CE - 110010315000202303034011SENTENCIA20231004094304

Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

Accionante: Empresa de Servicios Temporales Laboramos S.A.S.

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

Accionante: EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES LABORAMOS

S.A.S.

Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN CUARTA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la parte actora alega en sede constitucional argumentos que no fueron expuestos en el transcurso del proceso ordinario.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra del fallo de tutela proferido el 14 de julio de 2023 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La empresa de servicios temporales Laboramos S. A.S., actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la

solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La empresa de servicios temporales Laboramos S. A.S., actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento delRadicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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derecho identificado con el radic ado nro. 25000 23 37 000 2018 00493 01, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] Dejar sin efecto la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2022, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual confirmó la sentencia del 26 de marzo de 2021 proferida por la Sección Cuarta – Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que denegó las súplicas de la demanda.

Igualmente pido dejar sin efecto la providencia de 23 de febrero de 2023 por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la aclaración de la sentencia.

Al dejar sin efecto la providencia antes identificada, pido se ordene a la Sección Cuarta del Consejo de Estado proferir una nueva sentencia en la cual, al decidir el recurso de apela ción interpuesto contra la sentencia de 26 de marzo de 2021 proferida por la Sección

a la Sección Cuarta del Consejo de Estado proferir una nueva sentencia en la cual, al decidir el recurso de apela ción interpuesto contra la sentencia de 26 de marzo de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección “B”, resuelva la controversia conforme a la realidad fáctica planteada que obra en el proceso y a la luz del precepto legal que regula la materia, es decir, con apego a las previsiones del artículo 128 del C.S.T.

Así mismo pido que atienda los lineamientos expuestos por la misma Sección en sentencia de unificación jurisprudencial del 9 de diciembre de 2021, aplicando el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y las reglas que sobre la interpretación y alcanc e del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, se fijaron en ella. Es decir, dando eficacia a los pactos de desalarización y como consecuencia, anulando los actos acusados en lo que tiene que ver con la sanción por inexactitud […]”.

[Negrillas del escrito de tutela].

Como medida provisional, solicitó que se ordenara a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, suspender el trámite al que se refiere la Resolución nro. RCC 57838 del 18 de abril de 2023, por medio de la cual se reanudó un proceso administrativo de cobro en su contra , cuyo título es el acto mediante el cual se hizo una liquidación por mora e inexactitud en la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los

1 Visto en el índice 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

cuyo título es el acto mediante el cual se hizo una liquidación por mora e inexactitud en la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los

1 Visto en el índice 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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aportes al Si stema de la Protección Social en el período de enero a diciembre de 2013 y se le impuso una sanción.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La empresa accionante informó que por medio de la Resolución nro. RDO2017-00371 del 20 de abril de 2017 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP profirió la liquidación por mora e inexactitud en la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por el período d e enero a diciembre de 2013 por un valor de $1.543.900.600, y le impuso dos sanciones, una por la conducta de omisión por la suma de $31.600 y otra por inexactitud por un valor de $919.043.460.

Señaló que mediante la Resolución nro. RDC-208 del 16 de mayo de 2018, se resolvió el recurso de reconsideración presentado y se modificó la

$919.043.460.

Señaló que mediante la Resolución nro. RDC-208 del 16 de mayo de 2018, se resolvió el recurso de reconsideración presentado y se modificó la precitada liquidación, la cual se fijó en la suma de $1.453.858.400. En igual sentido, se modificó la sanción por inexactitud en un nuevo valor de $865.125.180 y se revocó la sanción por omisión.

Manifestó que, en sede administrativa la discusión se circunscribió a que la empresa suscribió con sus trabajadores los denominados pactos de desalarización sobre las partidas correspondientes a manutención y alimentación, con fundamen to en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, razón por la cual, al elaborar y presentar las autodeclaraciones, excluyó del ingreso base de cotización los pagos por las mencionadas partidas de manutención y alimentación.

Explicó que la UGPP, en los precitados actos de liquidación no aceptó tal exclusión y realizó el cambio de la palabra alimentación por alojamiento, y “ (…) de esa manera, sustrajo los componentes de los pactos de desalarización de las previsiones consagradas en el artículo 128 del C.S.T.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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para ubicarlos en las contenidas en el artículo 130 ibidem, y al cambiar la

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para ubicarlos en las contenidas en el artículo 130 ibidem, y al cambiar la denominación del pago de alimentación por el de alojamiento construyó la decisión partiendo de una equivocada premisa para afirmar que dicho pago lo hacía la actora a título de viáticos permanentes (…)”2. Indicó que, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones nro. RDO-2017-00371 del 20 de abril de 2017 y RDC -208 del 16 de mayo de 2018, mediante las cuales se liquidó el pago correspondiente por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social en el período de enero a diciembre de 2013, y le impuso una sanción.

Anotó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que en providencia del 26 de marzo de 2021 negó las pretensiones.

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación donde sostuvo que (i) el tribunal no hizo un análisis integral sistemático normativo, por cuanto la UGGP en los actos acusados partió de manera arbitraria del supuesto de que los pagos comprendidos en los pactos de desalarización los había hecho Laboramos SAS como viáticos, y decidió que la norma que los regulaba era el artículo 130 del Cód igo

de manera arbitraria del supuesto de que los pagos comprendidos en los pactos de desalarización los había hecho Laboramos SAS como viáticos, y decidió que la norma que los regulaba era el artículo 130 del Cód igo Sustantivo del Trabajo y (ii) solicitó la aplicación de la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2020 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la que se examinó el aspecto de los pactos de desalarización a la luz del artículo 128 ibidem.

Señaló que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 7 de diciembre de 2022 confirmó la providencia recurrida, y que presentó solicitud de aclaración, la cual fue decidida por auto del 23 de febrero de 2023 que la negó.

2 Visto en el índice 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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Aseveró que el fallo de s egunda instancia “(…) no realizó un análisis de los pactos de desalarización frente a la jurisprudencia que se ponía de presente, por considerar que la sentencia invocada se refería a bonificaciones y no a auxilios de manutención y alimentación y por tal razón no era aplicable al asunto en estudio. En otros términos, la

presente, por considerar que la sentencia invocada se refería a bonificaciones y no a auxilios de manutención y alimentación y por tal razón no era aplicable al asunto en estudio. En otros términos, la sentencia no examinó ni valoró las circunstancias particulares del caso que se sometía a su juzgamiento (…)”3.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada “ (…) al no examinar la sentencia que se le puso de presente en el recurso, dejó de resolver sobre la interpretación del artículo 128 del C.S.T. y la inclusión en este de los pagos a que se referían los pactos de desalarización y omitió hacer una interpretación sistemática del artículo cit ado y del artículo 130 aplicado, que hubiese llevado a una decisión diferente (…)”4.

Manifestó que el fallo atacado desconoció la sentencia de unificación proferida el 9 de diciembre de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado referente a la interpretación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 que regula lo relativo a los aportes al Sistema de Protección Social, especialmente sobre (i) los ingresos que se consideran como no constitutivos de salario, (ii) los pactos de desalarización y (iii) los factores que pueden ser objeto de acuerdo de exclusión salarial, entre los que incluye los salariales y no salariales.

Anotó que la autoridad judicial accionada también incurrió en defecto fáctico comoquiera que no analizó si los pagos que conformaban los pactos de desalarización correspondían en realidad a viáticos permanentes. Al respecto, aseveró que no se examinaron los contratos para determinar el lugar habitual de trabajo y cuáles fueron los

pactos de desalarización correspondían en realidad a viáticos permanentes. Al respecto, aseveró que no se examinaron los contratos para determinar el lugar habitual de trabajo y cuáles fueron los desplazamientos por fuera de ese lugar para que se pudie ra hablar de viáticos, que insistió, no los hubo.

3 Visto en el índice 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00. 4 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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Arguyó que “(…) asumir que los pagos de manutención y alimentación se daban dentro del marco del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, además de desconocer la esencia de esta norma, implica desconocimiento y falta de examen probatorio en cuanto de ninguna de las pruebas obrantes en el expediente administrativo ni del proceso judicial se desprende que los trabajadores hayan tenido que viajar a desempeñar las funciones propias del contrato en sede d iferente a la de su sitio habitual de trabajo (…)”5.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 7 de junio de 20236 a través de la ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Subsección A,

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 7 de junio de 20236 a través de la ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Subsección A, Sección Tercera que, por auto del 13 de marzo de 2023 7, la admitió y dispuso notificar8 a la Sección Cuarta del Consejo de Estado como parte accionada, así como vincular 9 a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como tercero interesado en el resultado del proceso.

Igualmente, negó la medida provisional solicitada y requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que allegara co pia digital o el hipervínculo de consulta del expediente identificado con el radicado nro. 25001 23 37 000 2018 00493 00/01 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue remitido10.

5 Ibídem. 6 Conforme la anotación reseñada en el índice 1, 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00. 7 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00. 8 Esta orden se cumplió el 22 de junio de 2023. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00. 9 Ibídem.

para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00. 9 Ibídem. 10 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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3.2. La subdirectora general de la subdirección jurídica de parafiscales de la UGPP rindió informe 11 en el que solicitó que se niegue o se declare improcedente la solicitud de amparo, comoquiera que la autoridad judicial accionada no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

Adujo que no le asiste razón a la empresa accionante al señalar que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo y fáctico, comoquiera que la decisión adoptada se profirió en el marco de las normas jurídicas aplicables. Agregó que tampoco se configuró el desconocimiento del precedente.

3.3. La Sección Cuarta del Consejo de Estado guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de julio de 2023 12, declaró improcedente la solicitud de amparo , por no superar el requisito general de subsidiariedad.

La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de julio de 2023 12, declaró improcedente la solicitud de amparo , por no superar el requisito general de subsidiariedad.

Al efecto, sostuvo que “(…) los argumentos expuestos por la accionante en relación a las normas y el precedente que considera aplicables a su caso y en su criterio fueron desatendidos, y sobre la indebida valoración del material probatorio allegado al proceso, no superan el requisito de subsidiariedad, en la medida que la parte actora no hizo uso de los recursos legales ordinarios con los que contaba para hacer valer dicho argumento, por cuanto nunca puso de presente dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, específicamente, en el recurso de apelación, los argumentos propuestos en la solicitud de amparo, por lo que el juez de instancia no tuvo l a oportunidad de pronunciarse al respecto (…)”.

11 Visto en el índice 12 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00. 12 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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Precisó que la empresa accionante en el recurso de apelación únicamente

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Precisó que la empresa accionante en el recurso de apelación únicamente se centró en alegar el desconocimiento de la sentencia del 3 de septiembre de 2020 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, precedente que no era aplicable e igualmente se centró en indicar que la UGPP actuó al margen de sus facultades legales, así como que incurrió en un error al no tener en cuenta la denuncia penal en contra de la empresa REMCO.

Concluyó que la acción de tutela no puede constituirse en un mecanismo para discutir situaciones jurídicas consolidadas , ni puede sustituir ni revivir etapas procesales.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo impugnó13 manifestando lo siguiente:

Insistió en que desde la expedición del requerimiento para declarar y/o corregir la liquidación oficial por medio de la cual la UGPP le impuso a Laboramos SAS la sanción por mora e inexactitud, la sustentación del recurso de re consideración, el debate expuesto en el medio de control tanto en primera instancia en la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como en la Sección Cuarta del Consejo de Estado han girado en torno al pacto no salarial que suscribió con sus trabajadores y la aplicación arbitraria que hizo la UGPP del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando lo que debió aplicar fue el artículo 128 ibidem.

trabajadores y la aplicación arbitraria que hizo la UGPP del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando lo que debió aplicar fue el artículo 128 ibidem.

Señaló que la sentencia de tutela de primera instancia rechazó la acción por falta del requisito de subsidiariedad y al efecto alude “(…) por lo cual debo afirmar categóricamente, que en el medio de control y restablecimiento del derecho (sic) que culminó con la sentencia objeto de

13 Visto en el índice 23 y 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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tutela se agotaron todas las etapas, como agotada está la parte actora de explicar en el trámite administrativo, en la demanda, en el recurso de apelación y en la acción de tutela, que no se interpretó adecuadamente el artículo 128 del C.S.T. y se le dio aplicación indebida al artículo 130 ibidem. Es decir, que de manera irrazonable se convirtieron unos auxilios por manutención y alimentación en viáticos permanentes (sin que se configurara el elemento esencial traslado de la sede habitual de trabajo a desempeñar las labores en otra) para darle la connotación de salario y sancionar sin justificación alguna a LABORAMOS S.A.S.” (negrillas originales).

configurara el elemento esencial traslado de la sede habitual de trabajo a desempeñar las labores en otra) para darle la connotación de salario y sancionar sin justificación alguna a LABORAMOS S.A.S.” (negrillas originales).

Alegó que “(…) el único fundamento de su decisión lo hace consistir la UGPP en el hecho de que los pagos eran habituales, sin tener en cuenta que la habitualidad de u n pago no lo convierte en salario porque así lo señala el artículo 128 del C.S.T. (…) y que (…) la anterior es toda la argumentación de los actos acusados la cual fue vertida en la sentencia de primera instancia y no estudiada en el recurso de apelación, a l dejar de aplicar la interpretación que de manera general contenían las sentencias invocadas sobre el artículo 128 del C.S.T con la afirmación simple de que en una de las sentencias invocadas se hablaba de bonificaciones y no de manutención y alimentación , con lo cual sac rificó el derecho sustancial y dio a entender que el artículo 128 debe interpretarse de manera diferente según el auxilio de que se trate, lo que lleva a un “ renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos”. (negrillas originales, subrayas ajenas).

Concluyó que en el proceso ordinario se surtieron todas las etapas procesales y que la subsidiariedad no se configura, puesto que no se dejaron de emplear las herramientas jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico, ni se está utilizando la acción de tutela para revivir ninguna etapa, ya que se trata de dos mecanismos diferentes y los argumentos expuestos en el escrito de tutela, como en el recurso de

ordenamiento jurídico, ni se está utilizando la acción de tutela para revivir ninguna etapa, ya que se trata de dos mecanismos diferentes y los argumentos expuestos en el escrito de tutela, como en el recurso de apelación son suficientes y coinciden.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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Reiteró que la interpretación que le dio la UGPP al artículo 128 “(…) va en contravía de lo concluido por sus interpretes naturales (…)” y que la autoridad accionada tampoco tuvo en cuenta la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 3 de septiembre de 2020 en el expediente radicado con el nro. 24466.

Por auto del 1 de agosto de 2023 se concedió la impugnación14 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 15 de agosto de 202315.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 16, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201517, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 18, así como con

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201517, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 18, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12

14 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00. 15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 01. 16 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotej ándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 17 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 18 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto

17 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 18 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela".Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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de marzo de 201919 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

6.2.1. La empre sa de servicios temporales Laboramos S.A.S. , actuando por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución nro. RDC 208 del 16 de mayo de 2018 “(…) que determinó inexactitudes y mora en el Sistema General de Seguridad Social a cargo de LABORAMOS SAS en MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.453.858.400) y la cual se encuentra viciada de nulidades de carácter legal y jurisprudencial que vulneran los

CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.453.858.400) y la cual se encuentra viciada de nulidades de carácter legal y jurisprudencial que vulneran los derechos de LABORAMOS S.A.S. (…) ”20 (mayúsculas del escrito de la demanda).

En consecuencia, solicitó se declarara “(…) a título de restablecimiento del derecho de la empresa LABORAMOS S.A.S. – E.S.T., regresando a su estado anterior la liquidación de aportes a la seguridad social para la vigencia 2013 y el correspondiente archivo de la investigación administrativa por parte de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad Administrativa y Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP (…)”21.

19 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913. 20 Expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 25000 23 37 000 2018 00493 00/01. Documento denominado “EXPEDIENTE DIGITAL 20230623_09504686”. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00. 21 Ibídem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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03034 00. 21 Ibídem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que, en sentencia del 26 de marzo de 2021 negó las pretensiones22.

6.2.3. En contra de la precitada decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, y el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 7 de diciembre de 2022 la confirmó23.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala considera que, como lo señaló el a quo, en este evento, no está cumplido el requisito general de subsidiariedad, de acuerdo con las razones que pasan a explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable24.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos

de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuant o a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

22 Expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 25000 23 37 000 2018 00493 00/01. Documento denominado “EXPEDIENTE DIGITAL 20230623_09544249”. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00. 23 Sentencia aportada por la parte accionante. Visto en el índice 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03034 00. 24 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03034 01

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Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de

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Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa j udicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable25.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a