CE - 110010315000202302948011SENTENCIA20231013084441

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02948-01

Demandante: Daniel Cadavid Bernal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02948-01

Demandante: Daniel Cadavid Bernal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la

Carrera Judicial y Universidad Nacional

Temas: Tutela por omisión en resolver de fondo a petición

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante en contra de la sentencia del 30 de junio de 2023 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el amparo del derecho fundamental de petición, en razón de la carencia actual de objeto por hecho superado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Daniel Cadavid Bernal , actuando en nombre propio, promovió demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental de petición y, c omo consecuencia de

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Daniel Cadavid Bernal , actuando en nombre propio, promovió demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental de petición y, c omo consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial responder a la petición del 4 de mayo de 2023.

1.1.2. Los hechos2

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El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. Participó en la Convocatoria 27, concurso de jueces y magistrados, para el cargo de juez penal municipal, superando la prueba de conocimientos.

1. Mediante Resolución CJR23.0061 del 8 de febrero de 2023, fue rechazado por las causales 3.4 y 3.5., relacionados con la experiencia laboral mínima y la declaración de no estar inmerso en inhabilidades e incompatibilidades.

1. El 16 de febrero de 2023, solicitó la verificación de documentos, al evidenciar que los cargados en la Convocatoria 27 se elimin aron y que, en su lugar, reposaban los adosados el 12 de octubre de 2017 para la Convocatoria 4, concurso de empleados, a que también participó y, por la cual se encuentra laborando en propiedad en el Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Medellín.

adosados el 12 de octubre de 2017 para la Convocatoria 4, concurso de empleados, a que también participó y, por la cual se encuentra laborando en propiedad en el Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Medellín.

1. Según las bases de datos de la Unidad de Carrera Judicial, el 12 de octubre de 2017 cargó los documentos para la Convocatoria 4 y también para la Convocatoria 27, lo cual resulta imposible, pues el aplicativo para realizar las inscripciones para la Convocatoria 27 estuvo activo entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 2018, es decir, casi un año después. Lo anterior, pudo ocurrir por el traslado de datos desde los servidores de KACTUS al culminar el contrato con la Rama Judicial.

1. El 4 de mayo de 2023, remitió petición a los correos electrónicos

carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co y convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que solicitó, entre otros aspectos, la revocatoria directa de la resolución y, consecuencialmente, el reintegro a la Convocatoria 27.

1. Para la fecha de presentación de la acción de tutela aún no ha recibido respuesta ni comunicación alguna con respecto de lo peticionado.

1.2. Actuación procesal3

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1.2.1. El 6 de junio de 2023, el consejero de Estado Carmelo Perdomo Cuéter admitió

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1.2.1. El 6 de junio de 2023, el consejero de Estado Carmelo Perdomo Cuéter admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a l Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, como demandada s, para que, dentro del término de dos días, se pronunciaran sobre los hechos de tutela y remitieran la documentación que reposara en sus archivos relacionada con el asunto de litis.

1.2.2. El 7 de junio de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al señor Daniel Cadavid Bernal, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial. El 10 de junio de 2023, la directora Claudia M. Granados R. solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones de la demanda. Señaló que a través del Oficio CJO23-3603 del 9 de junio de 2023, dirigido a las direcciones de correo electrónico suministradas para efectos de notificación, se atendieron de manera clara, completa y de fondo los requerimientos de l peticionario, por lo que debe declararse la carencia actual de objeto por hecho superado.

1.3.2. La Universidad Nacional de Colombia. El 10 de junio de 2023, el director del Proyecto Contrato 096 de 2018 , Eduardo Aguirre Ávila, solicitó denegar las pretensiones de tutela, en atención a lo siguiente:

1.3.2. La Universidad Nacional de Colombia. El 10 de junio de 2023, el director del Proyecto Contrato 096 de 2018 , Eduardo Aguirre Ávila, solicitó denegar las pretensiones de tutela, en atención a lo siguiente:

1. La s accionadas han brindado respuesta clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por el accionante en el marco de su solicitud de verificación de requisitos mínimos ( VRM) y de petición, a través de la Resolución CJR0110 del 21 de marzo de 2023 y de los Oficios CJO23-1192 del 13 de marzo de 2023, CJO23-2669 del 26 de abril de 2023, CJO23-2759 del 28 de abril de 2023, y CJO23-3603 del 9 de junio de 2023.

1. Los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la decisión de rechazo del aspirante y sobre la que resolvió su solicitud de verificación de requisitos mínimos son4

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pasibles de control jurisdiccional como el de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.4. Sentencia impugnada

El 30 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, negó el amparo del derecho fundamental de petición, en razón de la carencia actual de

1.4. Sentencia impugnada

El 30 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, negó el amparo del derecho fundamental de petición, en razón de la carencia actual de objeto por hecho superado. Señaló que en el trámite de la acción de tutela, la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial informó que el requerimiento del demandante en la petición del 4 de mayo de 2023, fue respondido por conducto del Oficio CJO -3603 del 9 de junio de 2023, notificado a los correos electrónicos suministrados por el demandante, en el que se advirtió que no era dable tener en cuenta los documentos adosados, por cuanto solo se debían examinar los anexados en la etapa de inscripción de la «Convocatoria 27», y que, como la experiencia exigida para ejercer el cargo al que aspiró era de 720 días y solo demostró desempeñarse como abogado por 652 días, se imponía su rechazo del procedimiento de selección, tal como aconteció, por lo que en el caso se entendía satisfecha la súplica formulada en la solicitud de amparo.

1.5. Impugnación

El 10 de agosto de 2023, el señor Daniel Cadavid Bernal impugnó la decisi ón de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela. Argumentó que, contrario a lo planteado por el juez de primera instancia, en el caso no se configura un hecho superado.

Refirió que, al parecer, el fallador no revisó la petición realizada a la entidad, pues adujo hecho superado ante las solicitudes principales, dejando de lado las subsidiarias,

instancia, en el caso no se configura un hecho superado.

Refirió que, al parecer, el fallador no revisó la petición realizada a la entidad, pues adujo hecho superado ante las solicitudes principales, dejando de lado las subsidiarias, evento que pasó a sustentar en los siguientes términos:

1. Solicité: «1. Se revoque de forma directa el contenido de la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 en su anexo 2, en lo que respecta a mi inadmisión por las causales 3.4, 3.5 y se tengan en cuenta mis argumentos y la documentación que aporto.» Respondieron: Reitera la decisión de negar la solicitud de revocatoria por cuanto la violación no es manifiesta, palmaria o flagrante, pues no se advierte contradicción del5

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acto con los preceptos constitucionales haciendo una confrontación de la Constitución frete al Acuerdo de Convocatoria PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.

Solicitud vs respuesta: Si bien responde negando la solicitud, el fundamento de la negativa no se centra en lo narrado en los argumentos esbozados y sustenta la negativa en la legalidad del acto, la cual no fue cuestionada, pues se cuestiona es la desaparición de los documentos por mi cargados.

1. Solicité: «2. De manera subsidiaria y ante la superposición y/o desaparición de los

en la legalidad del acto, la cual no fue cuestionada, pues se cuestiona es la desaparición de los documentos por mi cargados.

1. Solicité: «2. De manera subsidiaria y ante la superposición y/o desaparición de los documentos cargados a la convocatoria 27, solicito se tengan en cuenta los certificados que anexo, los cuales dan cuenta de que, para el 29 de agosto de 2018, fecha en la que me inscribí, no estaba incurso en inhabilidades, tenía la experiencia laboral requerida y contaba con la totalidad de exigencias mínima s para acceder al cargo de Juez Penal

Municipal».

Respondieron: La valoración de documentos allegados se realizó tiendo en cuenta la estricta aplicación de las normas establecidas en la convocatoria, en igualdad de condiciones con los demás participantes, de manera que no es posible dar un tratamiento diferente, y por tanto, solo son tenidos en cuenta los documentos presentados dentro del término legal de la inscripción, esto es entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 2018. (Página 4) Solicitud vs re spuesta: Se presenta una Falacia argumentativa en tanto no dan aplicación estricta a las normas establecidas en la convocatoria, por cuanto se basan en unos documentos cargados el 12 de octubre de 2017, los cuales, sin entregar explicación alguna, fueron s ubidos 10 meses antes de la siquiera emisión de Acuerdo de Convocatoria PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.

1. Solicité: 3. De no acogerse las peticiones anteriores, solicito se me informe expresa y concretamente cómo en el sistema Kactus de la Convo catoria 27 se encuentran cargados elementos desde el 12 de octubre de 2017.

1. Solicité: 3. De no acogerse las peticiones anteriores, solicito se me informe expresa y concretamente cómo en el sistema Kactus de la Convo catoria 27 se encuentran cargados elementos desde el 12 de octubre de 2017.

Respondieron: NO PRESENTARON RESPUESTA ALGUNA

1. Solicité: Se me entregue un informe detallado y con base científica o técnica atinente a las causas que generaron la eliminación y/o sobrescritura de elementos de la Convocatoria 4 a la Convocatoria 27.

Respondieron: El sistema no sobrescribe documentos, si un aspirante sube el mismo documento con el mismo nombre varias veces, el sistema se lo permite sin borrar ni reemplazar los anteriores, lo que hace el sistema es ponerle al nombre del documento el siguiente número consecutivo, para el caso del doctor CADAVID BERNAL, en el sistema aparecen los siguientes documentos de experiencia laboral subidos al sistema el 12 de octubre de 2017.

Solicitud vs respuesta: La presente cuenta con varios problemas en su respuesta, el primero, no se entrega informe, respuesta científica o técnica, se limita a informar cómo se genera de manera automática el nombre de cada archivo una vez es subido. L a

Unidad de Carrera nada menciona referente a la Convocatoria 4, omite pronunciarse frente a ella y como en la base de datos, se registran los documentos de aquella y de la Convocatoria 27 de forma idéntica, como ya se refirió en renglones anteriores. La Unidad de Carrera no entrega explicación alguna de cómo se encuentran cargados documentos desde el 12 de octubre de 2017. La sobrescritura se debió haber generado al momento de trasladar los documentos de la plataforma Kactus al servidor de la Rama Judicial una

de Carrera no entrega explicación alguna de cómo se encuentran cargados documentos desde el 12 de octubre de 2017. La sobrescritura se debió haber generado al momento de trasladar los documentos de la plataforma Kactus al servidor de la Rama Judicial una vez culminó el contrato con Kactus, lo cual explica fehacientemente por qué el sistema no genera radicado con nombres diferentes, pues la sobrescritura no fue al momento del cargue.

1. Solicité: 4. Se aporte expresa y concretamente con evidencia cibernética, las fechas de cargue de los documentos de la Convocatoria 27.6

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Respondieron: Simplemente refieren que los documentos fueron cargados el 12 de octubre de 2017 y aportan pantallazo del archivo de la entidad donde se evidencia nombre de los archivos, fecha de modificación y tamaño de los archivos.

Solicitud vs respuesta: Se podría dar por resuelto en tanto se refirió la fecha de cargue y el pantallazo simple.

1. Solicité: 6. Se informe y aporten constancias de la transferencia de los documentos

de la plataforma Kactus a la Unidad de Carrera Judicial.

Respondieron: Sobre el presente no se emitió respuesta alguna.

1. Solicité: Se me informe expresa concreta y con base técnica, la razón por la cual no resulta procedente la petición subsidiar ia, atendiendo a la desaparición de los documentos cargados al momento de mi inscripción.

Respondieron: Se podría tomar como respuesta la ya referida en el numeral 2.

resulta procedente la petición subsidiar ia, atendiendo a la desaparición de los documentos cargados al momento de mi inscripción.

Respondieron: Se podría tomar como respuesta la ya referida en el numeral 2.

Solicitud vs respuesta: No obstante, no se realiza mención alguna a la desaparición de documentos, nuevamente dejando de lado el objeto central de la pretensión, presentando una respuesta que no se compagina con lo solicitado, siendo respuestas

marco cuando se cuestiona es la legalidad y posibilidad de la Unidad de Carrera de excluir a parti cipantes, no cuando se atribuye un error en la transferencia de datos atribuible a los encargados de la custodia de los documentos que generó la desaparición de los documentos por mi cargados a la Convocatoria 27 y en su lugar se encuentren los de la Convo catoria 4 cargados con un año de antelación lo que reitero resulta imposible para el suscrito haberlo realizado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», en concordancia con lo dispuesto

Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el repa rto», esta Sala es competente para conocer de la presente

1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.7

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impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dilucidar si, en el caso, corresponde confirmar lo resuelto por el a quo , respecto de la carencia actual de objeto por hecho superado, o si, por el contrario, según el alegato del accionante, concierne realizar un pronunciamiento de fondo sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre el derecho fundamental de petición

fondo sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre el derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política, incorporó el derecho de petición como un derecho de carácter fundamental en los siguientes términos: «Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución».

Consciente de ese carácter iusfundamental, el legislador reguló su ejercicio mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015, sustituyendo el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, en lo relativo al tiempo de respuesta de la Administración, el artículo 14 del referido código señaló como término general para resolver las peticiones el de los quince días siguientes a su recepción, y sometió a término especial i) las peticiones de documentos y de información, que deberán resolverse dentro de los diez día s siguientes a su recepción, y, (ii) las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación las materias a su cargo, que deberán resolverse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.

En la sentencia T -377 de 2000 2, la Corte Constitucional estableció diferentes parámetros para la protección de este derecho fundamental, y consideró como presupuestos necesario para su garantía, los siguientes: i) el derecho de petición es

2 Reiteradas, entre otras, en las sentencias T -183 de 2013 y T-908 de 2014.8

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2 Reiteradas, entre otras, en las sentencias T -183 de 2013 y T-908 de 2014.8

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fundamental y determinante para la efectivid ad de los mecanismos de la democracia participativa; ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con l o solicitado; iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, lo más breve posible; v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa 3 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición, pues su objeto es distinto; por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.

competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.

Adicionalmente, en la Sentencia T-487 de 2017, reiteró que uno de los contenidos del núcleo esencial del derecho de petición es la obligación que tiene la administración de dar una respuesta clara, precisa y congruente, que resuelva de fondo el asunto solicitado . De igual forma, amplía el alcance de dicha obligación a los particulares y acepta la procedencia del derecho de petición ante estos, reseñando las reglas establecidas por la jurisprudencia y la regulación introducida por la Ley 1755 de 2015, que en su artículo 32 definió la viabilidad de este derecho ante organizaciones privadas.

2.3.2 Sobre la carencia actual de objeto

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la carencia actual de objeto se configura en casos en que la orden del juez de tutela no tiene ningún efecto frente a las pretensiones de la acción, lo cual puede ocurrir por i) un hecho superado, ii) un daño consumado y/o iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

3 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.9

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Tratándose del «hecho superado», se ha señalado que este tiene lugar cuando entre

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Tratándose del «hecho superado», se ha señalado que este tiene lugar cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo, se satisface la pretensión, es decir, «que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario»,4 resultando inocua cualquier intervención del juzgador para proteger los derechos invocados, en tanto ya la autoridad accionada los ha garantizado.

Respecto del «daño consumado», se ha referido que este se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectació n que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez ya no puede dar una orden con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el peligro. 5 Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligr o, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho; sin embargo, es de tener en cuenta que la acción constitucional se hace totalmente improcedente cuando se ha consumado la vulneración, dada su naturaleza preventiva y no indemnizatoria, a excepción de que, según lo señala el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se « continúe la acción u omisión violatoria del derecho».

Y, en torno al «acaecimiento de una situación sobreviniente» , que hace que la protección solicitada y no sea necesaria, la jurisprudencia ha dicho que, a diferencia del escenario anterior, la situación sobreviniente no debe tener origen en una actuación

Y, en torno al «acaecimiento de una situación sobreviniente» , que hace que la protección solicitada y no sea necesaria, la jurisprudencia ha dicho que, a diferencia del escenario anterior, la situación sobreviniente no debe tener origen en una actuación de la accionada, sino porque el accionante asumió la carg a que no le correspondía o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.6

No obstante, la Corte Constitucional también ha explicado que, si bien, en casos en que se configura la carencia actual de objeto no resulta viable emitir la orden de protección solicitada por el actor, es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación de la acción de tutela, i) en los casos en que la consumación del daño ocurre durante el trámite de la acción, ii) cuando s e impone la necesidad del pronunciamiento por la

4 Sentencia T715 de 2017. 5 Sentencia SU-225 de 2013 6 Sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013 y T-481 de 2016, entre otras.10

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proyección que pueda tener el asunto,7 o iii) por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en igual situación o que requieran de espec ial protección constitucional; y no es pe rentorio un pronunciamiento de fondo, en los

proyección que pueda tener el asunto,7 o iii) por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en igual situación o que requieran de espec ial protección constitucional; y no es pe rentorio un pronunciamiento de fondo, en los casos de i) hecho superado, o ii) acaecimiento de una situación sobreviniente , salvo cuando es evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de una forma diferente, pese a no tomar una decisión en concreto ni impartir orden alguna, esto, « para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sa nciones pertinentes, si así lo considera», según lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.8

2.4. Hechos probados

2.4.1. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, la Sala de decisión establece, lo siguiente:

1. El 16 de agosto de 2018, mediante el Acuerdo PCSJA18-11077, el Consejo Superior de la Judicatura convocó a proceso de selección para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, Convocatoria 27 de 2018 , que de conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996, comprende las etapas de: i) concurso de méritos, ii) conformación del Registro Nacional de Elegibles, iii) elaboración de lista de candidatos, iv) nombramiento y v) confirmación.

1. El señor Daniel Cadavid Bernal se inscribió a la Convocatoria 27, concurso de jueces

elaboración de lista de candidatos, iv) nombramiento y v) confirmación.

1. El señor Daniel Cadavid Bernal se inscribió a la Convocatoria 27, concurso de jueces y magistrados, en el que aplicó para el cargo de juez penal municipal, en la que superó la prueba de conocimientos.

1. El 8 de febrero de 2023, por medio de la Resolución CJR23-0061, el Consejo

Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, rechazó a los aspirantes que no acreditaron las calidades señaladas en el Acuerdo PCSJA187 Artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. Hipótesis excepcional de procedencia de la indemnización de perjuicios en el trámite de la acción de la tutela. 8 Sentencia T-205A de 201811

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11077 de 2018, que se relacionan en el anexo 2, en el cual se incluyó al señor Daniel Cadavid Bernal, por las causales de inadmisión 3.4. y 3.5.

1. El 16 de febrero de 2023, el señor Daniel Cadavid Bernal solicitó a la Unidad de

Administración de la Carrera Judicial la verificación de documentos aportados para el cumplimiento de los requisitos, y

1. El 13 de marzo de 2023, mediante el Oficio CJO23-1192, la Unidad de Administración

de Carrera Judicial, dio respuesta a la solicitud, así:

cumplimiento de los requisitos, y

1. El 13 de marzo de 2023, mediante el Oficio CJO23-1192, la Unidad de Administración

de Carrera Judicial, dio respuesta a la solicitud, así:

[Respecto de la causal de rechazo 3.5:] [S]e revisó el sistema para verificar el cumplimiento de los requis itos exigidos para el cargo de juez penal municipal y se pudo constatar que no se acreditó el requisito mínimo de experiencia exigido para el cargo de aspiración […]. Al realizar la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los parámetros definidos en la convocatoria, se observa que no acredita el término mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente a 1440 días. Sobre el particular se precisa, que la valoración de los certificados se hizo teniendo en cuenta la estricta aplicación de las normas establecidas en la convocatoria, en igualdad de condiciones con los demás participantes, de manera que no es posible dar un tratamiento diferente; por lo tanto, sólo son tenidos en cuenta los documentos aportados dentro del término legal de la inscripción y, en ningún caso, se rán estudiados los aportados con la solicitud de verificación de documentación.

Respecto de la causal de rechazo 3.5, se señala lo siguiente: […] esta Unidad advierte que se revisaron los documentos cargados en la base del sistema «Kactus», durante el término previsto en la inscripción y se verificó que no aportó documento en formato PDF contentivo de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incom