CE - 110010315000202303019001SENTENCIADECLARA20230803151346

Demandante: Enilfa Porto Meléndez Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación No: 11001-03-15-000-2023-03019-00 Demandante: ENILFA PORTO MELÉNDEZ Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Desconocimiento del precedente. Defecto procedimental absoluto. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. I. ANTECEDENTES 1. La petición de amparo Mediante escrito radicado el 5 de junio de 2023 en el Sistema de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, la señora Enilfa Porto Meléndez, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y “a la verdad, justicia y reparación integral”. Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de las sentencias del 29 de septiembre de 2021 y 7 de diciembre de 2022, a través de las cuales las autoridades judiciales negaron

justicia, a la seguridad jurídica y “a la verdad, justicia y reparación integral”. Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de las sentencias del 29 de septiembre de 2021 y 7 de diciembre de 2022, a través de las cuales las autoridades judiciales negaron las pretensiones de la demanda por encontrar probado el fenómeno jurídico de la caducidad, dentro del medio de control de reparación directa con radicado 70001-33-33-004-2018-00111-01, promovido por la accionante y otros en contra de la Nación, Ministerios del Interior y Defensa Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el departamento de Sucre.Demandante: Enilfa Porto Meléndez Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00

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En concreto, solicitó a esta corporación: a. Tutelar mis derechos fundamentales Constitucionales al debido proceso, Acceso a la Administración de Justicia, a la Derechos a la Verdad, Justicia, y Reparación Integral., los cuales han sido vulnerados por las entidades accionadas, al desconocer el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional, el Honorables Consejo de Estado, La Corte Interamericana en materia de graves violaciones a los derechos humanos, incumplir con los tratados Internacionales, e incurrir un vía de hecho absteniéndose de tramitar el Medio de Control Reparación Directa radicado Bajo el Numero 70001333300420180011100 decretando la caducidad de la acción por el desplazamiento del que fuimos víctimas. b. Dejar sin efecto el sentencia de fecha NO. 086 DE 2021 DEL mediante el Juzgado Cuarto Oral Administrativo de Sucre y el Tribunal Administrativo de Sucre, decretaron la Caducidad del Medio de Control Reparación directa por los hechos de (desplazamiento), radicado bajo el número, 70001333300420180011100, cuya demanda inicial fue presentada en el año 2018. c. Como consecuencia de la anterior declaración, Ordenar, a la entidad demandada, Juzgado Cuarto Oral Administrativo José David Díaz Vergara y Tribunal Administrativo, de Sincelejo Sucre, sala cuarta de decisión, que continúe con el tramite el trámite y estudio de la demanda por los hechos relacionados al desplazamiento forzado del que fueron víctimas los señores ENILFA PORTO MELENDEZ C.C. N° 23.126.830; FRANCISCO

TORRES PADILLA C.C. N° 3.971.997 (Compañero) y sus hijos YARLYS REYES PORTO C.C. N° 45.538.080; DEIVIS REYES PORTO C.C. N° 92.450.7777; NORELYS ZUÑIGA PORTO C.C. N° 1.101.873.332, ENRIQUE JULIO ESTREMOR C.C. N°3.971.847, ANA ESTHER GÓNZALEZ JULIO C.C. N° 64.524.919; quien actúa en nombre y representación de EAYDIS CORREA GONZALEZ (Hija Menor) y JAIRO ALCAZAR JULIO C.C. N° 92.448.419, EUFEMIA CONTRERAS PEREZ C.C. N°23.126.878; JORGE LUIS RUIZ TORRES C.C. N° 92.400.220 (Compañero); JOSE ANDRES RUIZ CONTRERAS C.C. N° 1.101.457.469 (Hijo); YEISSON RUIZ; CONTRERAS C.C. N° 1.101.453.588 (Hijo); YANDRY RUIZ CONTRERAS T.I. N° 1.101.442.068 (Hija), DEIVIS PEREZ TORRES C.C. N° 92.448.804 quien actúa en su propio nombre y en representación de los menores DEIVI PEREZ PEREZ; y BISLEDEDYS PEREZ BERRIO C.C. N° 64.526.171 (Compañera), ROBERTO RUIZ MEDRANO C.C. N° 92.449.480 y en representación de los menores, ROBER RUIZ TORRES, YULIANA RUIZ CASTRO(Hija menor), JULIA ROSA RUIZ CASTRO (Hija menor), y su compañera MARGARITA CASTRO PEREZ C.C. N° 1.148.947.188 declarados como caducos por los operadores judiciales. d. Exhortar a las entidades demandas para que, en futuros proceso, hagan el

ROSA RUIZ CASTRO (Hija menor), y su compañera MARGARITA CASTRO PEREZ C.C. N° 1.148.947.188 declarados como caducos por los operadores judiciales. d. Exhortar a las entidades demandas para que, en futuros proceso, hagan el estudio pormenorizado de los hechos y pruebas de la demanda, la reforma.1 2. Hechos La accionante narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan 1 Transcripción textual del texto original que puede contener errores.Demandante: Enilfa Porto Meléndez Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00

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relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto. Mencionó que el 9 de julio de 2015, junto con otras personas, presentó demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional, con el fin de que se declarara responsable administrativa y patrimonialmente al Estado por el daño causado con ocasión del desplazamiento forzado del que habían sido víctimas en el municipio de San Onofre en el año 2003. Indicó que al proceso le correspondió el número de radicado 70001-33-33-001-2015-00139-00, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo. Refirió que a través de auto del 2 de enero de 2016 se ordenó la corrección de la demanda, pero el 2 de noviembre siguiente se dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Sucre por ser el competente para conocer del asunto. Señaló que la magistrada ponente, mediante proveído del 8 de junio de 2017, ordenó desagregar del expediente los poderes para que las demandas se presentaran por separado a través de la oficina judicial, para lo cual tenían un plazo máximo de 10 días so pena de operar la caducidad del medio de control. Afirmó que la anterior providencia fue recurrida y a través de auto del 25 de abril de 2018 se resolvió no reponer tal decisión. Destacó que, en cumplimiento de la orden impartida por el tribunal, el 9 de mayo de 2018 radicó una nueva demanda a la cual le correspondió el radicado 70001-33-33-004-2018-00111-00, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo. Expuso que el medio de control fue admitido a través de auto del 10 de agosto de 2018, pero en sentencia anticipada del

70001-33-33-004-2018-00111-00, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo. Expuso que el medio de control fue admitido a través de auto del 10 de agosto de 2018, pero en sentencia anticipada del 29 de septiembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda al encontrar probado el fenómeno de la caducidad, comoquiera que el desplazamiento forzado del cual fue víctima la parte actora ocurrió en el año 2003. Advirtió que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, bajo el argumento de que la demanda había sido radicada con ocasión de la sentencia SU-254 de 2013, en la que la Corte Constitucional dio un plazo de 2 años a partir de su ejecutoria para que los afectados radicaran el medio de control de reparación directa. Precisó que el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante fallo del 7 de diciembre de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia bajo el argumento de que el hecho dañoso había ocurrido en el año 2003, fecha para la cual el núcleo familiar de la demandante contaba con elementos de juicio suficientes para demandar al Estado, ya que en el mismo líbelo introductorio se había reconocido como hecho notorio la inactividad de las autoridades para proteger a la población víctima del conflicto armado.Demandante: Enilfa Porto Meléndez Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00

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3. Sustento de la vulneración Según la accionante, el Tribunal Administrativo de Sucre vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y “a la verdad, justicia y reparación integral”. Al respecto, aseguró que se configuró un defecto procedimental absoluto porque se dictó sentencia anticipada sin efectuarse la etapa probatoria dentro del proceso. Igualmente, sostuvo que se incurrió en defecto fáctico porque no se valoraron las pruebas que demostraban la dispersión del núcleo familiar y el no retorno al territorio, lo cual impidió que los jueces de primera y segunda instancia contaran con el grado de certeza suficiente para efectuar el cómputo de la caducidad de una forma objetiva. Adujo que no se tuvo en cuenta que, a pesar de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2005, inmediatamente surgieron nuevos grupos ilícitos que sembraron el miedo en la población, hecho que limitó el derecho de acción y postulación de los demandantes. También consideró que se desconoció el precedente plasmado en las siguientes providencias, de las cuales se limitó a citar algunos de sus apartes: • Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de tutela del 30 de agosto de 2021. Expediente 11001-03-15-000-2021-00097-01. M.P. Alberto Montaña Plata. • Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de tutela del 29 de septiembre de 2022. Expediente 11001-03-15-000-2022-01814-01. M.P. Oswaldo Giraldo López. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de tutela del 7 de julio de 2022. Expediente 11001-03-15-000-2022-01694-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. • Consejo de

Giraldo López. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de tutela del 7 de julio de 2022. Expediente 11001-03-15-000-2022-01694-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. • Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 10 de noviembre de 2022. Expediente 11001-03-15-000-2022-01347-01. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. • Tribunal Administrativo de Bolívar. Sentencia del 10 de diciembre de 2021. Expediente de reparación directa 13001-33-33-008-2015-00445-01. M.P. Luis Miguel Villalobos Álvarez. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de tutela del 30 de marzo de 2023. Expediente 11001-03-15-000-2022-06423-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. • Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de tutela del 3 de abril de 2020. Expediente 11001-03-15-000-2020-00715-00. M.P. JaimeDemandante: Enilfa Porto Meléndez Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00

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Enrique Rodríguez Navas. • Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021Expediente de reparación directa 44001-23-33-000-2015-00086-01 (64563). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. • Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de tutela del 14 de marzo de 2019. Expediente 11001-03-15-000-2018-04413-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. De igual manera, alegó que se desconoció lo dispuesto en la sentencia SU-254 de 2013, en la que la Corte Constitucional determinó que el término de caducidad para la población desplazada solo podía computarse a partir de la ejecutoria de ese fallo, sin tener en cuenta tiempos anteriores. Refirió que no debió aplicarse la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, sino la línea jurisprudencial vigente para el año 2015 en que se radicó la demanda, puesto que en ese entonces se garantizaba el acceso a la administración de justicia por tratarse de un delito de lesa humanidad. Sostuvo que esa decisión no podía usarse para decidir su caso porque fue proferida con posterioridad a la presentación de la demanda, máxime si se tiene en cuenta que las pretensiones de la demanda se edificaron con base en el criterio jurisprudencial que imperaba para esa época. Añadió que, en todo caso, los postulados de esta providencia fueron aplicados indebidamente, ya que allí

se estableció que el plazo de caducidad no era exigible si los demandantes no contaban con elementos de juicio suficientes para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño, lo cual solo ocurrió en su caso en el año 2014 con una declaración del ex comandante de las AUC Uber Bánquez Martínez. 4. Trámite de la acción de tutela A través de auto del 13 de junio de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Sucre y al juez cuarto administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo. Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso a los ministros de Interior y de Defensa Nacional, al comandante de la Armada Nacional, al director general de la Policía Nacional, al gobernador de Sucre y a los señores Francisco Torres Padilla, Yarlis Reyes Porto, Deivis Reyes Porto, Norelys Zúñiga Porto, Enrique Julio Estremor, Ana Esther González Julio, Eaydis Correa González, Jairo Alcázar Julio, Eufemia Contreras Pérez, Jorge Luis Ruiz Torres, José Andrés Ruiz Contreras, Yeisson Ruiz Contreras, Yandri Ruiz Contreras, Deivis Pérez Torres, Deivis Pérez Pérez, Bislededys Pérez Berrío, Roberto Ruiz Medrano, Yuliana Ruiz Castro, Julia Rosa Ruiz Castro y Margarita Castro Pérez (quienes también conformaron la parte demandante en el proceso de reparaciónDemandante: Enilfa Porto Meléndez Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00

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directa objeto de controversia). Así mismo, se ordenó fijar un aviso en el sitio web del Consejo de Estado con el fin de que se informara sobre la existencia de esta acción a los eventuales interesados y se ofició al Tribunal Administrativo de Sucre para que procediera de igual manera. 5. Argumentos de defensa Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones: 5.1. Tribunal Administrativo de Sucre La magistrada ponente de la decisión cuestionada pidió negar el amparo solicitado por la accionante. En su criterio, la sentencia de segunda instancia se fundamentó en fallos del Consejo de Estado que rigen el tema de la caducidad del medio de control de reparación directa respecto de daños derivados de delitos de lesa humanidad. Citó apartes de la providencia censurada en los que se explicó por qué la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 debía ser tenida en cuenta para resolver la controversia. Recalcó que se tuvieron en cuenta las pruebas allegadas al expediente, de las cuales se encontraba acreditado que el desplazamiento forzado del que fue víctima la accionante ocurrió durante distintos meses del año 2003, por lo que para la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 8 de julio de 2015, ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Aseveró que no se pretermitió ninguna etapa procesal, puesto que la decisión de proferir sentencia anticipada en primera instancia estaba justificada según lo previsto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 5.2. Policía Nacional La jefe encargada del Área Jurídica de la entidad solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto negar las súplicas de la parte actora. Señaló que no es posible endilgarle responsabilidad alguna a la Policía Nacional, ya que

Policía Nacional La jefe encargada del Área Jurídica de la entidad solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto negar las súplicas de la parte actora. Señaló que no es posible endilgarle responsabilidad alguna a la Policía Nacional, ya que en la sentencia cuestionada se explicó claramente que la demanda ordinaria fue presentada más de doce años después de la configuración del hecho dañoso. Resaltó que la actora no demostró de forma clara el motivo por el cual no acudió de forma oportuna a interponer el medio de control de reparación directa. Adujo que la acción de tutela no puede usarse como medio excepcional paraDemandante: Enilfa Porto Meléndez Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00

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revivir los términos que ya precluyeron, con el fin de lograr la prosperidad de las pretensiones. Destacó que no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la solicitud de amparo como mecanismo transitorio, por lo cual no es posible proceder al estudio de fondo de las pretensiones de la accionante. 5.3. Ministerio de Defensa Nacional La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la entidad se opuso al amparo solicitado. Aseveró que en el proceso no se allegó prueba alguna que permitiera dar por acreditado que el daño causado fuera imputable a las Fuerzas Militares y que los jueces de conocimiento justificaron en debida forma la razón para expedir sentencia anticipada. Precisó que las providencias de primera y segunda instancia tuvieron en cuenta la postura planteada en el fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a partir del cual se pudo concluir que la demanda ordinaria había sido presentada fuera de la oportunidad legal. Expresó que los jueces y tribunales administrativos del país están vinculados por dicho precedente, el cual fue incluso avalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020. Manifestó que no se evidencian irregularidades procesales o sustanciales que ameriten la intervención del juez de tutela en el caso concreto. Afirmó que el Tribunal Administrativo de Sucre analizó los hechos junto con las pruebas aportadas al expediente, de las cuales no se encontró demostrada alguna circunstancia que impidiera a los accionantes presentar la demanda dentro del término de caducidad. 5.4. Ministerio del Interior La jefe de la Oficina Asesora Jurídica alegó que lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate a través de un mecanismo residual como lo es la acción de tutela, por lo que debe declararse su improcedencia.

caducidad. 5.4. Ministerio del Interior La jefe de la Oficina Asesora Jurídica alegó que lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate a través de un mecanismo residual como lo es la acción de tutela, por lo que debe declararse su improcedencia. Sostuvo que la solicitud de amparo no es una tercera instancia que pueda utilizarse para discutir asuntos probatorios que ya fueron analizados y que pudieron ser controvertidos por la parte actora oportunamente. Adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva al no existir un nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales y alguna acción u omisión por parte de esa cartera, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.Demandante: Enilfa Porto Meléndez Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00

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5.5. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo Se limitó a enviar copia digital del expediente objeto de controversia. 5.6. Demás vinculados No contestaron la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio les fue notificado en debida forma mediante Oficios 57117 y 57118 del 16 de junio de 2023 y por avisos publicados en las páginas web del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Sucre el 26 de junio del presente año. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación. 2. Problema jurídico Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora, las autoridades judiciales demandadas desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y “a la verdad, justicia y reparación integral”, con ocasión de las sentencias del 29 de septiembre de 2021 y 7 de diciembre de 2022, a través de las cuales las autoridades judiciales negaron las pretensiones de la demanda por encontrar probado el fenómeno jurídico de la caducidad, dentro del medio de control de reparación directa con radicado 70001-33-33-004-2018-00111-01, promovido por la accionante y otros en contra de la Nación, Ministerios del Interior y Defensa Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el departamento de Sucre. Para el efecto, se deberá establecer si la providencia cuestionada vulneró las garantías constitucionales de la parte accionante por

promovido por la accionante y otros en contra de la Nación, Ministerios del Interior y Defensa Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el departamento de Sucre. Para el efecto, se deberá establecer si la providencia cuestionada vulneró las garantías constitucionales de la parte accionante por incurrir en los defectos fáctico, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente, al declarar la caducidad del medio de control sin analizar las pruebas allegadas al expediente y con base en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 y no en la SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional. En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto. 3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicialDemandante: Enilfa Porto Meléndez Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00

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De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012)2, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3, conforme al cual: “De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4. La corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación. Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y, por

estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características. La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantivay cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-. En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto 2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Idem. 5 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Enilfa Porto Meléndez Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00

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sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. 4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia censurada se dictó en el trámite del proceso de reparación directa promovido por la parte actora contra la Nación, Ministerios del Interior y Defensa Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el departamento de Sucre. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez6, toda vez que la decisión de segunda instancia cuestionada fue dictada el 7 de diciembre de 2022 y la acción de tutela fue presentada el 5 de junio del presente

Policía Nacional y el departamento de Sucre. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez6, toda vez que la decisión de segunda instancia cuestionada fue dictada el 7 de diciembre de 2022 y la acción de tutela fue presentada el 5 de junio del presente año, por lo que sin necesidad de precisar la fecha de ejecutoria de tal providencia, se evidencia un ejercicio oportuno de la solicitud de amparo. Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala considera que la parte actora no cuenta con medio de impugnación ordinario ni extraordinario que resulte ser el mecanismo idóneo para controvertir la sentencia controvertida, pues la situación descrita no se ajusta a las causales establecidas en el ordenamiento jurídico para ello. 6 El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interpong