CE - 110010315000202303035011SENTENCIA20231006111326

Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

Accionante: Jairo de Jesús Duque Ramírez y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

Accionantes: JAIRO DE JESÚS DUQUE RAMÍREZ Y OTROS Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCASECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional cuando el debate planteado por el demandante pretende reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 19 de julio de 2023, dictado por el Consejo de Estado - Sección Quinta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Jairo de Jesús Duque Ramírez , Angie Carolina y Erika Tatiana Duque López; Otoniel Arturo, Gabriel Sergio, Neila María, Liliam

Quinta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Jairo de Jesús Duque Ramírez , Angie Carolina y Erika Tatiana Duque López; Otoniel Arturo, Gabriel Sergio, Neila María, Liliam Amparo, Marta Lucía, María Rubiela, Héctor José, Julio Oscar, Evelio de Jesús, Libia Rosa y José Libardo López Villegas solicitaron el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a “la confianza legítima”, que estimaron vulnerados con ocasión de la sentencia del 1° de diciembre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A, que accedió parcialmenteRadicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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a las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional1.

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, los actores manifestaron que interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios sufridos con ocasión de las lesiones que le fueron causadas con arma de fuego a la señora Gladis Elena López Villegas durante un operativo que se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2015.

obtener la indemnización de los perjuicios sufridos con ocasión de las lesiones que le fueron causadas con arma de fuego a la señora Gladis Elena López Villegas durante un operativo que se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2015.

Señalaron que el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá , mediante sentencia del 20 de enero de 2020 , denegó las pretensiones de la demanda al considerar que no estaba acreditado que las lesiones sufridas por la víctima hubieran sido causadas por los miembros de la Policía Nacional que participaron en el operativo.

Informaron que contra la anterior providencia interpusieron el recurso de apelación y, mediante sentencia del 1° de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A la revocó y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda2.

1.3. Los demandantes alegan que la anterior decisión, a l denegar el reconocimiento de la indemnización por daño moral a los hermanos de la víctima3, por considerar que, en su caso, éste no se presume, incurrió en desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado en la sentencia del 26 de septiembre de 2012, dictada bajo el radicado 1100103-15-000-2012-01461-00, que consagra la presunción del daño moral respecto de l os parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil4.

1 Proceso que se identificó con la radicación 11001-33-43-062-2017-00128-01. 2 Notificada a las partes el 7 de diciembre de 2022.

primero civil4.

1 Proceso que se identificó con la radicación 11001-33-43-062-2017-00128-01. 2 Notificada a las partes el 7 de diciembre de 2022. https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013343062201700128012 500023 3 Otoniel Arturo, Gabriel Sergio, Neila María, Liliam Amparo, Marta Lucía, María Rubiela, Héctor José, Julio Oscar, Evelio De Jesús, Libia Rosa y José Libardo López Villegas. 4 Señalaron además que esta postura se sustenta en las siguientes sentencias: Sentencia de 7 de julio de 2011 Rad.20835 M.P. Enrique Gil Botero. Ver también sentencias de 31 de agosto de 2006 Rad .15772 M.P. RuthRadicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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Al respecto, agregaron que la decisión cuestionada aplicó de manera indebida el precedente de unificación fijado por la Sección Tercera de esta corporación en el fallo de noviembre 29 de 2021, con radicación 1800123-31-000-2006-00178-01 (C. P. Martín Bermúdez Muñoz), pues éste fijó reglas para el reconocimiento del daño moral en casos de privación injusta de la libertad, por lo que no debía ser tenido en cuenta en el sub lite.

1.3.2. En este orden, consideran que la decisión cuestionada desconoció

reglas para el reconocimiento del daño moral en casos de privación injusta de la libertad, por lo que no debía ser tenido en cuenta en el sub lite.

1.3.2. En este orden, consideran que la decisión cuestionada desconoció el precedente fijado por la Sección Tercera de l Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, dictada bajo el radicado 50001 -23-15-000-1999-00326-01 (31172), que estableció la manera como debe cuantificarse la indemnización de los perjuicios morales en casos de lesiones personales , tanto para la víctima directa como para sus familiares, esto es, mediante unos rangos que dependen del porcentaje de pérdida de capacidad laboral y del grado de parentesco.

Con fundamento en el anterior precedente, señalaron que, como a la señora Gladis Elena López Villegas se le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral mayor al 50%, esto es, del 86,66%, el señor Jairo de Jesús Duque Ramírez (cónyuge), las señoras Angie Carolina Duque López y Erica Tatiana Duque López (hijas), Carmen Eva Villegas Gómez (madre) y José Delio López Sánchez (padre), tenían derecho a la indemnización del perjuicio moral por monto equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes , para cada uno . Empero, la decisión controvertida únicamente les reconoció el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A su vez, de acuerdo con el mismo precedente, los hermanos tenían derecho a una indemnización por perjuicio moral equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes , pero el tribunal demandado se las denegó, por las razones ya indicadas.

hermanos tenían derecho a una indemnización por perjuicio moral equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes , pero el tribunal demandado se las denegó, por las razones ya indicadas.

1.3.3. Además, consideran que el desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 28 de agosto de 2014 , ya mencionada, también se

Stella Correa Palacio, 8 de marzo de 2007 Rad.15739 M.P. Ramiro Saavedra Becerra y 13 de abril de 2011 Rad.20549 M.P. Enrique Gil Botero.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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configuró en cuanto al reconocimiento de la indemnización del daño a la salud, e n concreto porque como la pérdida de la capa cidad laboral dictaminada fue superior al 50% ( 86,66%) a la víctima directa le correspondía una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual podía aumentarse hasta los 300, en atención a que la gravedad del daño sufrido —pérdida del sentido de la visión —, así lo ameritaba.

1.4. Por otra parte, alegan que la providencia cuestionada , al denegar la indemnización del lucro cesante bajo el argumento de que no se probaron los ingresos del establecimiento de comercio en donde trabajaba la señora Gladis Elena López Villegas, incurrió en defecto fáctico porque no tuvo

indemnización del lucro cesante bajo el argumento de que no se probaron los ingresos del establecimiento de comercio en donde trabajaba la señora Gladis Elena López Villegas, incurrió en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta que: (i) en la demanda no se pidió indemnización de los perjuicios causados al establecimiento de comercio , por lo que no era necesario probar los ingresos de éste, sino que se reclamó el lucro cesante consolidado y no consolidado de la señora López Villegas , respecto de quien estaba probado que, (ii) para la época de los hechos se encontraba en plena edad productiva, y (iii) como consecuencia de la herida por arma de fuego perdió totalmente el sentido de la visión y presentó problemas de salud cerebrovascular , padecimientos por los cuales se le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 86 ,66%, es decir, quedó imposibilitada para realizar cualquier actividad laboral.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá alegó que la tutela en su contra es improcedente, pues no ha desconocido los derechos fundamentales de los demandantes, y en todo caso la solicitud de amparo se dirige contra el fallo del 1º de diciembre de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A, y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional guardaron silencio.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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• Subsección A, y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional guardaron silencio.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 19 de julio de 2023, el Consejo de Estado - Sección Quinta declaró la improcedencia del amparo por falta de relevancia constitucional, porque, si bien se alega el desconocimiento del precedente, lo cierto es que la discusión que plantean los accionantes se contrae a cuestionar el monto de la indemnización reconocida, es decir, porque el debate propuesto gira en torno a una cuestión de carácter meramente económico.

Adicionalmente, en cuanto al supuesto defecto fáctico, consideró que la tutela no expone con suficiencia las razones de peso que justifi carían la intromisión del juez constitucional.

IV. IMPUGNACIÓN

Los demandantes impugnaron la sentencia de primera instancia y alegaron que, contra las conclusiones del a quo, la controversia formulada en la tutela no gira apenas en torno al monto de una indemnización, sino a (i) la falta de aplicación de los precedentes de unificación que determinaron la presunción del daño moral respecto de los familiares de la víctima hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil y que fijaron los parámetros para la tasación de la indemnización de los perjuicios morales

presunción del daño moral respecto de los familiares de la víctima hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil y que fijaron los parámetros para la tasación de la indemnización de los perjuicios morales y a la salud en caso de lesiones , así como a (ii) la aplicación de un precedente que no regía el caso, aspectos que en conjunto generaron vulneración de sus derechos fundamentales.

Luego, reiteraron los argumentos de la solicitud de amparo relacionados con la forma como debía resolverse el caso con fundamento en los precedentes invocados y con el defecto fáctico que a su juicio se configuró al denegar la indemnización por lucro cesante.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1ºRadicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Los señores Jairo de Jesús Duque Ramírez , Angie Carolina y Erika

esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Los señores Jairo de Jesús Duque Ramírez , Angie Carolina y Erika Tatiana Duque López; Otoniel Arturo, Gabriel Sergio, Neila María, Liliam Amparo, Marta Lucía, María Rubiela, Héctor José, Julio Oscar, Evelio de Jesús, Libia Rosa y José Libardo López Villegas interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el fin de obtener la indemnización de los sufridos con ocasión de las lesiones que le fueron causadas con arma de fuego a la señora Gladis Elena López Villegas el 2 de noviembre de 2015.

5.2.2. El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 20 de enero de 2020, denegó las pretensiones de la demanda . Los demandantes apelaron la anterior decisión y, a través del fallo del 1° de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A la revocó y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda.

5.2.3. La señora Gladis Elena López Villegas falleció el 27 de abril de 2023, según los demandantes, como consecuencia de los problemas de salud desencadenados con ocasión de las heridas sufridas el día 2 de noviembre de 2015.

5.2.4. Los demandantes interpusieron acción de tutela contra la sentencia del 1° de diciembre de 2022, al considerar vulnerados sus derechos

desencadenados con ocasión de las heridas sufridas el día 2 de noviembre de 2015.

5.2.4. Los demandantes interpusieron acción de tutela contra la sentencia del 1° de diciembre de 2022, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión del monto reconocido por concepto de daño moral y de daño a la salud, así como por la denegación de la indemnización por lucro cesante.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 5, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la

decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 5, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional6 hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia const itucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios” . Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González). 6 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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En este caso, los demandantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a “la confianza legítima”, que estimaron vulnerados con ocasión de la sentencia del 1° de diciembre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Tercera - Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, proceso que se identificó con la radicación 11001-33-43-062-2017-00128-01.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede

el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcad a importancia constitucional , so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado

transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU –573 de 20197, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, po r tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.

5.3.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o

7 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022

busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o

7 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022 8 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho9:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatizaa problemas de carácter

ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatizaa problemas de carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios […]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y reiterando lo expuesto en la SU -128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cu estionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el

fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual

9 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

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para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad - de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en

valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

5.3.2. Caso concreto

5.3.2.1. En este caso, la Sala advierte que las inconformidades planteadas en la tutela , en primer lugar, giran en torno a estos supuestos que se alegan: (i) el desconocimiento del precedente fijado por esta corporación en la sentencia del 26 de septiembre de 2012, que establece la presunción del daño moral respecto de l os parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil10, (ii) la aplicación indebida del precedente contenido en la decisión del 29 de noviembre de 2021, que fijó las reglas para la cuantificación del daño moral en casos de privación injusta de la libertad11, y (iii) el desconocimiento de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 , que estableció los rangos para cuantificar la indemnización de los perjuicios moral y a la salud en casos de lesiones, tanto para la víctima directa como para sus familiares12.

10 Radicado: 11001-03-15-000-2012-01461-00.

indemnización de los perjuicios moral y a la salud en casos de lesiones, tanto para la víctima directa como para sus familiares12.

10 Radicado: 11001-03-15-000-2012-01461-00. 11 Radicado: 18001-23-31-000-2006-00178-01(46681), consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz. 12 Radicado: 50001-23-15-000-1999-00326-01 (31172).Radicación: 11001 03 15 000 2023 03035 01

Accionante: Jairo de Jesús Duque Ramírez y otros

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Al respecto, se debe tener en cuenta que esta Sala, en sentencia del 19 de noviembre de 2021 13, sostuvo que la acción de tutela contra providencia judicial en la que se alega el desconocimiento del precedente exige, como carga argumentativa mínima, que se identifiquen: ( i) la providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver , y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o similares.

En el caso sub examine, los demandantes se limitaron a identificar el fallo de noviembre 29 de 2021, supuestamente aplicado de manera indebida, frente al cual simplemente dijeron que no era aplicable al sub lite porque resolvió un caso en el que se discutía la responsabilidad p or privación

de noviembre 29 de 2021, supuestamente aplicado de manera indebida, frente al cual simplemente dijeron que no era aplicable al sub lite porque resolvió un caso en el que se discutía la responsabilidad p or privación injusta de la libertad , así como las sentencias del 26 de septiembre de 201214 y del 28 de agosto de 2014 , que contienen los precedentes que consideran desconocidos, de las que transcribieron los apartes que, a su juicio, sustentan los argumentos de la tutela, esto es, los relacionados con la presunción del daño moral respecto de l os parientes de la víctima y con los rangos que, según afirman, debían ser aplicados al reconocer la i