CE - 110010315000202302864011SENTENCIAREVOCA20231012152258

Demandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02864-01

Demandante: JUAN CARLOS BELALCÁZAR BENÍTEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Acción de tutela de fondo. Mora judicial. Revoca el fallo impugnado para negar

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada por la parte demanda da contra la sentencia del 10 de agosto de 2023, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado accedió al amparo del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del accionante.

En consecuencia, en el fallo de primera instancia se ordenó al tribunal demandado que dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta providencia dé respuesta al impulso procesal interpuesto por la parte

En consecuencia, en el fallo de primera instancia se ordenó al tribunal demandado que dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta providencia dé respuesta al impulso procesal interpuesto por la parte accionante el 11 de mayo de 2023, en la cual le indique: i) el turno que la acción contractual con radicado 68001 -23-31-000-2009-00063-00 tiene para fallo, ii) el trámite surtido y, iii) la fecha aproximada en la cual se dictará sentencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Juan Carlos Belalcázar Benítez, quien manifestó actuar como miembro del Consorcio Alianza 2005, por conducto de apoderado, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander por la presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la mora judicialDemandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

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en que ha incurrido la autoridad judicial al no dictar sentencia dentro la acción de controversias contractuales identificado con el radicado 68001-23-31-0002009-00063-00 porque no se ha dictado sentencia.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte demandante pretende:

PRIMERA: Declarar que el Tribunal Administrativo de Santander, ha vulnerado y sigue vulnerando el derecho al acceso de la administración de justicia a las

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte demandante pretende:

PRIMERA: Declarar que el Tribunal Administrativo de Santander, ha vulnerado y sigue vulnerando el derecho al acceso de la administración de justicia a las partes procesales en el marco del proceso de Acción Contractual de radicado

2009-63.

SEGUNDA: Tutelar en favor del ACCIONANTE y demás partes del proceso de Acción Contractual de radicado 2009 -63 del Tribunal Administrativo de Santander, el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia.

TERCERA: En consecuencia de las anteriores pretensiones, ordenar al Tribunal Administrativo de Santander, dar trámite a la única etapa restante del proceso, en un término no mayor a quince (15) días hábiles

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

Sostuvo que los señores Mario Cañas Serrano (en calidad de representante legal de la sociedad Ingenieros Cañas Constructores Ltda.), Alejandro Ruíz Zerrate y Juan Carlos Belalcázar Benítez (como ú nicos integrantes del Consorcio Alianza 2005) , el 27 de enero de 2009 presentaron una acción contractual en contra del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), proceso que correspondió por competencia al Tribunal Administrativo de Santander.

Indicó que, la d emanda fue admitida el 11 de marzo de 2009 y, agotadas las etapas procesales contempladas en la ley, el 2 de noviembre de 2018 se presentaron los alegatos de conclusión.

Mencionó que, la última actuación que se registra es del 31 de octubre de 2018, fecha en la cual, el Tribunal Administrativo de Santander profirió auto por medio

presentaron los alegatos de conclusión.

Mencionó que, la última actuación que se registra es del 31 de octubre de 2018, fecha en la cual, el Tribunal Administrativo de Santander profirió auto por medio del cual señaló honorarios para el perito del asunto.

Refirió que, p ese a que se han solicitado múltiples impulsos procesales para que se dicte sentencia, la autoridad judicial demandada no ha dado respuesta.

1.4. Sustento de la peticiónDemandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

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El accionante manifestó que desde el año 2018 el proceso de controversias contractuales se encuentra pendiente de decisión, lo cual vulnera su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

Sostuvo que la demanda fue admitida e l 11 de marzo de 2009 y que fue contestada en enero de 2010, por lo que, el proceso debió tener sentencia en el 2011; sin embargo, por inconvenientes naturales del proceso, los alegatos de conclusión se presentaron hasta el 2018.

Resaltó que, a pesar de que han pasado cinco años desde la presentación de los alegatos de conclusión, a la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte del tribunal demandado.

Mencionó que, pese a que es entendible la carga de procesos que tiene este tribunal, se debe tener en cuenta que el proceso cursa desde hace catorce años

parte del tribunal demandado.

Mencionó que, pese a que es entendible la carga de procesos que tiene este tribunal, se debe tener en cuenta que el proceso cursa desde hace catorce años en este despacho, razón por la cual, no se justifica la mora judicial que ha tenido este proceso en específico.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante providencia del 2 de junio de 2023 se inadmitió la acción de tutela de la referencia para requerir al abogado Marco Fidel Mosquera Angarita o al señor Juan Carlos Belalcázar Benítez, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de dicha providencia allegaran lo siguiente:

1. Poder especial, extendido para adelantar este trámite de tutela, con el lleno de los requisitos legales, constituido, bien sea: a) mediante presentación personal o, en su lugar, b) acogiéndose a la Ley 22 13 de 2022, aportando la prueba de otorgamiento a través de mensaje de datos (a manera de ejemplo, con la captura de pantalla del envío del poder desde el correo electrónico del accionante, etc.).

Para este último supuesto, contendrá el correo electrónic o del apoderado, que deberá coincidir con el consignado en el Registro Nacional de Abogados y de actuarse en nombre de una persona jurídica, deberá ser enviado desde el correo electrónico registrado en la Cámara de Comercio.

1. Copia simple de la docume ntación que demuestre la existencia del Consorcio Alianza 2005 y la condición que detenta el señor Juan Carlos Belalcázar Benítez como miembro, (a través del acta de constitución, de la inscripción de dicho consorcio en el Registro Único Tributario, etc.)

Alianza 2005 y la condición que detenta el señor Juan Carlos Belalcázar Benítez como miembro, (a través del acta de constitución, de la inscripción de dicho consorcio en el Registro Único Tributario, etc.)

En caso de que el señor Juan Carlos Belalcázar Benítez haga parte del Consorcio Alianza 2005, a través de una persona jurídica, de la cual es su representante legal, deberá adjuntar, a la anterior documentación, la copia reciente del certificado de existencia y representación legal de aquella.Demandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

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1. Consecutivo de radicación completo correspondiente al expediente de la acción contractual adelantada ante al accionado Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de individualizarlo inequívocamente, y po der realizar su estudio.

Lo anterior, so pena de rechazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

Con memorial aclaratorio y documentación adjunta visible en el índice 8 del aplicativo Samai, el abogado del accio nante atendió los requerimientos dentro del plazo legal concedido.

Posteriormente, con auto del 23 de junio de 2023, el a quo admitió la acción de tutela y, en consecuencia, dispuso notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander.

del plazo legal concedido.

Posteriormente, con auto del 23 de junio de 2023, el a quo admitió la acción de tutela y, en consecuencia, dispuso notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander.

A su vez, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación, Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías (INVIAS). También requirió el expediente objeto de demanda, reconoció personería al abogado del demandante y dispuso lo siguiente:

Tercero. Comisionar al Tribunal Administrativo de Santander, para que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, notifique del presente trámite constitucional a todas las personas que intervienen dentro de la acció n de controversias contractuales que se tramita con el radicado 68001 23 31 000 2009 00063 00, exceptuando al señor Juan Carlos Belalcázar Benítez y la Nación-Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías —INVÍAS—. Las personas a notificar serán vin culadas como terceros interesados en las resultas de este proceso. Las copias de las notificaciones realizadas serán allegadas a este despacho y proceso.

1.6. Informes

Surtidas las notificaciones de rigor, la parte demandada e intervinientes guardaron silencio.

La Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander informó sobre las gestiones surtidas para la notificación ordenada en el auto admisorio de la acción de tutela.

1.7. Trámite

La ponencia presentada por el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas integrante de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de estado,

acción de tutela.

1.7. Trámite

La ponencia presentada por el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas integrante de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de estado, para decidir la acción de tutela de la referencia , no fue aprobada en la sala de subsección del 13 de julio de 2023; por lo que, se ordenó, que por conducto deDemandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

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la Secretaría General, se remitiera el expediente al magistrado siguiente en turno para que continuara el trámite de ley.

En consecuencia, el 27 de julio de 2023 el expediente pasó al despacho del magistrado Gabriel Valbuena Hernández para proferir decisión de mérito , ponente del fallo impugnado.

1.8. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de agosto de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado accedió al amparo del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del accionante.

En consecuencia, en el fallo de primera instancia se ordenó al tribunal demandado que , dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de dicha providencia, dé respuesta al impulso procesal interpuesto por la parte accionante el 11 de mayo de 2023, en la cual le indique: i) el turno que la acción

demandado que , dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de dicha providencia, dé respuesta al impulso procesal interpuesto por la parte accionante el 11 de mayo de 2023, en la cual le indique: i) el turno que la acción contractual con radicado 68001 -23-31-000-2009-00063-00 tiene para fallo, ii) el trámite surtido y, iii) la fecha aproximada en la cual se dictará sentencia.

El a quo motivó su decisión de la siguiente manera:

Advirtió que, de conformidad con las actuaciones que aparecen registradas en el software de la Rama Judicial, se tiene que en el asunto bajo estudio se llevó a cabo lo siguiente:

• El 20 de noviembre de 2018 las partes presentaron alegatos de conclusión. - El 13 agosto de 2021 se radicó un impulso procesal. - El 6 de octubre de 2021 el proceso pasa a despacho. - El 28 de abril de 2023 se solicitó acceso al expediente digital. - El 11 de mayo de 2023 se radicó otro impulso procesal.

Señaló que, d e acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, no se advierte que ninguna de las solicitudes interpuestas por la parte accionante haya sido resuelta o que frente a los impulsos procesales el Tribunal Administrativo de Santander emitiera algún pronunciamiento.

Mencionó que, tampoco obraba constancia alguna del registro de proyecto de sentencia o de que se hubiese dictado la misma en los términos fijados por la ley procesal.Demandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

ley procesal.Demandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

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Hizo referencia al concepto de mora judicial, para considerar que la autoridad judicial acusada se encontraba en mora para dictar sentencia dentro la acción contractual que fue interpuesta en 2009 , frente a la cual a la fecha de la interposición de la acción de tutela de la referencia no se ha dictado la decisión, pese que es un proceso que data de más de 14 años y cuya última actuación por parte del juez de lo contencioso administrativo se registra en 2018.

Destacó que, no existe un motivo razonable o una prueba de que la demora obedezca a una circunstancia que justifique la mora en la que ha incurrido la autoridad judicial accionada pues, el tribunal demandado ni siquiera rindió informe en esta sede constitucional en el que indicara que ha adelantado las gestiones que en derecho corresponden, de manera que pueda entenderse que su conducta no es negligente u omisiva.

Expuso que, la autoridad cuestionada no ha adelantado las actuaciones procesales correspondientes, quebrantando así el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del demandante. Consideró que , s in embargo, dado el sistema de turnos que rige en los despachos judiciales, ordenar al tribunal que dicte sentencia en asunto citado podría constituir una afectación a los derechos de las demás personas que son parte o tienen interés

embargo, dado el sistema de turnos que rige en los despachos judiciales, ordenar al tribunal que dicte sentencia en asunto citado podría constituir una afectación a los derechos de las demás personas que son parte o tienen interés en los diversos asuntos que cursan en esa corporación.

1.8. Impugnación

Con memorial remitido vía electrónica el 24 de agosto de 2023, la autoridad judicial demandada 1 impugnó el fallo de primera instancia, el cual le fue notificado el 18 del mismo mes y año.

Señaló que, tomó posesión del cargo de magistrado en propiedad del Tribunal Administrativo de Santander en el mes de abril de 2016, siendo asignado a partir de dicha fecha los procesos ordinarios tramitados bajo el Decreto 01 de 1984 o sistema escritural y acciones c onstitucionales, procediendo los empleados del despacho a elaborar el respectivo inventario para el adecuado y óptimo desarrollo de las funciones de trámite y proyección de providencias judiciales con estricto cumplimiento de orden de turno.

Informó que en virtud del Acuerdo PCSJA18 -10890 del 19 de febrero de 2018 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el despacho 006 a su cargo ingresó al sistema de oralidad a partir del mes de 2018; asumiendo a partir de esta fecha el conocimiento tanto de l as controversias tramitadas bajo la Ley 1437 de 2011 como del sistema escritural, sumado al reparto de acciones

1 Magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra, integrante del Tribunal Administrativo de

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constitucionales y públicas cuyos términos son improrrogables, perentorios e inaplazables por lo cual debe dárseles prioridad por parte de la au toridad judicial.

Resaltó el estado de anormalidad que ha venido afectando la prestación del servicio de acceso a la administración de justicia debido a la emergencia sanitaria por la propagación de la pandemia del coronavirus en el territorio nacional q ue conllevó a la suspensión de términos judiciales de los procesos ordinarios desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020; aumentando a su vez, la carga laboral de la jurisdicción contenciosa administrativa con el reparto de los controles inmediatos de legalidad de los decretos expedidos por las autoridades territoriales con ocasión del estado de excepción, cuyos términos también son perentorios de conformidad con la Ley 137 de 1994.

Refirió que, en atención a la directriz del trabajo remoto o telet rabajo, como medida preventiva para evitar contagio del virus covid -19, las labores propias del despacho se han venido desarrollando a través de las plataformas digitales como teams y correo electrónico, Samai, inclusive se ha dependido de la herramienta WhatsApp para tal fin.

Adujo que, además solo se cuenta con una escribiente para la digitalización de

del despacho se han venido desarrollando a través de las plataformas digitales como teams y correo electrónico, Samai, inclusive se ha dependido de la herramienta WhatsApp para tal fin.

Adujo que, además solo se cuenta con una escribiente para la digitalización de los procesos orales y escriturales, entre otras funciones asignadas a este empleado, circunstancias que ha ralentizado el trabajo de proyección de providencias judiciales; por lo que, se ha dispuesto de la colaboración de los demás empleados para agilizar esta labor atendiendo a los protocolos de bioseguridad y capacidad permitida para asistir a las instalaciones del Palacio de Justicia en los peri odos que se ha permitido el ingreso del personal de la Rama Judicial.

Destacó que, los tres empleados adscritos al despacho: profesional especializado, profesional universitario y auxiliar judicial han adelantado el trámite correspondiente de los procesos de ambo s sistemas, dando prioridad a la oralidad en cumplimiento de los términos judiciales para celebrar las audiencias previstas en la Ley 1437 de 2011 y las acciones constitucionales y públicas en aras de evitar la congestión judicial y resolver los litigios d e manera oportuna con observancia de las materias que tienen tal prelación.

Mencionó que, a cerca del sistema de turnos frente a los proceso s tramitados bajo el sistema escritural, estos no están sometidos a turnos, por cuanto, frente a ellos se entiende que se encuentran en descongestión, de manera que se trata de evacuar los procesos en la medida de las posibilidades, tal como se expresó es el único despacho dentro del Tribunal Administrativo de Santander que se encuentra con los dos sistemas (escritural y oralidad) y el único que está

trata de evacuar los procesos en la medida de las posibilidades, tal como se expresó es el único despacho dentro del Tribunal Administrativo de Santander que se encuentra con los dos sistemas (escritural y oralidad) y el único que está a cargo de todo el trámite posterior de todos los procesos escriturales.Demandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

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Agregó que ha presentado múltiples peticiones al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se adopte una decisión en torno a una posible redistribución con base a los procesos tramitados bajo el sistema escritural y su respectivo tramite posterior.

Precisó que, respecto del proceso contractual identificado con radicado 6800123-31-000-2009-00063-00, el 1 . º de junio de 2022 ingresó al despacho para fallo, por lo que se encuentra en espera de proferir la decisión. Consideró que , por lo anterior, no existe ninguna mora judicial injustificada con base en los argumentos expuestos en precedencia.

Aportó escrito con el cual se dio cumplimiento a la orden de amparo y la constancia de su envío a la parte actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 19912, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con lo s antecedentes, a la sala le corresponde determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugn ada conforme lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la impugnación, el magistrado del Tribunal Administrativo de Santander a cargo del proceso de controversias contractuales 680012331000-2009-00063-00 promovido por la parte actora no incurrió en mora judicial.

2.3. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que

2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

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sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite ad vertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

2.4. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de autoridades judiciales. Ley 1755 de 2015, por la cual se reguló el referido derecho fundamental

La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política, así: “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las a utoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

peticiones respetuosas a las a utoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

Por su parte, con la Ley 1755 de 2015 se reguló el mencionado derecho y se sustituyó el título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (artículos 13 a 33), por violación a la reserva de ley estatutaria3.

En dicha norma, se dispuso un término general para resolve r las peticiones de 15 días y, como término especial el de 10 días para las solicitudes de documentos e información y, de 30 días cuando se eleve consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo.

La Corte Constitucional de manera reite rada ha considerado que el derecho fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada4.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

3 Sentencia C – 818 de 2011, Corte Constitucional. 4 Al respecto, se citan las sentencias T -377 de 2000, T – 1075 de 2003, T -1006 de 2001, entre otras.Demandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

otras.Demandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

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A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros mecanismos para la obtención de informa ción solicitada no es óbice para contestarlo5.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración no está en capacidad de responder por las características del caso concreto, como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Ello, por cuanto el ejercicio de tal garantía “…no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que estos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.”6

En relación con dicho aspecto la Corte Constitucional7 ha considerado:

5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces las sentencias T334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:

a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya

sentencias T334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:

a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.

b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judici ales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”8

5 Sentencia T – 1075 de 2003. 6 Sentencia T-178 de 2000. 7 Sentencia T-377 de 2000. 8 Sentencia T-334 de 1995.Demandante: Juan Carlos Belalcázar Benítez Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Rad: 11001-03-15-000-2023-02864-01

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2.5. De la mora judicial frente a peticiones relacionadas con actuaciones judiciales

Para la Corte Constitucional 9 y para esta Sección 10 no todos los incumplimientos en los términos para el ejercicio de la administraci ón de justicia son violatorios de los derechos fundamentales, será así cuando se presenta mora judicial, y al analizar el plazo se observe que este no es razonable y la demora es injustificada.

En tales términos, la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos11.

Conforme a lo anterior, el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra justificado cuando12:

a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial;

b) se constata q ue efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o

c) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el p