CE - 110010315000202302958011SENTENCIA20231013081952

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02958-01

Accionante: Leonardo Valencia Bermúdez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02958-01

Accionante: Leonardo Valencia Bermúdez Accionados: Tribunal Administrativo de Caldas y otro

Tema: Acción de tutela en contra de providencias judiciales emitidas en un proceso ejecutivo, mediante las cuales no se libró mandamiento de pago y se confirmó esta decisión. Incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por la Sección Cuarta de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Leonardo Valencia Bermúdez, por intermedio de apoderado judicial, promovió

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Leonardo Valencia Bermúdez, por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derecho s fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, solicitó revocar las providencias emitidas el 19 de mayo de 2022 y el 25 de noviembre de igual año por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial d e Manizales y por el Tribunal Administrativo de Caldas, respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicado2

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17001-33-39-007-2018-00617-00/01, para, en su lugar, ordenar a las autoridades judiciales precitadas analizar conforme a derecho el escrito de la demanda, la liquidación del crédito que lo acompaña y el caso en general, con el fin de que se libre mandamiento de pago por todos los conceptos que fueron decretados dentro de la sentencia objeto de ejecución.

1.1.2. Hechos de la solicitud

Del expediente se extraen los siguientes hechos:

1. El señor Leonardo Valencia Bermúdez instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Manizales, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo complejo contenido en varios oficios, que le negaron el reconocimiento y pago retroactivo derivado del trabajo suplementario,

restablecimiento del derecho en contra del municipio de Manizales, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo complejo contenido en varios oficios, que le negaron el reconocimiento y pago retroactivo derivado del trabajo suplementario, dominical y festivo, recargos nocturnos, horas extras diurnas y nocturnas, compensatorios y la reliquidación de prestaciones sociales.

1. El 9 de mayo de 2013, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Manizales declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada (i) a pagar a favor del actor el trabajo suplementario (horas extras diurnas y nocturnas, recargo nocturno, domingos y festivos) desde el 3 de marzo de 2006 y en los demás años siguientes mientras subsista una relación laboral ; y (ii) a reliquidar las prestaciones sociales teniendo en cuenta el concepto que corresponda a trabajo suplementario.

1. En cumplimiento de lo anterior, el 12 de mayo de 2014 el municipio de Manizales expidió la Resolución núm. 282, a través de la cual ordenó el reconocimiento y pago de la suma de $ 76.937.444, por concepto de las horas extras, dominicales y festivos causadas entre el 3 de marzo de 2006 y el 31 de diciembre de 2013 y el monto de $ 11.620.569, correspondiente a la indexación, para un total de $ 88.558.013. Al día siguiente, mediante la Resolución núm. 301, la entidad territorial repuso la anterior decisión, en el sentido de también reconocer la reliquidación de las cesantías parciales por un valor de $ 7.562.641.3

siguiente, mediante la Resolución núm. 301, la entidad territorial repuso la anterior decisión, en el sentido de también reconocer la reliquidación de las cesantías parciales por un valor de $ 7.562.641.3

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1. El señor Leonardo Valencia Bermúdez present ó demanda ejecutiva en contra del ente territorial mencionado, por el incumplimiento de la sentencia del 9 de mayo de 2013, comoquiera que no pagó i) las horas extras diurnas, las horas extras nocturnas y los domingos y festivos (reconocidas parcialmente), y el recargo nocturno; ii) los intereses moratorios debidamente causados, y iii) la reliquidación y consignación de todas las prestaciones sociales.

1. El 19 de mayo de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales no libró mandamiento de pago, por lo cual la parte ejecut ante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

1. El 25 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas confirmó la providencia de primera instancia.

1.1.3. Fundamentos de derecho

El accionante consideró que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas, con ocasión de la expedición de las providencias del 19 de mayo de 2022 y del 25 de noviembre de igual año, vulneró sus

El accionante consideró que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas, con ocasión de la expedición de las providencias del 19 de mayo de 2022 y del 25 de noviembre de igual año, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Para el efecto, afirmó que aquellas autoridades incurrieron en las siguientes causales específicas de procedibilidad:

1. Defecto procedimental absoluto, porque las autoridades judiciales acci onadas obraron como juez declarativo y no como juez ejecutivo, en la medida en que desconocieron el sentido literal y material previsto en la sentencia, que ordenó el pago de: (i) horas extras (diurnas y nocturnas) , (ii) recargos nocturnos (iii) dominicales, (iv) festivos, ( v) reliquidación de prestaciones sociales , (vi) la indexación de estos conceptos y (vii) los intereses moratorios , comoquiera que , sin justificación válida , excluyeron de la liquidación las horas extra nocturnas y los recargos nocturnos y, además, no efectuaron el cálculo de los intereses moratorios previstos en el artículo 192 del CPACA.4

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2. Defecto sustantivo, puesto que los despachos judiciales accionados alteraron el procedimiento ejecutivo y extralimitaron sus funciones al abordar de fondo el estudio

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2. Defecto sustantivo, puesto que los despachos judiciales accionados alteraron el procedimiento ejecutivo y extralimitaron sus funciones al abordar de fondo el estudio de la procedencia del pago de las horas extras nocturnas y de los recargos nocturnos.

3. Defecto por decisión sin motivación, por cuanto el Tribunal no explicó los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron a confirmar la d ecisión de primera instancia, pues solo se limitó a resumir la posición de esa corporación en otros asuntos con similares supuestos, de tal forma que no se percató de que la liquidación efectuada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales contenía graves errores matemáticos y de interpretación normativa.

4. Violación directa de la Constitución Política, debido a que los accionados desatendieron el procedimiento de ley, al desconocer en la liquidación efectuada previo a la etapa de mandamiento de pago, los conceptos de horas extras nocturnas y recargos nocturnos que desde el proceso ordinario habían sido reconocido y el concepto de intereses moratorios que por orden legal debía calcularse.

Por último, manifestó que el Tribunal Administrativo de Caldas revocó dos providencias emitidas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales en los procesos con radicado 17001-33-39-007-2018-00616-00 y 17001-33-39-007-201900050-00, los cuales tenían idénti co sustento fáctico y jurídico al discutido en el presente asunto.

1.2. Actuación procesal

00050-00, los cuales tenían idénti co sustento fáctico y jurídico al discutido en el presente asunto.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 6 de junio de 2023 , el despacho del magistrado Milton Chaves García inadmitió la acción de la referencia y, en consecuencia, requirió al abogado Leonardo Reyes Contreras, para que allegara el certificado de existencia y representación legal de la sociedad REYES&LEYES S.A.S., con vigencia no mayor a 30 días, comoquiera que a esa entidad fue a esa entidad a la que el accionante otorgó poder para promover la acción de tutela.

1.2.2. El 14 de igual mes y anualidad el abogado Reyes Contreras aportó el documento solicitado.5

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1.2.3. Por lo anterior, el 23 de junio de 2023 el despacho precitado (i) admitió la acción de tutela instaurada por el señor Leonardo Valencia Bermúdez en contra del Tribunal Administrativo de Caldas y del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales; (ii) vinculó al municipio de Manizales, c omo tercero interesado en los resultados del proceso, y (iii) ofició al Juzgado precitado para que allegara, a través de medio magnético, copia del expediente del proceso ejecutivo con radicado 17001-3339-007-2018-00617-00/01.

resultados del proceso, y (iii) ofició al Juzgado precitado para que allegara, a través de medio magnético, copia del expediente del proceso ejecutivo con radicado 17001-3339-007-2018-00617-00/01.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales

La jueza Jackeline García Gómez, luego de hacer un recuento de las actuaciones judiciales adelantadas en el proceso ejecutivo, afirmó que contrario a lo manifestado por la parte accionante , en la providencia censurada no omitió pronunciarse sobre el concepto de festivos, pues este fue incluido en el acápite de «dominicales y festivos», debido a que el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 equipara la remuneración de ambos conceptos. De igual forma, explicó que no era posible liquidar el pago de horas extras nocturnas porque e l señor Leonardo Valencia tenía jornada mixta, la cual se encuentra regulada por el artículo 35 de la referida disposición.

De otra parte, aseguró que la acción de la referencia carece de relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido por el accion ante es el reconocimiento de un saldo mayor al ya liquidado y pagado por el municipio de Manizales, en cumplimiento de una sentencia judicial, situación que no resulta procedente y que, en todo caso, no vulnera derechos de rango fundamental que permitan un nuevo estudio de la decisión judicial cuestionada, por lo que solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional.

1.3.2. Tribunal Administrativo de Caldas

El magistrado Augusto Morales Valencia indicó que en la providencia que confirmó la

de la decisión judicial cuestionada, por lo que solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional.

1.3.2. Tribunal Administrativo de Caldas

El magistrado Augusto Morales Valencia indicó que en la providencia que confirmó la decisión de negar el mandamiento de pago se examinaron los fundamentos jurídicos,6

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probatorios, jurisprudenciales y legales suficientes que le otorg aron solidez y legitimidad, por lo que no se pronunciará sobre los planteamientos esgrimidos por el accionante, pues los argumentos consignados en dicha providencia defienden por sí misma su juridicidad.

Además, advirtió que en el presente asunto no se cumple la exigencia de inmediatez, comoquiera que la providencia objeto de reproche fue proferida el 25 de noviembre de 2022; sin embargo, el acciona nte hizo uso de la herramienta constitucional después de seis meses de conocer aquella decisión. Por lo anterior, requirió declarar improcedente la acción de la referencia o, en su defecto, denegar las súplicas formuladas.

1.3.3. Municipio de Manizales

El profesional del derecho Gilberto Antonio Ríos Sánchez solicitó declarar la improcedencia de la acción de amparo o, en su defecto, negar las pretension es, por cuanto no se acreditó el requisito general de inmediatez, toda vez que la providencia

El profesional del derecho Gilberto Antonio Ríos Sánchez solicitó declarar la improcedencia de la acción de amparo o, en su defecto, negar las pretension es, por cuanto no se acreditó el requisito general de inmediatez, toda vez que la providencia de segunda instancia fue notificada por estado electrónico el 1.° de diciembre de 2022 y la tutela fue radicada hasta el 1.° de junio de 2022, esto es, por fuera de los seis meses previstos por la jurisprudencia para e se efecto. Adicionalmente, sostuvo que tampoco se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, porque el actor cuenta con el recurso extraordinario de revisión para cuestionar la decisión controvertida en el presente asunto.

1.4. Sentencia impugnada

El 3 de agosto de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por el señor Leonardo Valencia Bermúdez, al considerar que no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, puesto que la parte accionante emplea este me canismo para insistir exactamente en los mismos argumentos que fueron expuestos, analizados, debatidos y decididos en el proceso ejecutivo, lo cual torna improcedente el ejercicio de la acción de tutela y, por ende, cualquier pronunciamiento de fondo que sobre el asunto p ueda hacer el juez constitucional.7

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Al respecto, advirtió que, por más informal que sea la tutela, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los juece s, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad, pues no se trata de controvertir las providencias como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario , de ahí que no se deba insistir en los argumentos expuestos en este, toda vez que ya fueron decididos por las autoridades competentes.

1.5. Impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual manifestó, en primer lugar, que el cierre del proceso ejecutivo elimina el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que habilita al juez de tutela a evaluar si la forma como se cerró el proceso ejecutivo es razonable, o si simplemente consistió en un desacuerdo con el fallo ejecutado; segundo lugar, que el proceso resulta de especial relevancia, porque la sentencia que se omitió cumplir reconoce acreencias de carácter laboral, cuyo cumplimiento implica la satisfacción de garantías especialmente protegidas por la Constitución Política; en tercer lugar, las decisiones objeto de revisión interpretan caprichosamente las órdenes de la sentencia ordinaria, lo que conlleva a la vulneración del debido proceso, situación que atenta directam ente contra la Constitución; y, en cuarto lugar, que el proceso ejecutivo es el medio procesal previsto

interpretan caprichosamente las órdenes de la sentencia ordinaria, lo que conlleva a la vulneración del debido proceso, situación que atenta directam ente contra la Constitución; y, en cuarto lugar, que el proceso ejecutivo es el medio procesal previsto en el ordenamiento para garantizar los derechos adquiridos judicialmente, por lo que deben replicarse algunos de los argumentos de apelación del fallo ejecutivo que los jueces no lograron entender y de allí que se derive una vulneración al debido proceso.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer de la presente impugnación, d e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto8

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por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar , si la presente acción de tutela superó los requisitos generales de procedencia. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar , si la presente acción de tutela superó los requisitos generales de procedencia. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas, al proferir los autos del 19 de mayo de 2022 y del 25 de noviembre de 2022, respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicado 17001-33-39-007-2018-00617-00/01, vulneraron los derechos fundamentales deprecados por el accionante.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la

siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.9

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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,

los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que es to hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual se ntido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el proceso ejecutivo con número 1700133-39-007-2018-00617-00/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. El señor Leonardo Valencia Bermúdez presentó demanda ejecutiva en contra del municipio de Manizales, con el fin de lograr el cumplimiento de la sentencia proferida el 9 de mayo de 2013 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Manizales, mediante la cua l declaró la nulidad de los Oficios UGH -188 del 6 de abril de 2009 y S.S.A. -GH 00710 del 9 de abril de

Descongestión del Circuito Judicial de Manizales, mediante la cua l declaró la nulidad de los Oficios UGH -188 del 6 de abril de 2009 y S.S.A. -GH 00710 del 9 de abril de 2010, y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada (i) a pagar a favor del actor el trabajo suplementario (horas extras diurnas y nocturnas, recargo nocturno, domingos y festivos) desde el 3 de marzo de 2006 y en los demás años siguientes mientras subsista una relación laboral; y (ii) a reliquidar las10

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prestaciones sociales teniendo en cuenta el concepto que co rresponda a trabajo suplementario.

2.4.2. El 19 de mayo de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales negó el mandamiento de pago solicitado, puesto que, luego de realizar la liquidación del crédito, determinó que , si bien existió un saldo a favor del señor Valencia Bermúdez, por concepto de dominicales y festivos, este se encontraba subsumido en los restantes conceptos que fueron pagados en exceso por el municipio de Manizales.

Para soportar lo anterior, explicó que (i) como el ejecutante pertenece a una jornada mixta, no era posible el reconocimiento de horas extras nocturnas, porque el trabajo ordinario del actor no es en jornada diurna ; (ii) de la liquidación de las horas extras

Para soportar lo anterior, explicó que (i) como el ejecutante pertenece a una jornada mixta, no era posible el reconocimiento de horas extras nocturnas, porque el trabajo ordinario del actor no es en jornada diurna ; (ii) de la liquidación de las horas extras existió un pago en exceso de $ 28.439.604; (iii) en lo concerniente a los recargos por domingos y festivos, al efectuar la liquidación, encontró que existía una diferencia a favor del ejecutante por $ 1.468.029 ; (iv) el Consejo de Estado señaló que las horas extras, así como los recargo s nocturnos y la remuneración del trabajo dominical y festivos, no constituyen factor salarial para la liquidación de estas. Además, respecto de las bonificaciones y la prima de antigüedad, indicó que no se contempla en su liquidación las horas extras ni el trabajo en día de descanso, por lo que tampoco podía ordenarse su reliquidación , y (v) en lo referente a la liquidación de las cesantías, concluyó que el valor para tener en cuenta en la reliquidación serían las horas extras diurnas, por lo cual determinó que el valor de las cesantías recalculadas e ra de $ 4.541.295, más los intereses, $ 544.956, pero que por este concepto el municipio había pagado la suma de $ 98.314.336, es decir, pagó $93.228.085 por encima de lo que legalmente correspondía.

2.4.3. El 21 de julio de 2022, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra esa decisión, para lo cual sostuvo que: a) el juez de la ejecución extralimitó sus funciones al analizar la procedencia de pago de recargo nocturno, horas extra

esa decisión, para lo cual sostuvo que: a) el juez de la ejecución extralimitó sus funciones al analizar la procedencia de pago de recargo nocturno, horas extra nocturnas y re liquidación de prestaciones sociales; b) efectuó sin sustento alguno la liquidación del crédito; c) el fallo título de la ejecución no corresponde a una condena en abstracto, y; d) no se tuvo en cuenta que era procedente al pago de intereses moratorios.11

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2.4.4. El 25 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas confirmó la providencia de primera instancia, al considerar que el artículo 430 del CGP le otorga juez de la ejecución facultades para revisar el contenido de la obligación y, de esa forma, determinar si procede o no librar mandamiento de pago. En esa medida , encontró que el juez de primera instancia se encontraba facultado para revisar la orden de liquidación impartida en el fallo declarativo y determinar si se encontraba ajustada a los cánones legales. Textualmente, expuso los siguientes argumentos:

«[…] De acuerdo con lo expuesto, correspondía a la jueza de ejecución determinar si a partir de la sentencia proferida dentro del proceso declarativo, surge una obligación que cumpla con los parámetros del artículo 422 de la Ley 1564 de 2012 y las pautas trazadas por el H. Consejo de Estado, es decir, examinar si la obligación es: (i) clara, siempre y

cumpla con los parámetros del artículo 422 de la Ley 1564 de 2012 y las pautas trazadas por el H. Consejo de Estado, es decir, examinar si la obligación es: (i) clara, siempre y cuando el contenido de la condena impuesta sea diáfano, esto es, se entienda en un solo sentido; expresa, en tanto emane de la redacción misma y documento contentivo de la providencia que le sirve de base, y exigible, por no hallarse sometida a plazo o condición diferente de los términos de ley.

La evaluación de los aspectos enlistados emerge como un aspecto de capital importancia en el sub lite por su relación directa con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, quien manifest ó que los razonamientos que la jueza de primera instancia tuvo en cuenta para negar el mandamiento de pago, se encaminan a modificar las decisiones proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen al título ejecutivo, aspec to que a su juicio, se encuentra vedado al juez de la ejecución.

El Tribunal se separa de esta interpretación, pues el rol del juez de la ejecución no puede entenderse como netamente instrumental u operativo frente al título base de recaudo, por el contrario, la ley procesal le otorga plenas facultades para revisar el contenido de la obligación y determinar si es menester o no librar mandamiento de pago, y aun en caso de acceder a proferir orden de ejecución, le corresponde determinar el alcance de la prestación adeudada, como se desprende de las normas que rigen este tipo de procesos

Sobre este punto, es diáfano el artículo 430 del Código General del Proceso al establecer que, “Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el

prestación adeudada, como se desprende de las normas que rigen este tipo de procesos

Sobre este punto, es diáfano el artículo 430 del Código General del Proceso al establecer que, “Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal ”, /Resalta la Sala/ por lo que en el sub lite, mal podría interpretarse que, como lo pretende el accionante, la funcionaria judicial se halle inexorablemente sujeta a lo pedido en la demanda ejecutiva, intelección que contradice la hermenéutica del texto legal citado.

Por el contrario, corresponde al juez de la ejecución el ejercicio de una tarea proactiva, que implica la revisión de los aspectos formales y sustanciales del título ejecutivo con el fin de determinar si se halla frente a una obligación incumplida, y con e llo, hay lugar a librar mandamiento de pago, más aún cuando como ocurre en este caso, el título es de carácter complejo, integrado po