CE - 110010315000202303064001SENTENCIA20230801153930

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 28 de febrero de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 761093333002202000112-01, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.2

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

proceso.2

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. El actor presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución núm. 6514 del 04 de diciembre de 2019, mediante la cual se decidió retirarlo del servicio activo, a través de la figura de llamamiento a calificar servicios. Precisó que, a título de restablecimiento del de recho, solicitó el respectivo reintegro al cargo ocupado antes de su retiro sin solución de co ntinuidad; además, que se ordenara su ascenso al grado de Mayor de Infantería de Marina.

4. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura 1 profirió sentencia de primera instancia el 11 de julio de 2022, negando las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de segunda instancia el 28 de febrero de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 038 del 11 de julio de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia a la parte vencida. […]”.

por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia a la parte vencida. […]”.

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que:

“[…] En consonancia a lo anterior, la entidad CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, conforme lo establece la Resolución No. 5720 del 7 de mayo de 2020, reconoció el derecho de la asignación de retiro del demandante.

Con lo hasta aquí expuesto, queda demos trado que la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL retiró al demandante cumpliendo con el tiempo de servicios exigido en las disposiciones legales de los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 del 2000.

1 El proceso ordinario objeto de tutela fue repartido al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura por la Oficina de Apoyo de Buenaventura el 7 de junio de 2023, en atención a la supresión con carácter permanente del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, según lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA22-12026 del 15 de diciembre de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura.3

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

En este sentido, a consideración de la Sala, la Institución demandada emitió un acto administrativo motivado con base en una atribución legal, que condujo al cese de actividades del ex uniformado, sin que su inactividad implicara una sanción, al

En este sentido, a consideración de la Sala, la Institución demandada emitió un acto administrativo motivado con base en una atribución legal, que condujo al cese de actividades del ex uniformado, sin que su inactividad implicara una sanción, al haberse otorgado con el lleno de requisitos y haber adquirido el tiempo de servicios mínimo para la obtención de una asignación de retiro. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, es cierto tal como lo refiere la parte activa que, en principio la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES le negó su derecho a la asignación de retiro, pero también lo es que en sede administrativa con posterioridad se le otorgó su derecho con fundamento en el artículo 1° del Decreto 991 del año 201518, esto es, haber superado quince (15) años de servicios; luego, la motivación del retiro por llamamiento a calificar servicios exhibido por la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL fue cierta.

Entonces, es evidente que el demandante fue retirado bajo la causal “llamamiento a calificar servicios”, decisión no requiere de una motivación distinta de la de cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro. […]”.

[…]

“[…] En esta dirección, en lo que concierne a la facultad discrecional se ha señalado por parte del Consejo de Estado que esta constituye una herramienta necesaria para la consecución de los fines estatales y el adecuado cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas a la administración, pues esta, en un contexto de cambiantes y complejas relaciones jurídicas , debe contar con instrumentos que le permitan decidir con algún grado de libertad cómo proceder.

que le han sido asignadas a la administración, pues esta, en un contexto de cambiantes y complejas relaciones jurídicas , debe contar con instrumentos que le permitan decidir con algún grado de libertad cómo proceder.

Lo primero que dirá la Sala al respecto, es que no se puede reabrir el debate de legalidad frente a la decisión de no ascenso del demandante, so pretexto de desconocer abiertamente las oportunidades para ejercer su control jurisdiccional.

Ahora bien, lo que puede reafirmar la Sala es que, aunque obra certificación No. 530/21 del 7 de julio de 2021, donde señala que el demandante cursó y aprobó el curso de Comando No. 090 del año 2018, para el ascenso al grado de Mayor del Cuerpo de Infantería de Marina, este dependía de la voluntad exclusiva y valga reiterar, discrecional del Gobierno Nacional.

Siendo así, para la Sala no se demostró con los documentos aportados que la no escogencia de ascenso tuviera injerencia alguna con el llamamiento a calificar servicios como resultado de una animadversión, abuso de poder, desigualdad o discriminación, comoquiera que no obra elemento documental o testimonial que así lo respalde.

Así las cosas, contrario a las especulaciones de la parte demandante se encuentra probado para la Sala que el demandante fue retirado exclusivamente bajo la causal discrecional de llamamiento a calificar servicios, tal y como se desprende del acto administrativo censurado. […]”.

[…]

“[…] Al respecto, a partir de una valoración en conjunto de las pruebas del expediente, no encuentra la Sala que el acto administrativo acusado esté viciado de desviación de poder como lo afirma la parte actora.4

[…]

“[…] Al respecto, a partir de una valoración en conjunto de las pruebas del expediente, no encuentra la Sala que el acto administrativo acusado esté viciado de desviación de poder como lo afirma la parte actora.4

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

A esta conclusión se llega porque frente a este aspecto no fueron arribadas pruebas que respalden tal versión, ni se aportan elementos adicionales que puedan inferir que el acto administrativo censurado fue proferido en contravía de la normatividad constitucional y legal que se presume violentada en el libelo demandatorio del proceso.

En torno a este punto, es la parte demandante el sujeto procesal quien tenía la carga de adelantar las gestiones tendientes a su consecución.

Ahora, no se evidencia que la entidad se hubiere apartado de razones del bue n servicio o se haya alejado del interés general o del contenido de las normas que lo autorizaron para hacerlo. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, les solicito a ustedes respetuosamente TUTELAR en mi favor el derecho constitucional fundamental al debido proceso y como consecuencia:

1. Se deje sin efecto la sentencia de segund a instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día veintiocho (28) de febrero de 2023 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No. 76109-3333Administrativo del Valle del Cauca el día veintiocho (28) de febrero de 2023 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No. 76109-3333002-2020-00112-01, por cuanto la omisión de valoració n del acervo probatorio en forma conjunta afecta mi derecho fundamental al debido proceso.

2. Se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca valorar conjuntamente el material probatorio que se detalla de forma clara en la parte motiva del presente escrito de acción de tutela y, como consecuencia, se emita nueva decisión en segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No. 2020 - 00112-01 con la valoración conjunta de la totalidad del acervo probatorio documental, jurisprudencial y legal aportado dentro del proceso en cuestión y mencionada en la parte motiva de la presente acción. […]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de junio de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ; y iii) vinculó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada

2 Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.5

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

2 Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.5

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

Nacional en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que:

“[…] En primer lugar, se debe indicar que la acción de tutela sólo procede de manera excepcional contra providencias judiciales, pues dicha acción constitucional no está diseñada para afectar el trámite y las decisiones que se profieren en los distintos procesos ordinarios, como es el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de sus acciones y medios de control. […]”.

[…]

“[…] En segundo orden, se tiene que la parte actora alega la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, pues a su juicio la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso 2020-00112-01, incurrió en defecto fáctico.

8. Para el efecto, sostuvo que la notificación mediante la cual le informaron que no ascendió al grado de Mayor de Infantería de Marina (porque la junta clasificadora no le recomendó para dicho ascenso) es extremadamente ambigua y no corresponde a la realidad, agregando que mediante acto administrativo se relacionaron los oficiales que fueron trasladados a la Escuela Naval para hacer curso de ascenso (38 oficiales); pero solo fue al demandante IVÁN ARTURO RODRÍGUEZ TIRADO que lo llamaron a calificar servicios y posterior a ello, no ascendió.

oficiales que fueron trasladados a la Escuela Naval para hacer curso de ascenso (38 oficiales); pero solo fue al demandante IVÁN ARTURO RODRÍGUEZ TIRADO que lo llamaron a calificar servicios y posterior a ello, no ascendió.

9. De igual forma, tampoco hubo pronunciamiento respecto a la negación de la asignación de retiro mediante la resolución administrativa respectiva (folio 32, 33 y 34) a pesar de ser un requisito para poder ser llamado a calificar servic ios, pues, a su juicio, se limitó a estudiar si tenía o no el goce de la asignación de retiro, pero no hubo pronunciamiento respecto a presuntas persecuciones y abuso de poder en su contra.

10. Sea del caso indicar que las aseveraciones del accionante se asemejan a lo planteado en el recurso de apelación en el proceso ordinario y, sobre todo, a la solicitud de adición de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2023 por este

Tribunal.

11. Sin embargo, revisada la providencia objeto de controversia, se observa que, frente a los puntos de inconformidad esbozados por el citado sujeto procesal, la Sala de Decisión precisó lo siguiente, lo cual fue reiterado en la providencia del 8 de mayo de 2023 que, resolvió la adición de sentencia. […]”

[…]

“[…] 15. Así las cosas, como puede observarse, es evidente que en la sentencia del 28 de febrero de 2023 proferida por esta Corporación, se acataron de manera completa no solamente los postulados normativos y jurisprudenciales para resolver éste tipo de eventos, sino que también se dio aplicación a los criterios hermenéuticos

28 de febrero de 2023 proferida por esta Corporación, se acataron de manera completa no solamente los postulados normativos y jurisprudenciales para resolver éste tipo de eventos, sino que también se dio aplicación a los criterios hermenéuticos y de la sana crítica, y se tuvieron en cuenta todos los elementos de juicio allegados por las partes y aquellos recaudados en el transcurso del proceso al momento de resolver el fondo del asunto.6

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

16. Luego, entonces, considero con todo respeto que no pueden ser de recibo los cuestionamientos realizados por la parte actora, dado que la sentencia ordinaria emitida por este Tribunal se desarrolló de forma objetiva y fundamentada jurídicamente. […]”.

11. El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura3

indicó que:

“[…] SARA HELEN PALACIOS, obrando en condición de Juez Primera Administrativa Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura, con relación a la tutela de la referencia, manifiesto respetuosamente al Despacho a su buen cargo que el proceso ordinario objeto de tutela fue repartido a este Juzgado por la Oficina de Apoyo de Buenaventura el día 7 de junio de 2023, tal como consta en la respectiva acta de Reparto, en atención a la supresión con carácter permanente del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, a partir del 11 de enero de este año, según los dispuesto en el Acuerdo PCSJA22-12026 del 15 de diciembre de 2022, del Consejo Superior de la Judicatura.

Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, a partir del 11 de enero de este año, según los dispuesto en el Acuerdo PCSJA22-12026 del 15 de diciembre de 2022, del Consejo Superior de la Judicatura.

Mediante correo electrónico enviado por la mencionada Oficina se conoció de la presente acción constitucional y por tanto se remitirá el link del expediente para los fines requeridos. Además, es preciso señalar que mediante auto de sust anciación No. 511 de l 4 de julio de 2023 , se dispuso avocar el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral con radicado No. 76 -109-33-33-002-2020-00112-01, impetrado por el señor Iván Arturo Rodríguez Tirado contra la Nación - Ministerio de Defensa – Armada Nacional, así mismo se ordenó obedecer y cumplir lo dispuesto por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión Oral en la sentencia del 28 de febrero de 2023, que confirmó la sentencia No. 038 del 11 de julio de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura, que negó las pretensiones de la demanda. […]”.

12. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Const itución Política; el artículo 1 º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas

3 El proceso ordinario objeto de tutela fue repartido al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura por la Oficina de Apoyo de Buenaventura el 7 de junio de 2023, en atención a la sup resión con carácter permanente del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, según lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA22-12026 del 15 de diciembre de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura.7

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asum ido por importancia jurídica por la Sala Plena4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.8

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.8

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

18. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20056, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del princ ipio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una

causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 7 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.9

Núm. único de radicación: 110010315000202303064-00

Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22. El criterio expuesto fue reiterado e n pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en es pecial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20149, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de

Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 10]; por otro, evita que la

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 9 Ut supra página 6. [10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”10

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Actor: Iván Arturo Rodríguez Tirado

acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa d la actora para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración

elementos necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa d la actora para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [13].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión d la actora, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela c ontra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de t utela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de t utela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso

[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 5