CE - 110010315000202302880011SENTENCIAFALLO20230907154557

Demandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02880-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02880-01

Demandante: EDILSA OLAYA VARGAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA DE

DECISIÓN N°5.

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a resolver la impugnación presentada por la Edilsa Olaya Vargas contra la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Primera. En ese fallo se declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte actora porque no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Edilsa Olaya Vargas, por intermedio de apoderado judicial,

requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Edilsa Olaya Vargas, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila1. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia , a la igualdad y a los principios de « situación más favorable para el trabajador, perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al desconocimiento del precedente judicial vertical».

2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas como resultado de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila el 14 de febrero de 2023 , la cual confirmó la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva el 31 de agosto de 2022. Dicha decisión negó el reconocimiento y pago de la

1 Escrito radicado el 30 de mayo de 2023 a la dirección electrónica tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co. .Demandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

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sanción por mora debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías, equivalentes a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021.

sanción por mora debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías, equivalentes a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021.

3. Esta situación se enmarca en el contexto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 41001-3333-002-2022-00086-01.

1.2. Pretensiones

4. La señora Olaya Vargas solicitó:

[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 14 DE FEBRERO DE 2023, en el expediente rad. Nro. 41001-33-33-002-2022-00086-01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGU ALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la a nterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitu cional en la sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […] (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

4. La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso.

5. La señora Edilsa Olaya Vargas se vinculó como docente de la entidad territorial Neiva (Huila) con posterioridad al 1 de enero de 1990.

6. Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidora pública desde el año 2020 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

7. Indicó que el 9 de septiembre de 2021, solicitó ante la Secretaría de Educación del municipio de Neiva , el reconocimiento y pago de la sanciónDemandante: Edilsa Olaya Vargas

7. Indicó que el 9 de septiembre de 2021, solicitó ante la Secretaría de Educación del municipio de Neiva , el reconocimiento y pago de la sanciónDemandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

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moratoria relacionada por la no consignación de las cesantías y sus intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado. Además, también pidió el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

8. El 14 de septiembre de 2021 mediante oficio 3289, el FOMAG a través de la Secretaría de Educación Distrital de Neiva negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora.

9. Por los hechos expuestos, la señora Olaya Vargas instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del municipio de Neiva. En dicho medio de control solicitó la nulidad del oficio reseñado en el numeral anterior y solicitó, a título de restablecimiento que se condenara a los demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.

10. En providencia del 31 de agosto de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el

10. En providencia del 31 de agosto de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el contenido en la Ley 91 de 1981.

11. En contra de la anterior decisión, la señora Olaya Vargas presentó recurso de apelación2. Este fue desatado por Tribunal Administrativo de l Huila que, en sentencia del 14 de febrero de 2023, decidió confirmar el fallo de primer grado.

12. El tribunal fundamentó su fallo en varios aspectos, entre ellos, señaló que las disposiciones que establecen la sanción moratoria por el retraso en el pago de las cesantías anualizadas y sus intereses, como se describen en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975, no son aplicables a la demandante. Esto se debe a que el régimen de cesantías docente es especial y cuenta con una regulación específica sobre cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y sus intereses, considerando características particulares que hacen que el cumplimiento de las sanciones solicitadas sea incompatible con dicho régimen.

13. Además, el tribunal mencionó que la sentencia de unificación SU -098 de 2018 no constituía un precedente obligatorio en este caso particular. Esto se debe a que los hechos y supuestos aplicables al presente caso difieren de los que se presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera directa a esta situación.

presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera directa a esta situación.

2 Como fundamento del recurso, la accionante citó la sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional, mediante la cual dicho tribunal constitucional consideró que, en cuanto a los intereses de las cesantías, el régimen docente no es más favorable que el general, por lo que los docentes tienen derecho al pago oportuno de las cesantías so pena de la sanción moratoria y los intereses del régimen general.Demandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

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1.4. Sustento de la vulneración

14. La parte accionante mencionó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

15. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como g arantía del auxilio de cesantías, máxime cuando estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste

derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como g arantía del auxilio de cesantías, máxime cuando estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

16. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al F OMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,

17. En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, frente al segundo, se indicó que e l tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación más favorable al trabajador.

18. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer

más favorable al trabajador.

18. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C -741 de 2012, C486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

19. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y ha llegado a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal

Administrativo del Huila.

20. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en

el numeral anterior por la parte actora:

Corte ConstitucionalDemandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02880-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-3100020090086701, No.

Interno: 48542014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de

2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 4 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 5 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 6 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA

000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 9 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 10 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTERDemandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTERDemandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02880-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

12 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 14 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 16 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

17 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dra. SANDRA LISETH IBARRA 18 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 19 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

00359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 20 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 21 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO

CUÉTER

21. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.

22. Por último, el apoderado de la señor a Olaya Vargas , trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se

ha decidido en el sentido:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha decidido en el sentido:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F.

DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001

2022 0002000

23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL

CTO DE PEREIRA

CRISTINA ISABEL

SANCHEZ BRITODemandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02880-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 70001 3333 002 2022 0007200

09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL

DEL CTO DE

SINCELEJO

LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS 4 27001 3333 002

2022 0014700

21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLÍN5 76001 3333 002

2022 0006600

27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

JUAN MIGUEL MARTINEZ LONDOÑO 6 76111 3333 003

2022 0006600

28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL

CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

JUAN MIGUEL MARTINEZ LONDOÑO 6 76111 3333 003

2022 0006600

28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL

CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 7 68001 3333 002

2022 0006500

28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE

BUCARAMANGA

ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 8 68001 3333 009

2022 00010900

30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL

CTO DE

BUCARAMANGA

JAIRO GARCIA SUAREZ 9 27001 3333 005

2022 0007200

06/10/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE QUIBDÓ

10 27001 3333 005 2022 0012200

25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL

CTO DE QUIBDÓ

EMILSON MARMOLEJO GARCIA 11 76147 3333 002 2022 00008 00 16/11/22 JUZ 2 ADTIVO DEL CTO DE BUGA013 11001 3342 051

2022 0009800

19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL

CTO DE BOGOTÁ

NORBERTO

MENDIVELSO PINZON

1.5. Trámite de la acción

23. Mediante auto del 2 de junio de 2023 3 el Consejo de Estado, Sección

CTO DE BOGOTÁ

NORBERTO

MENDIVELSO PINZON

1.5. Trámite de la acción

23. Mediante auto del 2 de junio de 2023 3 el Consejo de Estado, Sección Primera admitió la acción constitucional de referencia. En consecuencia, ordenó notificar como accionados a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila.

24. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés del Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A. y al municipio de Neiva.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.

25. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

26. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgr esión

3 Notificado el 4 de mayo de 2023.Demandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02880-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo en esa instancia. En consecuencia, con cluyó que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionante por parte del Fondo.

27. Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de responsabilidad en los hechos objeto de la demanda.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

28. Señaló que la acción de tutela resulta improcedente comoquiera que dicha cartera no vulneró los derechos fundamentales de la señora Edilsa Olaya Vargas.

En ese sentido solicitó su desvinculación y pidió que se negaran las súplicas de la demanda.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Huila

29. Por intermedio de la magistrada ponente de la decisión, se solicitó la improcedencia de la acción de tutela comoquiera que el actor está reiterando los

la demanda.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Huila

29. Por intermedio de la magistrada ponente de la decisión, se solicitó la improcedencia de la acción de tutela comoquiera que el actor está reiterando los argumentos presentados en sede de apelación del proceso ordinario. Adujo que la decisión fue expedida de conformidad con el caudal probatorio y la legislación aplicable a la controversia.

1.6.4. Juzgado Segundo Administrativo de Neiva

30. La titular del despacho judicial solicitó declarar improcedente las súplicas de la demanda. Para el efecto, precisó que el presente asunto no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional, en el entendido que versa sobre un debate de mera legalidad relacionado con la aplicación del régimen de las cesantías establecido en la Ley 50 de 1990 y la Ley 52 de 1975.

1.6.5. Municipio de Neiva

31. La jefe de la oficina asesora jurídica solicitó que no se concedan las pretensiones de la tutela, so pena de conculcar los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica de la accionada y demás intervinientes que actuaron bajo las normas legales vigentes.

1.7. Sentencia de primera instancia

32. El 13 julio de 2023 , el Consejo de Estado, Sección Primera negó la sDemandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

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solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A. En seguida, determinó que la acción de tutela presentada no era procedente porque no superaba el requisito general de falta de relevancia constitucional. Esta decisión se basó en los siguientes argumentos:

33. Trajo a colación la sentencia SU-573 de 2019 en la cual, el máximo tribunal constitucional en un caso con identidad fáctica y jurídica como el que ahora se examina, c oncluyó que la solicitud de amparo carecía de relevancia constitucional en el entendido que versa sobre una cuestión meramente legal que no implica la garantía de derechos fundamentales, sino, patrimoniales y se pretendía reabrir controversia legal.

34. Luego de constatar los hechos del caso, consideró que el asunto no cumple con el mencionado requisito comoquiera se trata un asunto de mera legalidad o naturaleza económica, según la línea establecida por el alto tribunal constitucional.

1.8. Impugnación

35. La señora Olaya Vargas presentó escrito de impugnación argumentando que persiste la vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior con

fundamento en lo siguiente:

36. Manifestó que existe una falta de claridad en cuanto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial. Sostuvo que el Consejo de Estado ha reiterado su posición jurisprudencial al respecto, y para respaldar esta

36. Manifestó que existe una falta de claridad en cuanto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial. Sostuvo que el Consejo de Estado ha reiterado su posición jurisprudencial al respecto, y para respaldar esta afirmación, mencionó las sentencias que fueron incluidas en el escrito de tutela.

37. Asimismo, hizo referencia a las sentencias del 23 de marzo de 2023 y del 17 de abril de 20023 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, para argumentar que la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional en este caso.

38. La parte actora señaló que le es aplicable el régimen anualizado de cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996. Explicó que es fundamental realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías mediante consignación, ya que esto garantiza el acceso a dicha prestación. De esta manera, el sistema de cesantías solo puede ser equitativo si los trabajadores pueden disponer de su pago en momentos como el desempleo, financiamiento de educación superior y adquisición, construcción, mejora o liberación de vivienda.

39. Además, argumentó que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria constituiría un trato desigual para los docentes en comparación con otros servidores públ icos que gozan de dicha sanción como garantía del auxilio de cesantías. Esto, según la parte actora, violaría el derecho a la igualdad, ya que los docentes del sector oficial estarían siendo limitados enDemandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

a la igualdad, ya que los docentes del sector oficial estarían siendo limitados enDemandante: Edilsa Olaya Vargas

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02880-01

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sus derechos debido a su categoría específica dentro de los trabajadores del Estado.

40. En consecuencia, consideró que los docentes deben ser considerados como empleados públicos y, por ende, no es admisible hacer una distinción en cuanto al tiempo de pago de las prestaciones sociales, incluyendo el auxilio de cesantías, en comparación con otros servidores públicos. Refirió que una interpretación contraria implicaría una restricción en el goce de dicha garantía y las protecciones derivadas de esta prestación, lo que constituiría una violación del derecho a la igualdad de los docentes en relación con otros funcionarios públicos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

41. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la señora Edilsa Olaya Vargas contra la sentencia de primera instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera el 13 de julio de 2023. Lo anterior de conformidad con lo estable cido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

42. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titul