpusieron los recursos de apelación respectivos.

Agregaron que, a través de sentencia de 24 de noviembre de 2022, el TRIBUNAL revocó la decisión recurrida y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad.

Precisaron que el TRIBUNAL estimó que, desde el mismo 24 de

el TRIBUNAL revocó la decisión recurrida y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad.

Precisaron que el TRIBUNAL estimó que, desde el mismo 24 de diciembre de 2023, tuvieron conocimiento que la muerte del señor EUCLIDES MALDONADO TABACO fue causada por miembros del EJÉRCITO, por lo que desde esa fecha debía haberse contabilizado

4 En adelante Ejército. 5 En adelante el Juzgado.6

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el término de los dos años con los que contaban para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para reclamar los perjuicios respectivos.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmaron que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL incurrió en el defecto procedimental absoluto por la grave violación del derecho al debido proceso, “[…] defecto fáctico por la indebida valoración probatoria que habilitaría la oportunidad de la acción, defecto material o sustantivo , por decidir conforme a la interpretación del artículo 164 del CPACA que vulnera la Constitución y el bloque de constitucionalidad y el princi pio de Convencionalidad y por violación al precedente horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes vinculantes que señalan el carácter fundamental de que goza el Derecho al Acceso a la

y el bloque de constitucionalidad y el princi pio de Convencionalidad y por violación al precedente horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes vinculantes que señalan el carácter fundamental de que goza el Derecho al Acceso a la Administración de Justicia, a la Igualdad y a la Reparación Integral […]”.

Agregaron que además el TRIBUNAL incurrió en error inducido “[…] al seguir erradamente las orientaciones de la sentencia denominada de unificación de enero 29 de 2020 que adoptó una tesis7

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jurisprudencial imponiendo caducidad a las acciones de reparación directa derivada de delitos de lesa humanidad, cuando la expresa voluntad del legislador -expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACAes que no haya caducidad en estos casos […]”.

Argumentaron que, conforme con el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoCPACA6, el medio de control de reparación directa derivado de conductas que constituyan delitos de lesa humanidad no está sometido a la caducidad.

Expusieron que la sentencia de unificación de 29 de enero de 20207, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como la sentencia SU 312/20 proferida por la Corte

Expusieron que la sentencia de unificación de 29 de enero de 20207, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como la sentencia SU 312/20 proferida por la Corte Constitucional, en la que estuvo fundamentada la providencia cuestionada, representan un incumplimiento de la voluntad del legislador.

6 En adelante CPACA. 7 CP. Marta nubia Velásquez Rico, número único de radiación 850013333002 2014 00144 01.8

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Señalaron que la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 aludida se desvincula “[…] abiertamente del alcance convencional de la sentencia CIDH Órdenes Guerra vs. Chile y ahora con mayor claridad la de Familia Julien Grisones vs Argentina, entra de plano a crear una nueva regla de derecho, inédita en unificación alguna por su efecto retardatario, que sin hacer revisión de la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA, derogó radicalmente el inveterado principio de flexibilidad de la regla de caducidad respecto de la acción de reparación directa […]”.

Agregaron que a través de auto Sub-D Subcaso Casanare - 055 de fecha 14 de julio de 2022, la SALA DE RECONOCIMIENTO DE

flexibilidad de la regla de caducidad respecto de la acción de reparación directa […]”.

Agregaron que a través de auto Sub-D Subcaso Casanare - 055 de fecha 14 de julio de 2022, la SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ -JEP8 “[…] determinó ampliamente que la retención ilegal, tratos crueles y degradantes, tortura, y ejecución extrajudicial del señor EUCLIDES MALDONADO TABACO (Q.E.P.D.) obedeció a una conducta irregular y arbitraria de los agentes del Estado […]”.

8 En adelante la JEP.9

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I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:

“[…] Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los demandantes, también con efectos inter comunis o inter pares, por favor se declare nula por incompatibilidad con la Constitución Política de Colombia y por ser transgresora del Bloque de Constitucionalidad y de la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA, y, en consecuencia carente de efectos jurídicos, la providencia de fecha 24 de noviembre de 2022, q ue ordenó

expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA, y, en consecuencia carente de efectos jurídicos, la providencia de fecha 24 de noviembre de 2022, q ue ordenó PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, conforme a lo expuesto en la parte resolutiva de la providencia. En su lugar, se dispone: PRIMERO. – DECLARAR probada la excepción de caducidad propuesta por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, declarando la caducidad del medio de control incoado en instancia de cierre, en decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 15759 -33-33002-2017-00293-01, por la retención ilegal, tratos crueles y degradantes, tortura, y ejecución extrajudicial del señor EUCLIDES MALDONADO TABACO (Q.E.P.D.), asesinado en lo que aseveraron sus autores fue un fingido combate el 24 de diciembre de 2005.

TERCERA: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su anulación y por efecto de la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legisla tivos del artículo 164 del CPACA y de la unificación interpretativa respecto de la imprescriptibilidad de las acciones administrativas de reparación o de responsabilidad civil del Estado derivadas de los delitos de lesa humanidad, contenida en las sentenci as de tutela T -352 de 2016 y T -296 de 2018, así como en las sentencias CIDH Valle Jaramillo y otros vs Colombia

acciones administrativas de reparación o de responsabilidad civil del Estado derivadas de los delitos de lesa humanidad, contenida en las sentenci as de tutela T -352 de 2016 y T -296 de 2018, así como en las sentencias CIDH Valle Jaramillo y otros vs Colombia de noviembre 27 de 2008, Órdenes Guerra contra Chile de 29 de noviembre de 2018 y Familia Julien Grisonas vs Argentina84 de 23 de Septiembre de 2021 en los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado desde febrero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Asamblea10

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General de las Naciones Unidas y en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los […]

[…]

SUBSIDIARIA A LA TERCERA PETICIÓN PRINCIPAL: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su anulación y por efecto de la aplicación interpretativa del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo C ontencioso Administrativo, por integración normativa y modulación del alcance

pedimos se declare su anulación y por efecto de la aplicación interpretativa del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo C ontencioso Administrativo, por integración normativa y modulación del alcance de las sentencias denominadas de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por mayoría en la Sección Tercera del Consejo de Estado87 y la SU 312 de 2020 adoptada por mayoría e n la Corte Constitucional el 13 agosto de 202088, pero publicada apenas en marzo de 2021, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ a tratar con debida diligencia el proceso de reparación directa con radicado No. 15759 -33-33-0022017-00293-01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuentael más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actioni, como quiera que, en un escenario de buena fe y sana crítica, verificados los hechos probados de la presente acción, y conforme a lo expuesto mediante el AUTO SUB D - SUBCASO CASANARE - 055, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, mediante el cual se trataron temas de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado, determina los hechos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate atribuibles a algunos miembros del Ejército Nacional y los califica jurídicamente

combate por agentes del Estado, determina los hechos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate atribuibles a algunos miembros del Ejército Nacional y los califica jurídicamente como asesinatos y desapariciones, y producto de la retención ilegal, tratos crueles y degradantes, tortura, y ejecución extrajudicial del señor EUCLIDES MALDONADO TABACO (Q.E.P.D.), estamos ante una flagrante configuración de un delito de lesa humanidad y que por esta naturaleza el medio de control de reparación directa no es sujeto de caducidad […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL puso de presente que las pretensiones de los11

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actores no son procedentes, comoquiera que el objeto de la solicitud de amparo es reabrir un debate zanjado en sede ordinaria por el juez natural, para que se efectúe un análisis adicional y se imponga una interpretación favorable a sus intereses.

Anotó que la decisión adoptada en la providencia cuestionada tiene como sustento la posición unificada del Consejo de Estado y la Corte Constitucional desde el año 2020 , respecto a la caducidad de las pretensiones indemnizator ias con ocasión a delitos de lesa humanidad.

Indicó que, si bien los accionantes tienen derecho a acceder a la

Constitucional desde el año 2020 , respecto a la caducidad de las pretensiones indemnizator ias con ocasión a delitos de lesa humanidad.

Indicó que, si bien los accionantes tienen derecho a acceder a la administración de justicia, también les asiste el deber de hacerlo en los términos que fija la ley para ello.

Destacó que en sede de tutela los accionantes expusieron argumentos y anexaron pruebas que no allegaron en sede ordinaria, “[…] como es el caso del AUTO SUB D - SUBCASO CASANARE – 055 del 14 de julio de 2022, proferido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Respo nsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, no siendo procedente que ante el juez constitucional se pretendan enmendar12

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falencias argumentativas y probatorias presentes en el proceso ordinario […]”.

I.5.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, vinculad o en calidad de tercer o con interés directo en las resultas del proceso, resaltó que propuso la excepción previa de caducidad, dado que no existen motivos o razones que permitan explicar el por qué no se incoó la demanda en los términos previstos para el medio de control de reparación directa.

Anotó que la caducidad como figura de orden público debe ser

existen motivos o razones que permitan explicar el por qué no se incoó la demanda en los términos previstos para el medio de control de reparación directa.

Anotó que la caducidad como figura de orden público debe ser declarada de oficio en cualquier etapa de proceso, sin que exista razón que impida o limite al operador judicial de segunda instancia a pronunciarse sobre su configuración si la encuentra probada.

Manifestó que la decisión del TRIBUNAL estuvo basada en la posición jurisprudencial aplicable, razón por la cual no habría lugar a conceder el amparo solicitado.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, mediante sentencia de13

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5 de julio de 2023 , luego de determinar que la presente acción de tutela cumplía con los requisitos generales de procedibilidad, efectuó el estudio del fondo del asunto para concluir que no había lugar a conceder el amparo.

Para tal efecto, precisó que, si bien los actores alegaban la configuración de los defectos procedimental, fáctico, material, error inducido y desconocimiento del precedente, solo estudiaría este último dado que los argumentos de los demás “[…] cargos fueron analizados y estudiados pr ecisamente por el Consejo de Estado,

inducido y desconocimiento del precedente, solo estudiaría este último dado que los argumentos de los demás “[…] cargos fueron analizados y estudiados pr ecisamente por el Consejo de Estado, Sección Tercera en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, lo que significa que adelantar un nuevo debate al respecto sería cuestionar lo considerado en dicho pronunciamiento, lo cual no es posible en la solicitud de tutela de la referencia [...]”.

Argumentó que de la lectura de la providencia cuestionada observaba que el TRIBUNAL adoptó la tesis jurisprudencial del Consejo de Estado, avalada por la Corte Constitucional, que determina la exigencia del término de caducidad para demandar por responsabilidad extracontractual al Estado en asuntos en que se involucran delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.14

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Destacó que, con fundamento en ello, el TRIBUNAL encontró acreditado que los demandantes tuvieron conocimiento de los fatales hechos desde el 24 de diciembre de 2005 y solo acudieron a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el año 2017, situación que no está en discusión.

Comentó que la sentencia de unificación aplicada por el TRIBUNAL “[…] resulta de obligatorio cumplimiento por los jueces y magistrados de la jurisdicción contenciosa-administrativa, en los términos de los

Comentó que la sentencia de unificación aplicada por el TRIBUNAL “[…] resulta de obligatorio cumplimiento por los jueces y magistrados de la jurisdicción contenciosa-administrativa, en los términos de los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de que llegaren a existir decisiones aisladas de diferentes autoridades judiciales bajo una línea decisional contraria, las cuales no pueden ser calificadas como precedente de modo alguno […]”.

Expuso que lo que existía era una inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, sin que este mecanismo pudiese convertirse en una tercera instancia.15

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Los actores impugnaron la sentencia proferida en primera instancia reprochando el hecho de que, pese a que el a quo advirtió el delito del cual fue víctima su familiar, avaló la decisión cuestionada “[…] privando de esta manera a las víctimas nuevamente de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de la reparación integral por la acción u omisión de los agentes del Estado […]”.

privando de esta manera a las víctimas nuevamente de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de la reparación integral por la acción u omisión de los agentes del Estado […]”.

Adujo que el a quo no tuvo en cuenta el “[…] AUTO SUB D - SUBCASO CASANARE - 055 proferido por la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ […]”, como hecho nuevo, relevante y de interés nacional, en el que se establece de manera clara que el señor EUCLIDES MALDONADO TABACO fue ejecutado por miembros del EJÉRCITO para después ser ilegítimamente presentado como una baja en combate.

Comentó que conforme con la sentencia SU 167 de 2023, proferida por la Corte Constitucional cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos producto de delitos de lesa humanidad, debe hacerse una valoración de manera amplia y flexible del material16

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probatorio obrante en el proceso.

Adujo que la aplicación inmediata y restrictiva del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado sin atender a las circunstancias particulares de cada caso en concreto, comporta una vulneración de los derechos de las víctimas, toda vez que les cierra el acceso a la administración de justicia y niega su derecho legítimo de obtener una reparación integral.

particulares de cada caso en concreto, comporta una vulneración de los derechos de las víctimas, toda vez que les cierra el acceso a la administración de justicia y niega su derecho legítimo de obtener una reparación integral.

Expuso que el a quo se “[…] abstuvo de revisar de fondo los argumentos planteados en la tutela que garantizaban el amparo fundamental de los aquí accionantes, argumentando que los mismos ya habían sido analizados en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, pasando por alto el deber del juez de analizar de fondo las particularidades de cada caso […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela17

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establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de l a violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin18

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicci ones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de

perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de l