CE - 110010315000202302909011SENTENCIA20230928092618

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejera ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación:

11001-03-15-000-2023-02909-01

Accionantes: ALEXANDER BRICEÑO MENDOZA y OTROS.

Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA. No cumple con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia 6 de julio de 2023, proferida por la Sección Segunda –Subsección "A"– del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Alexander Briceño Mendoza, Arelis Acevedo Imbachi, Lina María Mendoza de Ruiz y Laura Estefanía Briceño Acevedo presentaron acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 9 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Tercera

con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 9 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa con radicado único núm. 18001-23-31-000-2009-00064-02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestaron que el señor Alexander Briceño Mendoza se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional y que el 7 de octubre de 2003 fue privado de la libertad por orden del Juzgado Ciento Ochenta y Uno de Instrucción Militar, con ocasión de la presunta comisión de los delitos de ataque a un superior y desobediencia.

2.2. Indicaron que, mediante auto de 29 de enero de 2004, el Fiscal Ciento Cincuenta y Seis Penal Militar ordenó «la cesación del procedimiento penal» contra el señor2

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Accionantes: Alexander Briceño Mendoza y otros.

Briceño Mendoza y, en consecuencia, el 30 de enero del mismo año el procesado fue dejado en libertad.

2.3. Sostuvieron que, con base en lo anterior, interpusieron la demanda de reparación

Briceño Mendoza y, en consecuencia, el 30 de enero del mismo año el procesado fue dejado en libertad.

2.3. Sostuvieron que, con base en lo anterior, interpusieron la demanda de reparación directa núm. 18001-23-31-003-2009-00064-02 en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de la Rama Judicial, para que se repararan los daños padecidos, con ocasión de la privación injusta de la libertad padecida por el señor Briceño Mendoza.

2.4. Refirieron que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Tribunal Administrativo del Caquetá, autoridad judicial que, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2013, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.5. Indicaron que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional apeló la decisión de primera instancia y que, mediante sentencia de 9 de septiembre de 2022, la Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado modificó el fallo de primera instancia, y, en su lugar, redujo el monto de los perjuicios morales concedidos por el a quo en el proceso contencioso.

2.6. Señalaron que la decisión referida incurrió en los defectos orgánico, procedimental absoluto y de decisión sin motivación.

2.7. Como fundamento del defecto orgánico adujeron que la Sección TerceraSubsección “B”- del Consejo de Estado desbordó el margen de competencia del juez en segunda instancia, debido a que se pronunció sobre aspectos de la controversia que no fueron materia de apelación, lo que a su vez generó un

Subsección “B”- del Consejo de Estado desbordó el margen de competencia del juez en segunda instancia, debido a que se pronunció sobre aspectos de la controversia que no fueron materia de apelación, lo que a su vez generó un desconocimiento de los principios de congruencia externa de la sentencia y de tantum devolutum quantum apellatum [tanto deferido cuanto apelado].

2.8. En cuanto al defecto procedimental absoluto sostuvieron que este se configuró por la falta de competencia referida y, además, por el exceso de ritual manifiesto en el que se incurrió al aplicar las reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia de unificación de 29 de noviembre de 20211, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera.

2.9. Frente a la decisión sin motivación expusieron que el juez de segunda instancia «no motivó de forma correcta las razones para modificar el fallo de segunda [sic] instancia, especialmente en lo que tiene que ver con el reconocimiento del perjuicio material denominado lucro cesante», dado que se negaron las pretensiones reconocidas por el a quo, sin que existiese una argumentación que justificara la necesidad de modificar en este aspecto el fallo de primera instancia.

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 29 de noviembre de 2021. Exp. N° 18001-23-31-000-2006-00178-01 (46681).3

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Accionantes: Alexander Briceño Mendoza y otros.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

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Accionantes: Alexander Briceño Mendoza y otros.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«1. Sean tutelados nuestros derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la Igualdad, a la reparación y al debido proceso, que fueron vulnerados con ocasión de la expedición de la sentencia de segunda instancia de fecha 09 de septiembre de 2022 proferida por la Subsección BSección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de Reparación Directa que se surtió en contra de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL Y POLICIA NACIONAL, bajo el radicado acumulado 18001233100020090006402.

2. Se deje sin efectos de forma parcial la Sentencia de fecha 09 de septiembre de 2022 proferida por la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado. dentro del proceso de Reparación Directa que se surtió en contra de la NACIÓNRAMA JUDICIAL y POLICIA NACIONAL bajo el radicado 18001233100020090006402 para que en su lugar se ordene proferir nueva sentencia que se ajuste al amparo garantía real y efectiva protección de los derechos fundamentales vulnerados en nuestro caso

3. Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales, imploro a su despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice los derechos vulnerados de los accionantes».

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de junio de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación

derechos vulnerados de los accionantes».

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de junio de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la Sección Segunda –Subsección "A"– del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia. Asimismo, ordenó vincular «a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Nación – Rama Judicial como terceros interesados en las resultas del proceso».

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y los vinculados, se

allegaron los siguientes informes:

5.1. La Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado, por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de la presente acción de tutela, rindió informe en el que se limitó a señalar lo siguiente: «me permito manifestar que no participaré en la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente las disposiciones que se adopten en ella».

5.2. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a través de apoderado judicial, rindió informe en el que explicó que en el caso de autos no se advertía la vulneración de los derechos fundamentales de los actores, en tanto que estos pudieron ejercer su derecho a la defensa y contradicción en el proceso de4

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Accionantes: Alexander Briceño Mendoza y otros.

reparación directa en el que se expidió la sentencia objeto de la presente acción constitucional.

Accionantes: Alexander Briceño Mendoza y otros.

reparación directa en el que se expidió la sentencia objeto de la presente acción constitucional.

5.3. Además, señaló que los actores incurrieron en una indebida escogencia del medio de control, respecto de la solicitud de reconocimiento y pago del lucro cesante por la desvinculación del procesado de la Policía Nacional, ya que frente a esto se debió emplear el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a efectos de controvertir el acto administrativo que lo desvinculó de la institución.

5.4. En relación con la reducción del monto de los perjuicios morales, precisó que la autoridad judicial accionada aplicó la sentencia de unificación 29 de noviembre de 20212, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, motivo por el cual no se apreciaba la configuración de un defecto.

5.5. Por último, manifestó que la acción de tutela no satisfacía el requisito general atinente a la subsidiariedad debido a que no estaba acreditada la configuración de un perjuicio irremediable.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. La Sección Segunda -Subsección "A"- del Consejo de Estado, mediante sentencia de 6 de julio de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito general atinente a la subsidiariedad.

7. En ese sentido, el a quo sostuvo que en el caso de autos se estaba controvirtiendo la sentencia de 9 de septiembre de 2022 por haber incurrido en un defecto orgánico, en un defecto procedimental absoluto y en una decisión sin motivación, dado que

7. En ese sentido, el a quo sostuvo que en el caso de autos se estaba controvirtiendo la sentencia de 9 de septiembre de 2022 por haber incurrido en un defecto orgánico, en un defecto procedimental absoluto y en una decisión sin motivación, dado que desconoció el principio de «congruencia, toda vez que se extralimitó de sus competencias a la hora de resolver el recurso de apelación» y se abstuvo de argumentar por qué «el medio de control idóneo para perseguir la indemnización del lucro cesante debía ser a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho».

8. Tendiendo en cuenta lo anterior, el a quo en este proceso constitucional puso de relieve que los argumentos que sustentaban la presente controversia eran susceptibles de plantearse mediante el recurso extraordinario de revisión, por la causal 5°, en tanto que parte accionante estaba controvirtiendo la presunta falta de congruencia del fallo objeto de la presente acción constitucional.

9. Por último, el juez de primera instancia señaló que en el caso sub examine no se observaba la configuración de un perjuicio irremediable y, por tal motivo, la presente acción de tutela debía declararse improcedente, en tanto que la actora contaba con otro medio judicial a su disposición.

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 29 de noviembre de 2021. Exp. N° 18001-23-31-000-2006-00178-01 (46681).5

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VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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Accionantes: Alexander Briceño Mendoza y otros.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. Los accionantes impugnaron el fallo de de tutela de primera instancia, con

sustento en los siguientes argumentos:

11. En primer lugar, indicaron que la causal 5° de revisión, prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, que hace referencia a la nulidad originada en la sentencia debía interpretarse en armonía con las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del CGP, y que revisadas dichas causales ninguna de estas contempla como un vicio de nulidad haberse dictado sentencia desconociendo el principio de congruencia.

12. En relación con el argumento anterior precisó que «[u]na cosa es que no haya congruencia entre los argumentos esbozados en los recursos de alzada de las entidades condenadas con lo resuelto por el juez en segunda instancia; y otra muy diferente, que exista o se origine una causal de nulidad».

13. En segundo lugar, expusieron que la acción de tutela era el único medio judicial idóneo a su disposición porque tenían unas expectativas legítimas de reparación que se han visto frustradas por la expedición del fallo objeto de la acción de tutela.

14. Asimismo, también mencionaron que en el presente caso sí se encuentra acreditada la urgencia «ya que los hechos que dieron origen al medio de control de reparación directa son del año 2004, y el fallo de segunda instancia cuestionado de vulnerar nuestros derechos fundamentales data del año 2022».

acreditada la urgencia «ya que los hechos que dieron origen al medio de control de reparación directa son del año 2004, y el fallo de segunda instancia cuestionado de vulnerar nuestros derechos fundamentales data del año 2022».

15. Con base en lo anterior, solicitaron que se revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de esta acción de tutela.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

16. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de

20175.

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 4 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 5 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.6

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VIII.2. Problemas jurídicos

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Accionantes: Alexander Briceño Mendoza y otros.

VIII.2. Problemas jurídicos

17. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado6, la Sala debe establecer lo siguiente:

A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. Si ello es así se deberá determinar:

B) Si la sentencia de 9 de septiembre de 2022, proferido por la Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa con radicado Nº 18001-23-31-000-2009-00064-00/01/02, vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, al haber incurrido presuntamente en los defectos orgánico, procedimental absoluto y de decisión sin motivación.

18. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

20. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

21. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción

6 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

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de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

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Accionantes: Alexander Briceño Mendoza y otros.

no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

22. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución9.

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»10 que se encaje en dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad

procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

26. Los señores Alexander Briceño Mendoza, Arelis Acevedo Imbachi, Lina María Mendoza de Ruiz y Laura Estefanía Briceño Acevedo presentaron acción de tutela

8 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 9 Defecto orgánico, que tie ne lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundam entos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 10 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

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con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 9 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa

debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 9 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa con radicado único núm. 18001-23-31-000-2009-00064-02.

27. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el atinente a la subsidiariedad y a la relevancia constitucional.

VIII.4.1. Incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto del defecto orgánico y de decisión sin motivación

28. Como se puede apreciar, los fundamentos del defecto orgánico y de la decisión sin motivación que se le endilga a la sentencia de 9 de septiembre de 2022, proferida por la autoridad judicial accionada, se encuentran relacionados con la presunta falta de congruencia del fallo y la omisión de exponer los motivos por los cuales se negó la pretensión de reparación del lucro cesante solicitado en la demanda. Al respecto

se señaló en el escrito de tutela:

«[R]esulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por ol [sic] cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de al sentencia como el principio disp ositivo, razón por la cual la

a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de al sentencia como el principio disp ositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que "las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “tantum devolutum guantum appelatum”. (…) [S]e puede apreciar que la sentencia de segunda instancia carece de fundamentación juridica [sic] para modificar lo que en primera instancia se había reconocido por concepto de daño material denominado lucro cesante, pues sólo le bastó con indicar que como la s deduciones [sic] de los salarios dejados de percibir producto de la privación de la libetad [sic] de ALEXANDER BRICENO fue por causa de una orden dada por la entidad condenada mediante una resolución, la misma gozaba de presunción de legalidad y debían s er demandados sus efectos por otro medio de control para buscar la prosperidad de esa pretensión.

Yerra de forma abrupta el fallador de segunda instancia al desconocer que el origen del daño antijuridico causado en este caso sigue siendo el mismo, la privación ilegal, injusta y arbitraria de la libertad que fue víctima el señor ALEXANDER, misma situación que le trajo como consecuencia que su jefe profiriera una resolución para que no se le siguieran cancelando sus salarios, pero dicha resolución no hubiera nacido a la vida juridica de no ser por el actuar irregular y poco desprovisto de legalidad con el que actuó la entidad

profiriera una resolución para que no se le siguieran cancelando sus salarios, pero dicha resolución no hubiera nacido a la vida juridica de no ser por el actuar irregular y poco desprovisto de legalidad con el que actuó la entidad condenada, ya que donde no se hubiera privado de la libertad, no se le habrían9

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Accionantes: Alexander Briceño Mendoza y otros.

dejado de pagar sus salarios y por ende la resolución no había causado efectos jurídicos». [Subrayado de la Sala]

29. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta oportuno señalar que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, excepcional y residual, por lo que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede reemplazar a los medios ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador. Este carácter excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que expresamente prescribe: « la acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

30. En virtud de lo anterior, el actor se encuentra en el deber de utilizar los medios de defensa previstos el ordenamiento jurídico para proteger los derechos fundamentales que estima vulnerados por la decisión judicial objeto de tutela. Este deber incluye la obligación de incoar, dentro del término, los medios de defensa ordinarios. Así que la parte accionante deberá interponer la acción, los recursos o promover los incidentes, establecidos en la normatividad , en tiempo, so pena de

deber incluye la obligación de incoar, dentro del término, los medios de defensa ordinarios. Así que la parte accionante deberá interponer la acción, los recursos o promover los incidentes, establecidos en la normatividad , en tiempo, so pena de que la acción constitucional de tutela devenga en improcedente.

31. Como corolario de lo anterior, se destaca que la acción de tutela deviene en improcedente, por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad: i) cuando se usa para revivir etapas procesales o para subsanar omisiones de las partes en el proceso ordinario; ii) cuando la entidad accionante cuenta con otros medios judiciales para exponer los cuestionamientos que sustentan la solicitud de amparo, y iii) cuando asunto se encuentre en trámite, salvo la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, el amparo procederá como mecanismo transitorio.

32. En este punto, la Sala comparte la conclusión arribada por el juez de primera instancia relacionada con que los argumentos que fundamentan la configuración del defecto orgánico y la decisión sin motivación son susceptibles de plantearse mediante el recurso extraordinario de revisión, por la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, que en su tenor literal prevé: «[s]in perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) 5.

Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

33. En efecto, el cargo expuesto por la parte accionante consiste en que la Sección

Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

33. En efecto, el cargo expuesto por la parte accionante consiste en que la Sección Tercera - Subsección “B”- de esta Corporación, en su condición de juez de segunda instancia del proceso de reparación directa, emitió un fallo incongruente porque efectuó un análisis sobre puntos y aspectos del fallo de primera que no fueron planteados en el recurso de apelación, desconociendo con esto lo dispuesto en el artículo 32811 del Código General del Proceso.

11 La norma en cuestión señala: « Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».10

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Accionantes: Alexander Briceño Mendoza y otros.

34. Además, esta Sala de Decisión ha venido sosteniendo en su j