CE - 110010315000202302937001SENTENCIA20230803152209

Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02937-00

Demandantes: MARÍA NOÉ BAHAMÓN MOLINA Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL AD MINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial protección constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por los señores María Noé Bahamón Molina y otros contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C el 25 de mayo del 2022, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

mayo del 2022, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 2 de junio de 2023 al buzón web de la Secretaría de esta Corporación, los señores Alexander Peña Bahamón, Cecilia Molina, María Noé Bahamón Molina, Eulalia Molina de Bahamón, María Emperatriz Bahamón Molina y Jakeline Peña Bahamón , actuando a través de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , con el fin de que s ean amparados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de las providencias del 19 de abril de 2021 y del 25 de mayo de 2022, proferidas por las autoridades judiciales demandadas , respectivamente, por medio de las cuales se rechazó la demanda por configurarse la caducidad del medio de control de reparación directa, dentro del proceso con radicado 11001-33-36-038-2020-00280-00/01. Tal demanda fue interpuesta contraDemandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

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la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía Nacional con el objeto de que se les declarara administrativamente responsables por el homicidio del señor Fernando Bahamó n Molina , quien era periodista y miembro del partido político Unión Patriótica. El homicidio tuvo lugar el 16 de julio de 1987.

1.2. Pretensión

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

se deje sin efecto la decisión del 25 de mayo de 2022 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERASUBSECCION " C" de Bogotá, que confirm ó la decisión del Juez 38 Administrativo del Circuito de Bogotá, quien rechaz ó de plano la demanda y aplicó el fenómeno de la caducidad de la acción.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Fernando Bahamón Molina era concejal por el partido Unión Patriótica en San Vicente del Caguán (Caquetá) y periodista en La Voz de la Selva.

decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Fernando Bahamón Molina era concejal por el partido Unión Patriótica en San Vicente del Caguán (Caquetá) y periodista en La Voz de la Selva.

El 16 de julio de 1987 fue víctima de homicidio en Florencia (Caquetá). Previo a su deceso, recibió amenazas contra su vida e integridad, motivo por el cual formuló las respectivas denuncias ante el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

5. Mediante resolución del 5 de abril de 2016, el Fiscal 47 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario declaró tal hecho como delito de lesa humanidad y, en consecuencia, se reconoció que la acción penal por el homicidio que se ejecutó contra el señor Bahamón Molina se tornó imprescriptible.

6. Con ocasión de tal delito , el 9 de diciembre de 2020, l a señora María Noé Bahamón Molina y algunos miembros de su núcleo familiar radicaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía Nacional , con el fin de que se les declarara administrativamente respon sables por los daños causados ante su presunta omisión en el despliegue de acciones tendientes a salvaguardar la vida, honra y bienes del señor Bahamón Molina.

7. A través de auto del 19 de abril de 2021 , el Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control. Consideró que, conforme con el criterio

7. A través de auto del 19 de abril de 2021 , el Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control. Consideró que, conforme con el criterio unificado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado enDemandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

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sentencia del 29 de enero de 2020 1, el término para la interposición del medio de control inició el 16 de julio de 1987, fecha en la que se consumaron las amenazas perpetradas contra el señor Bahamón Molina. En tal sentido, la autoridad judi cial concluyó que el término para interponer el mecanismo feneció el 17 de julio de 1989.

8. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación contra dicha providencia. Por medio de auto del 25 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C confirmó la decisión adoptada en primera instancia. Tal decisión estuvo motivada en las consideraciones que se exponen a continuación.

9. El tribunal puso de presente que los accionantes tenían conocimiento del daño ocasionado desde el 16 de julio de 1987 , día en que se ejecutó el homicidio

consideraciones que se exponen a continuación.

9. El tribunal puso de presente que los accionantes tenían conocimiento del daño ocasionado desde el 16 de julio de 1987 , día en que se ejecutó el homicidio contra el señor Bahamón Molina. Por tanto, señaló que, en principio, «el término de caducidad debió computarse desde el 17 de julio de 1987».

10. No obstante, la autoridad accionada advirtió que tal delito tuvo como causa la militancia de la víctima en el partido político Unión Patriótica y que, por tanto, el 5 de abril del 2016 el Fiscal 47 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario declaró tal suceso como crimen de lesa humanidad. A su vez, consideró que

es un hecho notorio y de público conocimiento que en los asesinatos de que fueron objeto varios integrantes de la Unión Patriótica, existió injerencia estatal y que el Estado colombiano aceptó su responsabilidad internacional por el incumplimiento del debe r de protección a las personas pertenecientes y militantes de la Unión Patriótica.

11. En este orden de ideas, la sala de decisión computó la caducidad del medio de control de reparación directa desde el día siguiente a la declaratoria de delito de lesa humanidad y, por tanto, consideró que dicho término venció el 6 de abril de

2018. Dado que la demanda fue radicada el 9 de diciembre de 2020, sostuvo que la parte actora actuó sin atender al tiempo legal establecido con el que contaba.

12. La providencia cuestionada fue notificada por correo electrónico el 13 de febrero de 2023.

1.4. Sustento de la vulneración

parte actora actuó sin atender al tiempo legal establecido con el que contaba.

12. La providencia cuestionada fue notificada por correo electrónico el 13 de febrero de 2023.

1.4. Sustento de la vulneración

13. Los tutelantes alegaron que la a utoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente ante la indebida aplicación de la sentencia de

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 29.01.20. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Rad: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033)Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

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unificación dictada el 29 de enero de 20202 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

14. Señalaron que se aplicó «exegéticamente el precedente» sin tomar en consideración las circunstancias específicas del caso en concreto, dado que, a su juicio, no se valoró que los hechos del asunto en estudio estaban relacionados con una víctima de un delito de lesa humanidad, que fue asesinado por ser militante del partido político Unión Patriótica y por ser periodista.

15. Manifestaron que no contaban con garantías ni condiciones para acudir ante

una víctima de un delito de lesa humanidad, que fue asesinado por ser militante del partido político Unión Patriótica y por ser periodista.

15. Manifestaron que no contaban con garantías ni condiciones para acudir ante la jurisdicción, pues la administración de justicia «estaba igualmente permeada, contaminada y prevenida por algunos funcionarios estatales». Por tanto, agregaron «que todos aquellos que acudieran a denunciar que mostraran esa misma inclinación política igualmente correrían con la suerte de ser asesinados».

16. En este sentido, pusieron de presente que no se atendió a su condición de «víctimas frente al Estado» quienes «deben seguir cargando con el señalamiento y estigma de las comunidades frente a la militancia de su pariente el cual fue exterminado por hacer parte de ese grupo político ». Agregaron que dicha particularidad debe ser el parámetro para no restringir el acceso a la administración de justicia3.

17. Adujeron que en la sentencia del 27 de julio de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , al Estado colombiano se le atribuyó la responsabilidad en el caso del genocidio de los miembros de la Unión Patriótica y, por tanto, negar la posibilidad a sus víctimas de acceder a la administración de justicia implica una vulneración de sus garantías fundamentales.

18. A su vez, alegaron una violación directa de la Constitución pues, a su juicio, la jurisprudencia, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial y, por tanto, las no rmas constitucionales debieron prevalecer en el asunto en cuestión . Al respecto, citaron

juicio, la jurisprudencia, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial y, por tanto, las no rmas constitucionales debieron prevalecer en el asunto en cuestión . Al respecto, citaron textualmente los artículos 2, 13, 93, 94, 228, 229 y 230.

1.5. Admisión de la demanda

19. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 16 de junio del 202 3: i) admitió la demanda de tutela en relación con la señora María Noé Bahamón Molina; ii) inadmitió la acción constitucional con respecto a los señores

2 Ibídem. 3 La sala aclara que los actores no establec ieron con exactitud si pretenden la aplicación de alguna regla jurisprudencial en relación con la contabilización del término de caducidad. Simplemente , aducen que su caso en particular no debería regirse bajo los parámetros de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

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Cecilia Molina, Eul alia Molina de Bahamón, María Emperatriz Bahamón Molina, Jakeline Peña Bahamón y Alexander Peña Bahamón , dado que no se adjuntaron

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Cecilia Molina, Eul alia Molina de Bahamón, María Emperatriz Bahamón Molina, Jakeline Peña Bahamón y Alexander Peña Bahamón , dado que no se adjuntaron los respectivos poderes que facultara al profesional en derecho para representarlos en este trámite; iii) requirió a dicho abogado para que allegara tales documentos en el término de 3 días contados desde la notificación de la providencia; iv) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y al Juzgado 38 A dministrativo del Circuito Judicial de Bogotá como autoridades judiciales accionadas y v) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y a la Policía Nacional.

20. A través de providencia del 4 de julio de 2023, la magistrada ponente de este fallo: i) admitió la demanda en relación con los señores Alexander Peña Bahamón, Cecilia Molina, María Emperatriz Bahamón Molina y Jakeline Peña Bahamón, dado que el apoderado judicial allegó los respectivos poderes que acreditaban su representación en este trámite judicial; y ii) rechazó la acción de tutela con respecto a la señora Eulalia Molina de Bahamón4.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Policía Nacional

21. Por medio de escrito enviado el 27 de junio de 2022 al correo electrónico del Consejo de Estado, la entidad solicitó negar las pretensiones de la demanda pues,

intervenciones:

1.6.1. Policía Nacional

21. Por medio de escrito enviado el 27 de junio de 2022 al correo electrónico del Consejo de Estado, la entidad solicitó negar las pretensiones de la demanda pues, a su juicio, no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales alegada.

22. Indicó que el medio de control de reparación direc ta se encuentra sometido al fenómeno jurídico de caducidad, de conformidad con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cual fue aplicado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C al confir mar la providencia de primera instancia que rechazó la demanda.

23. Precisó que pese a que los hechos de la presente demanda sean producto de delitos de lesa humanidad , «los medios de control que avoquen conocimiento sobre los mismos también serán objeto de estudio de procedencia y declaratoria de este fenómeno jurídico de caducidad», tal como ha sido reconocido por el Consejo de Estado. Por tal razón, agregó que «no se puede pretender que al transcurrir más

4 En el trámite de la primera instancia, el despacho ponente advirtió que la señora Molina de Bahamón falleció de manera previa al proceso de reparación directa, o bjeto de la presente acción de tutela.Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

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de 30 años de la ocurrencia de los hechos, la accionante acuda de manera tardía a interponer el medio de control de reparación directa».

24. Adujo que lo pretendido por la parte actora es constituir la tutela como una tercera instancia para que sean debatidos los hechos ocurridos desde el 16 de julio de 1987 en Florencia (Caquetá) . Añadió que no es posible «revivir los términos precluidos del medio de control de reparación directa para buscar la prosperidad de sus pretensiones».

25. Afirmó que lo formulado por los a ctores es improcedente para justificar la interposición tardía del medio de control y, de tal forma, evitar la caducidad de la demanda, pues el hecho originador del presunto daño fue notorio y de conocimiento nacional.

26. Sostuvo que la acción constitucional es improcedente, pues no se acreditó ningún perjuicio irremediable o amenaza inmin ente ocasionada a los tutelantes y derivada de la decisión cuestionada.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C

27. A través de mensaje de datos remitido el 2 9 de junio de 202 3, la autoridad judicial argumentó que el mecanismo no cumpl e con el requisito de relevancia constitucional, pues no se trata de un asunto que trascienda de una discusión legal

judicial argumentó que el mecanismo no cumpl e con el requisito de relevancia constitucional, pues no se trata de un asunto que trascienda de una discusión legal y, por tanto, no versa sobre la transgresión de derechos fundamentales.

28. Sostuvo que la parte actor a pretende usar la tu tela como una tercera instancia ante su discrepancia con las decisiones judiciales que rechazaron en primera y segunda instancia la demanda por caducidad del medio de control. Por tanto, expuso que los accionantes simplemente manifestaron su inconformidad con las providencias objeto de la demanda.

29. Advirtió que los demandantes sustentaron su inconformidad con la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado . En tal sentido, arguyó que el auto censurado estuvo debidamente fundamentado y que lo formulado en el escrito inicial plantea un debate de ámbito legal.

30. A pesar de ser debidamente notificados, el Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional guardaron silencio.Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la señora María Noé Bahamón Molina y otros, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, también modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 de 12 de marzo de 2019.

32. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decr eto 333 de 2021 de 2021, por ser esta Corporación el superior funcional de aquel.

2.2. Problema jurídico

33. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, corresponde a esta sala resolver el siguiente problema

jurídico que subyace al caso en concreto:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?

34. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente

problema:

jurídico que subyace al caso en concreto:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?

34. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente

problema:

• ¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C los derechos fundamentales invocados por presuntamente incurrir en los defectos formulados en el escrito de tutela, a l proferir el auto del 25 de mayo de 2022?

35. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) las víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial protección constitucional; ii) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; iii) de los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial; iv) análisis del caso en concreto.Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

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2.3. Las víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial protección constitucional

36. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo

36. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

37. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y, en general, las víctimas del conflicto armado, así como aquellas que se encuentran en extrema pobreza y:

todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados5.

38. En jurisprudencia reiterada 6 la Corte Constitucional ha construido un sólido criterio relacionado con la protección de las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno. La condición particular d e vulnerabilidad de estas personas demanda que el Estado tenga un rol activo para que las necesidades que aquellos tengan sean satisfechas pronta y oportunamente, «lo que incluye el acceso

conflicto armado interno. La condición particular d e vulnerabilidad de estas personas demanda que el Estado tenga un rol activo para que las necesidades que aquellos tengan sean satisfechas pronta y oportunamente, «lo que incluye el acceso a la administración de justicia, para obtener la protección y/o el restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados, precisamente, por causa del conflicto»7.

39. En tal sentido, al alto tribunal ha fijado las siguientes pautas constitucionales mínimas en relación con las garantías que les asiste a tales sujetos, «las cuales se erigen en presupuestos normativos para el ordenamiento jurídico »8: i) acceso efectivo a la tutela judicial; ii) protección frente a la revictimización; iii) aplicación y

5 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 6 Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-188 del 15.03.07., M.P. Álvaro Tafur Galvis; Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-462 del 21.06.12. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Corte Constitucional, Sa la Segunda de Revisión, Sentencia T -364 del 12.06.15. M.P. Mauricio González Cuervo; Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal Pulido; Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 7 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal Pulido

Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 7 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal Pulido 8 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando

Reyes Cuartas.Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

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remisión a las reglas generales, siempre y cuando se ajusten a la protección especial de las víctimas; iv) protección para que la ley sea interpretada razonablemente de acuerdo con la Constitución y no de manera rígida; v) protección frente a la demora o inacción de las autoridades competentes; vi) protección frente a trámites adicionales; vii) protección del principio de adecuación; viii) protección frente a la ausencia de procedimientos para ejercer un derecho.

2.3.1. El caso de las víctimas del exterminio Unión Patriótica

40. A su vez , en la sentencia del caso Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia del 27 de julio de 2022, notificada el 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acreditó que existió una violencia sistemática contra dichos sujetos que perduró durante más de 20 años y se extendió en casi la totalidad del territorio colombiano.

la Corte Interamericana de Derechos Humanos acreditó que existió una violencia sistemática contra dichos sujetos que perduró durante más de 20 años y se extendió en casi la totalidad del territorio colombiano.

41. Aquella violencia tuvo lugar a través de actos como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, amenazas, atentados, torturas, desplazamientos forzados, entre otros. Adujo el tribunal internacional que este actuar constituyó parte de un plan de exterminio sistemático contra dicho partido político, sus miembros y militantes, el cual contó con la participación de agentes estatales y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades. Aunado a lo anterior, afirmó que la investigación de estos hechos de violencia no fue efectiva y se caracterizó por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades frente a ellos.

42. La corte concluyó que todo ello permitía caracterizar este conjunto de sucesos de violencia sistemática como un delito de lesa humanidad. En tal sentido, dicha providencia declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6000 víctimas integrantes y militantes de la Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 2 décadas.

43. Ante tal realidad, es pertinente que el juez constitucional estudie los casos relacionados con situaciones que involucren la presunta vulneración de derechos fundamentales de víctimas del exterminio de esta organización política desde un enfoque diferencial, con atención especial a las particularidades del caso analizado.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

fundamentales de víctimas del exterminio de esta organización política desde un enfoque diferencial, con atención especial a las particularidades del caso analizado.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

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de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su procedencia.11

45. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos

subsidiariedad, es decir, agotamiento de los