CE - 110010315000202302923001SENTENCIA20230629095248

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: NELLY MIREYA ALBORNOZ ASPRILLA

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – DECLARA IMPROCEDENTE POR NO

CUMPLIR REQUISITO GENERAL PROCEDIBILIDAD ATINENTE

A LA SUBSIDIARIEDAD –NO SE CONFIGURAN LOS DEMÁS

DEFECTOS INVOCADOS

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el apoderado judicial de la parte accionante en contra de la sentencia de 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Nelly Mireya Albornoz Asprilla presentó, por conducto de apoderado judicial, acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a «[…] debido proceso, pago oportuno de pensión legal y los derechos adquiridos, la igualdad […]», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del

derechos fundamentales a «[…] debido proceso, pago oportuno de pensión legal y los derechos adquiridos, la igualdad […]», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 76109-33-33-003-2017-00074-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que: «[…] se desempeñó como docente durante el tiempo comprendido entre el 13 de agosto de 1973 y el 12 de diciembre de 2016, por vinculaciones del orden territorial por cuanto fueron efectuadas por el Departamento del Choc ó, la Secretaría de Educación de Buenaventura y el Departamento del Valle del Cauca (…) [y que] [l]os docentes vinculados hasta el día 31 de diciembre de 1980, cuyos nombramientos no dependan del Ministerio de Educación Nacional, tienen derecho a la pensión de jubilación Gracia en los términos de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 […]».2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: Nelly Mireya Albornoz Asprilla

2.2. De acuerdo con lo anterior , indicó que radicó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

Accionante: Nelly Mireya Albornoz Asprilla

2.2. De acuerdo con lo anterior , indicó que radicó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitud de reconocimiento de «[…] pensión de jubilación Gracia […]».

2.3. Aseguró que, dentro del mencionado procedimiento administrativo la UGPP emitió la Resolución N° RDP -043421 de 24 de noviembre de 2016, a través de la cual se le negó a la parte actora la pensi ón de jubilación gracia docente y que l a resolución anterior fue confirmada a través de la Resolución N° RDP -00722 de 24 de febrero de 2017.

2.4. Señaló que, con base en lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho N ° 76109-33-33-003-2017-00074-00 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, para que se declarara la nulidad de las resoluciones N° RDP -043421 de 24 de noviembre de 2016 y RDP -00722 de 24 de febrero de 2017.

2.5. Refirió que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de l Ci rcuito de Buenaventura, despacho judicial que, en sentencia de 15 de octubre de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.6. Expuso que la UGPP apeló la decisión de primera instancia y que, debido al transcurrir del tiempo sin que se resolviera el recurso interpuesto, el 3 de febrero

demanda.

2.6. Expuso que la UGPP apeló la decisión de primera instancia y que, debido al transcurrir del tiempo sin que se resolviera el recurso interpuesto, el 3 de febrero de 2022 la parte actora solicitó la aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso, petición que fue reiterada el 17 del mismo mes.

2.7. Comentó que, presuntamente, el trámite constitucional anterior conllev ó a que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profiriera la sentencia de 21 de octubre de 2022, mediante la cual modificó el fallo de primera instancia, para en su lugar disponer: «[…] REVOCAR la sentencia de 15 de octubre de 2020 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura, que accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda. […]».

2.8. Manifestó que, el 26 de octubre de 2022 interpuso incidente de nulidad contra la sentencia de segunda instancia, toda vez que considera que «[…] para el día 21 de octubre de 2022, que se profirió la SENTENCIA la M agistrada ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES, había perdido la competencia en forma automática para continuar conociendo el proceso, Art. 121 del Código General del Proceso […]».3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: Nelly Mireya Albornoz Asprilla

2.9. Comentó que, con fecha 29 de noviembre de 2022, presentó, por conducto de apoderado judicial, acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus

2.9. Comentó que, con fecha 29 de noviembre de 2022, presentó, por conducto de apoderado judicial, acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al «[…] debido proceso, pago oportuno de pensión legal y los derechos adquiridos, la igualdad que le garantizan los Arts. 13, 29 y 53 de la Constitución Política […]», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 76109-33-33-003-2017-00074-00/01.

2.10. Informó que el 16 de enero de 2023 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió la tutela anterior, y dispuso declarar la improcedente por desconocer el requisito general de subsidiariedad.

2.11. Afirmó que, con fecha 18 de abril de 2023, el Trib unal Administrativo del Valle del Cauca resolvió: «[…] RECHAZAR DE PLANO la solicitud de aplicación del artículo 121 del CGP y la solicitud de nulidad por su no aplicación, elevadas por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]».

2.12. Puntualizó que, en la sentencia de 21 de octubre de 2022, proferida por que la autoridad judicial accionada , se incurrió en los siguientes defectos: i) defecto sustantivo, ii) defecto fáctico, iii) defecto orgánico y iv) desconocimiento del precedente. Como fundamento de lo anterior expuso lo siguiente:

autoridad judicial accionada , se incurrió en los siguientes defectos: i) defecto sustantivo, ii) defecto fáctico, iii) defecto orgánico y iv) desconocimiento del precedente. Como fundamento de lo anterior expuso lo siguiente:

2.13. En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que la autoridad judicial accionada debía aplicar y pronunciarse con base en los términos del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en donde es clara la dife rencia que existe entre docente nacional, nacionalizado y territorial, toda vez que: «[…] la demandante NELLY MIREYA ALBORNOZ ASPRIELLA, a partir del Decreto No.1905 del 02 de octubre de 1998, su vinculación es NACIONAL, por cuanto, en los términos del Art. 15 de la Ley 91 de 1989, no fue nombrada por el Gobierno Nacional, sino que fue vinculada por un ente territorial que es la Gobernación del Valle del Cauca y en consecuencia, el análisis del juzgador de segunda instancia es equivocado por encontr arse en completa contradiccion [sic] con la clasificación de docentes que hace la Ley 91 de

1989. […]».

2.14. Frente al defecto fáctico, señaló que la autoridad judicial de segunda instancia no valoró las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y l a aplicación del Código General del Proceso. Como consecuencia de lo anterior no tuvo en cuenta «[…] el certificado de tiempo de servicios de fecha 15 de enero de 1993, consecutivo No. 8225 donde consta que la vinculación de la docente NELLY MIREYA ALBORN OZ ASPRI LLA, es del orden NACIONAL y que obra en la

consecutivo No. 8225 donde consta que la vinculación de la docente NELLY MIREYA ALBORN OZ ASPRI LLA, es del orden NACIONAL y que obra en la Resolución No. SOP 20161042058 del 24 de febrero de 2017, fue corregido por la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura de fecha 22 de marzo de 2017 y otra del 15 de mayo de 2019 del Profesional Universitario del Grupo de Apoyo de4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: Nelly Mireya Albornoz Asprilla

Servicios Nómina y Prestaciones Sociales, que dan cuenta de la vinculación de carácter municipal de la demandante y a ello hay que agregar la certificación expedida por la Asesora Secretaria General del Ministerio de Edu cación Nacional de fecha 28 de marzo de 2016. […]».

2.15. Sobre el defecto orgánico, puntualizó que para la fecha de la sentencia de segunda instancia -21 de octubre de 2022 - la magistrada ponente había perdido competencia para continuar adelantando el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, «[…] por cuanto se le solicitó desde el día 03 de febrero de 2022, aplicación del Art. 121 del Código General del Proceso, solicitud reiterada el día 17 de febrero del mismo año y en consecuencia, carecía de compe tencia funcional para proferir la decisión y en consecuencia, se configura el DEFECTO

ORGÁNICO, […]».

2.16. Acerca del defecto por desconocimiento del precedente, aseguró que desconoció la sentencia de unificación de 21 de junio del 2018, que trata sobre las

ORGÁNICO, […]».

2.16. Acerca del defecto por desconocimiento del precedente, aseguró que desconoció la sentencia de unificación de 21 de junio del 2018, que trata sobre las reglas de unificación que se deben tener en cuenta para el reconocimiento de pensión de jubilación Gracia docente.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos constitucionales fundamenta les de l a igualdad, debido proceso, seguridad social, pago oportuno de pensión legal y derechos adquiridos de la señora NELLY MIREYA ALBORNOZ ASPRILLA, violados por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, en la sentencia de fecha 21 de octubre de 2022

SEGUNDA: Dejar sin efectos jurídicos la sentencia de fecha 21 de octubre de 2022, proferida por la sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del

Cauca.

TERCERA: Confirmar la sentencia de fecha 15 de octubre de 2020, d ictada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buenaventura, por ajustarse a derecho, es decir, a la realidad procesal Exp.

No.7610933330032017-00074-00

CUARTAPRETENSIÓN SUBSIDIARIA: Decretar la nulidad de lo actuado por la Magistrada ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES, a partir del día 17 de febrero de 2022 y remitir el expediente al Honorable Magistrado que le sigue en turno para que se resuelva el recurso de apelación, por perdida de competencia en forma autor natica Art.121 del Código Gener al del P roceso.

[…].

17 de febrero de 2022 y remitir el expediente al Honorable Magistrado que le sigue en turno para que se resuelva el recurso de apelación, por perdida de competencia en forma autor natica Art.121 del Código Gener al del P roceso. […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 2 de junio de 2 023, el consejero sustanciador del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia . En la misma providencia vinculó como tercero s con interés directo en el result ado de e ste a la Unidad5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: Nelly Mireya Albornoz Asprilla

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , por intermedio de la magistrada ponente de la sentencia que motivó la interposición de este mecanismo constitucional , rindió inf orme en el que advirtió que en la presente solicitud de amparo : «[…] se evidencia que la inconformidad del abogado de la parte actora radica en la decisión de segunda instancia y no en la presunta perdida de competencia establecida en el artículo 121 del C GP, por lo que, además de utilizar de manera desproporcionada la acción constitucional, pretende

parte actora radica en la decisión de segunda instancia y no en la presunta perdida de competencia establecida en el artículo 121 del C GP, por lo que, además de utilizar de manera desproporcionada la acción constitucional, pretende mediante esta obtener un fallo favorable a sus pretensiones.

5.2. La misma magistrada agregó que: «[…] Al margen de lo anterior, se solicita tomar en cuenta que la acción de tutela no es una tercera i nstancia judicial, ni tampoco es procedente para obtener un fallo favorable, salvo cuando se pruebe una situación especial de vulnerabilidad que el juez natural desconozca. […]».

5.3. De otra parte, aseguró que es la tercera acción de tutela que presenta la p arte actora, indicando que, frente a la primera , el Consejo de Estado resolvió negar la solicitud al advertir que no existió mora judicial, y respecto de la segunda , se declaró la improcedencia por estar pendiente de ser resuelt o el incidente de nulidad.

5.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio del Subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado judicial de la UGPP , informó que es evidente que la parte actora busca que se sustit uya la decisión judicial ejecutoriada y proferida por el juez natural.

5.5. Igualmente, anotó que: «[…] la presente tutela contra el fallo judicial es improcedente, porque como es de conocimiento el despacho, no puede ser utilizada con un fin exclusivamente e conómico en busca de decisiones rápidas que olvidan a los jueces naturales de la causa, más aún, cuando el litigio ya fue

improcedente, porque como es de conocimiento el despacho, no puede ser utilizada con un fin exclusivamente e conómico en busca de decisiones rápidas que olvidan a los jueces naturales de la causa, más aún, cuando el litigio ya fue ventilado respetando el principio de doble instancia. […]».6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: Nelly Mireya Albornoz Asprilla

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta S ala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Cuestión previa

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través de los informes allegados al presente proceso constitucional, manifestaron que la señora Nelly Mireya Albornoz

Asprilla había presentado, con antelación, la acción de tutela número 11001-0315-000-2022-06364-00 en contra de la sentencia de 21 octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo que se habría configurado la cosa juzgada constitucional.

8. Al respecto, la Sala pone de relieve que, en efecto, la parte actora promovió la acción de tutela N° 11001-03-15-000-2022-06364-00 en la cual cuestionó la sentencia de 21 octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y le endilgó los defectos que propone esta acción constitucional.

9. El conocimiento de la citada acción constitucional le correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y esa autoridad judicial, mediante sentencia de 16 de enero de 2023, declaró improcedente la acción de tutela debido a que no se superaba el requisito general de subsidiariedad, al evidenciar que el proceso judicial se encontraba en trámite y pendiente de resolver la solicitud de nulidad presentada por la aquí accionante.

10. Ahora bien, en esta ocasión se aprecia que la señora Nelly Mireya Albornoz Asprilla manifiesta en su escrito de amparo, como un hecho nuevo, que la solicitud de nulidad promovida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue resuelta, mediante el auto de 18 de abril de 2023, proferido por el

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: Nelly Mireya Albornoz Asprilla

11. En vista de lo anterior, la Sala estima que no existe cosa juzgada en el caso sub examine porque existe un hecho nuevo.

12. En ese sentido , la Corte Constitucional ha precisado que no se configura cosa juzgada entre dos acciones de tutela, «[…] si la nueva solicitud de amparo se fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido analizados previame nte por el juez, o cuando al interponer la prim era acción el peticionario no conocía - y no podía conocernuevos elementos fácticos o jurídicos para sustentarla […]»5.

VI.3. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Si ello es así,

se deberá determinar:

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Si ello es así, se deberá determinar: b) Si la providencia de 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del trámite del medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 76109-33-33-003-2017-00074-00/01, vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en defecto sustantivo, defecto f áctico, defecto orgánico y desconocimiento del precedente.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

5 Sentencia T-185 de 2013. En esta oportunidad la Sala Novena de Revisión resolvió el caso de una persona a la que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas le negó la entrega de la ayuda

5 Sentencia T-185 de 2013. En esta oportunidad la Sala Novena de Revisión resolvió el caso de una persona a la que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas le negó la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia debido a que se encontraba afiliada en calidad de cotizante al sistema de salud en el régimen contributivo. Sin embargo, se constató que dicha controversia ya había sido resuelta mediante fallo emitido por otra autoridad judicial, por lo que se configuró la cosa juzgada constitucional. Al respecto se indicó: “la Sala considera que la nueva solicitud de amparo promovida por la demandante no se fundamentó en hechos nue vos. Es más todos supuestos fácticos afirmados por la señora Guerra David fueron tenidos en cuenta con anterioridad por el juez. Incluso, no alegó nuevos elementos fácticos o jurídicos que funden la solicitud act ual”. Pese a ello se descartó la temeridad d e la acción al considerarse que la actora se encontraba en un alto grado de indefensión como quiera que hacía parte de un grupo poblacional que es sujeto de especial protección constitucional y lo que pretendía e ra la entrega de ayuda humanitaria para satisfacer su mínimo vital, por lo que se descartó un actuar doloso de parte de la accionante. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: Nelly Mireya Albornoz Asprilla

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: Nelly Mireya Albornoz Asprilla

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la

Constitución8.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole

providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»9 que se encaje en dichos parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

7 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 8 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de m anera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando la s decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando la s decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicia l ha sido engañada por las partes o intervin ientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fund amental, apartándose del contenido constituc ionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 9 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: Nelly Mireya Albornoz Asprilla

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

21. La señora Nelly Mireya Albornoz Asprilla, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a «[…] debido proceso, pago oportuno de pensión legal y los derechos adquiridos, la igualdad […]», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 76109-33-33-003-2017-00074-00/01.

VI.5.1. Del incumplimiento del requisito general de la sub sidiariedad en el caso sub examine

22. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la regla general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede reemplazar a l os medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 199110, que expresamente prescribe: «[…] La acción de tutela no procederá: 1.

Cuando existan otros recursos o medios de de fensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».

23. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado

Cuando existan otros recursos o medios de de fensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».

23. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado debe agotar t odos los medios que prevea el ordenamiento lega l (acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza11); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

24. La Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de

la acción de tutela, en los siguientes términos:

[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tal es mecanismos, los ciudadanos se

10 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''. 11 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

11 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02923-00

Accionante: Nelly M