CE - 110010315000202303057011SENTENCIA20230921161339

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001031500020230305701

Actor: William Esteban Tabla Sánchez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) debido proceso, ii) igualdad, iii) seguridad social, iv) mínimo vital y v) vida digna

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de tutela de 28 de julio de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por medio del cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, a través de apoderad o, presentó solicitud de tutela contr a la Sala de Decisión N úm. 5 del Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, porque, a su juicio, el Tribunal, al

Decisión N úm. 5 del Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, porque, a su juicio, el Tribunal, al

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.25

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Actor: William Esteban Tabla Sánchez

proferir la sentencia de 29 de noviembre 2022 y el Juzgado, al proferir la sentencia de 18 de agosto de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 33-006-2020-00037-00/01, vulneró su s derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad “[…] de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos (en su orden) el 27 de junio de 2019 por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Neiva y el 9 de agosto de 2019 por el Inspector Delegado Regional Dos de Neiva; y (ii) de la Resolución 3803 del 9 de septiembre de 2019 […]” y, a

Metropolitana de Neiva y el 9 de agosto de 2019 por el Inspector Delegado Regional Dos de Neiva; y (ii) de la Resolución 3803 del 9 de septiembre de 2019 […]” y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó “[…] la desanotación en el registro de antecedentes judiciales y disciplinarios; la cancelación de los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el 16 de septiembre de 2019 hasta su reintegro, sin solución de continuidad; y, el reconocimiento y pago de la indemnización por los perjuicios morales ocasionados con la destitución y la inhabilidad. […]”.

4. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva , mediante sentencia de 18 de agosto de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

5. La Sala de Decisión Núm. 5 del Tribunal Administrativo del Huila , profirió sentencia el 29 de noviembre de 2022, en la cual, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva; en el sentido de DECLARAR de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda, únicamente frente a la Resolución 3803 del 9 de septiembre de 2019, mediante la cual el Director General de la Policía Nacional retiró25

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Actor: William Esteban Tabla Sánchez

del servicio activo por destitución al patrullero WILLIAM ESTEBAN TABLA SÁNCHEZ y lo inhabilitó para ejercer la función pública por el término de trece (13) años.

Actor: William Esteban Tabla Sánchez

del servicio activo por destitución al patrullero WILLIAM ESTEBAN TABLA SÁNCHEZ y lo inhabilitó para ejercer la función pública por el término de trece (13) años.

SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR la sentencia en mención. […]”.

5.1. Al respecto consideró lo siguiente:

“[…] En primer lugar, es importante mencionar que en aplicación de los artículos 130 (medios de prueba) y 141 (apreciación integral de las pruebas) de la Ley 734 de 2002, el juez disciplinario de primera instancia realizó un pormenorizado recuento de los medios de convicción recaudados en el acápite que denominó pruebas que sustentan el cargo. Allí relacionó 4 pie zas documentales (mencionando sus contenidos): copia de la denuncia N o 410016000716201701828 y del proceso penal tramitado por el punible de injurias por vía de hecho (contentivo de las entrevistas a PATRICIA LEONOR DÍAZ BRAVO, ZAHENA PADILLA LARA y LUIS ERNESTO SAVID AGUJA, inspección ocular, registro fotográfico y acta de incautación de teléfono celular), de la minuta de guardia, del manual de funciones y del acta de entrega del servicio de administración del Hogar de Paso María de San Luis.

De igual ma nera, aludió a los testimonios de ANA ISABEL AMAYA CABARCAS, PATRICIA LEONOR DÍAZ BRAVO, ZAHENA PADILLA LARA, JHON FREDY BETANCOURTH TRUJILLO, LUIS ERNESTO SAVID AGUJA, ALBA MARISEL DOMÍNGUEZ; haciendo alusión a sus afirmaciones.

BETANCOURTH TRUJILLO, LUIS ERNESTO SAVID AGUJA, ALBA MARISEL DOMÍNGUEZ; haciendo alusión a sus afirmaciones.

En ese orden, la Sala observa que el operador disciplinario no se limitó a hacer una mera enunciación de esos medios de prueba, sino que -por el contrario-, los analizó en conjunto y con fundamento en ellos, adoptó la decisión.

En segundo lugar, al adentrarse en la valoración pr obatoria, esta Corporación encuentra que los informes de novedad rendidos por el Subintendente JHON FREDY BETANCOURTH TRUJILLO y por la Subteniente ZAHENA PADILLA LARA, son congruentes con las declaraciones que estos rindieron a instancias penal y disciplinaria; la misma suerte corren, los testimonios que en esos escenarios, le recepcionaron a ANA ISABEL AMAYA CABARCAS (agraviada), LEONOR PATRICIA DÍAZ BRAVO (suegra de la agraviada) y LUIS HERNANDO SAVID AGUJA (Intendente).

De dichas juradas y de las manifestaciones del demandante (en versión libre y al interponer el recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia) es fácil colegir, que el 20 de julio de 2017 en el Hogar de Paso de la Policía Nacional ubicado en esta ciudad, cuando fungía como administrador del lugar, este último situó su teléfono celular en la luceta del baño donde la señora ANA ISABEL AMAYA CABARCAS tomaba una ducha; y de los relatos efectuados por ella, por LEONOR PATRICIA DÍAZ BRAVO (su suegra) y por la Subteniente ZAHENA PADILLA LARA (quien atendió la novedad), es viable concluir que su propósito era grabar un video

PATRICIA DÍAZ BRAVO (su suegra) y por la Subteniente ZAHENA PADILLA LARA (quien atendió la novedad), es viable concluir que su propósito era grabar un video (las tres son contestes en esta afirmación).

En tercer lugar, llama la atención de la Sala el hecho que el patruller o TABLA SÁNCHEZ en la versión libre y en los recursos de alzada presentados a instancias disciplinaria y judicial, reproche que los funcionarios presentes en el lugar de los hechos no accedieran a sus solicitudes de revisar el teléfono móvil y a la vez sostenga, que la Subteniente PADILLA LARA en compañía de la señora LEONOR PATRICIA DÍAZ BRAVO hubiese manipulado dicho aparato electrónico sin su consentimiento.

Aunado a esa contradicción, del Acta de Incautación y las declaraciones del intendente LUIS ERNESTO SAVID AGUJA, del Subintentende JHON FREDY25

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Actor: William Esteban Tabla Sánchez

BETANCOURTH TRUJILLO, se denota que el móvil fue entregado voluntariamente por el patrullero a los funcionarios encargados de su decomiso.

Así las cosas, no es cierto para la Sala, que el celular hubiere sido operado o retenido de manera ilegal y por contera, que se hubiesen quebrantado los derechos invocados por el impugnante.

En cuarto lugar, debe recordarse que en los términos del artículo 167 del CGP, al interesado -en este caso al patrullero TABLA SÁNCHEZ - le incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue. En

interesado -en este caso al patrullero TABLA SÁNCHEZ - le incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue. En esas condiciones, es necesario mencionar que del acer vo probatorio no se puede advertir que quienes atendieron la novedad del 20 de julio de 2017 y el demandante, existiera una enemistad o antipatía que los animara a aprovecharse de sus calidades en perjuicio de este. Incluso, de los tantos asistentes ese dí a (funcionarios de la UNIPOL, de la SIPOL, de la SIJIN, la jefe inmediata del patrullero, la Subteniente PADILLA LARA y el psicólogo JULIÁN TORRES POSADA), ninguno dio cuenta de esas circunstancias o de alguna otra similar.

En quinto lugar, la Sala acoge los argumentos del a quo en tanto que la existencia de las reproducciones fílmicas en el cartulario disciplinario y judicial, no se constituía como el único elemento para probar lo ocurrido; pues como ya se indicó, en la investigación se contó con suficie ntes medios documentales y testimoniales que dieron cuenta de ello.

En consecuencia, como las decisiones sancionatorias se apoyaron en el cardumen probatorio legal y adecuadamente decretado, practicado y valorado, el cargo se desestima.

b.- Atipicidad de la conducta. Inicialmente hay que resaltar que, este reproche no fue planteado con el líbelo, es decir, que no hizo parte del concepto de violación sobre el cual se fijó el litigio (derrotero al que debe circunscribirse el operador judicial). Sin embargo, en garantía al acceso a la administración de justicia y a la tutela efectiva de

cual se fijó el litigio (derrotero al que debe circunscribirse el operador judicial). Sin embargo, en garantía al acceso a la administración de justicia y a la tutela efectiva de los derechos, se procederá a su análisis.

El accionante fue sancionado disciplinariamente porque se le encontró responsable de la falta gravísima contemplada en el artículo 34-9º de la Ley 1015 de 2006: “realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa (…) con ocasión (…) de la función o cargo”; al haber actuado como sujeto activo del punible regulado en el artículo 226 del Código Penal: “Injuria por vías de hecho. En la misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona”.

[…]

“[…] De conformidad con la definición jurisprudencial, la Sala estima que no le asiste razón al impugnante, habida cuenta que cuando la injuria por vía de hecho tiene matices sexuales, los “tocamientos o caricias fugaces o imprevistas” representan una de sus tantas manifestaciones, y no la única.

El desarrollo conceptual del delito –como se indicó ut suprase refiere al propósito de deshonrar a una persona; honor o dignidad, que en el sub lite se infringió cuando se irrumpió abusivamente en la intimidad de la señora ANA ISABEL AMAYA CABARCAS y en contra de su voluntad, se le grabó desnuda. Es natural que esa circunstancia por sí misma, agravie los derechos de la referida señora y configure el punible que dio lugar a la falta gravísima sancionada.25

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sí misma, agravie los derechos de la referida señora y configure el punible que dio lugar a la falta gravísima sancionada.25

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Actor: William Esteban Tabla Sánchez

En esa línea, está acreditado que el incurrió en la conducta que derivó en el cargo endilgado y que la respectiva sanció n se impuso bajo el marco del régimen disciplinario.

En tal virtud, no prospera el cargo.

Y, en la medida en que el accionante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, es necesario confirmar la providencia impugnada en ese sentido […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales conculcados a mi prohijado, a la dignidad humana, debido proceso Administrativo, presunción de inocencia, derecho al trabajo, seguridad social, mínimo vital y móvil y la vida digna y cualquier otro del mismo rango que se determine como violado.

SEGUNDO: Revocar las sentencias dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, fallo de primera instancia proferido por el JUZGADO SEXTO (6º) ADMI NISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA, de fecha 18/08/2021 radicado 11001 -33-42-054-2016-00271-00 y fallo de segunda instancia proferido por el HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA,

fecha 18/08/2021 radicado 11001 -33-42-054-2016-00271-00 y fallo de segunda instancia proferido por el HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, sala de decisión No. 5, Radicado 11001 -33-42-0542016-00271-01, del 29/11/22, notificado el día 02/12/2022 con efectos de notificación a partir del día 07/12/2022 y que cobró ejecutoría el día 13/12/2022 (según constancia Secretaria), proceso adelantado en contra del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL y en consecuencia disponer que se emita Sentencia, por medio de la cual se ordene la nulidad de los Actos Administrativos atacados.

TERCERO: Como consecuencia de la revocatoria de las sentencias, se ordene el restablecimiento del derecho del señor WILLIAM ESTEBAN TABLA SANCHEZ, restableciéndolo en su cargo, y reconociendo sus derechos laborales y prestacionales a que haya lugar. […]”.

6.1. El actor en su escrito de tutela señal ó que la Sala de Decisión Núm. 5 del Tribunal Administrativo del Huila incurrió en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, “[…] en un defecto material o sustantivo […]”, en la causal de decisión sin motivación; y en la causal de violación directa de la Constitución.

Actuación

7. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 9 de junio de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a la Sala de Decisión25

Actuación

7. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 9 de junio de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a la Sala de Decisión25

Núm. único de radicación: 11001031500020230305701

Actor: William Esteban Tabla Sánchez

Núm. 5 del Tribunal Administrativo del Huila y al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva ; y iii) vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en calidad de tercero s con interés legítimo , concediéndoles el término de dos (2) días para rendir informe.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Sala de Decisión Núm. 5 del Tribunal Administrativo del Huila solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela, en la medida que , “[…] implica la reiteración de las pretensiones del proceso […] pues la decisión emitida por este Tribunal tiene como soporte las pruebas recaudadas en el proceso y la verificación y aplicación de la distinta normatividad y jurisprudencia en el asunto […]”. Al respecto manifestó lo

siguiente:

“[…] dentro de la providencia atacada no se observa la vulneración de algún derecho fundamental de la parte actora, amén que la configuración de los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, brillan por su ausencia dentro de este asunto […]”.

9. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó declarar

específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, brillan por su ausencia dentro de este asunto […]”.

9. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, toda vez que, “[…] se logra evidenciar que el propósito d el actor es revivir un debate jurídico en el cual se garantizaron los derechos constitucionales y legales, pero como resultado del reproche disciplinario fue contrario a sus intereses, por tal razón solicito respetuosamente al Honorable Consejero de Estado se declare improcedente las pretensiones incoadas en el escrito tutelar […]”.

10. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

11. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , mediante sentencia de 28 de julio de 2023, resolvió lo siguiente:25

Núm. único de radicación: 11001031500020230305701

Actor: William Esteban Tabla Sánchez

“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado de conformidad con las razones expuestas ut supra […]”.

11. 1. Consideró que:

“[…] se observa que el Tribunal encartado analizó inextenso cada una de las etapas desarrolladas en el marco de los actos administrativos y judiciales atacados por la parte actora, como son i) el fallo disciplinario de primera instancia, ii) el recurso de

desarrolladas en el marco de los actos administrativos y judiciales atacados por la parte actora, como son i) el fallo disciplinario de primera instancia, ii) el recurso de apelación, iii) el fallo disciplinario de segunda instancia, iv) la investigación penal y v) las entrevistas y declaraciones surtidas en las investigaciones disciplinaria y penal, para luego descartar cada uno de los cargos alegados como son la indebida valoración probatoria y la atipicidad de la conducta.

5.4.1.- Dicho esto, debe preverse que corresponde al juez de lo contencioso administrativo, dentro de su órbita funcional, analizar la situación fáctica planteada en la demanda y valorar el material probator io para finalmente determinar el régimen jurídico aplicable y las circunstancias en que habrá de decidir el asunto puesto bajo su conocimiento, por lo que no puede el juez de tutela invadir esta esfera.

5.5.- Al respecto, debe recordarse que la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales es de carácter excepcional y no pretende desconocer la vigencia de la autonomía e independencia judicial, ni el principio de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada2, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que dieron origen a la controversia3 […]”.

La impugnación

12. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

[…]”.

La impugnación

12. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Frente a las decisiones de Primera y segunda instancia proferidos por los accionados, así como el fallo de Tutela de primera instancia, incurrieron en los defectos: de desconocimiento del precedente judicial (vertical), defecto material o sustantivo, y violación directa de la Constitución, frente a los actos administrativos de carácter disciplinario que dieron como resultado la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos del hoy accionante, tal como paso a argumentar en cada caso en particular:

CASO CONCRETO Vista la decisión del Juez Constitucional de primera Instancia, el fallo adoleció de tener en cuenta la Ley y la jurisprudencia, en la cual se documentó la acción de Tutela y que me permito reiterar a continuación, así:

Defecto material o sustantivo Frente a la Negación de la declaratoria de Nulidad y restablecimiento del Derecho, con ocasión a unos actos Administrativo de Carácter Disciplinario, que fueron expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, en forma irregular y falsa motivación. violación directa de la

2 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009. 3 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.25

Núm. único de radicación: 11001031500020230305701

Actor: William Esteban Tabla Sánchez

Constitución, Es importante colegir que los fallos demandados, han vulnerado

Núm. único de radicación: 11001031500020230305701

Actor: William Esteban Tabla Sánchez

Constitución, Es importante colegir que los fallos demandados, han vulnerado directamente la Norma Superior, en cuanto se ven afectados derechos fundamentales de mi prohijado entre ellos: debido proceso y principios universales como los de no Autoincriminación, esto por cuanto los jueces para el caso sub -examine, no dieron aplicabilidad al Artículo 4º de la Constitución Nacional, que dispone anteponer de manera preferente la aplicación de los postulados de la carta magna. Lo anterior se encuadra en la Violación Directa a la Constitución, por cuanto los fallos demandados, niegan de manera grosera las pretensiones de la demandante, desconociendo preceptos tales como las contendidas en los artículos que a continuación se relacionan,

así: • “Artículo 2º. (…) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” […]”.

[…]

“[…] Así mismo, con la expedición de los fallos de primera y segunda instancia, que niegan el derecho a que se declare la Nulidad y el restablecimiento del derecho, vulneran abiertamente, los siguientes artículos de Norma Superior, así: Artículo 29. Resalta la obligación del Juzgador a respetar y garantizar el debido proceso, el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Artículo 48. Gara ntiza el derecho irrenunciable a la Seguridad

Artículo 29. Resalta la obligación del Juzgador a respetar y garantizar el debido proceso, el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Artículo 48. Gara ntiza el derecho irrenunciable a la Seguridad Violación de la garantía y/o derecho a la no autoincriminación Al respecto la honorable Corte Constitucional, ha sido enfática en establecer, que la Garantía a la No Auto incriminación, no solo se detenta en el derecho Penal, sino que esta se extiende también a otros procedimientos donde el estado ostenta el IUS

PUNIENDI […]”.

[…]

“[…] Visto los fallos disciplinarios y Administrativo de primera instancia de marras, es preciso aclarar que el contenido de las d eclaraciones, de las funcionarias Subteniente ZAHENA PADILLA LARA, Subteniente ALBA MARISEL DOMINGUEZ y de las Testigos (Victimas) ANA ISABEL AMAYA CABARCAS y PATRICIA LEONOR DIAZ BRAVO, dan cuenta que el indiciado confesó la realización del hecho, circuns tancias que difieren de la declaración del señor Subintendente JHON FREDY BETANCOURTH TRUJILLO, quien de manera libre y expontanea en su relato manifiesta frente a las acciones e informaciones suministradas por el patrullero TABLA, con ocasión a la comisió n de los hechos que: “seguidamente el señor Patrullero William Tabla manifiesta que el en ningún momento ha gravado videos o tomado fotos (…)”, al igual que dicho funcionario manifestó su rechazo de manipular el aparato celular del encartado y/o tratar de verificar su contenido, reconociendo el como funcionario de Policía Judicial, que tal circunstancia constituía una vulneración flagrante al debido proceso, indicando

manifestó su rechazo de manipular el aparato celular del encartado y/o tratar de verificar su contenido, reconociendo el como funcionario de Policía Judicial, que tal circunstancia constituía una vulneración flagrante al debido proceso, indicando en particular lo siguiente: “que si queríamos haciendo alusión a mi compañero Peña y al suscrito Subintendente Betancourth, le revisáramos el celular a lo cual le respondimos que no ya que eso constituía una violación a la intimidad, (…)” Es así que dichas circunstancias esbozadas por el señor Subintendente JHON FREDY BETANCOURTH TRUJILLO, conc uerdan con las manifestaciones realizadas en la versión libre por parte del Patrullero William Tabla, quien manifestó que el no autorizó la manipulación de su celular por parte de la Subteniente ZAHENA PADILLA LARA al expresar lo siguiente: “no se tuvo en cuenta mi defensa ni el poder para hablar y fui acusado de momento porque no se me permitió ni decir un porque, ni que estaba pasando en el momento, sino fui25

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Actor: William Esteban Tabla Sánchez

directamente acusado, donde el celular me fue rapado, en el momento no fue entregado voluntariamente sino fue rapado” […]”.

[…]

“[…] la presunta conducta endilgada al Patrullero William Tabla, deviene en atípica, por cuanto no se enmarca en lo dispuesto en la ley (Art. 226 del C.P.) ni encuadra en los comportamientos de “tocamientos libidinosos «fugaces e inesperados»”, No obstante dicha conducta y de haber sido probada se itera,

encuadra en los comportamientos de “tocamientos libidinosos «fugaces e inesperados»”, No obstante dicha conducta y de haber sido probada se itera, estaría enmarcada en el delito de Violación de Habitación ajena contemplado en el Artículo 189 del C.P.P. […]”.

[…]

“[…] Es así que en el caso que nos ocupa, las prueb as practicadas, y el cargo endilgado fueron motivadas falsamente, ya que como se indicó se le endilgó el delito de “injurias por vías de hecho” y no el de “violación de habitación ajena” que de haberse cometido es el que encuadra en la descripción de las conductas endilgadas “de manera abusiva haber filmado a unas ciudadanas dentro de un baño del hogar de paso de la policía nacional, ubicado en el ciudad de Neiva Huila”, de igual manera la pruebas no fueron valoradas en su conjunto y de manera integral, por cuanto, las declaraciones dan cuenta de que los testigos y/o presuntas víctimas, así como los uniformados que participaron en el procedimiento, se contradicen en sus dichos, aunado a la obtención de pruebas de manera ilegal […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 5 y con el artículo 13

Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 5 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades

4 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”25

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Actor: William Esteban Tabla Sánchez

públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vida, procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2