CE - 110010315000202303138011SENTENCIA20231017124845

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01

Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03138-01

Demandantes: JULIO MARTÍN GÓMEZ ELORZA, MAVILIAN ELENA MARÍN

RESTREPO, LUISA FERNANDA CÓRDOBA MARÍN, QUIEN

ACTÚA EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE

ISABELA GIRALDO CÓRDOBA, CARMEN EMILIA ELORZA

TABORDA, JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ VILLEGAS, MARTÍN

ARNULFO GÓMEZ ELORZA Y ROSALBA GÓMEZ ELORZA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por d año antijurídico causado por mina antipersona l.

Defectos fáctico, sustant ivo, violació n directa de la Constituc ión y desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Defectos fáctico, sustant ivo, violació n directa de la Constituc ión y desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por los accionantes , quien es actúan por conducto de apoderado judicial, contra la sentencia de 13 de julio de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela respecto del cargo por defecto fáctico y NEGAR el amparo solicitado de los demás cargos.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el caso que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes relataron que el 10 de abril de 2014 , el señor Julio Martín Gómez Elorza realizaba labores agrícolas en la vereda Santa Inés del municipio de Anorí , Antioquia, cuando accidentalmente hizo contacto con una mina antipersonal que le produjo amputación de uno de sus miembros inferiores y múltiples problemas d e salud, tanto físico s como emocionales, todo lo cual le generó una pérdida de capacidad laboral del 55.72 %.

produjo amputación de uno de sus miembros inferiores y múltiples problemas d e salud, tanto físico s como emocionales, todo lo cual le generó una pérdida de capacidad laboral del 55.72 %.

Afirmaron que e l señor Julio Martín Gómez Elorza pudo s alvar su vida debido a que los hechos ocurrieron muy cerca de una base del Ejército Nacion al, a la cualRadicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01

Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

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2 fue tra sladado por habitantes del sector y allí el personal militar le brindó los primeros auxilios y luego fue e nviado por vía aérea al Hospital General de Medellín.

Sostuvieron que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda c ontra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara admini strativa y patrimonialmente responsable al Estado por el daño a ntijuridico ocasionado al señor Gómez Elorza, en razón a que la min a se ubicaba en una z ona próxima a la base del Ejército Nacional sin señalización por parte de la autoridad.

Indicaron que e l Juzgado Treinta y Cuarto Administrativo del Circuito de Medel lín en fallo de 15 de septiembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró administrativa y patrimonial mente responsable a la demandada por el daño sufrido por el demandante.

en fallo de 15 de septiembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró administrativa y patrimonial mente responsable a la demandada por el daño sufrido por el demandante.

Finalmente, manifestaron que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisi ón, el cual fue desatado p or el Tribunal Admini strativo de Antioquia en sentencia de 12 de abril de 2023, en el senti do de revocar el fallo favorable y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, “bajo el argumento de que el accidente con mina antipersonal (MAP) que sufrió e l señor JULIO MARTÍN GÓMEZ ELORZA no ocurrió e n proximidad evidente con u n órgano representativo del Estado”.

2. Fundamentos de la acción

Los demandantes presentaron acción de tutela con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación in tegral, al debido proceso, de acceso a la administra ción de justicia y a la tutela judicial efe ctiva, supuestamente vulnerado s por el Tribunal Administrativo de Antioquia con l a sentencia de 12 de abril de 2023, proferida en el marco del medio de control d e reparación directa con radicado No. 52001-23-33-000-2014-00412-01.

En pri mer lugar , se ref irieron a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela , respecto de los cuales precisaron que se cumple con la relevancia co nstitucional, “por cu anto se alega la vulneraci ón de los derechos constitucionales fundamentes de IGUALDAD , REPARACIÓN INTEGRAL, DEBIDO

acción de tutela , respecto de los cuales precisaron que se cumple con la relevancia co nstitucional, “por cu anto se alega la vulneraci ón de los derechos constitucionales fundamentes de IGUALDAD , REPARACIÓN INTEGRAL, DEBIDO

PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y TUTELA

JURISDICCIONAL EFECTIVA”.

Luego afirmaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, “al no haber valorado de forma completa los medios de prueba obrantes en el expediente y haber incurrido en valoración i ncorrecta de aquellos que sí fueron apreciados ”. Agregó que el argume nto central de la prov idencia objetada para concluir que no había lugar a condenar al Estado por el acci dente con mina antipersonal, consistió en que “el hecho no ocurrió en proximidad evidente con algún órgano representativo del Estado”.

Mencionaron que no se tuvo en cuenta la prueba documental visible en el folio 190 del expediente físico, expedida por el teniente coronel Will inton Benítez Sánchez, comandante del Batallón de Desminado No. 60 “CR. Gabino Gutiérrez”, de la que, afirma, “se deriva que esta entidad sí hace presencia en todo el municipio de Anorí bajo la forma de un grupo antiexplo sivos que se dedica a la desactivación de minas antipersonales (MAP), las cuales, de conformidad con las reglas de la experiencia, son plantadas en zonas rurales, tal como la zona donde o currió el accidente de l señor Julio Martín Gómez Elorza”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01

Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

Martín Gómez Elorza”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01

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3 Indicaron que tampoco se tuvo en cuenta el documento oficial visible en el folio 193 del expediente, proveniente de la Dirección de para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, en el cual c onsta el reporte de la s acciones desplegadas por el Estado colombiano en cuanto al municipio de Anorí, d el que se puede colegir que “el Ejército Nacional hace presencia constan te en el municipio de Anorí y en concreto en la vereda Santa Inés, hasta tal punto que se tiene plenamente establecido por parte del Estado que dicha zona h a sido afectada históricamente por mi nas antipersonales (MAP)”.

Aseveraron que se desconoció la respuesta dispensada por la Gobernación de Antioquia (v isible en el folio 252 del e xpediente), en la que se certifican las estadísticas sobre presencia de minas antipersonales en el municipio de Anor í, prueba que, a su j uicio, “confirma la pro ximidad evidente con lo s órganos representativos del Estado que el Tribunal echó de menos en su sentencia de segunda instancia, y de haberla apreciado su conclusión sobre el caso hubiera sido diferente, pues reluce a simple vista que los objetivos naturales de las minas antipersonales son los miembros del Ejército Nacional”.

Por último , expresaron q ue la autoridad judicial accionada valoró parcialmente y

reluce a simple vista que los objetivos naturales de las minas antipersonales son los miembros del Ejército Nacional”.

Por último , expresaron q ue la autoridad judicial accionada valoró parcialmente y de manera inco rrecta la respuesta al exhorto suscrita por el mayor Jarol Rolando Espitia Buitrago, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería No. 42 “Batalla de Bombon á”, en la cual se certifica la “proximidad evidente ” de los órganos representativos del Estado en el lugar y ii) las declaraciones rendidas por el señor Julio Martín Gómez Elorza “que están anexas al dictamen psicológico que se le realizó para el proceso, pues cuando el pa ciente dijo que el día de los hechos las personas que lo auxiliaron se demoraron aproximadamente hora y media para llegar a la base militar, contrario a ser una señal de leja nía con dicha infraestructura, es una prueba de la proximidad evidente con el órga no repr esentativo del Estado (Ejé rcito Nacional) . Agregó que “si en tan poco tiempo se pudieron hacer todas las acciones pertinentes para atender al se ñor Julio Martín Góm ez Elo rza fue pre cisamente porque el l ugar de los hechos estaba sumamente cercano a l a base militar, pues d e lo contrario el tiempo transcurrido habría sido mayor y probablemente el herido habría muerto desangrado”.

De otro lado, mencionaron que la sentencia obje tada incurrió en defecto sustantivo, pues interpretó y aplicó incorrectamente las normas sustantiva s que regulan el caso, en concreto el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 554 de 2000, por medio de la cual se aprobó la “Convención sobre la prohibición del empleo,

regulan el caso, en concreto el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 554 de 2000, por medio de la cual se aprobó la “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producc ión y transferencia de m inas antipersonal y so bre su destrucción”.

Relataron que la Convención de Ot tawa es la fuente normativa principal que regula las obligaciones del Estado frente al manejo de las minas antipersonales , en la que se establece en el a rtículo 5° que el Estado ti ene 2 obligaciones bi en delimitadas frente al tema, las cuales son autónomas y su incumplimiento se valora por separado. La primera, de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersona plantadas en el territorio, frente a lo cual cuenta con 10 años, lo cual fue prorrogado a solicit ud del Gobierno Nacional hasta el año 2021 , y la segunda, consiste en d elimitar y señalizar todas las zonas minadas en el territorio para garantizar la exclusión de civiles y que estos no se vean a fectados por los artefactos explosivos.

Señalaron que p ara el cu mplimiento de la segunda obligación nunca se ha admitido prórroga, por lo cual en aquellos eventos en que se sigan viendo afectados civiles por minas antipersona se debe analizar la responsabilidad estatal desde dicha obligación.

Indicaron que el tribunal accionado interpretó y aplicó incorrectamente la norma sustancial, en tanto entendió erróneamente que la prórroga concedida al EstadoRadicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01

Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

sustancial, en tanto entendió erróneamente que la prórroga concedida al EstadoRadicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01

Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

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4 cobija la segunda obligación, cuando no es así, puesto que la demarcación de las zonas minadas busca garantizar fin es supralegales que no admiten prórroga, como es la garantía de los derechos fundamentales de la población civil a vivir una vida libre de violencia y a desp lazarse libremente por el territorio nacional, todo lo cual no se puede cumplir si al Estado no se le exige el compromiso de señalizar las zonas minadas, con las cuales podría encontrarse un inocente campesino en cualquier lugar de nuestra geografía.

Por otra parte, afirmaron q ue en la sentencia objetada se incurrió en violación directa de la Constituc ión, al transgredir el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues resolvió el caso con base en los criterios de responsabilidad por eventos con mina antiperson as fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estad o en la sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018, sin tener en cuenta que esta “NO estaba vigente NI existía siquiera a la fecha de presentación de la demanda que interpusie ron los accionantes con tra la N ACIÓN

– MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL”.

Sostuvieron que “el Artículo 29 de nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA concuerda con el

presentación de la demanda que interpusie ron los accionantes con tra la N ACIÓN

– MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL”.

Sostuvieron que “el Artículo 29 de nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA concuerda con el Artículo 8 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS en un listado típico de garan tías judiciales que integran el DEBIDO PROCESO, dentro de las cuales resalto el principio de legalidad”.

Agregaron que “la parte demanda nte p resentó su demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa con el cumplimiento de los requisitos sustanciales y procesales vigentes al mo mento de su p resentación, bajo el entendido de que es s olo con miras al panorama de dicho momento que la p arte demandante podía prever cómo encauzar la acción, así como qué hechos, pruebas y elementos de la responsabilidad debía acreditar”.

Para terminar , manifestaron q ue el tribunal accionado incurr ió en desconocimiento del precedente judicial , con la aplicación incorrecta de la sentencia de unificación de la S ección Tercera del Consejo de Estado de 7 de marzo de 2018 y, además, porque no aplicó las sentencias de 13 de diciembre de 2017, 12 de abril de 2018 y 18 de junio de 2019 de la Sección Cuarta d el Consejo de Estado y de 1 de noviembre de 2019 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Tutelar los derechos fundamentale s d e los accionantes , vulnerados por el

Estado.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Tutelar los derechos fundamentale s d e los accionantes , vulnerados por el TRIBUNAL ADMINIST RATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA DE ORALIDAD por vía de acción, debido a los defectos contenidos en la sentencia de segunda instancia proferida el día 12 de abril de 2023 dentro del proceso de repar ación directa con radicado 05001333370420150013901.

2. Dejar sin efectos la sentencia d e segunda instancia proferida el día 12 de abril de 2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO D E ANTIOQUIA – SALA CUARTA DE ORALIDAD, dentro del proceso de reparación directa con radicado

05001333370420150013901.

3. Ordenar al TRI BUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQU IA – SALA CUARTA DE ORALIDAD que profiera una nueva sentencia en segunda instancia dentro del proceso de reparac ión dire cta con radicado 05001333370420150013901, en la cual no se cometan los defectos de la decisión proferida el día 12 de abril de 2023”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 22 de junio de 202 3, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Medellín remitió link de acceso al expediente digitalRadicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01

Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

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5

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5 No. 52001-23-33-000-2014-00412-01, que conti ene las actuaciones del medio de control de reparación directa que adelantó el señor Julio Martín Gómez Elorza contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

5. Trámite procesal

Por auto de 15 de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, razón por la cual ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del C ircuito de Medellín , a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

6. Oposición

6.1. Respuesta de l Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Medellín

En escrito de 22 de junio de 2023, el juez titular del despacho manifestó que “se predica por el tutelante una presunta vulneración de derechos por parte de una decisión que no emitió este Ju zgado, sino el ad quem en sede de apelación y frente a la cual es menester cump lir lo resuelto por el superior por parte de este Juzgado, este de spacho indica respetuosamente q ue no tiene consideraciones que exponer al respecto y se acoge lo que se resuelva por la alta corporación”.

6.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

Juzgado, este de spacho indica respetuosamente q ue no tiene consideraciones que exponer al respecto y se acoge lo que se resuelva por la alta corporación”.

6.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

En escrito de 23 de junio de 202 3, la coordinadora del Grupo Cont encioso Constitucional pidió qu e se nieguen las pretensiones de la acción de tutela po r resultar improcedentes.

Afirmó que la jurisprudencia de la S ección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que el régimen de responsabilidad aplicable en estos asuntos es el del riesgo creado, el cual se refiere a los accidentes con minas antipersona, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados, ocurridos en las bases militares que fueron minadas por el m ismo Ejército Nacional, se trate de una víctima militar o civil, y casos de accidentes con estos a rtefactos explosivos en una proximidad evidente a un órgano representativo del Estado, qu e permita aseverar que el artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad.

Sostuvo que de la prueba practicada en el pro ceso no logra acreditarse que algún pelotón del Ejército Nacional hubiese estado patrullan do e l sector, como para inferir que dicho artefacto estaba dirigido a la Fuerza Pública, como maniobra para detener su avance o con otra finalidad bajo el escenario del conflicto interno.

Refirió que la activación de la mina antipersona l que le produjo las lesiones al señor Julio Mart ín Gómez Elorza , no ocurrió en una base militar c on artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional , pues ello aconteció en la vereda Santa

señor Julio Mart ín Gómez Elorza , no ocurrió en una base militar c on artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional , pues ello aconteció en la vereda Santa Inés del municipio de Anorí, Antioquia.

Por últ imo, resaltó que no se configuran los elementos para predicar l a responsabilidad de la entidad accionada, por ningún título de imputación.

6.3. Respuesta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

En escrito de 21 de junio de 2023, la jefe de la Oficina Asesora Ju rídica pidió que la entidad fuese desvinc ulada de la acción de tutela por configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva, por no tener capa cidad jurídica paraRadicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01

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6 responder frente a las pretensiones de la solicitud de amparo presentada por los accionantes.

6.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia , guardó silencio aun cuando se le notificó en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de sentencia de 13 de julio de 2023, (i) negó la solicitud de desvinculación formulada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, (ii) declaró improcedente la acción de tutela respe cto

2023, (i) negó la solicitud de desvinculación formulada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, (ii) declaró improcedente la acción de tutela respe cto del cargo del d efecto fáctico y (iii) negó las pretensiones de la acción de tutela frente a los demás cargos.

En primer lugar, afirmó que los argumentos expues tos en el defecto fá ctico no están justificados en una vulneración a derechos fundamentales, sino en una inconformidad con una decisión que no es acorde con sus intereses, lo que resulta contrario a la natur aleza del juez constitucional que está llamado a proteger aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a restablecer las mismas. Agregó que el juez de tutela no es tá llamado a reemplazar al ju ez de la causa y a decidir la s controversias de las instancias ordinarias, máxime si resulta evide nte que se trata de una inconformidad con un aspecto que ya fue resuelto por una autoridad judicial en su labor de determina r la responsabilidad del Estado.

Indicó que se evidencia que s e trata de una diferencia de criterio entre la po stura de la parte ac tora y el examen realizado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en virtud de su autonomía e independencia judicial, q ue lo llevaron a determinar, basado en la jurisprudencia vigent e y en el material probatorio, que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, no era responsable por el daño antijurídico causado al señor Julio Mart ín Gómez Elorza y su núcleo familiar com o con secuencia de l a act ivación de una mina antiperso nal en zona rural del municipio de Anorí.

por el daño antijurídico causado al señor Julio Mart ín Gómez Elorza y su núcleo familiar com o con secuencia de l a act ivación de una mina antiperso nal en zona rural del municipio de Anorí.

Resaltó qu e para que un ju ez constitucional pueda inmiscuirse en un análisis probatorio es porque se encuentra ante la existencia de una arbitrariedad flag rante y ma nifiesta, pues la a cción de tutela no puede conv ertirse en una tercera instancia que revis e l as actua ciones judiciale s de los jueces de procesos ordinarios y que aquello genere imponer su apreciación sobre los medios de convicción utilizados para resolver los casos a su cargo.

De otra parte, sostuvo qu e la autoridad judicial accionada citó la sentencia d e unificación de 7 de marzo de 2018 de la Sección Tercera de l Consejo d e Estado que resolvió, entre otras cosas, que el Estad o era responsable por los daños causados por minas antipersonales cuando hubie ra evidencia de que el artefacto explosivo iba dirigido contra agente s estatales o el daño hubiera ocurrido en una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional.

Señaló que la autoridad judicial accionada conforme con la jurisprudencia de esta corporación, precisó que se d ebía analizar si el daño causado a los demandantes con la mina antipersonal se efectúo con proximidad evidente a un órgano de l Estado, en el que se pudiera co legir que iba dirig ido a esa entidad, o sucedió e n una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional, con el fin de predicar la responsabilidad del Estado.

Estado, en el que se pudiera co legir que iba dirig ido a esa entidad, o sucedió e n una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional, con el fin de predicar la responsabilidad del Estado.

Indicó que el criterio desarrollado en la sente ncia de unificación era el aplicable al caso bajo estudio por estar contenido en u n fallo de unificación, de modo queRadicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01

Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

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7 debía observarse con preferencia respecto de los demás antecedentes, máxime si se tiene en cuenta que estaba vigente para la fecha en q ue se dictó la providencia en cuestión.

Manifestó que la Sección Tercera de l Consejo de Estado ha establecido que las sentencias de unificación cuentan con dicho carácter vinculante, así que los jueces “deben aplicar los criterios de unificación vigentes al momento de proferir sus providencias, pues, como lo ha s ostenido la Corte Constitucio nal, ello redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico y garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos”.

Agregó que, si bien la sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018 se profirió después de que los actores presentar an la demanda de reparación directa -2 de septiembre de 2015-, lo cierto es que el carácter retrospectivo de esta vincula a los jueces que conoce n del proceso, por lo tanto , su aplicación resultaba obligatoria

después de que los actores presentar an la demanda de reparación directa -2 de septiembre de 2015-, lo cierto es que el carácter retrospectivo de esta vincula a los jueces que conoce n del proceso, por lo tanto , su aplicación resultaba obligatoria para el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En tercer término, respecto del defecto sustantivo afirmó que la postura adoptada en la sentencia objetada no se deriva del exclusivo arbitrio del Tribunal Administrativo de Antioquia, sino del análisis que hizo de la referida sentenci a de unificación en la que señaló que el Estado colombiano ha cumplido de buena fe la Convención de Ottawa porque ha adelantado varias actuaciones tendientes a delimitar las zonas minadas del país, siendo esta una ob ligación de medio, no de resultado.

Resaltó que “el Estado ha realizado múlt iples esfuer zos que ha sido p ermeados por el uso sistemático y continuo de estos explosivos por gr upo armados ilegales y, por las limitaciones relacionadas con la completitud y calida d de la información suministrada por distintas fuentes, la probabilidad d e que después de proceder a limpiar un campo minado los miembros ilegales vuelvan a poner minas en esos mismos lugares y la ausencia de medidas de seguridad para los miembros de los pelotones de desmin ado, quienes se estarían adentrando en zonas con alta presencia de grupos armados”.

Para finalizar, expresó que el tribunal ordenó la in clusión de los act ores en la ruta de atención integral para víctimas de minas antipersonal ofrecida por el Gobierno Nacional a través de las distintas entidades que prestan e stos servicios según sus necesidades, con el fin de asistir a las personas que hayan tenido este tip o de

de atención integral para víctimas de minas antipersonal ofrecida por el Gobierno Nacional a través de las distintas entidades que prestan e stos servicios según sus necesidades, con el fin de asistir a las personas que hayan tenido este tip o de lesiones, así como a los familiares de una víctima mortal.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término pr evisto en el artículo 31 del Decreto 2591 d e 1991, la parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó su revocatoria y, en su lugar, que se acceda al amparo constitucional solicitado.

Afirmaron que la Sección Quinta del Consejo de Est ado valoró incorrectamente el cargo propuesto en la acción de tutela por defecto fáctico, lo que llevó a considerar que carece del requisito de relevancia constitucional para ser estudiado , en razón a que se analizó únicamente desde la perspectiva de las p retensiones de reparación económica de los accionantes dent ro del proceso de reparación directa, mas no que la “acción de tutela se justificó la relevancia constitucional de la acción por el hecho de que los accionantes hacen parte de una población vulnerable en r azón a su afectación por el conflic to armado colombiano, que ha generado unas condiciones históricas de vulneración de derechos en detrimento de los habitantes de las zonas rurales, y más en el municipio de Anorí – Antioquia”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03138-01

Demandante: Julio Martín Gómez Elorza y otros

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8 Agregaron que la relevancia constitucional del cargo estaba acre ditada, toda vez que el defecto f áctico en el que incurrió el T ribunal Administrativo de Antioquia vulnera la garantía del derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombi a, qu ienes por ser una población vulnerable goza de una protección constitucional reforzada.

Señalaron que, si bien es cierto la pretensión principal de los demandantes en el proceso de reparación directa es de carácter pecuniario , esto no desdibuja la relevancia constitucional del caso, pues de ntro de l régimen de responsabili dad estatal la indemnización económica es una de las formas válidas de reparación hacia los particulares que han visto sus derechos transgredidos por la acció n u omisión del Estado, sin q ue de esa circunstancia sea viable af irmar q ue lo s conflictos carecen de relevancia constitucional.

Refirieron que en la sentencia impug nada se incurre en error al manifestar que lo que pretenden los accionantes con la acción d e tutela es supl antar el debate probatorio surtido en las instanc ias ord inarias del proceso de re paración directa, cuando “lo que se pretende con la tutela es llama r la atención del Consejo de Estado sobre la configuración del defecto fáctico en este asunt o, pue s precisamente el debate probatorio surtido en las instanci as fue incompleto, ya que

cuando “lo que se pretende con la tutela es llama r la atención del Consejo de Estado sobre la configuración del defecto fáctico en este asunt o, pue s precisamente el debate probatorio surtido en las instanci as fue incompleto, ya que el Tribunal