CE - 110010315000202303079011SENTENCIA20231018171142

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03079-01

Demandante: MARÍA CRISTINA GRANADOS VELÁSQUEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

B

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumpli eron los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional / INMEDIATEZ – No se cumple en este caso, dado que se instauró la acción de tutela más de seis después de la notif icación de la providencia censurada / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada; además, se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 13 de julio de 20231, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que rechazó la acción de tutela por improcedente.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

de Estado, que rechazó la acción de tutela por improcedente.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 9 de junio de la presente anualidad , la señora María Cistina Granados Velásquez presentó acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, con el objeto de que se ampare n sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y acceso a la administración de justicia. Formuló la siguiente pretensión:

De conformidad con los anteriores fundamentos de hecho y de derecho, respetuosamente, Solicito al Señor Juez Constitucional amparar mis invocados, referidos, inicialmente descritos mis Derechos Fundamentales pertinentes, mi derecho al de Acceso a la Justicia, al debido proceso, al mínimo vital y a la salud, entre otros, invocados, y Ordenar a la referida PARTE DEMANDADA

ACCIONADA CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”,

MAGISTRADO PONENTE, DR. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Y A LOS DOS

RESPECTIVOS Y REFERIDOS MAGISTRADOS CONSEJEROS QUE

1 Se advierte que, el 11 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

Demandante: María Cristina Granados Velásquez

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Demandante: María Cristina Granados Velásquez

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CONFORMARON SALA, RESPECTIVA, Reconocer y Ordenar Pagar la Pensión que me corresponde.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, la señora María Cistina Granados Velásquez narró que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra COLPENSIONES para que le fuera reconocida la pensión de vejez bajo el amparo del Decreto 546 de 1971, de la cual conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsec ción D, quien negó las pretensiones en sentencia del 1º de noviembre de 2018.

Contra la decisión interpuso el recurso de apelación, que fue resuelto por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado mediante sentencia del 20 de octubre de 2022, en la que se confirmó la negativa.

La accionante adujo que no comparte los argumentos esgrimidos por la autoridad judicial de segunda instancia, por cuanto, en su sentir, trabajó por más de 20 años al servicio del Estado Colombiano, 10 de ellos en el Ministerio Público, y por ende, tiene derecho a que se le reconozca la pensión con el régimen que reclama.

Recalcó que es una adulta de 68 años, vulnerable, extremadamente necesitada, que no cuenta con recursos para su manutención, se encuentra desprotegida y no tiene posibilidades laborales, por lo que requiere, con apremio, que se resuelva su situación favorablemente.

1.3. Argumentos de la tutela

no cuenta con recursos para su manutención, se encuentra desprotegida y no tiene posibilidades laborales, por lo que requiere, con apremio, que se resuelva su situación favorablemente.

1.3. Argumentos de la tutela

Señaló que la tutela cumple con los requisitos generales para su procedencia contra providencia judicial.

En cuanto al tiempo para presentar la acción de la referencia, explicó que, con anterioridad, interpuso tutela por mora judicial, para obtener pronta resolución de su caso en segunda instancia, en cuyo fallo calendado el 28 de octubre de 2022, dicho de paso, negatorio de las pretensiones, se consignó que , en los meses de octubre y noviembre de 2022, el expediente ordinario se encontraba al despacho del magistrado ponente para proferir la sentencia.

Afirmó que, en los meses siguientes, esto es noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023 consultó la página web de la Rama Judicial, pero no encontró que se hubiera registrado fallo alguno. Sin embargo, con posterioridad y de manera sorpresivaRadicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

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encontró una anotación de sentencia con fecha de 20 de octubre de 20 22, razón por la cual, en la segunda quincena de 2023, vía correo electrónico solicitó que le remitieran el fallo de segunda instancia.

La accionante señaló que la providencia cuestionada incurre en las siguientes causales específicas de procedencia:

la cual, en la segunda quincena de 2023, vía correo electrónico solicitó que le remitieran el fallo de segunda instancia.

La accionante señaló que la providencia cuestionada incurre en las siguientes causales específicas de procedencia:

Defectos fáctico y sustantivo. Porque en su sentir, en el proceso ordinario se probaron todas las condiciones exigidas por el Decreto 546 de 1971 para acceder a la pensión allí regulada , máxime si se tiene en cuenta que acreditó ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 .

Insistió en que , se presenta una vía de hecho, como quiera que la autoridad demandada no reconoce que la accionante acredita más de 20 años de servicio al Estado, 10 de ellos, laborando para el Ministerio Público.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 15 de junio de 2023, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la demanda , dispuso que aquel se notificara a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, quienes conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 25000 23 42 000 2015 05791 0 1, y los requirió para que se pronunciara al respecto . A simismo, vinculó como tercero con interés a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES -, quien fungió como demanda en el referido proceso ordinario , y comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, para que, de acuerdo con la

Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES -, quien fungió como demanda en el referido proceso ordinario , y comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, para que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, notificara del trámite constitucional a todas las personas que intervinieron en el proceso ordinario.

2.2. La apoderada de COLPENSIONES manifestó que la tutela no cumple los requisitos para su procedencia contra una providencia judicial, y por lo tanto, no puede revocarse la sentencia de segunda instancia como lo pretende la actora, máxime si se tiene en cuenta que, en estos casos, priman los principios de cosa juzgada y autonomía judicial.

2.3. El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPseñaló que la tutela es improcedente porque pretende convertir este mecanismo constitucional en tercera instancia, pasando por encima de la autonomía judicial y de la decisión acogida por elRadicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

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juez natural de la causa en primera y segunda instancia. Agregó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, y por ende, solicitó que se le excluya de la litis.

2.4. El apoderado del Fondo Nacional del Ahorro solicitó que se declare improcedente la tutela, toda vez que , no se advierte vulneración de derecho fundamental alguno y

2.4. El apoderado del Fondo Nacional del Ahorro solicitó que se declare improcedente la tutela, toda vez que , no se advierte vulneración de derecho fundamental alguno y además, existen otros mecanismos ordinarios a los que la accionante puede acudir para reclamar el pago de su prestación. Asimis mo, deprecó que se le excluya del extremo pasivo.

2.5. La Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera del P.A.R. CAPRECOM LIQUIDADO, intervino para señalar que no existe nexo de causalidad entre la presunta violación de los derechos fundamentales invocados por la accionante y su accionar o el de la extinta CAPRECOM EICE, por lo que solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.6. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación adujo que no fue parte del proceso ordinario en el que se discutió el derecho pensional de la accionada, y por lo tanto, solicitó ser desvinculada e estas diligencias.

2.7. La Personerí a de Bogotá adujo que no tiene competencia para satisfacer las pretensiones de la accionante. En todo caso, realizó un corto recuento de los servicios que la actora prestó a esa entidad.

2.8. La apoderada de la Agencia Nacional de Tierras solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, en razón a la inexistencia de vulneración de los derechos reclamados y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.9. La apoderada de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP – manifestó que no le constan los hechos de la demanda y que se deben negar las

derechos reclamados y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.9. La apoderada de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP – manifestó que no le constan los hechos de la demanda y que se deben negar las pretensiones, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de la actora. Solicitó que se le desvincule del proceso, porque no tiene legitimación en la causa por pasiva.

2.10. La Dirección Nacional de Inteligencia afirmó que la actora no tuvo vinculación laboral de ningún tipo con esa entidad y que revisados los archivos encontró que tuvo relación con el extinto DAS, sin embargo, aclaró que no es sucesora procesal de esa entidad y por lo tanto, no se le puede endilgar responsabilidad alguna en la violación de los derechos invocados.

2.11. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la AgriculturaRadicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

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(FAO), por medio de la coordinadora del grupo de trabajo de Privilegios e Inmunidades, señaló que cuenta con inmunidad diplomática e informó que la accionada no trabajó para la FAO.

2.12. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, no intervino en esta oportunidad.

3. Fallo impugnado

La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado , en sentencia proferida el 13 de julio de 2023, rechazó la solicitud de amparo por improcedente, habida

3. Fallo impugnado

La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado , en sentencia proferida el 13 de julio de 2023, rechazó la solicitud de amparo por improcedente, habida consideración a que no encontró cumplida la exigencia de la inmediatez.

Argumentó que, pese a lo manifestado por la accionante, quien aseguró que el 19 de enero de 2023 solicitó a la Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación copia auténtica de la sentencia proferida dentro del proceso ordinari o -hoy cuestionada-, lo cierto es que, en el s istema de gestión judicial SAMAI se encuentra que la providencia fue notificada a las partes por correo electrónico el 10 de noviembre de 2023.

Así las cosas, la providencia cuestionada cobró ejecutoria el día 18 de noviembre de 2023, y a partir de ese momento, debe contarse el término de 6 meses para interponer la acción, conforme a la jurisprudencia vigente en la materia, plazo que se extendió hasta el 19 de mayo de 2023, sin que la señora Granados Velásquez interpusiera la tutela.

Ahora bien, examina das las circunstancias particulares, el a quo no encontró justificación para la tardanza en presentar la acción, y tampoco una situación de extrema urgencia que amerite flexibilizar el requisito de inmediatez, más aún, teniendo en cuenta que , una vez verif icado el aplicativo ADRES, evidenció que la demandante está afiliada a la EPS Sanitas S.A.S. en el régimen contributivo desde el 30 de octubre de 2020.

4. Impugnación

La accionante sostuvo que interpuso la tutela dentro del término exigido y cumplió los

demandante está afiliada a la EPS Sanitas S.A.S. en el régimen contributivo desde el 30 de octubre de 2020.

4. Impugnación

La accionante sostuvo que interpuso la tutela dentro del término exigido y cumplió los demás requisitos señalados por la jurisprudencia para la procedencia de la tutela contra providencia judicial.

Señaló que a la sentencia cuestionada le pusieron fecha del 20 de octubre de 2022, cuando lo cierto es que, para los meses de octubre y noviembre de ese año, al procesoRadicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

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estaba al despacho para fallo, y revisada la página web no aparecía registro alguno sobre el particular.

Adujo que el correo que envió a la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación en enero de 2023, solicitando la copia de la providencia, es prueba suficiente para concluir que a esa fecha no conocía la sentencia, ya que sólo le fue notificada en la «segunda quincena de enero de 2023 ».

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo proferido el 13 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante el cual se negó el amparo por improcedente.

confirmar, revocar o modificar el fallo proferido el 13 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante el cual se negó el amparo por improcedente.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento de los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta s exigencias y todos los demás requisitos generales, se analizará si la autoridad judicial accionada incurri ó en los defectos endilgados y, por ende, vulner ó los derechos fundamentales invocados por l a accionante.

2. Análisis de la Sala

De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque no cumple con el requisito de inmediatez , tal y como lo analizó el a quo.

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es la inmediatez con que se interponga la acción de tutela. Con base en este requisito, se debe acreditar que la tutela contra una providencia judicial se interpuso en un plazo razonable.

Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.

Para la Corte Constitucional, esta condición de procedencia de la acción de tutelaRadicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.

Para la Corte Constitucional, esta condición de procedencia de la acción de tutelaRadicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

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contra providencias judiciales es razonable, pues «de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos ».

Además, como lo señaló la misma Cor poración, el requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable »; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos ».

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, seg ún el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente ».

Para esta Subsección2, se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la notificación

de la notificación o ejecutoria de la sentencia, seg ún el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente ».

Para esta Subsección2, se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

De igual forma, esta Sala ha expr esado que, excepcionalmente, procede contabilizar el término de 6 meses desde la ejecutoria de la decisión3 en los casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes, pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y , por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados

2 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo. 3 El artículo 331 del C.P.C. (norma aplicable) establecía: «Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin

3 El artículo 331 del C.P.C. (norma aplicable) establecía: «Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta».Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

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como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante 4.

En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de forma i nmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo represente una seria afectación a la seguridad jurídica 5.

Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó es

una seria afectación a la seguridad jurídica 5.

Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó es «muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la especial situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de acudir al juez 6.

En el caso bajo estudio, se advierte que la providencia contra la cual se dirige la tutela fue proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 20 de octubre de 2022, y se notificó el 10 de noviembre de la misma anualidad 7. Así lo refleja el aplicativo SAMAI y también la página web de la Rama Judicial, que en la consulta del proceso arroja lo siguiente:

4 Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017. 5 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015. 6 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016. 7 Expediente digitalizado consultado en el aplicativo SAMAI.Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

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No es de recibo el argumento esgrimido por la accionante, según el cual revisó la página web en noviembre y diciembre d e 2022, y enero de 2023 , y no aparecía el registro de la sentencia ni de su notificación, toda vez que, como se evidencia en la

página web en noviembre y diciembre d e 2022, y enero de 2023 , y no aparecía el registro de la sentencia ni de su notificación, toda vez que, como se evidencia en la anterior consulta, la «Sentencia» aparece con fecha de actuación del 20 de octubre de 2022 y con fecha de registro el 24 del mismo mes y año; igualmente, el «Envío de notificación», aparece con fecha de actuación y registro el 10 de noviembre de 2022 . En ambos casos, la fecha de registro indica que la actuación fue ingresa da en el sistema en ese día y no otro, puesto que no es una plataforma susceptible de modificación.

Con claridad sobre lo anterior, la Sala estima razonable contar el término de 6 meses a partir del 10 de noviembre de 2022, fecha de notificación de la providencia contra la cual no procedía recurso alguno. En ese sentido, como la solicitud de amparo se radicó el 9 de junio de 2023, esto es, 6 meses y 29 días después de la notificación de la referida providencia, se advierte que fue extemporánea.

Es evidente, entonces, que siendo el registro en la plataforma SAMAI y en la página de consulta de procesos fuente de información fidedigna, la actora tuvo conocimiento de la providencia el 10 de noviembre de 2022 y, por ende, debió instaurar la demanda de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales que ahora invoca como vulnerados, dentro de los seis meses siguientes.

Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, aunque l a señora Granados Velásquez señala insistentemente que tiene 69 años, que se encuentra en total estado de abandono y desprotección, sin ingresos que le aseguren su sustento, lo cierto es

Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, aunque l a señora Granados Velásquez señala insistentemente que tiene 69 años, que se encuentra en total estado de abandono y desprotección, sin ingresos que le aseguren su sustento, lo cierto es que no se encontró acreditado que alguna de esas condiciones haya incidido en la presentación tardía de la solicitud de amparo. Por el contrario, si la situación descrita requería protección urgente, con mayor razón debió acudir prontamente al juez de tutela con ese propósito, y no dejar pasar más de 6 meses para hacerlo. La Sala tampoco advierte que existan otras circunstancias especiales que le hubieran impedido a la señora Granados Velásquez ejercer oportunamente la acción de tutela.

Además, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que, si bien el análisis de la inmediatez debe ha cerse en cada caso concreto ponderando las circunstancias particulares de los sucesos, este requisito debe valorarse de manera rigurosa tratándose de embates contra providencias judiciales, por lo que le corresponde a la parte actora erigir una carga argumentativa superior que justifique la tardanza en el ejercicio del mecanismo constitucional. Esto dijo la Corte en la sentencia SU-037 de 2019:Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

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8.10. En relación con el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte ha señalado que, por un lado, (i) el examen de este requisito

Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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8.10. En relación con el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte ha señalado que, por un lado, (i) el examen de este requisito debe ser más estricto y riguroso, pues con una eventual orden de amparo se estarían comprometiendo el principio de seguridad jurídica, la garantía de la cosa juzgada, así como la presunción de acierto con l a que están revestidas las providencias judiciales ; y por otro lado, (ii) la carga de argumentación en cabeza del demandante para justificar su inactividad aumenta de manera proporcional a la distancia temporal que existe, entre la presentación del amparo y el momento en que se consideró que se vulneró su derecho, ya que “el paso tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de las sentencias” .

Se observa, entonces, que la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la parte accionante se encontrara en una situación especial, máxime si se tiene en cuenta que la accionante señaló ser abogada y , además, la solicitud de amparo no requiere de formalidades para su presentación.

En esas condiciones , como se anticipó, la Sala , al igual que el a quo, considera que la acción de tutela deviene improcedente porque no cumple el requisito de inmediatez.

Sumado a lo anterior, la Sala encuentra que la solicitud de amparo tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional, habida consideración de que carece de la carga argumentativa mínima requerida para cuestionar providencias judiciales a

Sumado a lo anterior, la Sala encuentra que la solicitud de amparo tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional, habida consideración de que carece de la carga argumentativa mínima requerida para cuestionar providencias judiciales a través de la acción de tutela, toda vez que, si bien la parte actora manifestó su desacuerdo con la decisi ón proferida por la autoridad accionada , por considerar que acredita más de 20 años de servicio público, 10 de los cuales fueron en el Ministerio Público, lo cierto es que no se preocupó por explicar con suficiencia las causales específicas de procedibilidad que, según ella, vician la providencia atacada.

Aunque en el escrito se cita como causal específica de procedencia el defecto fáctico, no se encuentra con claridad la expresión de cuáles son los medios de prueba que, en su sentir, no fueron analizados o lo fueron defectuosamente.

Lo mismo ocurre con el defecto sustantivo invocado, toda vez que ni de la solicitud de amparo, ni de la alzada, se establece cuál o cuáles son los preceptos legales que, en su entender, se inaplicaron o interpretaron en forma caprichosa o irracional y menos aún sustenta por qué considera que el operador judicial incurrió en la arbitrariedad alegada.

Al respecto, es pertinente recordar que e l defecto sustantivo se configura cuando el juez en ejercicio de su autonomía e independencia desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores, pero, no cualquier divergencia frente al crit erio interpretativo en una decisión judicial configuraRadicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

Demandante: María Cristina Granados Velásquez

cualquier divergencia frente al crit erio interpretativo en una decisión judicial configuraRadicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01

Demandante: María Cristina Granados Velásquez

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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un defecto sustantivo, sólo aquellas que resultan irrazona