CE - 110010315000202303116011SENTENCIA20231006120655

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03116-01

Demandante: Óscar Andrés Puertas Murillo

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03116-01

Demandante: ÓSCAR ANDRÉS PUERTAS MURILLO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Defecto fáctico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 4 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado , Sección Primera, que resolvió:

«PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de nulidad elevada por LIBERTY SEGUROS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que proceda a notificar

«PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de nulidad elevada por LIBERTY SEGUROS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que proceda a notificar a LIBERTY SEGUROS S.A. al correo electrónico de notificaciones aportado por dicha sociedad.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Óscar Andrés Puertas Murillo, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso . En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

«De conformidad con los hechos narrados, solicito al despacho se ampare el derecho constitucional fundamental al debido proceso vulnerado con la decisión del Consejo de EstadoSala de lo Contencioso Administrativo - Sección TerceraSubsección A, y se disponga en consecuencia dejar sin efectos la sentencia del 17 de febrero de 2023 proferida en el marco de la demanda de acción de reparación directa con radicado 2500023-26-000-2011-00591-01 (53.304); en consecuencia, ordenar para que se profiera una nueva decisión en la que se haga la valoración de las pruebas en su conjunto».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2023-03116-01

Demandante: Óscar Andrés Puertas Murillo

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2023-03116-01

Demandante: Óscar Andrés Puertas Murillo

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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El 30 de abril de 2009, el Óscar Andrés Puertas Murillo conducía en la vía que dirige de Villavicencio a Bogotá y a la altura del kilómetro 46+600 fue sorprendido por un talud que cayó sobre el vehículo en el que se encontraba.

Fue remitido de urgencias a la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza y luego al Hospital “La Samaritana”, y se man tuvo en cuidado médico durante casi dos años. Finalmente, la Junta Regional de Invalidez del Meta dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 82.55 %.

Los señores Óscar Andrés Puertas Murillo, María Oliva Murillo, Anyela Andrea Puertas Murillo y Diana Carolina Herrera Ramírez ejercieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura - Entidad que sucedió procesalmente a la inicialmente demandada Instituto Nacional de Concesiones – INCO y a la Concesionaria Vial de los Andes S.A. – Coviandes S.A., con el fin de que se les declarara patrimonial y solidariamente

Nacional de Concesiones – INCO y a la Concesionaria Vial de los Andes S.A. – Coviandes S.A., con el fin de que se les declarara patrimonial y solidariamente responsables por los daños que sufrió como consecuencia de l deslizamiento de tierra.

Sostuvieron que el lugar del accidente era una zona administrada por Coviandes S.A., por vínculo contractual con la ANI y a cargo del Ministerio de Transporte, que no contaba con señalización sobre caída de material rocoso, ni co n malla protectora que impidiera el deslizamiento de piedras, así como con personal que controlara el tráfico ante posibles deslizamientos . Finalmente, precisaron que , de acuerdo con el concepto técnico de Ingeominas, era un área con falla geológica de alto fraccionamiento y trituramiento de rocas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en Descongestión, en sentencia del 10 de julio de 2014 1, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , decisión que fue complementada en decisión judicial del 30 de septiembre de 2014 2.

Que la ANI y Coviandes S.A. tenían conocimiento de que el lugar del siniestro era geológicamente inestable y que dicha condición empeoró desde el sismo del 24 de

1 “Primero: Declarar la falta de legitimaci ón en la cusa por activad e la señora Diana Carolina Herrera Ram írez.

Segundo: Declarar administrativamente responsable a la Nación – Instituto Nacional de Concesiones – INCO y a la sociedad Concesionaria Vial de los Andes COVIANDES S.A. por las lesiones padecidas por el se ñor Oscar Andrés Puertas Murillo.

Segundo: Declarar administrativamente responsable a la Nación – Instituto Nacional de Concesiones – INCO y a la sociedad Concesionaria Vial de los Andes COVIANDES S.A. por las lesiones padecidas por el se ñor Oscar Andrés Puertas Murillo.

Tercero: Condenar solidariamente a la Naci ón – Instituto Nacional de Concesiones – INCO y a la sociedad Concesionaria Vial de los Andes Coviandes S.A. a pagar a los se ñores Oscar Andrés Puertas Murillo, María Oliva Murillo y Anyela Andrea Puertas Murillo las sumas equivalent es a 100, 80 y 50 salarios m ínimos legales mensuales vigentes, respectivamente, por concepto de perjuicios morales.

Cuarto: Condenar a la Nación – Instituto Nacional de Concesiones – INCO y a la sociedad Concesionaria Vial de los Andes Coviandes S.A. a p agar al se ñor Oscar Andr és Puertas Murillo la suma equivalente a 350 salarios m ínimos legales mensuales vigentes, respectivamente, por concepto de da ño a la salud.

Quinto: Condenar a la Nación – Instituto Nacional de Concesiones – INCO y a la sociedad Concesionaria Vial de los Andes Coviandes S.A. a pagar al se ñor Óscar Andr és Puertas Murillo la suma de $202.575.621.4, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda ”. 2 “Primero: Adicionar el numeral 9 de la parte considerativa de la sentencia del 10 de julio de 2014 proferida por esta

materiales, en la modalidad de lucro cesante.

Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda ”. 2 “Primero: Adicionar el numeral 9 de la parte considerativa de la sentencia del 10 de julio de 2014 proferida por esta Subsección, sob re imputaci ón del da ño, en el sentido de que el da ño antijurídico ocasionado a los demandantes no es imputable al Ministerio de Transporte.

Segundo: Adicionar el numeral 10.3 de la parte considerativa de la sentencia del 10 de julio de 2014, proferida por esta Subsección, referente al daño a la vida de relación, en el sentido de precisar que no hay lugar al reconocimiento de perjuicios por este concepto a favor del se ñor Oscar Andrea (sic) Puertas Murillo.

Tercero: Adicionar un numeral a la parte resolutiva de la sentencia del 10 de julio de 2014, proferida por esta Subsecci ón, así: “Noveno: Ordenar la compañía Liberty Seguros S.A. a reembolsar al Instituto Nacional de Concesiones – INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, el valor de la condena impuesta en la presente sentencia, limitada a la suma de $1.250.000.000,00 y exceptuando los perjuicios morales”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03116-01

Demandante: Óscar Andrés Puertas Murillo

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mayo d e 2008, por lo tanto, estim aron que el deslizamiento era previsible y resistible, que el daño se causó por la inacción de las demandadas por la inejecución de obras de mitigación y por no instalar la señalización pertinente.

Que, si bien la ANI no t enía a cargo la ejecución de obras civiles de carácter vial, sí ostentaba el deber de asegurar los recursos y garantizar su ejecución, conforme con el artículo 3 del Decreto 1800 de 2004, por lo que , la falta de financiación oportuna que imp idió a Coviandes S .A. realizar las obras necesarias, tornaba atribuible el daño.

Que la responsabilidad de C oviandes S.A., se dio por la falta de señalización pertinente, falla que contribuyó a la ocurrencia del daño.

Las entidades condenadas presentaron recurso de apelación contra la decisión de primera instancia. Liberty Seguros S.A., la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y la Concesionaria Vial de los Andes S.A. – Coviandes S.A., básicamente, por considerar que fue indebida la apreciación probatoria en rela ción con los perjuicios acreditados, con las obligaciones o el fundamento legal de cada entidad

– ANI y la Concesionaria Vial de los Andes S.A. – Coviandes S.A., básicamente, por considerar que fue indebida la apreciación probatoria en rela ción con los perjuicios acreditados, con las obligaciones o el fundamento legal de cada entidad con base en el cual resultaron condenadas y, en el caso de la aseguradora, en cuanto a la cobertura de la póliza.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 17 de febrero de 2023, revocó la decisión del tribunal y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por no encontrar prueba que evidenciara que el tramo del accidente requería intervención geotécnica mediante la instalación de mallas de contención, ni siquiera prueba técnica que permitiera preverlo, pues aun cuando el consorcio Coviandes S.A., el INVÍAS y el consorcio EDL Ltda. – CEI S.A. – estos dos últimos no fueron objeto de demandasabían de la inestabilidad de la zona, no sabían y no tenían forma de saberlo, que en el específico punto del siniestro era necesario poner mallas de contención.

Que, por el contrario, de las pruebas que obraron en el proceso, concluyó que el deslizamiento del 30 de abril de 2009 fue un efecto mediato del sismo ocurrido el 28 de mayo de 2008, que, junto con variables propias de la zona, -como la presencia de las altas pendientes, precipitación, intervención de taludes -, lo convirt ió en una circunstancia que incluso con estudios técnicos, como el realizado por el consorcio ELD Ltda. – CEI S.A., no fue posible de prever y tampoco de contrarrestar y resistir,

circunstancia que incluso con estudios técnicos, como el realizado por el consorcio ELD Ltda. – CEI S.A., no fue posible de prever y tampoco de contrarrestar y resistir, pues, la ausencia de conciencia de su inminencia, impedía que surgiera la necesidad de medidas de aseguramiento geotécnicas, como la instalación de mallas de contención a que se refirió la parte demandante.

Precisó que, aunque la falla alegada no consistió solo en la falta de instalación de mallas de contención de material, sino también en la ausencia de señalización de peligro por derrumbes, -lo cual, verificado el contenido del contrato de concesión 444 de 1994, se enmarca en la obligación de operación y mantenimiento de Coviandes S.A. -; también era cierto que la causa extraña era suficiente para enervar este último cargo, porque si no era posible prever la necesidad de adoptar medidas de mitigación de riesgo geológico, tampoco la necesidad de señalización. Agregó que, aun cuando se admitiera lo contrario, no podía olvidarse que la imputación de un daño solo resulta procedente cuando el actuar culposo o defectuoso del demandado es la causa directa, eficiente y determinante del resultado y, en este sentido, si Coviandes S.A.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03116-01

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hubiera cumplido tal obligación de señalización, ese hecho no hubiera impedido que el señor Puertas Murillo hubiera sido víctima de un deslizamiento.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A incurrió en defecto fáctico por desconocer el acervo probatorio y realiz ar una valoración arbitraria, por cuanto, no analiz ó las pruebas testimoniales y documentales recaudadas, a partir de las cuales sí era posible inferir la acreditación de falla del servicio.

Relacionaron las pruebas que, afirma, fueron indebidamente valoradas en relación con: 1). la responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI; 2). la Concesionaria Vial de los Andes S.A. – Coviandes S.A ; 3). lo que denominó, “las incidencias mediatas y convergentes con o tros factores naturales que determinaron el accidente” y, 4). la imprevisibilidad de la señalización. Argumentos que se pasan a resumir en el siguiente orden.

1). La indebida valoración probatoria en relación con el juicio de responsabilidad contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI

Afirmaron que el Consejo de Estado pasó por alto que en el proceso se verific ó el conocimiento que tenía el Instituto Nacional de Concesiones – INCO -entidad que fue sucedida procesalmente por la ANIde la situación presentada con motivo del sismo del

Afirmaron que el Consejo de Estado pasó por alto que en el proceso se verific ó el conocimiento que tenía el Instituto Nacional de Concesiones – INCO -entidad que fue sucedida procesalmente por la ANIde la situación presentada con motivo del sismo del 24 de mayo de 2008, para lo cual, dijeron que se desconoció:

(i) que en el numeral 43 de la providencia cuestionada se indicó del otrosí número 52 del 22 de diciembre de 2008, al contrato de concesión número 444 de 1999, en el que se dej ó constancia de la entrega de COVIANDES a INCO de 12 estudios técnicos con recomendaciones, posibles obras definitivas y de mitigación, elaboradas por sus especialistas, en la que se recomendó diseños y las obras geotécnicas e hidráulicas que debían iniciarse y adelantarse en el menor tiempo posible, en el sector del Km 35 al Km 70, que incl uía, al Km 46+600 sitio del accidente.

(ii) l as declaraciones de los ingenieros Jairo Enrique Charry Gómez, Gerente Técnico y de Operaciones del Concesionario CONVIANDES S .A. y José Enrique Dávila Lozano, Director General del Consorcio EDL -CEI, que fueron “contestes y determinantes” con respecto a los serios problemas en distintas partes de la carretera después del sismo, “en especial, los efectos producidos en la caída de rocas ocurrida el 30 de abril de 2009 en el Km 46+600 ”. Agregó que, el ingeniero José Enrique Dávila Lozano, señaló que después del sismo y dentro de los estudios de la zona prepararon a COVIANDES S.A. un informe de las condiciones en que quedó la vía,

Lozano, señaló que después del sismo y dentro de los estudios de la zona prepararon a COVIANDES S.A. un informe de las condiciones en que quedó la vía, en la que esbozaban soluciones que COVIANDES S.A. planteó a la entidad (INCO) de mitigar ese riesgo y la entidad después del estudio decidió y precisó la necesidad de dichas obras de mitigación eran consecuencia del sismo del 24 de mayo de 2008.

Finalmente, sostuvieron que se debió adelantar el juicio de responsabilidad no solo porque la ANI era conocedor a del estado de la zona después del sismo, por los informes y de las soluciones planteadas por CO VIANDES S.A., sino, por el deber de cumplir con sus obligaciones institucionales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03116-01

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2). La indebida valoración probatoria en relación con la obligación de la Concesionaria Vial de los Andes S.A. – Coviandes S.A.

Sostuvieron que existía obligación de ubicar mallas de contención en el lugar de los hechos, porque se trataba de una obligación contractual. Lo cual lo sustent aron en los siguientes argumentos.

(i) que, a pesar de que en el párrafo 43 de la providencia cuestionada se da cuenta

hechos, porque se trataba de una obligación contractual. Lo cual lo sustent aron en los siguientes argumentos.

(i) que, a pesar de que en el párrafo 43 de la providencia cuestionada se da cuenta del otrosí número 52 del 22 de diciembre de 2008 al contrato de concesión 444 de 1994, en el que INCO pact ó con Coviandes SA la ejecución de obras de estabilización de puntos críticos y derivados del sismo del 24 de mayo de 2008, entre ellos: “a) obras menores de contención y manejo de aguas en los tramos 4 y 5; b) Mallas de protección de taludes entre los K40+700 y K70+700; c) estudios y diseños de 17 sitios inestables, y d) compra de predios” , Coviandes S.A., como administradora del contrato de concesión 444 del 2 de agosto de 1994, estaba obligada a “Ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el interés público, de conformidad con la le y”, en términos del artículo 3 del Decreto 1800 de 2004, lo cual , afirma, implicaba la consecución de los recursos y la ejecución de las obras tendientes a evitar la caída de piedras en el sector aledaño al Km 46+600 de la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, como en efecto lo realiz ó varios años después del hecho que dio lugar al presente proceso. (ii) la obligación de colocar mallas de contención en el k46+600, dijo que, contrario a lo que manifestó el Consejo de Estado, s í existía evidencia de signos de

en efecto lo realiz ó varios años después del hecho que dio lugar al presente proceso. (ii) la obligación de colocar mallas de contención en el k46+600, dijo que, contrario a lo que manifestó el Consejo de Estado, s í existía evidencia de signos de afectación estructural o de peligro en el Km46+600, lo cual sustenta en que, así se aprecia de la declaración del ingeniero Jairo Enrique Charry Gómez, Gerente Técnico y de Operaciones del Concesionario CONVIANDES SA 3, testimonio técnico y creíble, en cuanto, señaló que a partir del sismo del 24 de mayo de 2008 la presencia de serios problemas en especial en el Km 46+600 por caída de piedra. 3). “Las incidencias mediatas y convergentes con otros factores naturales que determinaron el accidente”

Que, c ontrario a la manifestación del Consejo de Estado, s í existe causa determinante del daño: el sismo del 24 de mayo de 2008, sin perjuicio de encontrarse en zona sísmica, comoquiera que antes del sismo no se había observado caída de piedra. Que sí existía conciencia de la inminencia, pues, así se verifica de las pruebas desconocidas, e insistieron en la prueba testimonial obrante al proceso la que, a su juicio, desvirtúa los señalamientos sobre la imprevisibilidad, para lo cual, refirieron nuevamente al testimonio del ingeniero Jairo Enrique Charry Gómez, Gerente Técnico y de Operaciones del Concesionario C oviandes SA.

3 El cual, fue rendido en los siguinetes términos: “PREGUNTADO: Teniendo en cuenta que usted refirió al sismo del 24 de mayo

Gómez, Gerente Técnico y de Operaciones del Concesionario C oviandes SA.

3 El cual, fue rendido en los siguinetes términos: “PREGUNTADO: Teniendo en cuenta que usted refirió al sismo del 24 de mayo de 2008, manifieste al despacho si en el sector Km46+600, antes de la ocurrencia de dicho fenómeno telúrico se habían presentado derrumbes o caída de piedra. CONTESTADO: “Desde que inicié a trabajar en el año 1996, no se habían observado caídas de piedras en ese sector antes del suceso del sismo”. PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho si como ingeniero civil y conocedor de la zona, el sismo del 24 de mayo tuvo efectos posteriores sobre la geolog ía de la zona que fue afectada por dicho fen ómeno. CONTESTÓ: La experiencia nos ha demostrado que efectivamente después del sismo se nos han presentado serios problemas en distintas partes de la carretera en especial en el sector del Km 46+600 por efectos de la caída de piedras por una condición muy particular del sector consistente en alta pendiente en cuya ladera, se encuentran a gran altura de la carreter a existente, a m ás de 300 mts de altura piedras que por su condici ón geológica se degradan por la lluvia, por el v iento, por el sol, una condici ón naturales de las mis mas rocas que hacen que se vayan desprendiendo lentamente y rueden a una velocidad im portante sobre la carretera. Además de las

condiciones anotadas los fen ómenos tel úricos agravan a ún m ás la situaci ón por cuanto la tierra se mueve y acelera dichas separaciones, anoto que estas condiciones especiales de roca que se degradan se encuen tran en predios ajenos al corredor de la vía y a una distancia como lo mencionaba de más de 300 mts”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03116-01

Demandante: Óscar Andrés Puertas Murillo

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Agregaron q ue el Ingeniero José Enrique Dávila Lozano, Director General del Consorcio EDLCEI, en su testimonio afirmó: “teniendo en cuenta el gran impacto causado en la zona o del sismo ocurrido el 24 de mayo de 2008, así como las condiciones geológicas del espacio por donde circula la carretera al llano es posible manifestar que uno de los efectos producidos es la caída de rocas que el 30 de abril de 2009 ocurrió en el K46+600”.

4). La imprevisibilidad de la señalización

Al respecto, manifest aron que se pasó por alto que, de conformidad con el parágrafo sexto de la cláusula tercera del Acta de Acuerdo 49 del 30 de diciembre de 2005, CONVIANDES S.A. asumió la obligación de realizar la señalización de las

parágrafo sexto de la cláusula tercera del Acta de Acuerdo 49 del 30 de diciembre de 2005, CONVIANDES S.A. asumió la obligación de realizar la señalización de las obras de alistamiento del tramo 5 de la vía, en el cual se encuentra ubicado el sector del Km46+600, conforme con el acápite “Diseño de Señales Preventivas, Señal 42. Zona de Derrumbe del Manual de Señalización Vial, adoptado mediante la Resolución 1050 de 2004 del Ministerio de Transporte”.

Que, igualmente, se pasó por alto tener en cuenta que, si de conformidad con el otrosí número 52 de l 22 de diciembre de 2008 , Coviandes S.A. adquirió la obligación de ejecutar las obras de estabilización de puntos críticos derivados del sismo, en el sentido de colocar mallas de protección de taludes entre los K40+700 y K70+700, que incluye el k46+600 , era necesario concluir que sí se requería la instalación, con mayor razón, la señalización preventiva de conformidad con lo dispuesto Manual de Señalización Vial, adoptado mediante la Resolución 1050 de 2004 del Ministerio de Transporte.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Primera, en auto del 15 de junio de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado , vincular las señoras María Oliva Murillo, Anyela Andrea Puertas Murillo, Diana Carolina Herrera Ramírez, a la Nación – Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, a la

Subsección A del Consejo de Estado , vincular las señoras María Oliva Murillo, Anyela Andrea Puertas Murillo, Diana Carolina Herrera Ramírez, a la Nación – Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, a la Concesionaria Vial de los Andes Coviandes S.A., a la aseguradora Liberty Seguros S.A., y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en calidad de terceros con interés legítimo.

5. Oposición

La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado afirmó que la demanda de tutela no tiene vocación de prosperidad, porque el fallo atacado se fundó en la valoración de las pruebas legalmente allegadas al proceso y en el estricto apego a las garantías sustanciales y procesales que informan el debido proceso, cuyos argumentos quedaron consignados en la parte motiva, de ahí que, contrario a lo aseverado el actor, ningún derecho fundamental resultó vulnerado en este caso. Igualmente, sostuvo que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, comoquiera que su objetivo es utilizar la acción de tutela para abrir paso a un nuevo análisis probatorio y que se vuelva a definir aquello que ya resolvió el juez natural de la causa, pese a que la decisión se fundó en un detenido análisis probatorio efectuado bajo los estándares de la sana crítica judicial.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03116-01

Demandante: Óscar Andrés Puertas Murillo

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Demandante: Óscar Andrés Puertas Murillo

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Solicitó declarar improcedente el amparo solicitado.

6. Intervención de los terceros con interés

La aseguradora Liberty Seguros S.A. allegó intervención a la presente acción de tutela en la que solicitó la nulidad por indebida notificación, porque el correo de notificaciones judiciales es co-notificacionesjudiciales@libertycolombia.com, tal y como lo acredita el certificado y existencia y representación legal, sin embargo, adujo que, la notificación no se logró pues la información fue remitida a un correo electrónico diferente al correo de notificación judicial, esto es, notificacionesjudiciales@libertyseguros.co . Sostuvo que no se ha efectuado la notificación en debida forma, porque no se remitió el auto admisorio de la demanda, la demanda y sus anexos a la dirección electrónica de notificaciones judiciales, circunstancia que , aduce, viola l os derechos al debido proceso, defensa y contradicción, porque no puede ejercer la defensa técnica.

En relación con los hechos que fundamentan la solicitud de amparo, afirmó que debe estarse a aquellos plenamente acreditados en el curso del proceso y no a los enunciados por el apoderado del extremo actor, porque estos últimos carecen de

En relación con los hechos que fundamentan la solicitud de amparo, afirmó que debe estarse a aquellos plenamente acreditados en el curso del proceso y no a los enunciados por el apoderado del extremo actor, porque estos últimos carecen de objetividad y, por el co ntrario, incurren en sesgos subjetivos y convenientes en la lectura de los mismos, en el mismo sentido, en relación con las pretensiones, señaló que se atiene a lo que conste en los documentos que obran en las actuaciones, al igual que al audio de las audi encias surtidas en el desarrollo del proceso.

Precisó que no es cierto que la sentencia del Consejo de Estado haya desconocido el acervo probatorio y realizado una valoración arbitraria, porque la Corporación realizó la adecuada e integral valoración del material probatorio obrante en el proceso, sin incurrir en algún yerro en su análisis, como tampoco es cierto que haya desconocido las pruebas allegadas al proceso en relación con el sismo del 24 de mayo de 2008 y las pruebas en relación con este.

Insistió en que, de los medios de prueba allegados, en ningún caso podía seguirse la existencia de responsabilidad ni por parte de la ANI, ni por parte de Coviandes; pues, aunque el demandante puso de presente circunstancias ampliamente conocidas y reconocid as por el Consejo de Estado, ellas no desvirtuaron que el hecho haya sido imprevisible e irresistible para ellas . Dijo que, como bien lo afirmó la Corporación, ninguna de las pruebas obrantes en el expediente permitía saber que hubiese una específica necesidad de intervención del punto del accidente.

Explicó que el Consejo de Estado s í realizó la valoración del medio de prueba

la Corporación, ninguna de las pruebas obrantes en el expediente permitía saber que hubiese una específica necesidad de intervención del punto del accidente.

Ex