CE - 110010315000202302914011SENTENCIA20231026213731

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02914-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: MUNICIPIO DE BELLO

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU

LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE LOS ARGUMENTOS DE LA

ACCIÓN DE TUTELA YA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO , DEFENSA,

CONTRADICCIÓN Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 14 de agosto de 2023, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “ B” DEL CONSEJO DE ESTADO1 de una parte, denegó la solicitud de amparo respecto al defecto sustantivo en relación con la omisión o indebida aplicación de las leyes 99 de 1993, 1333 de 2009 y 810 de 2003 y, frente el defecto fáctico respecto de las pruebas documentales que a juicio del actor fueron indebidamente valoradas. Y de otra, declaró

de las leyes 99 de 1993, 1333 de 2009 y 810 de 2003 y, frente el defecto fáctico respecto de las pruebas documentales que a juicio del actor fueron indebidamente valoradas. Y de otra, declaró

1 En adelante la Sección Tercera.2

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improcedente la solicitud de amparo al no encontrar acreditado el requisito de relevancia constitucional frente al defecto sustantivo, en relación con la omisión de aplicación del artículo 610 del Código General del Proceso y frente al defecto fáctico , respecto a la indebida valoración de los dictámenes periciales y el escrito presentado por la empresa Prefabricasa Ltda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El MUNICIPIO DE BELLO, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y al acceso a la administración de justicia , los cuales considera vulnerados por el JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA3 al proferirlas sentencias de 3 de mayo de 2017 y 29 de enero de 2021, respectivamente, dentro del medio de control de

CIRCUITO DE MEDELLÍN2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA3 al proferirlas sentencias de 3 de mayo de 2017 y 29 de enero de 2021, respectivamente, dentro del medio de control de

2 En adelante el Juzgado. 3 En adelante el Tribunal.3

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reparación directa identificado con el número único de radicación 05001-33-33-022-2012-00444-03.

I.2.- Hechos

Señaló que la señora ALICIA RUIZ QUINTERO junto con un grupo de ciudadanos , promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en su contra, de la sociedad MINERA PELÁEZ HERMANOS S.C.S. , del señor JOSÉ ALIRIO ZAMORA ARDILA y otros, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios causados en hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2010, en el que fueron víctimas de un deslizamiento de tierra en el sector denominado “calle vieja” ubicado en el barrio la Gabriela del Municipio de Bello – Antioquia, que ocasionó la muerte de los señores

LIGIA DE JESÚS QUINTERO RÍOS , GLORIA HELENA VARGAS

VALENZUELA y YEICKSON ALEXANDER AGUINAGA VARGAS.

Afirmó que la anterior demanda fue identificada con el número único

LIGIA DE JESÚS QUINTERO RÍOS , GLORIA HELENA VARGAS

VALENZUELA y YEICKSON ALEXANDER AGUINAGA VARGAS.

Afirmó que la anterior demanda fue identificada con el número único de radicación 05001-33-33-022-2012-00444-03 y le correspo ndió por reparto al JUZGADO que, mediante sentencia de 3 de mayo de 2017, lo declaró administrativa y patrimonialmente responsable y, en consecuencia, lo condenó a pagar de manera solidaria junto con la sociedad MINERA PELÁEZ HERMANOS S.C.S. y el señor JOSÉ4

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ALIRIO ZAMORA ARDILA , los perjuicios por daños morales reconocidos a los demandantes. Asimismo , ordenó la condena en costas y exoneró de responsabilidad a las demás entidades demandadas.

Señaló que inconforme con lo anterior interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 29 de enero de 2021, revocó parcialmente la decisión del a quo y, en su lugar, excluyó de la declaratoria de responsabilidad a la sociedad MINERA PELÁEZ HERMANOS S.C.S. ; modificó los porcentajes de indemnización reconocidos en favor de cada uno de los demandantes; y, adicionó la orden de pago , aclarando que, el

a la sociedad MINERA PELÁEZ HERMANOS S.C.S. ; modificó los porcentajes de indemnización reconocidos en favor de cada uno de los demandantes; y, adicionó la orden de pago , aclarando que, el 60% de la condena estaría a su cargo y el 40% restante a cargo del

señor JOSÉ ALIRIO ZAMORA ARDILA.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Precisó que la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo al dejar de aplicar la Ley 1333 de 2009 4 en lo relacionado con el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de CORANTIOQUIA, quien debió iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental contra l os señores JOSÉ ALIRIO ZAMORA ARDILA y

4 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.”5

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DARIO PAJÓN, por las presuntas actividades que atentaron contra el medio ambiente en el lugar donde se presentó el alud de tierra.

Advirtió que las decisiones cuestionadas también incurrieron en el defecto fáctico, por cuanto efectuaron una valoración inadecuada del material probatorio, esto es, del dictamen pericial realizado por la Universidad Nacional a través del cual de manera errada emitió un juicio de valor jurídico que le atribuyó la falla en el servicio a la Entidad Territorial.

del material probatorio, esto es, del dictamen pericial realizado por la Universidad Nacional a través del cual de manera errada emitió un juicio de valor jurídico que le atribuyó la falla en el servicio a la Entidad Territorial.

Aseguró que el dictamen pericial no desarrolló un análisis científico acerca de la incidencia de las obras efectuadas por el señor DARIO PAJÓN ni tuvo en cuenta las condiciones meteorológicas de la época en la producción del daño, razón por la que solicitó la nulidad de la prueba de conformidad con el artículo 226 del Código General del Proceso.

Asimismo, manifestó que no se valoraron adecuadamente las pruebas documentales relacionadas con i) la comunicación de la empresa PREFABRICASA LTDA ., en la que se denunciaba un deslizamiento que ocurrió en otro sector un mes antes de los hechos materia de estudio provocando un error en la fijación de la situación fáctica; ii) el fallo disciplinario contra el alcalde de Bello en el que se6

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le exoneró de responsabilidad administrativa y disciplinaria frente a los hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2010; iii) los oficios remitidos a CORANTIOQUIA en los años 2009 y 2010 acerca de los riesgos de deslizamiento sobre los habitantes del sector; y, iv) las infracciones ambientales cometidas en el año 2010 por los señores

remitidos a CORANTIOQUIA en los años 2009 y 2010 acerca de los riesgos de deslizamiento sobre los habitantes del sector; y, iv) las infracciones ambientales cometidas en el año 2010 por los señores

JOSÉ ALIRIO ZAMORA ARDILA y DARIO PAJÓN.

Señaló que la decisión de segunda instancia incurrió en defecto sustantivo al no dar aplicación al artículo 610 del Código General del Proceso, pues no resolvió de fondo la solicitud de intervención que presentó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del EstadoANDJEcon fundamento en el artículo 6°, numeral 3, literal i) del Decreto 4085 de 20115 y, a través de la cual, solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia al encontrarse probada la causal de exoneración de responsabilidad de las entidades del orden Nacional.

Igualmente, indicó que el TRIBUNAL incurrió en el defecto fáctico al no decretar de oficio i) el dictamen de contradicción que aportó mediante escrito el 12 de febrero de 2020, en respuesta a la objeción al juramento estimatorio presentada por la AGENCIA NACIONAL

5 “Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.”7

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DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADOANDJEcon la petición de

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DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADOANDJEcon la petición de intervención y, ii) como hecho sobreviviente la denuncia penal instaurada por el MUNICIPIO DE BELLO por la presunta comisión de delitos relacionados con las pruebas que acompañaron el expediente por entidades como CORANTIOQUIA.

Finalmente, afirmó que no se dio aplicación a la Ley 810 de 2003 6, en el sentido de determinar la responsabilidad del Curador Segundo de la época, quien de acuerdo con la normatividad tenía la responsabilidad de verificar los riesgos de deslizamiento.

I.4.- Pretensiones

El actor solicita el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] Una vez comprobadas todas las causales generales y una o varias de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, por constatarse la vulneración de derechos invocados, se solicita que se ordene AMPARAR los derechos superiores al: debido proceso, defensa, contradicción, legalidad y la debida valoración de las pruebas (artículo 29 C.P.) que son esenciales para la recta administración de justicia (artículo 228 C. P.), el derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.P.), con los cuales se garantiza el derecho público subjetivo a la jurisdicción o tutela judicial, que consiste en que se abra un proceso y que la sentencia

administración de justicia (artículo 229 C.P.), con los cuales se garantiza el derecho público subjetivo a la jurisdicción o tutela judicial, que consiste en que se abra un proceso y que la sentencia

6 “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones.”8

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se dicte respetando los principios de congruencia, buena fe y lealtad procesal y con estricta sujeción a la constitución, la ley y a las garantías procedimentales y velando por el derecho fundamental a la jurisdicción, el principio de efectividad de los derechos fundamentales y de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 C.P.).

Por lo anterior, respetuosamente se le solicita al Honorable Consejo de Estado, que obrando como juez constitucional, se sirva instruir al Tribunal Administrativo de Antioquia y a la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia a efectos de que se proceda a la revocatoria, por razones constitucionales de la sentencias proferidas y consecuentemente se le ordene a la Sala en mención proceder a dictar sentencia sustitutiva de la sentencia ya referida en la que se declaren probados los cargos propuestos. […]”.

I.5.- Defensa

en mención proceder a dictar sentencia sustitutiva de la sentencia ya referida en la que se declaren probados los cargos propuestos. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital contentivo del proceso ordinario laboral objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la acción de tutela.

I.5.2.- El JUZGADO señaló que la decisión cuestionada fue debidamente razonada y se profirió teniendo en cuenta todos los elementos probatorios obrantes en el proceso, razón por la que las pretensiones no tienen vocación de prosperidad , pues se encontró probada una típica falla en el servicio por omisión en la función administrativa de prevención del riesgo.9

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Igualmente, señaló que el amparo debe ser denegado por cuanto el actor agotó los recursos ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la acción de tutela.

I.6.- Intervinientes

I.6.1. CORANTIOQUIA manifestó que la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir los requisitos de procedencia, por cuanto no es el mecanismo idóneo para sanear etapas procesales agotadas, ni para debatir aspectos jurídicos que no fueron tratados de manera oportuna en la instancia ordinaria.

improcedente por no cumplir los requisitos de procedencia, por cuanto no es el mecanismo idóneo para sanear etapas procesales agotadas, ni para debatir aspectos jurídicos que no fueron tratados de manera oportuna en la instancia ordinaria.

I.6.2. La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva , por considerar que no es responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor.

I.6.3. El ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela , por cuanto la solicitud no cumple con lo establecido en la Sentencia SU -770 de 2014 de la Corte Constitucional.10

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Argumentó que el escrito de tutela pretende exponer los disensos del actor frente a la interpretación jurídica efectuada en ambas instancias, lo cual no constituye una violación a los derechos fundamentales invocados.

I.6.4. La sociedad MINERA PELÁEZ HERMANOS S.C.S . allegó escrito mediante el cual efectuó unas apreciaciones frente a hechos relacionados con algunos predios que fueron de su propiedad y que se vieron afectados por derrumbes. No obstante, no hizo pronunciamiento respecto a los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo.

relacionados con algunos predios que fueron de su propiedad y que se vieron afectados por derrumbes. No obstante, no hizo pronunciamiento respecto a los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo.

I.6.5. EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELÍN E.S.P. manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto los hechos de la acción de tutela no están dirigidos en contra de alguna acción u omisión atribuible a la entidad.

I.6.6. La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitó la desvinculación de la acción de tutela, toda vez que fue exonerada de responsabilidad en ambas instancias , razón por la que no goza de legitimación en la causa por pasiva para atender los requerimientos efectuados por el actor.11

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I.6.7. El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTES DE ANTIOQUIA – DAGRANaseguró que no goza de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha vulnerado los derechos fundamentales deprecados por el actor.

I.6.8. El MINISTERIO DEL INTERIOR afirmó que debe declararse probada la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, a su juicio, no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos

probada la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, a su juicio, no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la actividad de la entidad.

I.6.9. El MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONALPOLICÍA AMBIENTAL solicitó denegar las suplicas de petición de amparo, por cuanto no es responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales deprecados.

I.6.10. Los señores ALICIA RUIZ QUINTERO Y OTROS , a través de apoderado judicial, afirmaron que debe denegarse la solicitud de amparo, debido a que no existe vulneración de los derechos fundamentales.12

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Aseguraron que la acción de tutela no cumple con los requisitos de procedencia y, no se puede pretender a través del mecanismo constitucional cuestionar las decisiones proferidas por el juez natural de la causa, convirtiendo la acción de tutela en una inst ancia adicional al proceso ordinario.

I.6.11. El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE afirmó que debe declararse probada la excepción de legitimación en la causa por pasiva en favor de la entidad, por cuanto no es la responsable de la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor.

SOSTENIBLE afirmó que debe declararse probada la excepción de legitimación en la causa por pasiva en favor de la entidad, por cuanto no es la responsable de la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor.

I.6.12. El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , el COMITÉ LOCAL

PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES -CLOPAD,

el señor JOSÉ ALIRIO ZAMORA ARDILA , la COMPAÑÍA DE

SEGUROS ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., y la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 14 de agosto de 2023 la SECCIÓN TERCERA desvinculó de la acción constitucional a l DEPARTAMENTO13

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ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA , a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN , a la FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN , al DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA y al MINISTERIO DEL INTERIOR, por cuanto fueron exoneradas en el trámite del proceso ordinario.

Asimismo, de una parte, denegó la solicitud de amparo respecto al

DESASTRES DE ANTIOQUIA y al MINISTERIO DEL INTERIOR, por cuanto fueron exoneradas en el trámite del proceso ordinario.

Asimismo, de una parte, denegó la solicitud de amparo respecto al defecto sustantivo en relación con la omisión o indebida aplicación de las leyes 99 de 1993, 1333 de 2009 y 810 de 2003 y , frente el defecto fáctico respecto de las pruebas documentales que a juicio del actor fueron indebidamente valoradas.

Aseguró que […] el tribunal concluyó que fue el municipio el que incurrió en una falla en el servicio al omitir el cumplimiento de sus deberes relacionados con la atención, prevención y/o mitigación del riesgo que se cernía sobre la población, debido a la escombrera irregular que generaba amenaza de desastre a un <<barrio subnormal>>, donde se encontraban asentados las víctimas de los hechos […].

Igualmente, señaló que […] que (i) la autoridad judicial accionada sí valoró la providencia mediante la cual se formularon cargos14

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disciplinarios contra el alcalde, de la cual concluyó que el municipio tuvo conocimiento previo de la problemática que se presentaba en el barrio La Gabriela y (ii) en cualquier caso, si bien no realizó mención explícita al fallo proferido dentro del proceso disciplinario, la valoración de dicha prueba no tiene la virtualidad de cambiar el

tuvo conocimiento previo de la problemática que se presentaba en el barrio La Gabriela y (ii) en cualquier caso, si bien no realizó mención explícita al fallo proferido dentro del proceso disciplinario, la valoración de dicha prueba no tiene la virtualidad de cambiar el sentido de la sentencia, en tanto las resultas del proceso disciplinario no afe ctan la decisión del juez administrativo frente a la responsabilidad del municipio […].

De otr a parte, declaró improcedente la solicitud de amparo al no encontrar acreditado el requisito de relevancia constitucional frente al defecto sustantivo, en relación con la omisión de aplicación del artículo 610 del Código General del Proceso y frente al defecto fáctico, respecto a la indebida valoración de los dictámenes periciales y el escrito presentado por la empresa Prefabricasa Ltda.

Respecto a la trasgresión del artículo 610 del Código General del Proceso, al no pronunciase frente a la petición de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, manifestó que […] el tribunal indicó que dicha intervención se presentó cuando el proceso se encontraba al despacho para fallo de segunda instancia, por lo que resultaba extemporánea y no era susceptible de ser tenida en cuenta […].15

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Ahora, con relación al defecto f áctico por indebida valoración de las pruebas periciales advirtió que […] de la valoración conjunta del

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Ahora, con relación al defecto f áctico por indebida valoración de las pruebas periciales advirtió que […] de la valoración conjunta del anterior dictamen pericial y del dictamen rendido por INTEINSA, se podía establecer que el movimiento en masa tipo flujo de lodos y escombros se debió a la existencia de un lleno antitrópico que no presentaba condiciones de seguridad satisfactorias. 20.4.- El tribunal accionado agregó que el municipio no solicitó la aclaración y/o complementación de los dictámenes periciales ni los objetó por error grave, sino que pretendió discutir su fuerza probatoria en el recurso de apelación, es decir, una vez culminada la etapa probatoria […].

Finalmente, observó que la prueba documental relacionada con la petición de la sociedad Prefabricasa Ltda . si fue debidamente valorada por el TRIBUNAL, pues sintetizó un aparte de la decisión cuestionada, en la que se evidenció el conocimiento previo de la entidad territorial de las problemáticas que se venían presentando en la zona del derrumbe.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor cuestionó la providencia de primera instancia, al señalar que, el a quo dejó de valorar los yerros en que incurrió el TRIBUNAL al momento de apreciar los hechos probados que apuntaban a16

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desentrañar el nexo causal que influyó en la producción del daño.

Afirmó que, contrario a lo afirmado por el a quo , se encuentran demostradas las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial , al constatarse la vulneración de los derechos fundamentales invocados, razón por la que solicitó que en esta instancia se dejen sin efecto las sentencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales17

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Actor: MUNCIPIO DE BELLO

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamen tales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:18

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:18

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría

ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente19

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 02914 01

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente19

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 02914 01

Actor: MUNCIPIO DE BELLO

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