CE - 110010315000202303074011SENTENCIA20230918095951

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03074-01

Demandante: José Aristóbulo Rodríguez Salazar

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03074-01

Demandante: JOSÉ ARISTÓBULO RODRÍGUEZ SALAZAR

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – sanción disciplinaria.

Falta de cumplimiento de requisitos generales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 13 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado , Sección Primera, que resolvió:

«(…)

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la

providencia del 13 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado , Sección Primera, que resolvió:

«(…)

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por incumplir el requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor José Aristóbulo Rodríguez Salazar, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, Sección Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

1. “Solicito se DECLARE que las autoridades judiciales: JUZGADO S ÉPTIMO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOT Á - SECCIÓN SEGUNDA y, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “E” SISTEMA ORAL accionadas, han vulnerado mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de los cuales depreco su protección.

2. Como consecuencia, se revoquen las sentencias judiciales No. 066 de fecha 28 de septiembre de 2022 y No. 035 de fecha 14 de ab ril de 2023 proferidas por las

2. Como consecuencia, se revoquen las sentencias judiciales No. 066 de fecha 28 de septiembre de 2022 y No. 035 de fecha 14 de ab ril de 2023 proferidas por las autoridades judiciales: JUZGADO S ÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITORadicado: 11001-03-15-000-2023-03074-01

Demandante: José Aristóbulo Rodríguez Salazar

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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JUDICIAL DE BOGOT Á - SECCIÓN SEGUNDA y, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCASECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “E” SISTEMA ORAL y, en su lugar, se disponga la ilegalidad del acto administrativo conformado por el fallo disciplinario de primera instancia del 16 de marzo de 2018 proferido por la Inspectora General de la Policía Nacional ( E) y el fallo disciplinario de segunda instancia de fecha 25 de mayo de 2018 proferido por el señor Director General de la Policía Nacional, dentro del expediente disciplinario INSGE-2014-131 al ser evidente los vicios que presentan y que no fueron reconocidos por las citadas autoridades judiciales”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

al ser evidente los vicios que presentan y que no fueron reconocidos por las citadas autoridades judiciales”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor José Aristóbulo Rodríguez Salazar ingresó a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional "General Francisco de Paula Santander", el 25 de enero de 1993, ascendió durante su permanencia en la institución a los grados de capitán, mayor, teniente coronel y coronel.

Indicó que el 22 de abril de 2014, el director administrativo y financiero le solicitó al inspector general de la Policía Nacional dar inicio a una investigación disciplinaria en su contra, por haber emitido el concepto favorable de traslado de la patrullera Sandra Edi Arce Gordillo 1, al cual le dio trámite y culminó con la expedición de fallos de 16 de marzo y 25 de mayo de 2018, aclarado en auto del 4 de septiembre de 2018 , en los que fue sancionado disciplinariamente con suspensión e inhabilidad especial por el término de seis meses, conmutada a salarios de acuerdo con el monto devengado para la época de la comisión de la falta.

El señor José Aristóbulo Rodríguez Salazar ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los fallos disciplinarios , por considerar que debían ser declarados nulos porque fueron expedidos con infracción de las normas en que debía fundarse, indebida motivación, falsa motivación, expedición irregular y violación al debido proceso.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, en sentencia del 28 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que: (i) el cargo de

y violación al debido proceso.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, en sentencia del 28 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que: (i) el cargo de

1 Al respecto, manifestó que el 18 de abril de 2014 , fungía en la direcci ón administrativa y financiera de la Policía Nacional y, por ser d ía festivo - viernes santo -, el director y subdirector no se encontraban en l a dependencia, por lo que qued ó encargado, condición en la que debía dar tr ámite a los asuntos que estaban sometidos a término o plazo. Refirió que en esa fecha la Patrullera Ivonne Julieth Hernández León, adscrita al grupo de talento humano de la dirección administrativa y financiera, le informó que se encontraba pendiente de dar respuesta al concepto de traslado de la patrullera Sandra Edi Arce Gordillo, solicitado por la direcci ón de talento humano de la Polic ía Nacional, del cual existía proyecto de respuesta elaborado por ella, raz ón por la que, en su condición de jefe del área administrativa, firmó la comunicación oficial No. S-2014-126452 DIRAFARGEA-29 del 18 de abril de 2014, en el sentido de dar concepto favorable de traslado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03074-01

Demandante: José Aristóbulo Rodríguez Salazar

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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infracción de las normas en las que debían fundarse los actos acusados no prosperó2, como tampoco el cargo por expedición irregular3.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, en el que expuso diferentes argumentos, entre los que se enumeran los siguientes:

(i) se efectuó un análisis incompleto al resolver sobre la congruencia entre el pliego de cargo y el fallo disciplinario;

(ii) se desconoció que en la instancia disciplinaria se dio a conocer que el instructivo se aplicaba solo para los procesos de recursos financieros, logística, abastecimiento y adquisición de bienes y servicios;

(iii) se desestimó el control judicial integral que debe realizarse a los actos administrativos sancionatorios;

(iv) no valoró los presupuestos fácticos y jurídicos conforme con los cuales estaban dadas las condiciones para que la actuación disciplinaria se tramitara por el procedimiento verbal;

(v) desconoció que, una cosa es que se deba investigar tanto los hechos favorables como los desfavorables y , otra, que se solicit ara por fuera del término una certificación del salario devengado;

(vi) se pasó por alto la indebida tipificación de la falta, en su sentir, era la falta leve la que debía serle imputada.

2 Ello, porque, al operador disciplinario le est á permitido modificar o cambiar algunos presu puestos del pliego de cargos -

(vi) se pasó por alto la indebida tipificación de la falta, en su sentir, era la falta leve la que debía serle imputada.

2 Ello, porque, al operador disciplinario le est á permitido modificar o cambiar algunos presu puestos del pliego de cargosdado su carácter provisional-, sin vulnerar el derecho al debido proceso administrativo, siempre que “no toque lo referente a los elementos esenciales de la imputaci ón disciplinaria, como son: la conducta reprochada, la ili citud sustancial, y la culpabilidad.”, así, al realizar un comparativo entre el pliego de cargos y el fallo disciplinario de primera instancia, concluyó que en punto a la conducta reprochada eran prácticamente idénticos y, por ende, el cargo no tenía vocación de prosperidad, distinto es que, para resolver los argumentos de defensa presentados en sede administrativa, la decisión sancionatoria haya referido a la transgresión de la Resolución 02055 del 15 de junio de 2007 “sin que haya fijado su atenci ón y sustentado el cargo en la violaci ón de esa normativa, puesto que toda la exposici ón de motivos, claramente hizo referencia a que la conducta reprochada fue el incumplimiento injustificado de las instrucciones referidas al servicio, expresamente contenidas en el Instructivo 001 PLANE-DIRAF-70 “instrucciones relativas al conducto regular”. Igualmente, concluyó que, aun cuando el demandante no aportó la copia íntegra del instructivo 01 PLANE -DIRAF-70 del 10 de enero de 2014, su argumento no

era coherente con lo afirmado en el recurso de apelaci ón que elevó contra el fallo disciplinario de primer grado, donde sostuvo que el citado instructivo “se refería a la manera como se debía entender y cumplir el conducto regular dentro de la dirección administrativa y financiera de la Polic ía Nacional, sin que en esa oportunidad haya diferenciado que tal instructivo se aplicaba únicamente para el proceso de administración de recursos financieros, logística, abastecimiento y para adquirir bienes y servicios”. En cuanto al reparo consistente en haberse tramitado el proceso disciplinario conforme al procedimiento ordinario y no el verbal, destacó que, en el caso concreto, valorada la decisi ón de apertura de investigaci ón no se cumplían los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, por lo que estim ó que se dio aplicaci ón correcta al procedimiento, al no encontrarse los elementos de juicio suficientes para encuadrar la situaci ón en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por la Ley 1474 de 2011, y as í continuar la investigación por la cuerda del procedimiento verbal. En lo referente a la presunta transgresión al principio de imparcialidad, destacó que el simple hecho de que se decretara un medio de prueba, a fin de establecer la existencia de la conducta, determinar la responsabilidad del implicado o esclarecer un aspecto determinante para imponer la sanción, como lo era el salario para la época de la comisión de la falta, no denotaba la pérdida de parcialidad del funcionario.

un aspecto determinante para imponer la sanción, como lo era el salario para la época de la comisión de la falta, no denotaba la pérdida de parcialidad del funcionario. 3 Porque, (i) respecto a la indebida tipificaci ón de la conducta, la autoridad disciplinaria bien hubiera podido considerar un concurso de faltas y determinar que con la misma conducta el investigado quedo inmerso en la falta leve que aduce el extremo activo, al pretermitir el conducto regular; sin embargo, optó por endilgar un único cargo, relativo al incumplimiento de instrucciones del servicio y, (ii) frente a la indebida valoraci ón de la prueba y exist encia de duda que favorec ía a l disciplinado, refirió que la existencia de la conducta endilgada y la responsabilidad del demandante no se desestima bajo el supuesto de que no conoció del concepto previo de no viabilidad para el traslado, pues independientemente de ello, en su calidad de jefe administrativo de la dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional, conforme al instructivo 001 PLANE-DIRAF-70 de 10 de enero de 2014, no tenía competencia para emitir un concepto sobre el traslado de la patrullera, fuera favorable o desfavorable. Aclaró que el planteamiento de que el actor conoc ía del concepto desfavorable encuentra respaldo probatorio en las declaraciones recibidas en la instancia disciplinaria, siendo demostradas con certeza y suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y l ugar de la conducta reprochada, as í como su responsabilidad, que no se vio salvaguardada por causal eximente.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03074-01

las circunstancias de tiempo, modo y l ugar de la conducta reprochada, as í como su responsabilidad, que no se vio salvaguardada por causal eximente.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03074-01

Demandante: José Aristóbulo Rodríguez Salazar

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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(vii) se realizó una indebida valoración probatoria, porque nada dijo sobre el interés que le asistía a la patrullera Hernández León, se le dio credibilidad a su testimonio, y concluyó que no tenía competencia para expedir el concepto de viabilidad, a partir de un instructivo que no era aplicable para asuntos relacionados con la administración de personal.

(viii) se excluyeron circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitían resolver la causal de exclusión de responsabilidad invocada en la demanda de manera favorable.

(ix) se ignoró que la conducta no afect ó los fines de la función pública encomendados a la Policía Nacional, al no generar ningún efecto con la expedición del concepto de viabilidad de traslado, dado que este ya se había rendido en sentido no favorable.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en sentencia del 14 de abril de 2023, confirmó la decisión de l juzgado por considerar que:

sentido no favorable.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en sentencia del 14 de abril de 2023, confirmó la decisión de l juzgado por considerar que: (i) la conducta reprochada al señor José Aristóbulo Rodríguez Salazar no fue objeto de variación. (ii) la autoridad disciplinaria efectuó la adecuación típica con la norma preexistente en la que encuadraba el comportamiento del demandante, cosa distinta es que la misma conducta haya podido infringir otras disposiciones disciplinarias, evento en el que el operador se encuentra habilitado para investigar todas dentro del mismo proceso, sin que ello signifique, en modo alguno, que sea un imperativo optar por la “menos gravosa”, como lo plantea el recurrente. (iii) se contó con pruebas suficientes para determinar la responsabilidad del demandante, las cuales fueron valora das conforme a las reglas de la sana crítica y, que los demás reparos enunciados en el recurso de apelación no vician el trámite procesal impartido por el operador disciplinario.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora , las autoridades judiciales demandadas4 incurrieron en los defectos sustantivo , fáctico, por desconocim iento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, por las razones que se pasan a resumir.

En relación con el defecto sustantivo señaló que se incurrió en, “falta de claridad del Juzgado, respecto de los vicios que fueron alegados en la demanda, (…)”. A su juicio, fue evidente la limitación de los argumentos del demandante en los términos en que

Juzgado, respecto de los vicios que fueron alegados en la demanda, (…)”. A su juicio, fue evidente la limitación de los argumentos del demandante en los términos en que los plantearon los juzgadores de ins tancia, lo que considera, conllevó a que la s sentencias objeto de cuestionamiento, en su motivación, incurriera en una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

Adujo que, para desestimar el cargo por violación al debido proces o por incongruencia entre la calificación jurídica y la situación fáctica y el cargo por falsa motivación, las autoridades judiciales demandadas se basaron en que el

4 A pesar de que en el escrito de tutela la parte actora relacionó al Juzgado S éptimo Administrativo de Bogot á, como la autoridad que incurrió en los defectos alegados, incluyó un acápite en el que sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sistema Oral incurrió en los mismos defectos, en el entendido que, confirmó la decisión, por lo tanto, para efec to de mencionar los defectos invocados se tendran como alegados respectos de ambas autoridades judiciales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03074-01

Demandante: José Aristóbulo Rodríguez Salazar

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demandante no aportó copia completa del Instructivo 001 PLANE-DIRAF-70 del 10 de enero de 2014, con fundamento en lo cual, concluyeron que no cumplió con la carga de la prueba necesaria para desatar este ítem del debate.

Punto frente al cual, considera que, «si no existió prueba para resolver este aspecto de debate, no requería de ninguna otra argumentación para negar la pretensión de la demanda; sin embargo, nuevamente en la sentencia No. 066 ya citada, incurrió en una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, porque, si bien advirtió que no tenía las pruebas suficientes para sustentar su decisión, conforme a la falta de la carga de la prueba como ya se expuso, aun así y de forma contraria a dicho argumento, procedió a valorar las consideraciones subjetivas del despacho de segunda instancia disciplinaria dentro de la actuación sancionatoria frente al argumento que present ó la defensa en su momento al interior de la citada investigación y que se reiteró como vicio en la demanda frente a este primer cargo, contra los actos administrativos demandados. El argumento de la defensa se centró en advertir que, el Instructivo No. 001 PLANEDIRAF-70 de fecha 10 de enero de 2014 estaba dirigido a los procesos de “ Administración de Recursos Financieros, Logísticos y Abastecimiento y Adquirir Bienes y Servicios” y NO, a los asuntos relacionados con la administración de personal, considerando que, la extensión que realizó

Recursos Financieros, Logísticos y Abastecimiento y Adquirir Bienes y Servicios” y NO, a los asuntos relacionados con la administración de personal, considerando que, la extensión que realizó el despacho disciplinario de las instrucciones citadas en este no es válida para otros asuntos».

Frente al defecto fáctico alegó que se incurrió en su dimensión negativa, porque las autoridades desestimaron los argumentos frente al cargo por violación al debido proceso, «valorando y acogiendo las consideraciones del despacho disciplinario de segunda instancia, al aseverar que, se descarta el argumento planteado por la parte demandante y ya citado, porque el Instructivo en mención está dirigido a todo el personal de la DIRAF a quienes se les recuerda la importancia de respetar el conducto regular; cuando, el mismo Juez advirtió de forma previa en esta misma sentencia que, al no haberse aportado copia completa del Instructivo 001 PLANE-DIRAF-70 de fecha 10 de enero de 2014, por la parte actora, no cumplió con la carga de la prueba necesaria para desatar este ítem del debate».

Al respecto, dijo que, contrario a lo que concluyeron las autoridades, sí cumplió con la carga de la prueba necesaria, para lo cual señaló que, en el acápite de documentos anexos a la demanda, en el numeral 15, se relacionó: “Copia integra del proceso disciplinario No. INSGE -2014-131”, el cual, considera no fue revisado por los falladores de instancia, al aseverar que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba.

Adicionalmente, dijo que en el escrito de tutela se citó textualmente el contenido del

falladores de instancia, al aseverar que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba.

Adicionalmente, dijo que en el escrito de tutela se citó textualmente el contenido del citado instructivo, para demostrar el verdadero alcance del mismo, es decir, que estaba destinado únicamente para la “administración de recursos financieros, logísticos y abastecimiento y adquirir bienes y servicios ” y no a los asuntos relacionados con la administración de p ersonal, “lo que gener ó su descontextualización para lograr el fin de imponer la sanción disciplinaria, incurriendo así en una indebida valoración probatoria por defecto fáctico”.

En punto al defecto por desconocimiento del precedente judicial indicó que se desconoció la sentencia del 9 de agosto de 2016, proferida dentro del radicad o número: 11001 -03-25-000-2011-00316-00(SU), de la Sala Plena del Consejo de Estado, en la cual se dispuso que el control que ejerce el juez de lo contencioso administrativo e s integral en las sentencias que resuelven la nulidad y el restablecimiento del derecho en temas disciplinarios, particularmente, en los apartes de la sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, en los que se afirmó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no es un tercera instancia del proceso disciplinario.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03074-01

Demandante: José Aristóbulo Rodríguez Salazar

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Como fundamento del defecto por violación directa de la Constitución afirmó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al resolver los cargos por violación a la norma superior y/o expedición con infracción de las normas en que debía fundarse y por expedición irregular del acto administrativo, pues, a su juicio no se «realizó alguna valoración, conforme a la persuasión racional, es decir sustentado en pruebas, característica propia para esta clase de juicios, pues, simplemente se limitó a citar textualmente los argumentos del pliego de cargos y los argumentos del fallo de responsabilidad, frente al cargo único y su concepto de la violación, realizando una comparación entre estos y concluyendo que estos son idénticos, RESOLVIENDO que no existe vocación de prosperidad de la incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo de primera instancia que lesionara las garantías del debido proceso, conforme se citó en la demanda».

Insistió en que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso «al excluir las consideraciones mediante las que el despacho disciplinario sustent ó el pliego de cargos de fecha 25 de agosto de 2017 y el fallo de primera instancia de f echa 16 de marzo de 2018 y que fueron cuestionadas durante el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al

25 de agosto de 2017 y el fallo de primera instancia de f echa 16 de marzo de 2018 y que fueron cuestionadas durante el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al cargo ya citado, de manera que dicha exclusión solo buscaba proteger las decisiones de responsabilidad disciplinaria cuestionadas de ilegalidad».

Reiteró que, el fallo disciplinario de primera instancia del 16 de marzo de 2018, «trajo nuevos argumentos y normas que no habían sido citados en el pliego de cargos, advirtiendo el sorprendimiento de una nueva imputación, lo cual es contrario a las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa» , a su juicio, se sorprendió al disciplinado con nuevos argumentos de responsabilidad y sustento probatorio, como lo es la resolución 02055 del 15 de junio de 2007, por ende, la vulneración a las garantías del debido proceso, derecho a la defensa y contradicción.

Dijo que también se vulneró la referida garantía constitucional, porque, la investigación disciplinaria vulner ó las formas propias de cada juicio al haberse llevado por una cuerda procesal diferente al procedimiento verbal, que establece el artículo 175, en su momento de la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Frente a lo cual, agregó que, se vulneró el principio constitucional de la presunción de inocencia «si se tiene en cuenta que aplic ó el beneficio de la duda al momento de ordenar la autoridad con atribución disciplinaria, iniciar la investigación por el procedimiento ordinario y no, por el procedimiento verbal, cuando su aplicación es procedente una vez se ha agotado la actividad probatoria y, es precisamente que, del análisis integral de estas

momento de ordenar la autoridad con atribución disciplinaria, iniciar la investigación por el procedimiento ordinario y no, por el procedimiento verbal, cuando su aplicación es procedente una vez se ha agotado la actividad probatoria y, es precisamente que, del análisis integral de estas pruebas, que surge la duda razonable, entiéndase que no hay otra forma de eliminarla y por lo tanto, debe procederse a resolverse a favor del investigado».

Nuevamente, sostuvo que, al desconocer el principio de tipicidad y al dejar al arbitrio de estos, la escogencia de la falta disciplinaria más gravosa por la cual, fue declarado disciplinariamente, cuando existía otra falta más leve que recogía los hechos objeto del reproche disciplinario, punto en el cual, indicó que, el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, en la sentencia 066 del 28 de septiemb re de 2022, nuevamente dio una interpretación errada de la amplia flexibilidad que tiene la autoridad con atribución disciplinaria, para proceder a realizar la adecuación jurídica de la conducta e incluso agravó la situación disciplinaria, al considerar que le faltó otra imputación conforme a la falta leve que alegó la defensa.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Primera, en auto del 9 de junio de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, Sección Segunda y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,Radicado: 11001-03-15-000-2023-03074-01

Demandante: José Aristóbulo Rodríguez Salazar

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Sección Segunda y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,Radicado: 11001-03-15-000-2023-03074-01

Demandante: José Aristóbulo Rodríguez Salazar

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Sección Segunda, Subsección E, Sistema Oral y vinculó a la Nación – Ministerio de Defesa, Policía Nacional, en calidad de tercero.

5. Oposición

El Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, Sección Segunda afirmó que la decisión y las actuaciones proferidas al interior del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001 -3335-007-2019-0033600, se ajustaron a los preceptos constitucionales y legales, por cuanto era el que conforme al estudio fáctico, jurídico y probatorio, consider ó el despacho debía adoptarse, sin que pueda endilgarse algún tipo de conducta que afecte o vulnere los derechos fundamentales invocados por el accionante; máxime, cuando en el presente asunto, se agotaron las instancias respectivas y se concedió el recurso de apelación formulado, el cual fue examinado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que en providencia del 14 de abril de 2023, confirmó la decisión recurrida.

apelación formulado, el cual fue examinado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que en providencia del 14 de abril de 2023, confirmó la decisión recurrida.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sistema Oral indicó que la Corporación encontró acreditado que las decisiones adoptadas en el proceso disciplinario no se encuentran viciadas de nulidad, como quiera que se probó que la autoridad demandada (i) no vari ó la conducta reprochada; (ii) efectuó la adecuación típica con la norma pre existente en la que encuadraba el comportamiento del demandante y (iii) cont ó