CE - 110010315000202303181001SENTENCIA20230828154046

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón Demandados: Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y i i) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, a través de apoderado2, presentó solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al

B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital. 2 Cfr. índice núm. 8 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PODERTUTELA1(.pdf) NroA ctua 8”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

proferir la sentencia de 30 de noviembre de 2022, y ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de 27 de septiembre d e 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 253073333003201800246-01: vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. El actor presentó demanda contra la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le s declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad, del que fuera

víctima Ramón de Jesús Tobón Tobón.

que se le s declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad, del que fuera víctima Ramón de Jesús Tobón Tobón.

4. El Juzgado Tercero Administrativo de l Circuito de Girardot profirió sentencia de primera instancia el 27 de septiembre de 20 21, negando las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia el 30 de noviembre de 2022,

resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 3 º Administrativo de Girardot el 27 de septiembre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de presente sentencia, a favor de la parte demandada.

Las costas serán liquidadas de forma concentrada por la Secretaría del Juzgado 3o Administrativo de Girardot en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. […]”.

6. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que:3

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

“[…] Bajo este orden de ideas, la medida privativa de la libertad se encuentra

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

“[…] Bajo este orden de ideas, la medida privativa de la libertad se encuentra ajustada a la legalidad. La calidad del delito imputado y las circunstancias en las que se produjeron los hechos hacían que la medida fuera necesaria, razonable y proporcional.

Advierte la Sala que, aunque el superior penal decretó la nulidad de la Resolución de Acusación proferida el 7 de febrero de 2005, no obra en el expediente l a providencia en que se adoptó esa decisión, por lo que la Sala no obra con elementos de juicio para determinar si existió algún elemento que permita derivar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Por otro lado, si bien el señor To bón estuvo recluido en 3 ocasiones diferentes, no puede afirmarse que por el solo hecho de su duración la privación de la libertad sea injusta. En ninguna de las oportunidades aludidas se prolongó la privación más allá del plazo razonable al que ha aludido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Estado. Asimismo, en cuanto se superaron los plazos establecido por la ley penal se concedió al señor Tobón el beneficio de libertad provisional. […]”.

[…]

“[…] Respecto de cuál es el término q ue se entiende por plazo razonable, jurisprudencialmente se ha propendido por el de un año. De igual manera se consagró en las modificaciones efectuadas por la Ley 1760 de 2015 y 1786 de 2016 al artículo 307 de la Ley 906 de 2004.

jurisprudencialmente se ha propendido por el de un año. De igual manera se consagró en las modificaciones efectuadas por la Ley 1760 de 2015 y 1786 de 2016 al artículo 307 de la Ley 906 de 2004.

En este caso, como se indicó anteriormente, cada uno de los periodos en los cuales el señor Tobón estuvo privado de la libertad no sobrepasaron dicho término razonable. […]”.

[…]

“[…] Reprocha el recurrente que la resolución que impuso la medida de aseguramiento y aquellas que revocaron el beneficio de libertad condicional no hayan transcrito el fin que perseguía la medida; no obstante, ni la norma, ni la jurisprudencia determina éste como un requisito formal en el contenido de estas providencias. […]”.

[…]

“[…] En consecuenci a, el hecho que en las providencias señaladas no se haya transcrito el fin que perseguía la medida no tiñe la medida preventiva de privación de la libertad en inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria.

En otro aspecto, el que el proceso penal hubiera iniciado en el año 2004 y terminado en el 2016 no constituye per se un daño antijurídico. De conformidad con lo establecido en el precedente jurisprudencial, la vinculación a un proceso penal es una carga que todos los ciudadanos debemos asumir en cumplimiento del deber que se tiene como sujeto procesal de colaborar con la administración de justicia. Recordemos, que el señor Tobón solo estuvo privado de la libertad en los lapsos referidos. […]”.

[…]

“[…] Entonces, no se configura un daño antijurídico en cabeza del señor Tobón por

Recordemos, que el señor Tobón solo estuvo privado de la libertad en los lapsos referidos. […]”.

[…]

“[…] Entonces, no se configura un daño antijurídico en cabeza del señor Tobón por el solo hecho de su vinculación a un proceso penal, dado que la Fiscalía General de la Nación dio cumplimiento a su función constitucional y, a su vez, actuó de4

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

conformidad con las disposiciones procedimentales penales vigentes para la época de los hechos. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela3:

“[…] 1.- TUTELENSE los derechos fundamentales del debido proceso (art. 29) y acceso a un recta y cumplida administración de justicia (art. 229), consagrados en la Constitución Política, el Bloque de Constitucionalidad y los demás tratados internacionales sobre Derechos Humanos, los cuales fueron vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al emitir la sentencia de primera instancia de fecha 27 de septiembre de 2021 y sentencia de segunda instancia de fecha 30 de noviembre de 2022 notificada el 13 de diciembre de 2022, respectivamente.

2.- Como consecuencia de lo anterior dígnese REVOCAR los fallos de primera y segunda instancia proferidos por del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que al emitir las providencias

2.- Como consecuencia de lo anterior dígnese REVOCAR los fallos de primera y segunda instancia proferidos por del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que al emitir las providencias judiciales identificadas como Sentencia de Primera Instancia de fechas de fecha 27 de septiembre de 2021 y sentencia de segunda instancia de fecha 30 de noviembre de 2022 por configurarse en ellas los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.

3.- Dígnese ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué – Tolima y H. Tribunal Administrativo del Tolima, para que, dentro de un plazo razonable subsiguiente a la notificación del fallo de tutela, adopte las medidas necesarias para corregir los yerros denunciados, revocando en su totalidad las sentencias de primera y segunda instancia que negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad de RAMON DE JESUS TOBON TOBON. […]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un i) defecto fáctico, en un ii) defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas; y en iii) la causal de violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de julio de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juez Tercero

acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juez Tercero Administrativo del Circuito de Girardot; y iii) vinculó a la Nación – Rama Judicial –

3 Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.5

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a Carmen Emilia Tobón de Tobón, a Edwin David Tobón Tobón, a Luz Estella Tobón Tobón, a Diana Clemencia Hernández Velásquez y a CATL 4 en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, por haberse configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot consideró que:

“[…] Por lo brevemente expuesto, le solicito de manera respetuosa al H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera niegue el amparo solicitado por el accionante toda vez que, este Despacho Judicial dentro de las actuaciones del expediente No. 2018 -00246, no ha amenazado o conculcado los derechos fundamentales aquí reclamados. […]”.

solicitado por el accionante toda vez que, este Despacho Judicial dentro de las actuaciones del expediente No. 2018 -00246, no ha amenazado o conculcado los derechos fundamentales aquí reclamados. […]”.

12. La Fiscalía General de la Nación expresó que:

“[…] Para empezar, es necesario señalar que en el caso sub examine, la presente acción de tutela resulta improcedente por cuanto (i) el apoderado del accionante no da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este, (ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente y (iii) pretende retrotraer actuaciones procesales. […]”.

[…]

“[…] Por las anteriores consideraciones, solicito al Consejo de Estado, Sección Primera, declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Ramon de Jesús Tobón Tobón a través de apoderado, por cuanto no se cumple con las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el requisito de subsidiariedad y no se vulnera el precedente jurisprudencial. […]”.

13. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carmen Emilia Tobón de Tobón, Edwin David Tobón Tobón, Luz

4 Teniendo en cuenta que, este Despacho adopta como medida de protección a su intimidad, en caso de aún ser menor de 18 años de edad, la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales CATL.6

ser menor de 18 años de edad, la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales CATL.6

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

Estella Tobón Tobón y Diana Clemencia Hernández Velásquez guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Const itución Política; el artículo 1 º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señal ados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

16.La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

16.La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

17.Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen7

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se d ecida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o a utoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

18.De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la

noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye a l demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ell o no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación

Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya

5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.8

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

19.La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

[…]”.

19.La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

20. Al respecto, es preciso indicar que el actor presentó solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque al proferir la sentencia de 30 de noviembre de 2022, vulneró sus derechos fundamentales indicados supra, en donde se evidencia que al interior del proceso de reparación directa identificado con el núm. de radicación 253073333003201800246-01, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fungía como parte demandada.

21.En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.

22.En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos ge nerales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

24. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho

temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido p roceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, v) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.9

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

25. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

26. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

27. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del requisito general de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

28. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.10

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.10

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

29. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

30. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

31. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

32. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 201412, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte

10 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 12 Ut supra página 6.11

Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00

Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón

Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, l a relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 13]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa d la actora para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión d la actora, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión d la actora, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providenc ias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discuti