CE - 110010315000202303171011SENTENCIA20230914150638

Demandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03171-01 Demandante: ADRIANA LETICIA ESPITIA GONZÁLEZ Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Temas: Tutela contra providencia judicial –improcedente – relevancia constitucional SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala procede a resolver la impugnación presentada por la señora Adriana Leticia Espitia González contra la sentencia del 24 de julio 2023, proferida en primera instancia por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese fallo se «rechazó por improcedente» la solicitud de amparo presentada por la parte actora porque no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional. I. ANTECEDENTES 1.1. La tutela 1. La señora Adriana Leticia Espitia González, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá1. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los principios de «situación más favorable para el trabajador, perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al desconocimiento del precedente judicial vertical». 2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas como resultado de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de abril de 2023, la cual confirmó la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado 8.º Administrativo Oral

del precedente judicial vertical». 2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas como resultado de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 13 de abril de 2023, la cual confirmó la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado 8.º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja el 12 de diciembre de 2022. Dicha sentencia negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías, 1 Escrito radicado el 14 de junio de 2023.Demandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01

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equivalentes a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021. 3. Esta situación se enmarca en el contexto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 15001-33-33-008-2022-00100-00/01. 1.2. Pretensiones 4. La señora Espitia González solicitó: […] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 14 de abril de 2023, en el expediente rad. No. 15001-33-33-008-2022-00100-00/01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada. 2. Como consecuencia

de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […] (Sic a toda la cita) 1.3. Hechos 5. La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso. 6. La señora Adriana Espitia González se vinculó como docente en el departamento de Boyacá después de 1990. 7. Manifestó que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidora pública desde el año 2020 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). 8. Indicó que el 28 de julio de 2021, solicitó al FOMAG, el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación de las cesantías y susDemandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01

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intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado. Además, también pidió el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 9. El 21 de agosto de 2021 mediante oficio BOY2021EE26521, el FOMAG a través de la Secretaría de Educación Distrital de Boyacá negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora. 10. Por los hechos expuestos, la señora Espitia González instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá. En dicho medio de control solicitó la nulidad del oficio reseñado en el numeral anterior y solicitó, a título de restablecimiento que se condenara a los demandados a reconocer y pagar dichos conceptos. 11. En providencia del 12 de diciembre de 2022, el Juzgado 8º Administrativo del Circuito Judicial de Tunja negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el contenido en la Ley 91 de 1981. 12. En contra de la anterior decisión, la señora Adriana Leticia Espitia González presentó recurso de apelación2. Este fue desatado por Tribunal Administrativo de Boyacá que, en sentencia del 14 de abril de 2023, decidió confirmar el fallo de primer grado. 13. El tribunal fundamentó su fallo en varios aspectos, entre ellos, señaló que las disposiciones que establecen la sanción moratoria por el

retraso en el pago de las cesantías anualizadas y sus intereses, como se describen en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no es aplicable a la demandante. Esto se debe a que el régimen de cesantías docente es especial y cuenta con una regulación específica sobre cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y sus intereses, considerando características particulares que hacen que el cumplimiento de las sanciones solicitadas sean incompatibles con dicho régimen. 14. Además, el tribunal mencionó que la sentencia de unificación SU-098 de 2018 no constituía un precedente obligatorio en este caso particular. Esto se debe a que los hechos y supuestos aplicables al presente caso difieren de los que se presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera directa a esta situación. 2 Como fundamento del recurso, la accionante indicó que las pretensiones en su caso están basadas en la interpretación unificada de la Corte Constitucional de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG que tengan su régimen de cesantías anualizado, sumado a que la indemnización contenida n la Ley 52 de 1975 hace parte integral del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, puesto que así se estableció en el artículo 3º del Decreto 1176 de 1991.Demandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01

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15. Por otro lado, indicó que no existe precedente emitido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que aplique los presupuestos de la Ley 50 de 1990 relacionados a la consignación de cesantías a favor de los docentes vinculados al FOMAG. Así, señaló que, si bien existía un pronunciamiento del 19 de enero de 2023 emitido por el órgano de cierre de esta jurisdicción accediendo a pretensiones similares a las allí analizadas, lo cierto es que, dicha decisión no configuraba un precedente de obligatorio cumplimiento, en razón a que realizaba un estudio respecto de las SU-573 y 041 de 2020. 16. Finalmente, indicó que la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 cuyo reconocimiento pretende la parte actora, no esta llamada a prosperar, toda vez que la citada norma es aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no goza la demandante, la cual es docente del orden territorial. 1.4. Sustento de la vulneración 17. La parte accionante mencionó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar. 18. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías,

máxime cuando estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole. 19. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, 20. En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, frente al segundo, se indicó que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación más favorable al trabajador. 21. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocerDemandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01

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la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018. 22. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y ha llegado a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal Administrativo de Boyacá. 23. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en el numeral anterior por la parte actora: Corte Constitucional No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T-7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 041/2020 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Consejo de Estado No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33-000-2013-00666-01

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Consejo de Estado No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-31-000-200900867-01, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15-000-2018-04617-01 17 de junio de 2019 Dr. NICOLAS YEPES CORRALES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15-000-2018-04679-01 28 de junio de 2019 DR. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS DRA. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN – DR. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 5 11001-03-15-000-2019-03499-01 29 de julio de 2019 Dr. NICOLAS YEPES CORRALES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001-23-33-000-2014-00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – DR. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZDemandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 08001-23-33-000-2014-00208-01 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33-000-2014-00132-01 12 de noviembre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33-000-2015-00331-01 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33-000-2015-00445-02(0483-20)

4 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40-000-2015-90008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-23-40-000-2014-90022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 18 080001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020)

3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 19 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dra. SANDRA LISETH IBARRA 20 080001-23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33-000-20191 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTERDemandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 00376-01 (4462-2021) 23 08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020)

00376-01 (4462-2021) 23 08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020) 22 de agosto de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022 Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021)

22 de septiembre de 2022 Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – DR. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 26 47001-23-33-000-2018-0231-01 26 de enero de 2023 Dr. RAFAEL FRANCISCO GÓMEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – DR. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 24. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado. 25. Por último, el apoderado de la señora Adriana Leticia Espitia González, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha decidido en el sentido: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO No. RADICADO EXPEDIENTE F. DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001 2022 0002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO DE PEREIRA CRISTINA ISABEL SANCHEZ BRITO 2 27001 3333 002 2022 0014700 21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLÍN3 76001 3333 002 2022 0006600 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA JUAN MIGUEL MARTINEZ LONDOÑO 4 76111 3333 003 2022 0006600 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 5 68001 3333 002 2022 0006500 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 6 68001 3333 009 2022 00010900 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA JAIRO GARCIA SUAREZ 7 27001 3333 005 2022 0007200 06/10/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ 8 27001 3333 005 2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ EMILSON MARMOLEJO GARCIA 9 76147 3333 002 2022 00008 00 16/11/22 JUZ 2 ADTIVO DEL CTO DE BUGA0 - 10 11001 3342 051 2022 0009800 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO DE BOGOTÁ NORBERTO MENDIVELSO PINZONDemandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01

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1.5. Trámite de la acción 26. Mediante auto del 21 de junio de 2023 el magistrado ponente de primer grado admitió la acción constitucional de referencia. En consecuencia, ordenó notificar como accionados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá. 27. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A. 28. Por otro lado, comisionó al Juzgado 8º Administrativo del Circuito Judicial de Tunja para que, de acuerdo con la información que reposara en el expediente notificara del presente trámite a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento en el que se profirió la decisión reprochada. Indicó que las personas notificadas, serían vinculadas como terceros con interés en las resultas de este proceso. 29. Adicional, a ello, requirió a la autoridad judicial en cita, que enviara copia digital del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión reprochada. 1.6. Intervenciones 1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A. 30. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda. 31. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgresión contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las actuaciones judiciales se llevaron a cabo

con el tema objeto de la demanda. 31. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgresión contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionante por parte del Fondo. 32. Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de responsabilidad en los hechos objeto de la demanda.Demandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01

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1.6.2. Ministerio de Educación Nacional 33. Señaló que la acción de tutela resulta improcedente comoquiera que dicha cartera no vulneró los derechos fundamentales de la señora Adriana Leticia Espitia González. En ese sentido solicitó su desvinculación y pidió que se negaran las súplicas de la demanda. 1.6.3. Departamento de Boyacá3 34. La entidad territorial rindió informe en el que solicitó que se desestimaran las pretensiones de la parte accionante, ante la inexistencia de la vulneración ius fundamental deprecada. 35. Refirió que el Consejo de Estado no ha proferido sentencia de unificación que dirima el fondo de lo solicitado en la acción de tutela, es decir si los docentes oficiales tienen derecho al pago de la sanción moratoria por la presunta consignación extemporánea de las cesantías de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago inoportuno de los intereses sobre las cesantías de conformidad con la ley 52 de 1975. 36. Indicó que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, en razón a que estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla su sanción. Máxime cuando el trámite tal como está establecido en la norma especial se cumplió en su integridad, puesto que la liquidación para el año 2021 se realizó dentro de los 20 primeros días hábiles del mes de enero y se remitió al fondo en medio electrónico el 4 de febrero de 2021 y en medio físico el día 5 siguiente, y así mismo, los recursos empezaron a aprovisionarse desde el mes de enero de 2021. 37. Por otro lado, señaló respecto

hábiles del mes de enero y se remitió al fondo en medio electrónico el 4 de febrero de 2021 y en medio físico el día 5 siguiente, y así mismo, los recursos empezaron a aprovisionarse desde el mes de enero de 2021. 37. Por otro lado, señaló respecto a la sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, que en esta se resolvió una acción de tutela de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al FOMAG, y que solicitó al ente territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías conforme a la Ley 50 de 1990. En sede judicial ordinaria, se accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que los juzgadores consideraron que dicha norma era inaplicable al docente demandante. Así, teniendo en cuenta lo expuesto por la Corte, manifestó que el caso de la señora Adriana Leticia Espitia González carece de fundamentos fácticos y de hecho que pueda asemejarse a lo expuesto en aquella oportunidad. 3 La entidad territorial fue notificada del presente trámite constitucional el día 23 de junio de 2023 por parte del Juzgado 8º Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, en virtud de la comisión encomendada a este último. Índice 10 SAMAI.Demandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01

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1.6.4. Adriana Leticia Espitia González 38. La parte tutelante se pronunció sobre las contestaciones efectuadas por la Fiduprevisora S.A., y el Ministerio de Educación Nacional. 39. Precisó que, si bien es cierto que se debe respetar la autonomía judicial en virtud del artículo 230 de la Constitución Política, esta no es absoluta. Aludió que las decisiones de los jueces deben ser respetuosas de la ley y el precedente, así como de las garantías a la igualdad y a la seguridad jurídica. 40. Pese a lo anterior, consideró imperioso que se analice su asunto «ante la copiosa y excesiva jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos». Reiteró que, de conformidad con la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional el auxilio de las cesantías es una prestación social irrenunciable que tiene como fin el cubrimiento de necesidades personales que le surjan al trabajador y a su núcleo familiar. 41. Insistió en que el régimen de liquidación de las cesantías de todos los servidores públicos debe ser el previsto en la Ley 50 de 1990. Asimismo, iteró que se le desconoció el principio de favorabilidad en materia laboral, que no existe un régimen especial de cesantías para los docentes y que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad. 1.6.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá pese a que fue notificado, guardó silencio. A su vez, el Juzgado 8º Administrativo del Circuito Judicial de Tunja se limitó a remitir el expediente ordinario y realizar la comisión encomendada en el auto admisorio. 1.7. Sentencia de primera instancia 42. El 24 julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A «rechazó por improcedente la acción de tutela

ordinario y realizar la comisión encomendada en el auto admisorio. 1.7. Sentencia de primera instancia 42. El 24 julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A «rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Adriana Espitia González». 43. En primer lugar, el juez de tutela de primera instancia indicó que la parte accionante pretende que en esta sede se fije la posición frente a la aplicación de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes vinculados al Fondo nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, para ello, hace una exposición extensa de los antecedentes normativos y jurisprudenciales del régimen de cesantías de los docentes; sin embargo, ese no es el propósito de la solicitud de amparo constitucional, pues al juez de tutela no le corresponde entrar a dilucidar asuntos de mera legalidad, con una connotación de contenido patrimonial. 44. En segundo lugar, indicó que, si bien los reparos de la parte actora apuntan a la protección de las garantías constitucionales, lo cual en otras oportunidadesDemandante: Adriana Leticia Espitia González Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03171-01

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para la Sala ha sido suficiente para entender superado ese presupuesto, en el presente caso no lo es, porque lejos de revestir la importancia constitucional exigida, lo que denotan es la utilización del mecanismo de amparo como una instancia adicional para reabrir el debate del asunto. 45. En tercer lugar, el juez de primer grado indicó que sobre los desacuerdos de la parte actora sometidos a estudio del Tribunal accionado ya se profirió una decisión, sin que corresponda al juez de tutela analizar el fondo del asunto, en abierto desconocimiento de los principios de autonomía e interpretación judicial. 1.8. Impugnación 46. La señora Espitia González presentó escrito de impugnación argumentando que persiste la vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior con fundamento en lo siguiente: 47. Manifestó que existe una falta de c