CE - 110010315000202302961001SENTENCIA20230804004258

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02961-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: YASMINE BERNAL PALLARES

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

FRENTE A LA SOLICITUD DE AMPARO POR MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA.

EL TRIBUNAL DENTRO DEL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA SE

PRONUNCIÓ RESPECTO AL RECURSO DE QUEJA DENTRO DEL MEDIO DE

CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA QUE DIO ORIGEN A LA PRESENTE

SOLICITUD. INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD FRENTE

A LOS CUESTIONAMIENTOS RELACIONADOS CON EL DICTAMEN DE LA JUNTA

NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. LOS DEMÁS ARGUMENTOS DE

LA SOLICITUD DE AMPARO GUARDAN RELACIÓN CON UNA PRETENSIÓN

ECONÓMICA CONFORME CON EL CRITERIO ESTABLECIDO POR LA CORTE

CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA SU-573 DE 2019.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA SALUD Y

A LA VIDA DIGNA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA

A LA VIDA DIGNA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el JUZGADO SÉPTIMO PENAL

MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS, la E.P.S. COOMEVA, la2

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Actora: YASMINE BERNAL PALLARES

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COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora YASMINE BERNAL PALLARES , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a la vida digna y al principio de prevalencia de la realidad sobre las formalida des, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la NACIÓN - RAMA

JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL, el JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS, la E.P.S. COOMEVA, la COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA y el TRIBUNAL por presunta mora judicial de

JUDICIAL, el JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS, la E.P.S. COOMEVA, la COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA y el TRIBUNAL por presunta mora judicial de esta última autoridad, por cuanto no ha resuelto el recurso de queja que interpuso contra el auto de 24 de noviembre de 2022, proferido dentro del medio de control de reparación directa identificado con el

1 En adelante el Tribunal3

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número único de radicación 2022-00275-01.

I.2. Hechos

Pese a la falta de claridad de la situación fáctica narrada en el escrito introductorio, la Sala tendrá como hechos relevantes para resolver , los siguientes:

Que la actora tiene 55 años de edad y laboró al servicio de la Rama Judicial durante 11 años, 4 meses y 15 días.

Que el 16 de febrero de 2018 , la ARL POSITIVA reconoció en su favor una indemnización por incapacidad permanente parcial, establecida en la Ley 776 de 17 de diciembre de 20022, debido a la enfermedad profesional de síndrome del túnel carpiano bilateral que desarrolló mientras laboraba al servicio de la Rama Judicial.

Que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez emitió el dictamen

enfermedad profesional de síndrome del túnel carpiano bilateral que desarrolló mientras laboraba al servicio de la Rama Judicial.

Que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez emitió el dictamen núm. 51890928-2391 de 24 de enero de 2 020, en el cual se determinó una pérdida de capacidad laboral del 25.62% y la

2 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”.4

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liquidación de la indemnización por incapacidad permanente parcial fue tasada con un valor indexado de ajuste de IBL por valor de $1’765.022, conforme al cual se de terminó que debía ser indemnizada con la suma de $21’180.262.

Que i nconforme con el dictamen en lo referente a la fecha de estructuración de su enfermedad, en tanto que en el mismo se indicó que el siniestro ocurrió en el año 2018, más no en el 2009, la actora interpuso recurso de apelación que fue desatado por la Junta Nacional de Calificación confirmando el dictamen en todas sus partes.

Que el 5 de septiembre de 2022, alegando una presunta falla en el servicio por la enfermedad que le fue diagnosti cada, la actora promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación

Que el 5 de septiembre de 2022, alegando una presunta falla en el servicio por la enfermedad que le fue diagnosti cada, la actora promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , el JUZGADO

SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS , el

JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SIMITI - BOLIVAR, la E.P.S. COOMEVA , la COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA, a la cual le fue asignado el número único de radicación 13001-33-33-011-2022-00275-00.5

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Que el proceso le correspondió por reparto al JUZGADO DECIMOPRIMERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CARTAGENA que, mediante auto de 27 de octubre de 20 22, inadmitió la demanda, debido a la falta de claridad en los hechos, en las pretensiones y en los fundamentos de derecho, entre otros defectos, los cuales no fueron corregidos, por lo cual dicha autoridad judicial rechazó la demanda a través de proveído de 24 de noviembre de 2022.

Que el 7 de diciembre de 2022 , la actora interpuso recurso de

judicial rechazó la demanda a través de proveído de 24 de noviembre de 2022.

Que el 7 de diciembre de 2022 , la actora interpuso recurso de apelación contra la decisión de 24 de noviembre de 2022, el cual fue rechazado por extemporáneo mediante providencia dictada el 26 de enero de 2023 , por el JUZGADO DECIMOPRIMERO

ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CARTAGENA.

Que, inconforme con lo anterior, el 31 de enero de 2023, la actora interpuso recurso de queja contra el auto de 26 de enero de 2023 , que rechazó el recurso de apelación por extemporáneo.6

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I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada vulner ó sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a la vida digna, por la presunta mora judicial en desatar el recurso de queja interpuesto el 31 de enero de 2023 , lo que conlleva a una dilación injustificada de impartir justicia y a que se configure un silencio administrativo.

Arguyó que tiene otras enfermedades sin calificar adicionales al síndrome del túnel del carpo, que tiene a su cargo el cuidado de su progenitora, quien padece cáncer de seno y de su hija que se

administrativo.

Arguyó que tiene otras enfermedades sin calificar adicionales al síndrome del túnel del carpo, que tiene a su cargo el cuidado de su progenitora, quien padece cáncer de seno y de su hija que se encuentra diagnosticada con trastorno ansioso depresivo.

Afirmó que a pesar de que la ARL POSITIVA le ha practi cado terapias y evaluaciones periódicas, ha desconocido que la fecha del inicio de la enfermedad no es el 16 de febrero de 2018, sino el 3 de febrero de 2009, momento en el que se le realizó la primera electromiografía en la mano derecha para determinar si padecía de túnel del carpo.7

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Agregó que los exámenes realizados en el año 2018 fueron consecuencia de que se ordenó la práctica de nuevos estudios cuando fue reintegrada al cargo de secretaria en el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Simití.

Sostuvo que su indemnización fue mal liquidada debido a que solo se tuvo en cuenta los dos meses del año 2017 que laboró para la Defensoría del Pueblo de Santa Marta, pues fue indemnizada con la suma de $21.180.262, sin tener en cuenta que el último cargo que ocupó fue el de secretaria de Juzgado del Circuito, por lo cual el IBC

Defensoría del Pueblo de Santa Marta, pues fue indemnizada con la suma de $21.180.262, sin tener en cuenta que el último cargo que ocupó fue el de secretaria de Juzgado del Circuito, por lo cual el IBC para ese cargo e ra de $6.188.936 y, en consecuencia, se le debió pagar $74.267.232 , por lo cual la ARL POSITIVA le adeuda $53.086.970.

Indicó que se encuentra afectada emocional y económicamente por la omisión de la ARL POSITIVA que desde el año 2018 no ha terminado de efectuar los pagos correspondientes a los reembolsos por transporte a terapias, lo cual implicaría que le tenga que pagar a la persona que la transporta la suma de $4’063.400 , máxime aun, teniendo en cuenta que han modificado las condiciones y únicamente le han au torizado el transporte en bus de servicio público, informándole que debía asumir el excedente para transportarse en8

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otro tipo de vehículo, pues dicho traslado únicamente era pago si lo autorizaba el médico tratante.

Señaló que, pese a que padece dolores y adormecimientos en sus manos, la Rama Judicial debe reintegrarla a un cargo que le permita pensionarse en el mismo, debido a que tiene 55 años de edad y se encuentra en retén social o en su defecto debe indemnizarla.

manos, la Rama Judicial debe reintegrarla a un cargo que le permita pensionarse en el mismo, debido a que tiene 55 años de edad y se encuentra en retén social o en su defecto debe indemnizarla.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1.- Que POSITIVA ARL, La Rama Judicial y Coomeva EPS, dejé sin efectos los actos administrativos de no cumplimiento a lo que por simple vista es un derecho que se me debe dar ya que fueron expuestos a tiempo por acciones de tutela de la afectación a realizar por no calificar y valor en debida forma en aquel tiempo a mi persona a quien despidieron con una enfermedad calificada profesional atacado so lo por la vía ordinaria mediante una nulidad del acto de calificación a la carrera administrativa la cual no próspero y atacando ese actos administrativos no la enfermedad hoy no me permiten el acceso a la justicia mediante una reparación directa que interpuse un recurso de queja y a nada le dan tramite. Siempre con un, porque: - Porqué ellos la desconocían - Porque no había una calificación afectándome. - Ahora porque positiva estructuro fecha inicial después del despido, afectando no solo a mi si no a mi grupo familiar por despojarme de mi cargo en carrera administrativa, enferma y dejada sin un mínimo vital.9

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a.- Ahora POSITIVA ARL, no realiza los pagos de los reembolsos por transporte ya que esto es un gasto ya causado y que me lo están cobrando a mi y yo no tengo los medios económicos para pagar lo que POSITIVA ARL, dijo que iban a cubrir como gastos. Positiva ARL me ha afectado mi tranquilidad emocional y económica ya que adeudo $4.063.400.oo por valores de reembolso de transporte realizado a terapias que debe asumir Positiva ARL que autorizó y que no ha terminado de pagar.

b.- Que POSITIVA ARL, pague en debida forma la indemnización tal como sea dicho con lo cotizado por la Rama Judicial porque me adeuda adeuda $53.086.970.oo hasta el año 2020 que pago y debe ser ajustado a tiempo presente.

2. Que la Rama Judicial llámese Dirección de Administración

Judicial, Consejo Superior de la Judicatura o Juzgado Séptimo Penal Municipal de Cartagena donde tenía Carrera Administrativa entren a reintegrarme para una estabilidad laboral reforzada ante las enfermedades que padezco ante falta de un mínimo vital y a la seguridad social desamparada para continuar con el proceso de calificación […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El Tribunal sostuvo que el proceso ingresó al Despacho 003 el 17 de abril de 2023 y mediante auto del 6 de junio siguiente , se

continuar con el proceso de calificación […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El Tribunal sostuvo que el proceso ingresó al Despacho 003 el 17 de abril de 2023 y mediante auto del 6 de junio siguiente , se decidió el recurso de queja, providencia que se notificó el 7 de junio de esa misma anualidad.

Refirió que en la actualidad no existen actuaciones pendientes de decisión por parte de esa autoridad dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 2022 -0027501, por lo cual solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho10

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superado, pues no se configura la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

I.5.2.- COOMEVA EPS , en liquidación , rindió informe en el cual destacó que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución núm. 2022320000000189-6 de 25 de enero del 2022, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social , con el apoyo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Adres, se realizó la asignación y distr ibución de sus afiliados hacia otras EPS, por lo cual desde el 1o. de febrero del 2022, perdió la competencia para prestar el servicio de salud.

Afirmó que esa EPS no había vulnerado los derechos fundamentales

afiliados hacia otras EPS, por lo cual desde el 1o. de febrero del 2022, perdió la competencia para prestar el servicio de salud.

Afirmó que esa EPS no había vulnerado los derechos fundamentales deprecados por la accionante, pues no existía un nexo de causalidad, dado que en el escrito de tutela aquella mencionó padecer una enfermedad calificada de origen laboral o profesional, por lo cual, tal situación debía ser resuelta por la ARL.

Solicitó ser desvinculada del presente asunto, en razón a que no hay prueba alguna con la que se le pueda atribuir la vulneración de los derechos deprecados.11

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I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL rindió informe en el cual solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, aunque hace parte de la Rama Judicial, no tiene, ni le ha sido asignado por la Ley poder jurisdiccional alguno mediante el cual pued a p articipar o revocar las decisiones que tomen los despachos judiciales dentro de los procesos que tienen a su cargo.

I.5.4.- POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. manifestó que se debe declarar improcedente el presente asunto o, en su defecto, denegar la presente solicitud de amparo constitucional.

I.5.4.- POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. manifestó que se debe declarar improcedente el presente asunto o, en su defecto, denegar la presente solicitud de amparo constitucional.

Informó que, respecto a los reembolsos por transporte, la interesada había interpuesto varias objeciones frente al pago de l os mismas, que se encontraban en trámite en las diferentes áreas competentes de la entidad.

Así mismo, aseguró que la señora BERNAL PALLARES registra el reporte de enfermedad núm. 317419453 y que, a partir de la enfermedad laboral que padecía, la Junta de Calificación de Invalidez definió un grado de pérdida de capacidad laboral de 25.62% a través del dictamen 51890928 - 2391 de 24 de enero de 2020, conforme al12

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cual, se le reconoció a título de indemnización por incapacidad permanente parcial el monto de $21.180.262, suma que se extrajo a partir de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1562 de 20 12, que establece que se debe tener en cuenta el ingreso base de cotización devengado por el afiliado al momento del accidente o de diagnosticarse la enfermedad.

Sostuvo que al identificar los IBC reportados para los 12 meses

establece que se debe tener en cuenta el ingreso base de cotización devengado por el afiliado al momento del accidente o de diagnosticarse la enfermedad.

Sostuvo que al identificar los IBC reportados para los 12 meses anteriores a la determinación de origen de la enfermedad, esto es, al 16 de febrero de 2018, se identificaron únicamente aportes efectivos para los meses de noviembre y diciembre de 2017 por valor de $1.648.000 y con anterioridad, es decir, para el año 2015 , se identificaron aportes en vigencia de su afiliación como trabajadora de la Rama Judicial, los cuales no podían ser tenidos en cuenta en la liquidación, por lo cual el ingreso base de liquidación tenido en cuenta correspondió a $1.648.000, el cual fue indexado de acuerdo al índice de precios al consumidor del año 2020, en el que le fue reconocida la indemnización.

Conforme con lo anterior, el IBL indexado debió multiplicarse por 12 teniendo en cuenta que la pérdida de capacidad laboral había sido13

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definida en 25.62%, esto resultando en un reconocimiento económico total de $21.180.262.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.14

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La Sala advierte que, COOMEVA EPS en liquidación y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02961-00

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sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.15

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La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omi sión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que COOMEVA EPS en liquidación y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL son parte demandada dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 20 22-00275-01, objeto del presente

Comoquiera que COOMEVA EPS en liquidación y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL son parte demandada dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 20 22-00275-01, objeto del presente debate, le asiste interés como tercero interesado en las resultas de la acción de tutela de la referencia, razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela16

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin de

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y al principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la

NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , el JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS, la E.P.S. COOMEVA, la COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA y el TRIBUNAL por presunta

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".17

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mora judicial de esta última autoridad, por cuanto no ha resuelto el recurso de queja que interpuso contra el auto de 24 de noviembre de 2022, proferido dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2022-00275-01.

Aunado a lo anterior, formuló reproches relacionados con la fecha de estructuración de su enfermedad profesional que, a su juicio, debió ser el 3 de febrero de 2009 y no el 16 de febrero de 2018 y la

Aunado a lo anterior, formuló reproches relacionados con la fecha de estructuración de su enfermedad profesional que, a su juicio, debió ser el 3 de febrero de 2009 y no el 16 de febrero de 2018 y la consecuente modificación en el monto de la indemnización por incapacidad permanente parcial que le fue otorgada, así como del pago de los transportes utilizados para asistir a las terapias.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludido y, posteriormente, se hará referencia a los cuestionamientos mencionados en precedencia.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “ […] fenómeno multicausal y18

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estructural […] ”4 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional 5 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional 5 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de l a autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada.

4 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María Victoria Calle Correa. 5 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02961-00

Actora: YASMINE BERNAL PALLARES

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Al respecto, la Corte6 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora7. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrime nto de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar p