CE - 110010315000202303189011SENTENCIA20231127125153

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03189-01

Demandantes: NAFER ENRIQUE DÍAZ TOVAR Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03189-01

Demandantes: NAFER ENRIQUE DÍAZ TOVAR, CIRO ÁNGEL DÍAZ

ROMERO, DORIS DEL CARMEN TOVAR NOVOA, NURYS

DEL CARMEN DÍAZ TOVAR, CIRO DÍAZ TOVAR, NILSON

RAFAEL DÍAZ TOVAR, ANA MATILDE DÍAZ TOVAR Y

ENEIDA ROSA DÍAZ TOVAR

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad. Defecto s fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte accionante , a través de apoderad o judicial, contra la sentencia de 9 de agosto de 202 3, dictada por el Consejo de Estado, Sección

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte accionante , a través de apoderad o judicial, contra la sentencia de 9 de agosto de 202 3, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que declaró improcedente la solicitud por falta del requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes indicaron que el 28 de enero de 2016 , impetraron demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y l a Rama Judicial, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Nafer Enrique Díaz Tovar, la cual consideraban injusta.

Sostuvieron que en primera instancia el proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Sincelejo, que por sentencia de 7 de diciembre de 2017 , accedió a las pretensiones, luego de “ encontrar probados los elementos constitutivos de la responsabilida d extracontractual (Daño e imputación/nexo causal) y acorde a la línea jurisprudencial vigente para la época en casos de daños por privación injusta de la libertad”.Radicación:11001-03-15-000-2023-03189-01

Demandantes: NAFER ENRIQUE DÍAZ TOVAR Y OTROS

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Afirmaron que contra dicha decisión las demandadas presentaron recurso de apelación, del que conoció el Tribunal Administrativo de Sucre, que en sentencia de 23 de noviembre de 2022, revocó el fallo impugnado y negó las pretensiones, tras “ aplicar rigurosamente una nueva tesis jurisprudencial sobre el tema de la privación injusta de la liberta d, distint a a la línea jurisprudencial que venía manejándose al momento de la presentación de la demanda en el año 2016, desconociendo las razones jurídicas que tuvo el juez penal para proferir sentencia absolutoria y de esta manera justificar la negación de las pretensiones de la demanda en segunda instancia. En otras palabras, el Tribunal Administrativo de Sucre aplicó la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, la cual ni siquiera fue propuesta por las entidades demandadas, y sólo se limitó a analizar y decidir que la medida de aseguramiento había sido dictada en legal forma, que resultaba necesaria, razonable y proporcional, y que el procesado contribuyó con su actuar doloso o culposo a su detención”.

2. Fundamentos de la acción

Los demandantes presentaron acción de tutela con el fin de que se proteja el derecho fundamental al debido proceso , el cual consideran vulnerado por la sentencia de 23 de noviembre de 202 2, en la que el Tribunal Administrativo de Sucre revocó el fallo favorable de primera instancia y , en su lugar , negó las pretensiones de la acción, en el marco del medio de control de reparación directa

sentencia de 23 de noviembre de 202 2, en la que el Tribunal Administrativo de Sucre revocó el fallo favorable de primera instancia y , en su lugar , negó las pretensiones de la acción, en el marco del medio de control de reparación directa que instauraron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, manifest aron que, a su juicio , la sentencia objetada incurrió en defecto fáctico, toda vez que “realizó una valoración negativa que lesiona gravemente el bu en nombre y la excelente reputación del señor Nafer Enrique Díaz Tovar y, por ende, de su entorno familiar, exponiéndolo a él y a su grupo familiar a un castigo social por un proceso penal en el que fue absuelto por petición de la misma Fiscalía General de la Nación, al no contar en el proceso penal con los elementos probatorios suficientes para demostrar que el procesado hubiese cometido la conducta punible que se le endilgó”.

Sobre el particular, agregaron que lo que hizo el tribunal accionado fue realiz ar una valoración de la conducta del señor Diaz Tovar, que era de competencia del juez penal de conocimiento, lo cual además de ser una intromisión en la esfera de la competencia de otra jurisdicción, “es una clara muestra de que no dio aplicación al principio de non bis in idem al desconocer la decisión penal absolutoria que lo declaró inocente y otorgó la libertad inmediata al procesado”.

Adujeron que, “es importante traer al presente caso el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Terc era, Subsección “B” , emanado de la s

declaró inocente y otorgó la libertad inmediata al procesado”.

Adujeron que, “es importante traer al presente caso el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Terc era, Subsección “B” , emanado de la s sentencias de 12 de marzo de 2021 1 , 28 de octubre de 2022 2 y 13 de febrero de 2023 3 , relativas al daño al buen nombre, de las que citaron apartes.

1 Rad. 2010-00471-01, M.P Alberto Montaña Plata.Radicación:11001-03-15-000-2023-03189-01

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Por último, expresaron que comparten el criterio jurídico expuesto por el magistrado Cesar Enrique Gómez Cárdenas , quien salvó el voto en la providencia objetada, indicando que en el caso bajo estudio el juicio debía adelantarse desde la óptica del daño especial, comoquiera que el proceso penal finalizó por absolución perentoria dada la atipicidad de la conducta.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Se procura con esta acción, se ordene dejar sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de fecha (23) de noviembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-005-2016-0001101, M.P. Andrés Medina Pineda, y como consecuencia

Tribunal Administrativo de Sucre, de fecha (23) de noviembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-005-2016-0001101, M.P. Andrés Medina Pineda, y como consecuencia de ello se profiera una nueva sentencia en los términos que corresponde, basada en una valoración objetiva y adecuada de las pruebas existentes en el proces o conforme se expondrá en adelante y con plena observancia de las normas legales vigentes para la época y del precedente jurisprudencial aplicable al respecto”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en el medio de cont rol de reparación directa radicado con el No. 2016-00011-01, actor: Nafer Enrique D íaz Tovar y otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 16 de junio de 2023, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a los accionantes y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , a la Fiscalía General de la Nación y a los señores Nilson de Jesús, Mayra Alejandra y Natalia María Díaz Hernández, Iván Darío y Alexander D avid Argel Díaz, Oscar David y Jesús Daniel Arias Díaz , como tercer os interes ados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo

La directora de la DESAJ de Sincelejo rindió inform e en el que solicitó que se negaran las pretensiones, por cuanto la decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho, ya que se valoró adecuadamente el acervo probatorio y se

Sincelejo

La directora de la DESAJ de Sincelejo rindió inform e en el que solicitó que se negaran las pretensiones, por cuanto la decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho, ya que se valoró adecuadamente el acervo probatorio y se atendió a lo dispuesto en la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, para concluir que la medida de aseguramiento era proporcional y ajustada a la legalidad.

2 M.P Martín Bermúdez Muñoz. 3 Rad. 70001-23-31-000-.Radicación:11001-03-15-000-2023-03189-01

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4 6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La Unidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por cuanto , indicó, en el caso no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ni el requisito de subsidiariedad , sin precisar respecto de este último cuál es el medio judicial idóneo.

Señaló que la parte accionante no sustent ó las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y refirió que, en el caso no se logró acreditar el defecto fáctico alegado pues, no se evidencia que las falencias probatorias alegadas hubiesen determinado el sentido de la decisión.

el caso no se logró acreditar el defecto fáctico alegado pues, no se evidencia que las falencias probatorias alegadas hubiesen determinado el sentido de la decisión.

Manifestó que , en el caso concreto no se vulner ó el derecho fundamental del debido proceso, ya que el Tribunal Administrativo de Sucre, al proferir el fallo de 23 de noviembre de 2022, respetó todas las garantías de los accionantes durante el proceso.

Finalmente, indicó que el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será procedente , siempre y cuando los demás recursos o medios de defensa judicial sean ineficaces para atender oportunamente la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales. Agregó que en el caso concreto para cuestionar la decisión judicial de segunda instancia que resolvió el proceso de reparación directa , la Ley 1437 de 2011 cuenta con mecanismos en lo que puede solicitar el amparo de sus derechos accionados, por tal motivo, el requisito de subsidiariedad no se satisface.

6.3. Respuesta de los señores Mayra Alejandra Díaz, Alexander David Argel, Jesús Daniel Arias, Nilson de Jesús Díaz Hernández, Oscar Davis Arias y Natalia María Díaz

Mediante escritos separados, los demandantes, en la acción de reparación directa que originó la controversia , solicitaron que se accediera a las pretensiones de la demanda, por cuanto, manifesta ron, están totalmente de acuerdo con todos los hechos y pretensiones de la tutela referenciada.

6.4. Los demás vinculados, aun cuando fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.

hechos y pretensiones de la tutela referenciada.

6.4. Los demás vinculados, aun cuando fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en sentencia de 9 de agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, luego de considerar que carecía del requisito de relevancia constitucional por falta de carga argumentativa que soportara los defectos alegados.

En primer término , sostuvo que, frente al defecto fáctico , los accionantes no indicaron cuáles pruebas habían sido dejadas de estudiar o valoradas de forma errónea, caprichosa o arbitraria, y tampoco precisaron si había exis tido unaRadicación:11001-03-15-000-2023-03189-01

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5 omisión en decretar otras que eran necesarias en el proceso, y centraron sus argumentos en indicar que el tribunal accionado “no realizó una valoración objetiva y adecuada de las pruebas”, lo que lesionó el buen nombre del señor Díaz Tovar y su núcleo familiar, aunado a que se valoró la conducta del procesado, haciendo una intromisión en la esfera de competencias de otra jurisdicción.

Refirió que e se cuestionamiento se orienta a censurar las conclusiones de la autoridad judicial y el criterio que llevó a las mismas, pero más allá de eso, la parte

una intromisión en la esfera de competencias de otra jurisdicción.

Refirió que e se cuestionamiento se orienta a censurar las conclusiones de la autoridad judicial y el criterio que llevó a las mismas, pero más allá de eso, la parte actora no presenta una argumentación adicional o complementaria que permita deducir que se presentó alguno de los escenarios en que se configura el defecto fáctico.

Respecto del desconocimiento del prece dente emanado en las sentencias del 12 de marzo de 2021, 28 de octubre de 2022 y 13 de febrero de 2023 , de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, adujo que la parte actora omitió precisar la razón por la cual dichas providencias resultab an ser un precedente judicial aplicable a su caso, pues no puntualizó si los hechos, fundamentos de derecho, problemas jurídicos a resolver y ratio decidendi eran similares al asunto estudiado.

Sostuvo que tales providencias simplemente fueron citadas, p ara indicar que en razón a ellas “ el Tribunal Administrativo de Sucre debió confirmar la sentencia de primera instancia y no revocarla, ya que se le causó una afectación al buen nombre, dignidad y moral del señor NAFER ENRIQUE DÍAZ TOVAR ”; razones que “en nada contribuyen a sustentar que tales pronunciamientos constituyan un precedente judicial, cuya regla de derecho resultaba aplicable a este caso y no obstante ello, fuera desconocida”.

De otra parte, l uego de citar el fallo objetado, sostuvo que el Tribu nal Administrativo de Sucre, bajo las reglas de la sana crítica y libre valoración de la

obstante ello, fuera desconocida”.

De otra parte, l uego de citar el fallo objetado, sostuvo que el Tribu nal Administrativo de Sucre, bajo las reglas de la sana crítica y libre valoración de la prueba, hizo el estudio de la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento, y de acuerdo con el material probatorio allegado al plenario logró determinar que la privación de la libertad que soportó el señor Díaz Tovar no fue injusta, debido a que la citada medida cumplió con los requisitos fijados en la ley y no fue impuesta de manera arbitraria.

En este sentido , r efirió que la autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto invocado por los accionantes , por cuanto la decisión cuestionada fue debidamente sustentada en el material probatorio aportado al plenario y , conforme con los postulados jurisprudenciales considerados por la Cort e Constitucional y la Sección Tercera de esta Corporación respecto de la responsabilidad del Estado por privación de la libertad y el régimen de imputación aplicable, contenidos, entre otros, en la sentencia SU-072 de 2018.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia y solicitaron que se revocara. Al efecto, reiteraron los argumentos de la acción de tutela.Radicación:11001-03-15-000-2023-03189-01

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Sostuvieron que el fallo de primera instancia “está equivocado, toda vez que la acción de tutela presentada por el suscrito apoderado, tenía y tiene relevancia constitucional, ya que el señor Nafer Enrique Díaz Tovar estuvo sometido a un proceso penal con medida preventiva en centro carcelar io sin haber existido prueba de su participación del delito que se le enrostraba y que al final no hubo ninguna prueba en su contra para encontrarlo responsable del delito grave que se le endilgó”.

Sobre al particular, añadieron que en el escrito de tutel a “de manera palmaria se resaltó la relevancia constitucional de los derechos fundamentales de rango constitucional que le fueron violados a mis representados como lo son el debido proceso, la dignidad humana, la libertad personal y el buen nombre que fuer on lesionados por el Tribunal Administrativo de Sucre”.

Adujeron que la acción de tutela presentada cumple con las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, “ sin que en momento alguno se diga que faltó carga argumentativa par a demostrar la relevancia constitucional de la violación al debido proceso en conexión con otros derechos fundamentales de rango constitucional, por parte del Tribunal Administrativo de Sucre al proferir la sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre d e 2022, en la que se incurrió en una clara vía de hecho, por defecto f áctico y desconocer el precedente jurisprudencial” (sic).

sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre d e 2022, en la que se incurrió en una clara vía de hecho, por defecto f áctico y desconocer el precedente jurisprudencial” (sic).

Finalmente reiteraron que en el escrito de tutela se transcribieron apartes de tres sentencias proferidas por la Sección Tercer a, Subsección “B” del Consejo de Estado, “ en las que además de tener en cuenta la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento, la Sala tuvo en cuenta la afectación del buen nombre del demandante, con lo cual se declaró administrativamente responsable al Estado”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

En los términos de la impugnación, c orresponde a la Sala decidir si debe revocar la sentencia de 9 de agosto de 2023, mediante la cual el Co nsejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” declaró improcedente la solicitud de amparo, y si debe concederse la protección constitucional solicitada por los accionantes, en tanto la solicitud contiene la relevancia constitucional requerida para su estudio de fondo, y si la sentencia de 23 de noviembre de 2022, mediante la cual el TribunalRadicación:11001-03-15-000-2023-03189-01

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fondo, y si la sentencia de 23 de noviembre de 2022, mediante la cual el TribunalRadicación:11001-03-15-000-2023-03189-01

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7 Administrativo de Sucre revocó el fallo favorable y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa que originó la controversia , incurre en defecto fáctico , por cuanto “realizó una valoración negativa que lesiona gravemente el buen nombre y la excelente reputación del señor Nafer Enrique Díaz Tovar”, y en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, emanado de las sentencias de 12 de marzo de 2021, 28 de octubre de 2022 y 13 de febrero de 2023 , relativas al daño al buen nombre.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones4.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se ad vierta una posible

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se ad vierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, si n que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la ac ción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir

procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir

4 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 6 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 7 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación:11001-03-15-000-2023-03189-01

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8 asuntos eminentemente económicos o de mera l egalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales .

Debe tenerse en cuenta, para el efecto , que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razone s fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el i nteresado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se tr ata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

no se tr ata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. El defecto fáctico alegado incumple con el requisito de relevancia constitucional

4.1. En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en sentencia de 9 de agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, luego de considerar que carecía del requisito de relevancia constitucional por falta de carga argumentativa que soportara los defectos alegados.Radicación:11001-03-15-000-2023-03189-01

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9 Sostuvo que frente al defecto fáctico los accionantes no indicaron cuáles pruebas habían sido deja das de estudiar o valoradas de forma errónea, caprichosa o arbitraria. Tampoco precisaron si había existido una omisión en decretar otras que eran necesarias en el proceso, pues centraron sus argumentos en indicar que el tribunal accionado “no realizó una valoración objetiva y adecuada de las pruebas ”,

arbitraria. Tampoco precisaron si había existido una omisión en decretar otras que eran necesarias en el proceso, pues centraron sus argumentos en indicar que el tribunal accionado “no realizó una valoración objetiva y adecuada de las pruebas ”, por lo que no present aron una argumentación adicional o complementaria que permitiera deducir que se presentó alguno de los escenarios en los que se configura el defecto fáctico.

En la impugnación los actores señalaron que la solicitud cumple con el requisito de relevancia constitucional “ya que el señor Nafer Enrique Díaz Tovar estuvo sometido a un proceso penal con medida preventiva en centro carcelario sin haber existido prueba de su participación del deli to que se le enrostraba y que al final no hubo ninguna prueba en su contra para encontrarlo responsable del delito grave que se le endilgó”, y no presentaron argumento orientado a rebatir la falta de carga argumentativa del defecto fáctico, tal como se señaló en primera instancia.

4.2. La Sala, en concordancia con lo indicado por el a quo, encuentra que respecto del defecto fáctico alegado la solicitud incumple con el requisito de relevancia constitucional, en tanto los fundamentos que l a soportan no conti enen la carga mínima argumentativa que permita estudiar su eventual configuración en la providencia objetada, lo que desatiende e se requisito de procedibilidad, necesario para el estudio de fondo de la solicitud de tutela contra providencias judiciales.

En efecto, aun cuando en el presente caso l os actores indicaron que la sentencia de 2 3 de noviembre de 202 2, objeto de tutela , vulnera sus derechos fundamentales por cuanto no se realizó una valoración objetiva y adecuada de las

En efecto, aun cuando en el presente caso l os actores indicaron que la sentencia de 2 3 de noviembre de 202 2, objeto de tutela , vulnera sus derechos fundamentales por cuanto no se realizó una valoración objetiva y adecuada de las pruebas, no identificaron cuales fueron erróneamente valoradas, ni su alcance en la decisión adoptada, para así evidenciar la vulneración alega da, lo que desatiende el requisito de relevancia constitucional.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que el escrito de impugnación se lim ita a reiterar las aseveraciones efectuadas en la solicitud de tutela respecto de la relevancia por la simple enunciación de la vulneración de derechos , y no presenta argumentos que demuestren la configuración del defecto fáctico, por lo que la Sala confirmará la decisión que declaró improcedente la solicitud a este respecto.

Es decir, en el caso el actor no argumentó de manera