CE - 110010315000202303059011SENTENCIA20231012120938

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03059-01

Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

Demandados: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial y otro1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela/ incumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso a cargos públicos; y iv) libre desarrollo de la personalidad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 26 de julio de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado , por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama

Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado  “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado

Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado  “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03059-01

Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 2, en la cual “[…] se rechaza mi aspiración, por la presunta configuración de inadmisión contemplada en el numeral 3.4. del Acuerdo, esto es, por cuanto no se cumple con el requisito de experiencia […]”: vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos y al libre desarrollo de la personalidad.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, “[…] me postulé al concurso de méritos para la provisión de empleos de funcionarios de la Rama Judicial convocado mediante acuerdo No. PCSJA1811077 del 16 de agosto de 2018 (convocatoria 27) […]”.

4. Expresó que , “[…] acredito 8 años 14 días de exp eriencia profesional, esto es, experiencia adquirida con posterioridad a la obtención de mi titulo (sic) profesional de abogado el 16 de julio de 2010, fecha desde la cual inicié mi periplo profesional

experiencia adquirida con posterioridad a la obtención de mi titulo (sic) profesional de abogado el 16 de julio de 2010, fecha desde la cual inicié mi periplo profesional en distintas entidades públicas y privadas […]”.

5. Manifestó que, “[…] Toda la documentación referida relacionada con la experiencia profesional, fue radicada en el sistema KACTUS habilitado para el concurso de méritos Convocatoria 27 (Acuerdo PCSJA18 -11077 del 16 de agosto de 2018), cumpliendo con los req uisitos necesarios para presentar la prueba de conocimientos y aptitudes, la cual aprobé en un primer momento con un puntaje de 802.02, según se puede constatar en el anexo de la Resolución CJR 18-599 del 29 de diciembre de 2018 por medio de la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos […]”.

6. Indicó que, “[…] Son de tal magnitud las inconsistencias en la plataforma KACTUS, que no solo reporta de manera errónea los tiempos de experiencia, sino,

2 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018”.3

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que deja de registrar la totalidad de certificaciones subidas al sistema en su debida oportunidad, con las que se acreditó la experiencia requerida para el cargo […]”.

Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

que deja de registrar la totalidad de certificaciones subidas al sistema en su debida oportunidad, con las que se acreditó la experiencia requerida para el cargo […]”.

7. Adujo que, “[…] Se reitera, en el presente caso, cargué toda la documentación referida en líneas precedentes, la cual acredita el cumplimiento del requisito de experiencia profesional, motivo por el cual, no se me podría atribuir responsabilidad por eventuales inconsistencias del sistema que fue habilitado para el efecto, mucho menos cuando se denota que hay serios errores en la revisión de certificaciones y contabilización de términos por parte de la administración. […]”.

8. Expresó que, “[…] la exclusión sin fundamento constitucional y legal para continuar en la tercera fase del concurso (Convocatoria 27 de la Rama Judicial), vulnera mis derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, merito e igualdad en el acceso a cargos públicos […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] La protección inmediata de mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos públicos, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la confianza legítima (art. 83 de la Carta Política), y en consecuencia, ordenar a la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura revocar la Resolución CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023 y Oficio CJO 231104 del 9 de marzo de 2023, y en su lugar, determinar mi continuidad en el concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la

del 9 de marzo de 2023, y en su lugar, determinar mi continuidad en el concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial - Magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial o Magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura o quien haga sus veces-, esto es, incluirme en la lista de aspirantes admitidos, reconocida mediante Resolución CJR23 -0061 de 8 de febrero de 2023 […]”.

Actuación

10. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado , mediante auto de 14 de junio de 2023: i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó

notificar a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Rectora de la Universidad de Colombia; concediéndoles un término de dos (2) días para rendir informe.4

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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

Intervención de las demandadas

11. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en la medida que, “[…] no se ha vulnerado ni afectado los derechos fundamentales invocados […]”. Al respecto

manifestó lo siguiente:

“[…] Mediante Resolución CJR23-0061 de 08 de febrero de 2023 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de

“[…] Mediante Resolución CJR23-0061 de 08 de febrero de 2023 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018” y su anexo 2, se rechazó al accionante por la causal 3.4 del Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018, y dentro del término de solicitud de verificación de requisitos mínimos, solicitó la revisión de las certificaciones laborales allegadas y aportó nueva documentación con el fin de soportar la experiencia exigida.

Con Oficio CJO23-1104 de 09 de marzo de 2023, se informó al accionante que la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura procedió a consultar el módulo de selección “Kactus” de los documentos allegados, durante el término establecido para ello, y pudo constatar que no se acreditó el requisito mínimo de experiencia exigido para el cargo de aspiración y que el acto administrativo fue expedido de forma regular. Así mismo, se informó que al realizar la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los parámetros definidos en la convocatoria, se observa que no acredita el término mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente a 2880 días.

Respecto de las manifestaciones señaladas por el accionante sobre el presunto error en la contabilización del tiempo de experiencia adquirido en la Fiduprevisora y acreditado mediante la certificación emitida por la Jefe de la División de Recursos

Respecto de las manifestaciones señaladas por el accionante sobre el presunto error en la contabilización del tiempo de experiencia adquirido en la Fiduprevisora y acreditado mediante la certificación emitida por la Jefe de la División de Recursos Humanos el 7 de septiembre de 2018, se hace necesario aclarar que en la misma certificación se indica que desde el día 08 de abril de 2018 desempeña las funciones en el cargo de Coordinador de Asuntos Jurídicos; de modo que, si bien la certificación señala que labora en esa entidad, mediante contrato individual de trabajo, a término indefinido, suscrito el 22 de febr ero de 2016, no se indica de manera expresa y exacta, cuáles fueron el cargo y las funciones desempeñadas durante el lapso de tiempo que el accionante reprocha no haber valorado en debida forma.

Así las cosas, dentro del presente asunto, se evidencia que la certificación expedida por la Fiduprevisora no señala el cargo, ni funciones que desempeñó desde el 22 de febrero de 2016 hasta el 08 de abril de 2018; fecha en la que se posesionó en el cargo Coordinador de Asuntos Jurídicos. Ahora bien, si en gracia d e discusión se hubiera contabilizado este periodo de tiempo, se observa que el accionante tampoco cumple el requisito mínimo de experiencia profesional requerido para el cargo de aspiración.

En ese orden de ideas, no es viable valorar los documentos aportados con la solicitud de verificación de requisitos, por haber sido presentados de manera extemporánea, es decir, con posterioridad al término de inscripción previsto en la convocatoria, que transcurrió desde el 27 de agosto a las cero horas (0:00) hasta e l 7 de septiembre

de verificación de requisitos, por haber sido presentados de manera extemporánea, es decir, con posterioridad al término de inscripción previsto en la convocatoria, que transcurrió desde el 27 de agosto a las cero horas (0:00) hasta e l 7 de septiembre de 2018 a las veinticuatro horas (24:00)1 , tiempo en que se llevaron a cabo las5

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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

inscripciones al presente concurso, vía WEB, a través del Portal de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

No obstante, se reitera que, en la etapa de verificación de documentos, en efecto se valoran aquellos documentos que el aspirante efectivamente anexó en el término de inscripción, por lo cual no es viable validar documentos aportados posterior a la etapa de inscripción […]”.

[…]

“[…] En este caso, el aspirante tenía la carga de presentar, de manera clara, oportuna y con los parámetros exigidos en la convocatoria, los documentos para acreditar el requisito de experiencia para el cargo de aspiración, por lo cual no puede considerarse que la actuación de la Unidad de Administración de Carrera Judicial haya sido arbitraria y lesiva de los derechos fundamentales del accionante […]”.

[…]

“[…] En atención a que la pretensión del accionante está encaminada a que se ordene a la accionada admitirlo para ejer cer el cargo de Magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional, Comisión Seccional de Disciplina Judicial o quien haga sus veces, al afirmar haber cumplido con el requisito de experiencia para

ordene a la accionada admitirlo para ejer cer el cargo de Magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional, Comisión Seccional de Disciplina Judicial o quien haga sus veces, al afirmar haber cumplido con el requisito de experiencia para el ejercicio del mismo; es pertinente precisar que l a acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran amparados por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada […]”.

[…]

“[…] Dado que lo que se demuestra con en el escrito de tutela, es la inconformidad del accionante con la condición establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que sirvió de soporte jurídico a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, lo procedente es iniciar el medio de control de nulidad, toda vez que, la acción de tutela no es el escenario para controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser expedidos en desarrollo de funciones legales y reglamentarias, ni mucho menos puede el administrado valerse de la misma para reemplazar los medios de control que se encuentran dispuestos para controvertir tales actos.

Por lo tanto, si el tutelante considera que dicha decisión no se ajusta a derecho, debe acudir al juez natural del asunto, pues esta acción constitucional no puede ser utilizada como mecanismo paralelo de protección, cuando la legislación tiene establecidas las vías adecuadas para debatir judicialmente asuntos como el que aquí

acudir al juez natural del asunto, pues esta acción constitucional no puede ser utilizada como mecanismo paralelo de protección, cuando la legislación tiene establecidas las vías adecuadas para debatir judicialmente asuntos como el que aquí se propone, a través del ejercicio del correspondiente medio de control judicial previsto en el CPACA […]”.

12. La Universidad Nacional de Colombia manifestó lo siguiente:

“[…] la acción de tutela no resulta ser el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos, en especial, por inconformidades que no devienen de una vulneración directa a los derechos fundamentales del accionante, en este caso se trata del acto administrativo que dispuso rechazar al aspirante del concurso de méritos al haber incurrido en la causal 3.4 de rechazo de conformidad con el acuerdo regulador de la Convocatoria 27. Aquí es importante recordar que los actos administrativos se6

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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

encuentran cobijados por el p rincipio de legalidad, pues es el instrumento de manifestación por parte de la Administración, que debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que ya se encuentra subordinado […]”.

[…]

“[…] Dicho lo anterior, se precisa que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controlar eventuales irregularidades por parte de la administración, puesto que el aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para dicho fin. Dentro de la normatividad vigente, existe la posibili dad de elevar solicitudes a la accionadas destinadas a modificar la decisión de exclusión (como es el caso que nos

el aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para dicho fin. Dentro de la normatividad vigente, existe la posibili dad de elevar solicitudes a la accionadas destinadas a modificar la decisión de exclusión (como es el caso que nos atañe), pero el accionante también cuenta con medios de control jurisdiccional por agotar como el de la Simple Nulidad y el de la Nulidad y R establecimiento del Derecho, y dentro del caso en concreto, los cuestionamientos que pudieran surgir en torno a la decisión de rechazo del aspirante y sobre la que resolvió su solicitud de verificación de requisitos mínimos son pasibles de los controles mencionados.

Así las cosas, también debe advertirse que la acción de tutela tampoco resulta procedente de manera excepcional dentro del presente asunto, ya que no se advierte un perjuicio irremediable para el aspirante que lo habilite a desplazar los mecanismos ordinarios, pues la normatividad vigente cuenta con un mecanismo ordinario en el que se pueden adoptar medidas de carácter inmediato, como serían las medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011 […]”.

La sentencia impugnada

13.La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 26 de julio de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Daniel Alberto Realpe Mejía, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión […]”.

13.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado c omo fundamento de su decis ión, manifestó lo siguiente:

“[…] la Sala observa que lo que en realidad se persigue con la presente acción es

decisión […]”.

13.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado c omo fundamento de su decis ión, manifestó lo siguiente:

“[…] la Sala observa que lo que en realidad se persigue con la presente acción es cuestionar los argumentos de fondo de la Resolución CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023 y del Oficio CJO23 -1104 del 9 de marzo de 2023, en lo que respecta al cálculo y convalidación de la experiencia para el cargo al que postuló el accionante.

Sería del caso analizar los argumentos propuestos, sin embargo, la Sala advierte que el referido acto administrativo tiene naturaleza definitiva, pues resolvió la situación particular del actor al excluirlo del concurso con fundamento en la causal de rechazo 3.4. del Acuerdo PCSJA18-11077.

En esa medida, la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad debido a que el demandante cuenta con otro medio de defensa judicial a través del cual puede controvertir los actos administrativos objeto de inconformidad. Y este no es otro7

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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

4.2. No obstante, no desconoc e esta Sala que existen casos excepcionales en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Pues, la existencia de un medio judicial ordinario no significa automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.

que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Pues, la existencia de un medio judicial ordinario no significa automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.

Sin embargo, en el caso del actor no se configuran los eventos excepcionales, que habiliten la intervención del juez de tutela, debido a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz para controvertir actos de carácter particular. Y es así porque el legislador, justamente, creó esa vía procesal para cuestionar la legalidad de esa clase de actos administrativos.

4.3. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además, posibilita el empleo de medidas cautelares que, gracias a los cambios introducidos en la Ley 1437 de 2011, garantizan celeridad y mayor campo de valoración para el juez contencioso administrativo […]”.

[…]

“[…] De modo que el actor, en el proc eso ordinario, podrá pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo de exclusión. Medida cautelar que resulta ser un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

En este punto, debe decirse que las medidas cautelares deben ser resueltas, a más tardar, dentro de los 15 días hábiles8 siguientes a la admisión de la demanda, de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011. 4.4. Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en los

4.4. Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una afe ctación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Y esto obedece a que la decisión de la autoridad demandada, consistente en excluir al accionante del concurso de méritos, no constituye una actuación que ocasione un riesgo cierto y real que amenace o afecte un derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.

El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la persp ectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que pueden producir las decisiones de la administración. En esa medida, no porque una decisión resulte desfavorable a los intereses de los administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser suspendidos por vía de tutela […]”.

La impugnación

14.El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al considerar lo siguiente:8

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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

“[…] En Sentencia T -091 de 2018 “La Corte ha advertido que el juez constitucional

Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

“[…] En Sentencia T -091 de 2018 “La Corte ha advertido que el juez constitucional debe determinar si los medios de defensa judicial disponibl es le otorgan una protección eficaz y completa a quien acude a la acción tutela. Si no es así, puede otorgar el amparo de dos maneras distintas: (i) como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria, y (ii) como mecanism o eficaz de protección de los derechos fundamentales. La primera posibilidad implica que, si bien las acciones ordinarias pueden proveer un remedio integral, no son lo suficientemente expeditas para evitar un perjuicio irremediable. La segunda, que el medio de defensa ordinario no ofrece una solución integral para la protección de los derechos fundamentales comprometidos”. (Negrillas propias)

Como se explicó en el escrito de tutela, mi asunto, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional se enmarca dentro de la segunda hipótesis, es decir, cuando el medio de defensa ordinario no es eficaz para amparar oportunamente los derechos fundamentales vulnerados, considerando lo siguiente:

Según el cronograma establecido para la fase III de la convocatoria 27, el próximo 11 de septiembre de 2023 inicia el proceso de inscripción al IX Concurso de formación judicial inicial, y con ello, se da apertura a las actividades académicas desde el 17 de octubre de la presente anualidad, siendo requisito fundamental para continuar en el concurso, participar de dicha formación judicial. En ese sentido, el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, el cual, puede durar más de 5 años en

octubre de la presente anualidad, siendo requisito fundamental para continuar en el concurso, participar de dicha formación judicial. En ese sentido, el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, el cual, puede durar más de 5 años en resolverse en sus dos instancias, no es eficaz para amparar oportunament e mis derechos fundamentales vulnerados […]”.

[…]

“[…] De allí que la postura del Juez Ad quo requiriéndome para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, a fin de solicitar medidas cautelares resulte desproporcionada. Se reitera, la exclusión de la procedencia del amparo constitucional, llevaría a que, al momento de proferirse una decisión parcial o definitiva en sede de lo contencioso administrativo, el proceso de formación judicial y las demás etapas del concurso ya se hayan surtido, siendo inviable mi participación en el mismo […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, el notorio yerro de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia en la evaluación de mi hoja de vida (as pecto que no se evaluó de fondo por el juez constitucional de primera instancia, por considerar la improcedencia de la acción constitucional), puede provocar mi exclusión definitiva del concurso de méritos, y de contera, la consumación de la vulneración de mis derechos fundamentales al debido proceso, mérito e igualdad.

Se reitera, el riesgo cierto y real que amenaza mis derechos fundamentales, es que el concurso continúa con un cronograma inalterable, y en caso de no tomarse decisiones expeditas de prote cción, mi posibilidad de continuar en el mismo sería

Se reitera, el riesgo cierto y real que amenaza mis derechos fundamentales, es que el concurso continúa con un cronograma inalterable, y en caso de no tomarse decisiones expeditas de prote cción, mi posibilidad de continuar en el mismo sería nugatoria, configurándose una notoria amenaza a mis derechos fundamentales […]”.9

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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 d e abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los pa rticulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

públicas, o por los pa rticulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

17. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos y al libre desarrollo de la personalidad , los cuales considera vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior

de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 20237, en la

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018”.10

conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018”.10

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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía

cual “[…] se rechaza mi aspiración, por la presunta configuración de inadmisión contemplada en el numeral 3.4. del Acuerdo, esto es, por cuanto no se cumple con el requisito de experiencia […]”.

18. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; ii i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a cargos públicos; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad; vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular

19. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de con formidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,

subsidiaridad