CE - 110010315000202303194011SENTENCIA20230921151920

Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03194-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03194-01

Demandante: ANA YIDA GUTIÉRREZ PÉREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 26 de julio de 2023, por medio del cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de acreditación del requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Ana Yida Gutiérrez Pérez, por medio de apoderado judicial, radicó acción de tutela el 14 de ju nio de 2023, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, de acceso a

de tutela el 14 de ju nio de 2023, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, «a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, al principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento del precedente judicial vertical».

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocas ión de la sentencia de 28 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá por medio de la cual se confirmó la decisión del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, de 16 de diciembre de 2022, que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá, la cual se identificó con el radicado 15001-33-33-001-2022-00084-00/02.

1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas son las siguientes:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 28/04/2023, en el expediente rad. No. 15001 -33-33-001-202200084-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO,Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03194-01

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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03194-01

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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL

TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUA LDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la dema nda, de acuerdo a los postulados establecidos

de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la dema nda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…). 1 (Negrillas y mayúsculas sostenidas originales)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso , se advierten los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la S ala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. La señora Ana Yida Gutiérrez Pérez labora como docente en el departamento de Boyacá, con posterioridad al año 1990, y se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1.3.2. El 29 de julio de 2021, la accionante solicitó al referido fondo el pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la falta de consignación oportuna de sus cesantías correspondientes al año 2020, petición que le fue negada con respuesta del 26 de agosto de 2021, emanada de la Secretaría de Educación de Boyacá.

1.3.3. En atención a la anterior situación, la tutelante, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual solicitó como peticiones de condena el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

restablecimiento del derecho, en la cual solicitó como peticiones de condena el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1.3.4. Del referido proceso conoció, en primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja , bajo el radicado 15001-33-33-0012022-00084-00, autoridad judicial que, en sentencia de 16 de diciembre de 2022, negó las pretensiones deprecadas, al considerar que no se cumplían los supuestos de hecho previstos en el inciso tercero del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para la configuración de la penalidad por el giro tardío de las cesantías anualizadas d e la demandante, en atención a la inexistencia de una consignación por parte del empleador, por dicho concepto, en una cuenta individual del docente, en el fondo elegido por este, pues, conforme al régimen especial que los cobija, el rubro de

1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03194-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cesantías se descuenta de los recursos del Sistema General de Participación, lo cual se encuadraba en el concepto de unidad de caja.

1.3.5. La demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,

cesantías se descuenta de los recursos del Sistema General de Participación, lo cual se encuadraba en el concepto de unidad de caja.

1.3.5. La demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para lo cual, iteró los argumentos de la demanda e h izo hincapié en que no solo la ley sino la abundante jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, han avalado la aplicación de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos.

1.3.6. El Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de 28 de abril de 2023, confirmó la providencia recurrida, para lo cual indicó que en atención al principio de inescindibilidad normativa, no es posible la aplicación por analogía o favorabi lidad del numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, sumado a que en dicho régimen las cesantías se consignan en la cuenta individual del trabajador y en el fondo administrador escogido por este, mientras que, como en el presente caso, la demandante se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, fondo de naturaleza común, regulado por el principio de unidad de caja, conforme a la Ley 91 de 1989, la cual además no contempla un plazo para la consignación anual de las cesantías.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora, después de referirse ampliamente a la procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales alegó que se cumplían con todos los requisitos generales señalados por la Corte Constitucional, en especial,

La parte actora, después de referirse ampliamente a la procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales alegó que se cumplían con todos los requisitos generales señalados por la Corte Constitucional, en especial, hizo énfasis en el de la relevancia constitucional, para lo cual citó in extenso los fallos de tutela del 23 de marzo y 17 de abril de 2023, de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que , en asunto s similares, lo encontró acreditado y estudió de fondo las solicitudes de amparo. Asimismo, trajo a colación las providencia de 28 y 29 de julio de 2019, de las Secciones Primera y Tercera de esta corporación, en l as que también se superó dicha exigencia, por cuanto se trataba de la vulneración de derechos fu ndamentales y la obligación de atender el precedente en atención al principio de favorabilidad.

Advirtió que el Consejo de Estado, en sentencia dictada en el intervalo en el cual se radicó la tutela, ratificó su postura sobre la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías anualizadas de los docentes oficiales.

Enseguida, hizo referencia a varios pronunciamientos judiciales sobre la naturaleza y fin del auxilio de cesantías2 y posteriormente se refirió a la aplicación del régimen anualizado de éstas a los docentes vinculados después de 1990 y 1996, así como al derecho a la sanción moratoria por su pago tardío.

Indicó que, los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no era admisible la distinción con lo s demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio

Indicó que, los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no era admisible la distinción con lo s demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías «así, una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxil io de cesantías y, a

2 Al respecto transcribió in extenso las sentencias C-432 y C-171 de 2020 de la Corte Constitucional.Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03194-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos».

Manifestó que se desconocieron las reglas fijadas por la sentencia SU -098 del 17 de octubre 2018, pues, en su sentir, a partir de dicha providencia, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han señalado reiteradamente que, en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en particular, las referidas a la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales.

afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en particular, las referidas a la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales.

Frente a la providencia cuestionada, la tutelante le endilgó la configuración de los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento de precedente, el primero por la ina plicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el segundo por desatención del artículo 53 Superior, referido a la interpretación de la situación más favorable para el trabajador y, el último por ignorar las sentencias 3 sobre este tema de la Sección Segunda del Consejo de Estado4.

Señaló que, de la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías a los docentes y, con base en la jurisprudencia constitucional, era dable concluir que (i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución , (ii) los docentes oficiales son empleados públicos, en atención a las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «y por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 21 de junio de 2023, el a quo constitucional admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a la accionante y al Tribunal Administrativo de Boyacá y,

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 21 de junio de 2023, el a quo constitucional admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a la accionante y al Tribunal Administrativo de Boyacá y, le otorgó el término de dos días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó a l Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria la Previsora S. A. y al departamento de Boyacá, para que si lo consideraba n se manifestara n en el presente trámite . Asimismo, dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

3 Identificó varios fallos dictados por las Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado de los años 2019 a 2022. 4 La parte actora en la mayor parte del escrito se refirió al régimen anualizado de las cesantías, para lo cual en acápites extensos se refirió a los antecedentes históricos sobre la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar las cesantías causadas de los docentes vinculados antes y después del 1.° de enero de 1990 y la posición del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en torno al estudio de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 1996.Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

torno al estudio de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 1996.Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03194-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, requirió a la autoridad judicial accionada y al juzgado vinculado para que remitieran copia digital del exp ediente donde se dict ó la providencia cuestionada y, reconoció personería al abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado de la parte actora.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones5.

1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja6

La titular del referido despacho judicial, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, en atención a que no se configuraba ninguna causal específica de procedibilidad, sumado a que no existía posición unificada por parte del Consejo de Estado respecto al tema de la aplicabilidad de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales.

1.6.2. Departamento de Boyacá

Mediante correo de 27 de junio de la presenta anualidad, se manifestó el referido ente territorial, para lo cual deprecó se desestimaran las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que no se presentó la presunta trasgresión de las

Mediante correo de 27 de junio de la presenta anualidad, se manifestó el referido ente territorial, para lo cual deprecó se desestimaran las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que no se presentó la presunta trasgresión de las prerrogativas superiores de la demandante por parte del tribunal accionado.

En ese orden, advirtió que la decisión reprochada se encontraba plenamente soportada y justificada en cuanto no aplicar el precedente del Consejo de Estado, sumado a que por parte de dicha corporación no se había expedido sentencia de unificación sobre el tema.

Asimismo, se refirió a la aplicación de la sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, para señalar que en esa oportunidad se abordó un caso que presentaba una situación fáctica distinta, pues, se trataba de un docente que nunca fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual no constituía un precedente vinculante para el caso bajo análisis.

1.6.3. Ministerio de Educación

En documento ingresado por la ventanilla virtual del aplicativo Samai del Consejo de Estado el 26 de junio de la presente anualidad, se pronunció la referida cartera en el sentido de solicitar la declaratoria de improcedencia de la petición de amparo constitucional, en atención a que no se configuró la trasgresión de alguna garantía superior de la accionante por parte del tribunal demandado.

5 Notificaciones que se encuentra en el índice 8 del aplicativo Samai del Consejo de Estado. 6 Radicado por ventanilla virtual del aplicativo Samai del Consejo de Estado el 27 de junio de 2023.Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez

5 Notificaciones que se encuentra en el índice 8 del aplicativo Samai del Consejo de Estado. 6 Radicado por ventanilla virtual del aplicativo Samai del Consejo de Estado el 27 de junio de 2023.Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03194-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.4. Fiduciaria La Previsora S.A.

La referida entidad se manifestó con escrito enviado por correo electrónico el 26 de junio de 2023, en el cual pidió que se declarara improcedente la tutela por cuanto no se presentó por parte de la autoridad judicial accionada violación a algún derecho fundamental de la actora. Además, solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.5. En escrito radicado por la ventanilla virtual del aplicativo Samai del Consejo de Estado el 30 de junio de la presente anualidad, el apoderado de la tutelante se pronunció sobre los informes allegados, en el sentido de advertir la procedencia de la solicitud de amparo en el presente caso, en atención a la voluminosa y reiterada jurisprudencia de las altas cortes, sobre el derecho que les asiste a los docentes al pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 26 de julio de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado

pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 26 de julio de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que se trató de utilizar el mecanismo constitucional como una instancia adicional.

En ese orden, después de traer a colación las consideraciones expuestas en la providencia cuestionada para confirma la decisión de primer grado que denegó las pretensiones de la demanda, advirtió que la tutela presentada por la actora es una reiteración de los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación que elevó en su oportunidad en el proceso ordinario, referidos a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y el desconocimiento de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional y de los múltiples pronunciamiento del Consejo de Estado, que acogieron el criterio de dicho proveído.

Asimismo, señaló que si bien la actora alegó que se incurrió en el yerro de desconocimiento de precedente, lo que buscó con la solicitud de amparo era reabrir el debate jurídico sobre si a los docentes les es aplicable la Ley 50 de 1990, en punto de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, el cual ya había sido superado en las dos instancias del contencioso de nulidad y restablecim iento del derecho.

De igual forma , hizo referencia a la sentencia SU -573 de 2019 de la Corte Constitucional, en la cual se precisó, para un caso similar al analizado, que la tutela

del derecho.

De igual forma , hizo referencia a la sentencia SU -573 de 2019 de la Corte Constitucional, en la cual se precisó, para un caso similar al analizado, que la tutela carecía de relevancia constitucional, pues, correspondía a una discusión meramente legal, que no involucraba la protección de derechos fundamentales y se pretendía que se analiz ara nuevamente la situación tras habérsele negado las pretensiones.

Finalmente, resalto que dicha corporación en la SU-215 de 2022, iteró los requisitos para el cumplimiento del referido requisito de procedibilidad, luego, con fundamento en todo lo expue sto, concluyó que la señora Ana Yida Gutiérrez Pérez pretendió crear una tercera instancia, al insistir en el debate legal sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales.Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03194-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.8. Impugnación7

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 11 de agosto de 2023, la parte actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual , solicitó que se revocara la decisión de primer grado y en consecuencia se ampararan sus derechos fundamentales invocados.

Así, precisó que, no era cierto que no existiera una posición uniforme respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, pues, desde el año 2019

ampararan sus derechos fundamentales invocados.

Así, precisó que, no era cierto que no existiera una posición uniforme respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, pues, desde el año 2019 el Consejo de Estado, en atención a los criterios fi jados por la Corte Constitucional y dicha corporación, en sede de tutela, por principio de favorabilidad, en caso que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no consigne , a más tardar el 14 de febrero de cada año, las cesantías, incurrirá en mora, en los términos fijados en el artículo 99 de dicha norma.

Indicó que, la tutela cumplía con el requisito de la relevancia constitucional, en atención a que esta corporación, en un caso similar, en fallo de 23 de marzo de 2023, lo encontró superado, además de encontrar configurado en yerro de desconocimiento de precedente. A continuación, hizo referencia a la naturaleza de la acción constitucional de amparo y a la procedencia de esta frente a las providencias judiciales, para finalmente concluir que se cumplían en su caso todas las exigencias establecidas por la Corte Constitucional para tal fin.

Advirtió que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 19 de enero de 2023, dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ratificó la postura de la corporación sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990, al personal del sector educativo.

Enseguida, realizó un extenso pronunciamiento sobre el auxilio de cesantías, con el que resaltó la importancia de su pago oportuno como protección al trabajador frente

de la Ley 50 de 1990, al personal del sector educativo.

Enseguida, realizó un extenso pronunciamiento sobre el auxilio de cesantías, con el que resaltó la importancia de su pago oportuno como protección al trabajador frente a diversas eventualidades ocasionadas por el cese de sus actividades o para cubrir necesidades de c apacitación o vivienda, razón por cual, iteró el derecho que le asistía a los docentes de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de dicha prestación, pues, al ser también empleados públicos, son beneficiarios de esta, en los términos de la norma que lo regula para todos los trabajadores del Estado.

En ese orden, aseveró que no era admisible un trato desigual respecto del sector al que pertenece, pues se le restringiría la posibilidad de gozar del pago oportuno de sus cesantías y de contera de las garantías antes referidas.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 26 de julio de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el

7 La sentencia fue notificada el 3 de agosto de 2023.Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03194-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Fiduciaria La Previsora S.A. en su intervención solicitó su desvinculación del presente trámite, frente a lo cual no hubo pronunciamiento por el juez a quo constitucional, razón por la cual se decide en esta instancia en el sentido de negarla, en atención a que la presencia de la entidad en este escenario es como tercero con interés y, en ese sentido, debe garantizarse su comparecencia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia de 26 de julio de 2023, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Ana Yida Gutiérrez Pérez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá por falta de acreditación del presupuesto de la relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial , (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva , en especial el de la relevancia constitucional y, de superarse, junto con los demás, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8,

superarse, junto con los demás, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros proced ería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia ”.

reseñada. 10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia ”. 11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sen tencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Ana Yida Gutiérrez Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03194-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

La Sala advierte que , de conformidad con lo señalado por el a quo , en el sub examine no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta pertinente recordar que , en principio , esta colegia