CE - 110010315000202303121011SENTENCIA20231027151237

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03121-01

Demandante: María Patricia Tobón Yagarí

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03121-01

Demandante: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y JUZGADO

TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

MEDELLÍN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción de multa por desacato ante el in cumplimiento de un fallo de tutela . Defectos por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución. Requisito objetivo de la inmediatez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la accionante, quien actúa en nombre propio , contra la sentencia de 27 de julio de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el

presentada por la accionante, quien actúa en nombre propio , contra la sentencia de 27 de julio de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

1.1. De las actuaciones adelantadas en la acción de tutela

Relató que la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno presentó acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparaci ón Integral a las Víctimas (en adelante U ARIV), con el fin de que se amparara n los derechos fundamentales a la igualdad, vida digna, debido proceso, petición y reparación integral, presuntamente vulnerados por la falta de l pago de la indemnización administrativa por el hecho v ictimizante de desplazamiento forzado, la cual fue reconocida mediante Resolución No. 04102019-454404 de 13 de marzo de 2020.

Afirmó que una vez fue notificado el auto admisorio y dentro del término, la UARIV allegó informe en el que se relató que, si bien a la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno se le reconoció una indemnización, esta no se pudo priorizar para realizar el pago en el año 2021, toda vez que no cumplió con el puntaje mínimo requerido.

Sostuvo que el Juzgado Treinta y T res Administrativo del Circuito de Medellín en sentencia de 23 de agosto de 2022, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que la ent idad accionada resolvió sobre la procedencia de la indemnización, notificó en debida forma la decisión y resolvió

sentencia de 23 de agosto de 2022, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que la ent idad accionada resolvió sobre la procedencia de la indemnización, notificó en debida forma la decisión y resolvió los recursos.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03121-01

Demandante: María Patricia Tobón Yagarí

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2 Por último, i ndicó que la señora Gutiérrez Moreno impugnó la anterior decisión y el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 16 de septiembre de 2022, la revocó y ordenó “a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, sumin istre la respuesta de fondo a la solicitud de la BLANCA NUBIA GUTIERREZ MORENO, indicando la fecha probable en la cual tendrá acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa de la cual es beneficiaria (…)”.

1.2. Del trámite del cumplimiento y el incidente de desacato

La accionante señaló que el 20 de septiembre de 2022 radicó escrito con el fin de informar sobre el cumplimiento de la orden de tutela, para lo cual manifestó que el 19 de septiembre de 2022 la entidad informó “que debido a que se ejecutó el Método Técnico de Priorización el 31 de julio de 2022, la Unidad para las Víctimas

19 de septiembre de 2022 la entidad informó “que debido a que se ejecutó el Método Técnico de Priorización el 31 de julio de 2022, la Unidad para las Víctimas se encontraba consolidando los puntajes obtenidos de la aplicación del método, con la finalidad de poder informarle a las víctimas cual había sido el resultado obtenido y si serían o no indemnizadas en la vigencia fiscal del año 2022”.

Además, que para la UARIV se configura ba una imposibilidad de definir fecha dentro de un plazo razonable, para que se realice el pago de la indemnización administrativa por cuanto la entidad debe ceñirse a su procedimiento legal como lo dispone la Resolución N o. 1049 de 2 019, a lo que agregó que como la accionante no se encuentra con criterio de priorización acreditado de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 01049 de 15 de marzo de 2019 y artículo 1 de la Resolución No. 582 de 2021.

Resaltó que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín en proveído de 10 de octubre de 2022, dio apertura al incidente de desacato y otorgó a la U ARIV un término de tres días para que se pronunciara y allegara las pruebas necesarias relacionadas con el cumplimiento de la orden de tutela.

Afirmó que el referido despacho judicial en auto de 26 de octubre de 2022, sancionó con multa de un salario mínimo legal mensual vigente a la señora María Patricia Tobón Yagarí , en calidad de representante legal de la U ARIV, al considerar que no ha dado cumplimiento al fallo de tutela.

sancionó con multa de un salario mínimo legal mensual vigente a la señora María Patricia Tobón Yagarí , en calidad de representante legal de la U ARIV, al considerar que no ha dado cumplimiento al fallo de tutela.

Sostuvo que en el curso del grado jurisdiccional de consulta, la U ARIV allegó informe en el que reiteró que el “acto administrativo de reconocimiento Resolución No. 04102019 -4544004 del 13 de marzo de 2020 y el resultado del método técnico de priorización, se concluyó que para BLANCA NUBIA GUTIÉRREZ MORENO no era proceden te materializar la entrega de la indemnización, en la respectiva vigencia fiscal del año 2022”.

Mencionó que el Tribunal Administrativo de Antioquia en proveído de 31 de octubre de 2022, confirmó la sanción impuesta por desacato a la accionante , toda vez que la entidad no ha manifestado la fecha concreta o plazo definido para efectuar el pago de la indemnización.

Relató que solicitó la inaplicación de la sanción por la imposibilidad material para el cumplimiento del fallo de tutela, sin embargo, el Juzga do Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín en auto de “30 de noviembre de 2022 ”1, la negó.

Finalmente, manifestó que reiteró la solicitud de inaplicación de la sanción bajo los mismos argumentos, la cual fue resuelta por el mismo despacho judicial en proveído de 5 de marzo de 2023, en el sentido de negarla nuevamente.

1 En SAMAI aparece que el auto corresponde al 5 de diciembre de 2022, notificado el mismo día.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03121-01

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2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y al patrimonio, supuestamente vulnerados con l os autos de 31 y 26 de octubre de 2022, en su ord en, proferidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín, mediante los cuales se le impuso sanción de multa de un salario mínimo mensual vigente por el incumplimiento a un fallo de tutela.

Se refirió a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, específicamente respecto a la inmediatez resaltó que “ cumple el requisito de la inmediatez, puesto que la providencia que negó la sol icitud de inaplicación de la sanción a la suscrita, data del 05 de mayo de 2023”.

Mencionó que “están agotados todos los mecanismos judiciales a mi alcance, en tanto he solicitado e l levantamiento de la sanción, no existiendo un recurso adicional que pue da interponer ante un superior jerárquico, toda vez que la sanción ya fue confirmada en sede de consulta. Por su parte, la sentencia SU034

tanto he solicitado e l levantamiento de la sanción, no existiendo un recurso adicional que pue da interponer ante un superior jerárquico, toda vez que la sanción ya fue confirmada en sede de consulta. Por su parte, la sentencia SU034 de 2018 de la Corte Constitucional, establece la procedencia de la acción de tutela contra las providencias en el proceso de incidente de desacato”.

Relató que la U ARIV otorgó respuesta de fondo a la solicitud de la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno, pues se le reconoció a su favor una medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamie nto forzado, sin embargo, para las vigencias 2021 y 2022 se aplicó el método técnico de priorización con el propósito de determinar de manera proporcional los recursos presupuestales asignados a la entidad y el orden de entrega de la indemnización, pero no resultó procedente priorizar su entrega , pues “para el año 2021 el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización administrativa era de 48.8001 y el puntaje obtenido por BL ANCA NUBIA GUTIÉRREZ MORENO fue de 22.4816 y finalmente para el año 2022 y el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización fue de 46.6053 y el puntaje obtenido por BLANCA NUBIA GUTIÉRREZ MORENO fue de 20.70489”.

Señaló que en cumplimiento de la orden séptima del Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, se establ eció un procedimiento que deben agotar las personas víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización administrativa y, a su vez, se dispuso unas rutas de ingreso al procedimiento, una prioritaria (las

Constitucional, se establ eció un procedimiento que deben agotar las personas víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización administrativa y, a su vez, se dispuso unas rutas de ingreso al procedimiento, una prioritaria (las que acreditan situaciones extremas), y otra general, lo que no puede omitirse, toda vez que buscan la garantía y protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral de las víctimas del conflicto.

Resaltó que “la orden de tutela lleva consigo el desconocimiento de la regla general de priorización para el acceso de la indemnización administrativa por efecto del conflicto armado y en esa medida induce al servidor público a u na encrucijada; a cumplir la orden de tutela saltando los turnos establec idos con los criterios objetivos señalados, desconociendo los derechos de otros con igual o mayor prioridad; y de contera el reglamento a cuyo cumplimiento se halla obligado”.

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial establecido en la sentencia SU-034 de 2018 2 de la Corte Constitucional, que señala expresamente

2 M.P.: Alberto Rojas Ríos.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03121-01

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4 las reglas para que los jueces de tute la de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en especial lo que se relaciona con el pago de la

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4 las reglas para que los jueces de tute la de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en especial lo que se relaciona con el pago de la indemnización administrativa.

Sostuvo que en el presente asunto se configuró el defecto fáctico, toda vez que las autoridades judiciales accionadas no valoraron los escritos de la U ARIV como la resolución que le reconoció la indemnización a la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno. Adicionalmente, manifestó que “valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, sin razón valedera da por no probado el hecho del incumplimiento de la sentencia, sin tener en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas oportunidades en relación al debido proceso administrativo gestado en la Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del con flicto armado dentro de un marco de igualdad entre las demás víctimas”.

Indicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente judicial , en razón a que se desconocieron la sentencia T -025 de 20043 y el Auto 206 de 20174 de la Corte Constitucional.

Aseveró que en las providencias objetadas se configuró la violación directa de la Constitución, toda vez que se afectaron los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, así como los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe, por desconocer el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional y el procedimiento de reconocimiento de la indemnización administrativa previsto en la Resolución No. 1049 de 2019.

legítima y buena fe, por desconocer el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional y el procedimiento de reconocimiento de la indemnización administrativa previsto en la Resolución No. 1049 de 2019.

Mencionó que existe imposibilidad material para el cumplimiento del fallo, toda vez que el método técnico de priorización es la herramienta que determina el orden de pago de las personas que no se enmarcan en las situaciones del artículo 4 de la Resolución No. 1049 de 2019, pero que según la evaluación de otros factores si es necesario apremiar el pago de la indemnización administrativa , e s decir, la UARIV depende de un presupuesto anual que se distribuye en las personas que sean priorizadas por el artículo 4 de l mencionado acto administrativo y las que salgan favorables luego d e la aplicación de dicho método. P or consiguiente, no hay manera de saber la cantidad de víctimas que serán priorizadas para pago, por ende, no se puede asignar una fecha de pago cuando no es seguro si financieramente la entidad pueda asumir dicho pago.

Adujo que no se evidencia una adecuada valoración respecto a la responsabilidad subjetiva en la providencia sancionatoria, toda vez que no acentúan todas las actuaciones positivas que se han desarrollado para dar cumplimi ento, en la medida de lo posible, y bajo el marco legal.

Resaltó que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fallo de tutela de 9 de febrero de 2022 5 y de 15 de diciembre de 2022 6, advirtió que las autoridades judiciales accionadas de sconocieron el precedente judicial contenido en la SU -034 de 2018, en la que se indicó que “la orden constitucional imponía

autoridades judiciales accionadas de sconocieron el precedente judicial contenido en la SU -034 de 2018, en la que se indicó que “la orden constitucional imponía asignar el turno correspondiente para el desembolso de la indemnización reconocida, pero tampoco puede perderse de vista que la enti dad destacó en el trámite incidental la imposibilidad del servidor público convocado de modificar la evaluación técnica de priorización realizada en 2021 y que esta debía renovarse anualmente, como lo dispone el artículo 17 de la Resolución 1049 de 2019, l a cual, una vez efectuada, según lo allegado con la solicitud de inaplicación de la

3 M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 4 M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. 5 Radicado No.: 11001-02-03-000-2022-00256-00, M.P.: Octavio Augusto Tejeiro Duque. 6 Radicado No. 11001-03-03-000-2022-04143-00, M.P. Francisco Ternera Barrios.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03121-01

Demandante: María Patricia Tobón Yagarí

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5 sanción del 26 de septiembre de 2022, arrojó un valor de 20.224 y el puntaje mínimo para acceder a la medida indemnizatoria fue de 46.6053, resultado que se comunicó a la tutelante en la misma fecha; de manera que, ante esas alegaciones, correspondía al Tribunal analizar si estaba acreditada la responsabilidad subjetiva

mínimo para acceder a la medida indemnizatoria fue de 46.6053, resultado que se comunicó a la tutelante en la misma fecha; de manera que, ante esas alegaciones, correspondía al Tribunal analizar si estaba acreditada la responsabilidad subjetiva del actor, sumado a que la situación de la tutelante inicial, aplicado el procedimiento respectivo, se ha mantenido, según la última evaluación realizada, razones por las cuales se justifica la intervención en sede constitucional, tal y como lo considerado la Sala en los asuntos similares traídos a colación”.

Agregó que e l fallo de tutela de 11 de noviembre d e 20217, la Sala de Casación Penal d e la Corte Suprema de Justicia hizo un análisis del estudi o de la responsabilidad subjetiva en la acción de tutela que origino la sanción respectiva.

Afirmó que en sentencia de tutela de 20 de mayo de 2022 8, la Sección Tercera, Subsección “A” el Consejo de Estado indicó que “al imponer sanciones en desarrollo del trámite del incidente de desacato el juez constitucional debe valorar la responsabilidad subjetiva de la parte obligada a acatar la orden, pues en la providencia acusada no hizo ningún tipo de pronunciamiento al respecto”.

Mencionó que en fallo de tutela de 11 de febrero de 2021 9, la Sección Primera del Consejo de Estado también se refirió al análisis frente a la responsabilidad subjetiva de los funcionarios lla mados a cumplir la orden judicial , lo cual se debe verificar por parte del juez del incidente de desacato para determinar el cumplimiento.

Para terminar, expresó que “el JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO

verificar por parte del juez del incidente de desacato para determinar el cumplimiento.

Para terminar, expresó que “el JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y el TRIBU NAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, vul neraron mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, pues a pesar de que la Unidad para las Víctimas ha presentado reiterados informes sobre el cumplimiento del f allo de tutela, no ha sido posible obtener el levantamiento de las sanciones”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, inaplicar las sanciones impuestas a la suscrita, a través del auto fechado el 26 de octubre de 2022 proferido por el JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, confirmado en autos de fecha 31 de octubre de 2022 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, consistentes en multa de uno (1) y S.M.M.L.V., contra la suscrita.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE

ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, ANALICE / ESTUDIE la declaratoria de cumplimiento de la providencia de segunda inst ancia del 16 de septiembre de 2022, dentro del radicado 05001333303320220039800, en cumplimiento de la Sentencia SU - 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución No. 0410201 9-454404 del 13 de marzo de 2020, qu e reconoció el derecho a la entrega de la indemnización a la señora BLANCA NUBIA GUTIERREZ MORENO y dispuso la aplicación del método técnico de priorización al particular con sus respectivos resultados, teniendo como último el referente a la vigencia del año 2022.

7 Radicado No.: 11001-02-04-000-2021-02222-00, M.P.: Diego Eugenio Corredor Beltrán. 8 Radicado No.: 11001-03-15-000-2022-02006-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. 9 Radicado No. 11001-03-15-000-2020-04776-00, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03121-01

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CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias y de arresto, que las mis mas se han levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato ”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 21 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el vínculo para ingresar al expediente digital No. 05001-33-33033-2022-00398-01, correspondiente a la acción de tutela que presentó la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno contra la UARIV.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la s autoridades

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la s autoridades judiciales accionadas, así como al señor Harlis Stiven y la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

En escrito de 21 de junio de 2023, la presidente encargada de la autoridad judicial accionada solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, en razón a que la intervención del juez de tutela se justifica solo en los casos en que se evidencia una argumentación incorrecta, lo que no ocurrió en el presente asunto.

Afirmó que una providencia proferida por cualquier juez, en la que se ordene a otra autoridad judicial complementar, explicar o aclarar los fundamentos de hecho o de derecho que lo llevaron a tomar una u otra decisión, está aceptando, si bien no la existencia de una “vía de hecho”, sí ciertas imprecisiones en la misma.

Por último, manifestó que no es necesario efectuar alguna consideración adicional en relación con la providencia proferida el 31 de octubre de 2022 a la que se refiere la accionante, la cual se encuentra suficientemente argumentada a partir de un análisis legal, probatorio y jurisprudencial del caso sometido a consideración en grado jurisdiccional de consulta.

6.2. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín y los señores Harlis Stiven y Blanca Nubia Gutiérrez Moreno, guardaron silencio aun cuando se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

señores Harlis Stiven y Blanca Nubia Gutiérrez Moreno, guardaron silencio aun cuando se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia de 27 de julio de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela p or no cumplir con el requisito de la inmediatez.

Indicó que la actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y al patrimonio, pues a su juicio ,Radicado: 11001-03-15-000-2023-03121-01

Demandante: María Patricia Tobón Yagarí

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7 fueron vulnerados con ocasión de los au tos proferidos el i) 26 de octubre de 2022 por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín y ii) 31 de octubre del mismo año por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Sostuvo que el último proveído objet ado fue proferido el 31 de octubre de 2022, notificado por estado de 1 de noviembre de la misma anualidad, por lo que cobró ejecutoria el 4 del mismo mes y año, al tenor del artículo 302 del Código General del Proceso, mientras que la actora presentó la solicitud de tutela el 13 de junio de 2023, es decir, transcurridos más de siete meses.

Finalmente, manifestó que, si bien el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del

del Proceso, mientras que la actora presentó la solicitud de tutela el 13 de junio de 2023, es decir, transcurridos más de siete meses.

Finalmente, manifestó que, si bien el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín negó las solicitudes de revocatoria de la sanción por desacato, por medio de los autos proferid os el 30 de noviembre de 2022 y 5 de mayo de 2023, lo cierto es que la actora no le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a tales proveídos, sino a aquellos mediante los cuales se le impuso la multa y se confirmó tal decisión.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicit ó que se revoque, al considerar que se cumple el requisito de la inmediatez.

Afirmó que la Sec ción Cuarta del Consejo de Estado en decisión de tutela de 27 de enero de 2021 10 proferido dentro del radicado No. 25000 -23-15-000-202100007-01, consideró que la inmediatez se debía contar desde la última providencia que negó la solicitud de inaplicación.

Agregó que la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, estableció que “el presupuesto de inmediatez no debe valorarse en abstracto sino según las particularidades de cada caso, con el fin de identificar que el reclamo constitucional haya sido interpuesto dentro de un tiempo razonable desde la ocurrencia del hecho vulnerador, puesto que, si bien en este ámbito no existe un

particularidades de cada caso, con el fin de identificar que el reclamo constitucional haya sido interpuesto dentro de un tiempo razonable desde la ocurrencia del hecho vulnerador, puesto que, si bien en este ámbito no existe un término de caducidad, la urgencia de la protección es uno de los rasgos distintivos de la acción de tutela”.

Sostuvo que la sentencia impugnada des conoce que hay un evento que vulnera sus derechos fundamentales de manera sucesiva, pues la negativa de la autoridad judicial accionada de inaplicar la sanción ha conllevado que se siga adelantando un proceso de cobro persuasivo en su contra, lo que afecta su patrimonio y su buen nombre.

Resaltó que la última actuación realizada por la autoridad judicial accionada fue la de 5 de mayo de 2023, lo que evidencia que la solicitud de amparo se radicó en término.

Finalmente, manifestó qu e “ se debe considerar qu e lo s demás requisitos generales para la procedibilidad de la tutela están satisfechos, pues i) se recurrió a otros mecanismos de defensa antes de presentar la tutela, tal como diversos memoriales en los que se le solicitó al Juzgad o accionado levantar la sanción y se está controvirtiendo la última providencia que cobró firmeza en el curso del desacato y ii) se expusieron los hechos por los que se considera que la autoridad judicial erró, se indicaron las razones por las que presunta mente se incurrió en los vicios planteados. Así las cosas, al encontrar satisfechos los requisitos generales

10 C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Arguello.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03121-01

vicios planteados. Así las cosas, al encontrar satisfechos los requisitos generales

10 C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Arguello.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03121-01

Demandante: María Patricia Tobón Yagarí

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8 de procedibilidad de la acción, la Sala deberá estudiar si las autoridades judiciales incurrieron en el desconocimiento del precedente judicial señalado”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para deci dir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 27 de julio de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la inmediatez , y de superarse los restantes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y al patrimonio , al supuestamente incurrir en

el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y al patrimonio , al supuestamente incurrir en defecto por desconocimiento del precedente judicial , por no aplicar la sentencia SU -034 de 2018 de la Corte Constitucional relacionada con el presupuesto de la inmediatez.

3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la misma naturaleza

La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fal