CE - 110010315000202303151011SENTENCIA20230919114635

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03151-01

Demandante: CARMEN OLFIDIA TORRES SÁNCHEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA SEXTA

DE DECISIÓN ORAL Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada; además, se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 7 de julio de 20231, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 13 de junio de la presente anualidad, la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquía, Sala Sexta

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 13 de junio de la presente anualidad, la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquía, Sala Sexta de Decisión Oral, y el Juzgado 13 Administrativo de Medellín, con el objeto de que se ampare n sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

Una vez comprobadas todas las causales generales y una o varias de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, por constatarse la vulneración de derechos invocados, se solicita que se ordene AMPARA R los derechos superiores al: debido

1 Se advierte que, el 14 de agosto de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.Radicación: 11001-03-05-000-2023-03151-01

Demandante: Carmen Olfidia Torres Sánchez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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proceso, defensa, contradicción, legalidad y la debida valoración de las pruebas (artículo 29 C.P.) que son esenciales para la recta administración de justicia (artículo 228 C.P.), el derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.P.), con los cuales se garantiza el derecho público subjetivo a la jurisdicción o tutela judicial, que consiste en que se abra un proceso y que la sentencia se dicte respetando los principios de congruencia, buena fe y lealtad procesal y con estricta sujeción a la constitución, la ley y a las garantías

jurisdicción o tutela judicial, que consiste en que se abra un proceso y que la sentencia se dicte respetando los principios de congruencia, buena fe y lealtad procesal y con estricta sujeción a la constitución, la ley y a las garantías procedimentales y velando por el derecho fundamental a la jurisdicción, el principio de efectividad de los derechos fundamentales y de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 C.P.).

Por lo anterior, respetuosamente se le solicita al Honorable Consejo de Estado, que obrando como juez constitucional, se sirva instruir al Tribunal Administrativo de Antioquia y a la Sala sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia a efectos de que se proceda a la revocatoria, por razones constitucionales de la sentencias proferida y consecuentemente se le ordene a la Sala en mención proceder a dictar sentencia sustitutiva de la sentencia ya referida, en cuyos términos se decla re la nulidad del decreto 113 de enero 26 de 2012, resolvió declarar insubsistente su nombramiento como Profesional Universitario código 3PU, grado 15 de la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, con funciones en la Dirección Nacional de Investigacio nes Especiales de la Procuraduría General de la Nación.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez narró que ingresó al servicio de la Procuraduría General de la Nación desde el 7 de octubre de 1988, y mediante decreto 113 de enero 26 de 2012 , se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de profesional universitario código 3PU,

octubre de 1988, y mediante decreto 113 de enero 26 de 2012 , se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de profesional universitario código 3PU, grado 15, de la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, con funciones en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.

Contra ese acto de insubsistencia, la actora ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual se tramitó ante el Juzgado 13 Administrativo de Medellín, qu e negó las pretensiones de la demanda en providencia del 17 de junio de 2020. Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación, pero, mediante sentencia del 8 de marzo de 2023, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

A juicio de la señora Torres Sánchez, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración deRadicación: 11001-03-05-000-2023-03151-01

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justicia, por las siguientes razones:

En relación con la decisión proferida por el Juzgado accionado, señaló que este no tuvo en cuenta que, conforme al régimen especial aplicable a los servidores de la Procuraduría General de la Nación, las inhabilidades originada s en condenas penales, no se aplican cuando se trata de delitos culposos o políticos; y en este caso, los delitos por los cuales fue condenada la demandante en Estados Unidos son culposos o de menor grado.

penales, no se aplican cuando se trata de delitos culposos o políticos; y en este caso, los delitos por los cuales fue condenada la demandante en Estados Unidos son culposos o de menor grado.

En la misma línea , afirmó que el fallador de prim era instancia desconoció las pruebas aportadas, en especial la moción de aclaración de la sentencia emitida por el Fiscal de Distrito de Nevada, en la que se indica que los delitos por los cuales se condenó a la accionante no son graves.

Agregó que el a quo se limitó a señalar que la renuncia al cargo fue recibida el 3 de enero de 2012, fecha para la cual la sentencia condenatoria se encontraba ejecutoriada, de manera que la servidora ya estaba incursa en la inhabilidad.

Indicó que el juzgador realizó una errónea interpretación del régimen previsto en el Decreto 262 de 2000 , de cara a la legislación estadounidense, toda vez que los delitos de conspiración para cometer práctica de medicina sin licencia y práctica de medicina sin licencia (por los cuales se condenó a la demandante), no se encuentran consagrados en nuestra legislación. Adicionalmente, consideró un contrasentido que en la sentencia se haya atribuido a la actora una inhabilidad sobreviviente, a todas luces inexistente, dado que la sanción penal no puede ser registrada en el SIRI porque los delitos endilgados no se encuentran estatuidos como tales en Colombia.

Determinó que en la sentencia de primera instancia el juez administrativo incurrió en varios yerros al analizar la tipificación de la conducta penal reprochada, y aplicó indebidamente el artículo 85 del Decreto 262 de 2000.

como tales en Colombia.

Determinó que en la sentencia de primera instancia el juez administrativo incurrió en varios yerros al analizar la tipificación de la conducta penal reprochada, y aplicó indebidamente el artículo 85 del Decreto 262 de 2000.

Frente a la sentencia de segunda instancia, adujo que el Tribunal Administrativo de Antioquia planteó un problema jurídico distinto al establecido por el a quo, con lo que vulneró la garantía de defensa y el debido proceso en general. Adicionalmente, no tuvo en cuenta que los delitos por los que se condenó a la accionante son considerados por la ley estadounidense como culposos y de menor grado, tal yRadicación: 11001-03-05-000-2023-03151-01

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como lo señaló el Fi scal del Distrito en la moción de aclaración fechada el 16 de enero de 2014.

Afirmó que el ad quem violó el artículo 29 superior, toda vez que desconoció que la sentencia penal proferida por las autoridades judiciales de Estados Unidos no era homologable a la legislación colombiana y, por ende, no podía retirarse del servicio a la accionante con fundamento en la inhabilidad sobreviniente invocada.

Además, esgrimió que en la condena no se incluyó sanción de inhabilidad alguna y, en consecuencia, no existe registro en el SIRI, por lo que reprocha que la autoridad accionada hubiera considerado que eso no era impedimento para la declaratoria de insubsistencia, apreciación que, en su sentir, es a todas luces

y, en consecuencia, no existe registro en el SIRI, por lo que reprocha que la autoridad accionada hubiera considerado que eso no era impedimento para la declaratoria de insubsistencia, apreciación que, en su sentir, es a todas luces contraria al artículo 82 del Decreto 262 de 2000 y vi olatoria del principio de publicidad.

Finalmente, consideró que el Tribunal accionado se limitó a señalar que el vicio en la notificación del acto demandado se subsanó en el momento en el que el a quo tramitó el medio de control sin dar aplicación al térm ino de caducidad, desconociendo por completo la normativa consagrada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 15 de junio de 2023, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara al Juzgado 13 Administrativo de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia , a quienes requirió para que se pronunciaran al respecto; asimismo, vinculó como tercero con interés a la Procuraduría General de la Nación.

2.2. El juez 13 administrativo de Medellín señaló que los argumentos que expone la accionante como fundamento de la solicitud de amparo, guardan identidad con los que sustentan el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida en el proceso ordinario con radicado 05001 -33-33-013-2015-00202-00, respecto de los cuales el juez natural de la causa ya pronunció de fondo.

Agregó que , en todo caso , no existe vulneración alguna a los derechos

proferida en el proceso ordinario con radicado 05001 -33-33-013-2015-00202-00, respecto de los cuales el juez natural de la causa ya pronunció de fondo.

Agregó que , en todo caso , no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por la accionante, ya que la decisión corresponde a unRadicación: 11001-03-05-000-2023-03151-01

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análisis razonado de las pruebas que reposan en el expediente, tan es así, que la providencia fue confirmada por el superior.

2.3. El magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia , ponente de la decisión censurada, adujo que aquella fue motivada con suficiencia, partiendo de un análisis legal, probatorio y jurisprudencial, que no puede controvertirse en sede de tutela, porque esta vía excepcional no puede convertirse en un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para desautorizar interpretaciones hechas dentro del marco de la autonomía e independencia propia de los jueces.

Aunado a lo anterior, afirmó que los a rgumentos que sirven de soporte a la providencia cuestionada no son ilegales, antojadizos o apartados del ordenamiento jurídico, así como tampoco violatorios de garantía constitucional alguna, en consecuencia, es evidente que la accionante busca que en este proceso se estudie nuevamente el caso ya resuelto en sede ordinaria.

2.4. La Procuraduría General de la Nación , vinculada como tercera con interés ,

consecuencia, es evidente que la accionante busca que en este proceso se estudie nuevamente el caso ya resuelto en sede ordinaria.

2.4. La Procuraduría General de la Nación , vinculada como tercera con interés , señaló que con su actuar no v ulneró derecho fundamental alguno y solicitó que se despachen desfavorablemente las pretensiones de amparo.

3. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia proferida el 7 de julio de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por l a señora Carmen Olfidia Torres Sánchez.

Argumentó que el escrito de tutela no supera la carga mínima argumentativa, pues, si bien la parte actora identificó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico y un defecto material sustantivo , lo cierto es que no existe un desarrollo argumentativo concreto y específico tendiente a demostrar los citados defectos.

Sobre el particular, explicó que, de una parte, la actora no identificó cuáles eran los medios de convicción que el Tribunal accionado dejó de analizar; y de otra, se limitó a señalar que la providencia censurada hizo «una interpretación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Decreto 262 de 2000 en su Art. 85 numerales 2 y 4, de cara a la legislación Americana» , con lo que «inaplicó el mand ato jurisprudencial y constitucional que establece la prohibición de aplicar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades por analogía y de manera extensiva, pues alRadicación: 11001-03-05-000-2023-03151-01

jurisprudencial y constitucional que establece la prohibición de aplicar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades por analogía y de manera extensiva, pues alRadicación: 11001-03-05-000-2023-03151-01

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ser un sistema de reglas que restringen derechos constitucionales, la aplicación de las mismas tienen carácter restrictivo», sin identificar cuál fue la norma que se inaplicó.

Adicionalmente, consideró que el núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos que fueron debatidos en su sede natural, por ende, no puede convertirse este mecanismo constitucional en una tercera instancia, que atente contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada.

4. Impugnación

La parte actora insistió en que la acción de tutela sí reúne los requisitos para su procedencia contra providencia judicial, en especial el de relevancia constitucional, y reiteró los argumentos que fundamentan su petición de amparo.

De otra parte, enlistó los medios de prueba que, en su sentir, dejó de analizar la autoridad accionada, tales como: (i) la ausencia de notificación del acto de retiro; (ii) la que demuestra que los delitos por los que fue condenada la accionante no son graves y (iii) la aclaración presentada por el fiscal del Distrito que se refiere a los delitos endilgados a la condenada como no graves.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

delitos endilgados a la condenada como no graves.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 7 de julio de 2023, proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante.Radicación: 11001-03-05-000-2023-03151-01

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2. Análisis de la Sala

2.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014 2, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto

otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta , entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento

de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en

2 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-05-000-2023-03151-01

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juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

De entrada, tal como lo advirtió el a quo , la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, habida consideración de que carece de la carga argumentativa mínima que se requiere para cuestionar providencias judiciales a través de la acción de tutela, toda vez que, si bien la parte actora manifestó su desacuerdo con la s decisiones proferidas por el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de que los delitos por los que fue condenada son culposos y, por ende, no se configura la inhabilidad

decisiones proferidas por el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de que los delitos por los que fue condenada son culposos y, por ende, no se configura la inhabilidad sobreviniente invocada para la declaratoria de insubsistencia, lo cierto es que ni siquiera se preocupó por identificar la causal específica de procedibilidad de la que adolece la providencia atacada.

Aunque de los hechos narrados se logra inferir que alega un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, no se encuentra con claridad la expresión de cuáles son los medios de prueba que, en su sentir, fueron defectuosamente analizados.

La Sala no desconoce que en la impugnación pretendió subsanar esta omisión advertida por el a quo y los enlistó, sin embargo, no los identificó diáfanamente y menos aún señaló con claridad las razones por las cuales considera que las autoridades accionadas l os apreciaron de manera irracional o caprichosa. Todo apunta a que se trata de una disparidad de criterios, porque la señora To rres Sánchez no está de acuerdo con la valoración que realiz aron los jueces naturales en primera y segunda instancia , e insiste en que los delitos a ella endilgados se cometieron en la modalidad de culpa, lo que, en su criterio, impide la configuración de la inhabilidad sobreviniente en la que se fundó su desvinculación.

De igual manera, se colige que invoca el defecto sustantivo por una supuesta inaplicación o aplicación indebida de los artículos 29 de la Constitución y 85 del Decreto 262 de 2000, no obstante, los argumentos esgrimidos bajo este cargo, son

De igual manera, se colige que invoca el defecto sustantivo por una supuesta inaplicación o aplicación indebida de los artículos 29 de la Constitución y 85 del Decreto 262 de 2000, no obstante, los argumentos esgrimidos bajo este cargo, son los mismos alegados como defecto fáctico, esto es, que los delitos cometidos por la accionante lo fueron en la modalidad de culpa, situación que como viene deRadicación: 11001-03-05-000-2023-03151-01

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indicarse, no está plenamente sustentada y , en consecuencia, no se explicó con claridad suficiente en qué consiste la violación invocada.

Por consiguiente, tal y como se indicó en el fallo de primera instancia, lo manifestado por la solicitante no basta para considerar que se cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se sustenten razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales.

De otra parte, la Sala advierte que la accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Si bien la parte actora aduce no estar de acuerdo con la decisión de las autoridades accionadas, porque considera que presentó argumentos y pruebas suficientes para

del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Si bien la parte actora aduce no estar de acuerdo con la decisión de las autoridades accionadas, porque considera que presentó argumentos y pruebas suficientes para que se declarara la nulidad del acto de desvinculación, lo cierto es que no presenta un argumento contundente que desvirtúe la decisión acogida por la autoridad judicial de primera instancia, que fue confirmada por el superior, y el apoderado de la actora se limita a reiterar lo dicho en el recurso de apelación, en relación con la inexistencia de la causal de inhabilidad sobreviniente que originó su retiro del servicio.

Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de apelación y los propuestos en la solicitud de amparo, se evidencia que los argumentos alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue d ecidido por la autoridad judicial, consistente en que, desde la óptica particular de la parte accionante , la Procuraduría General de la Nación no podía válidamente declarar la insubsistencia del nombramiento de la actora sustentada en una causal de inhabil idad sobreviniente, que a su juicio no se configuró.

En el siguiente cuadro se cotejan los argumentos expuestos en el recurso de apelación y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de ilustrar de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como instancia adicional:Radicación: 11001-03-05-000-2023-03151-01

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Argumentos de apelación

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Argumentos de apelación (transcripción textual)

Argumentos de la demanda de tutela (transcripción textual) Primero: No tiene sustento factico, legal ni probatorio la argumentación del A quo, en el sentido que por el hecho de haber determinado que la Demandante se encontraba vinculada a un proceso penal dentro del cual se declaró culpable en los Estados Unidos, por los delitos de

“CONSPIRACIÓN PARA COMETER

PRACTICA DE MEDICINA SIN

LICENCIA, PRACTICA DE MEDICINA SIN LICENCIA Y HOMOCIDIO INVOLUNTARIO”, de suyo obligaba a la declaratoria de insubsistencia prevista en los artículos 158 numeral 2) y 160 del Decreto 262 de 200 0, toda vez que era necesario tener en cuenta varias circunstancias a saber:

1. No es cierto que la mera condena de un servidor público de la Procuraduría General de la Nación, genera per se la declaratoria de insubsistencia, toda vez que de conformidad al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos adscritos a esta entidad, existe en el Art. 85 numeral 2 y 4 del Decreto 262 de 2000, unas excepciones a la aplicación de este régimen, por virtud del cual no se aplican las inhabi lidades derivadas de una condena, siempre que la misma sea producto de delitos culposos o políticos.

El A quo no tuvo en cuenta las pruebas obrantes al proceso, de las cuales se desprende que de acuerdo a lo

las inhabi lidades derivadas de una condena, siempre que la misma sea producto de delitos culposos o políticos. El A quo no tuvo en cuenta las pruebas obrantes al proceso, de las cuales se desprende que de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto del Estado de Nevada Estados Unidos (NRS 200.070), que los delitos por los cuales fue juzgada y condenada la demandante, en virtud del Plea of Guilty o (declaración de culpabilidad) y el concepto del District Attorney (Fiscal del Distrito) dentro de una moción de aclaración de sentencia de enero 16 de 2014 (Fol 38 a 41); los delitos por los cuales fue condenada la Demandante, son delitos que la ley Americana considera delitos culposos y de menor grado; en consecuencia, los mismos tienen sentencias relativamente cortas (…)

1. Otra circunstancia desconocida por el A quo al momento de emitir sentencia, es aquella relacionada con la renuncia libre y espontánea que presentara la Demandante, al cargo de Profesional Universitario código 3PU, grado 15 de la Procuraduría Provincial del Valle de 1) Aduce el A quo, que por el hecho de haber determinado que la Accionante fue vinculada a un proceso penal dentro del cual se declaró culpable en los Estados Unidos, por los delitos de

“CONSPIRACIÓN PARA COMETER

PRACTICA DE MEDICINA SIN

LICENCIA, PRACTICA DE MEDI CINA SIN LICENCIA Y HOMOCIDIO INVOLUNTARIO”, de suyo obligaba a la declaratoria de insubsistencia prevista en los artículos 158 numeral 2) y 160 del

LICENCIA, PRACTICA DE MEDI CINA SIN LICENCIA Y HOMOCIDIO INVOLUNTARIO”, de suyo obligaba a la declaratoria de insubsistencia prevista en los artículos 158 numeral 2) y 160 del Decreto 262 de 2000; sobre el particular el honorable despacho habría desconocido lo siguiente: i) No es ci erto que la mera condena de un servidor público de la Procuraduría General de la Nación, genera per se la declaratoria de insubsistencia, toda vez que la entidad tienen un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades que aplica a los servidores p úblicos adscritos a esta entidad, contenido en el Decreto 262 de 2000, el cual contempla en el Art. 85 numeral 2 y 4 unas excepciones a la aplicación de este régimen, por virtud del cual no se aplican las inhabilidades derivadas de una condena, siempre que la misma sea producto de delitos culposos o políticos; ii) no tuvo en cuenta por el fallador de primera instancia, las pruebas obrantes al proceso, de las cuales se desprende que de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto del Estado de Nevada Estados Unid os (NRS 200.070), los delitos por los cuales fue juzgada y condenada la demandante, en virtud del Plea of Guilty o (declaración de culpabilidad) y el concepto del District Attorney (Fiscal del Distrito) dentro de una moción de aclaración de sentencia de en ero 16 de 20146, corresponden según la ley Americana a delitos culposos y de menor grado y por ello tienen sentencias relativamente cortas. (…)

una moción de aclaración de sentencia de en ero 16 de 20146, corresponden según la ley Americana a delitos culposos y de menor grado y