CE - 110010315000202303195011SENTENCIA20231006155605

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03195-01

Actor: ANYUL CRESENCIA CAÑÓN DOMINGUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03195-01

Demandante: ANYUL CRESENCIA CAÑÓN DOMINGUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago tardío de las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el accio nante contra la sentencia de 27 de julio de 2023 , dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que se vinculó “con posterio ridad al 1° de enero de 1990” como docente del departamento de Boyacá , y que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional no consignó las cesantías correspondientes al año 2020, por lo que el 3 de agosto de 202 1 presentó una petición ante e l Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y Fiduprevisora S.A., con el fin de que se materializara el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 . La solicitud fue negada mediante acto administrativo No. 1.2.5.1.1. de 26 de agosto de 2021.

Afirmó que, en e jercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG, Fiduprevisora S.A. y el municipio de Tunja, para que se anulara el mencionado acto y cancelara la sanció n moratoria por el pago tardío de las cesantías regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Indicó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja en sentencia de 19 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, en el que señaló un abundante número de sentencias del Consejo de

19 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, en el que señaló un abundante número de sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. El Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de 28 de abril de 2023, la confirmó íntegramente.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03195-01

Actor: ANYUL CRESENCIA CAÑÓN DOMINGUEZ

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2. Fundamentos de la acción

La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judicial es, en especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segu nda, Subsección “B”, en el proceso No. 11001031500020230106300.

Alegó la configuración del defecto sust antivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU -098 de 2018 1 , SU-332 de 2019 2 y SU-041 de 2020 3 , y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20204, 24 de enero de 20195, 17 de junio de 20196,

1 , SU-332 de 2019 2 y SU-041 de 2020 3 , y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20204, 24 de enero de 20195, 17 de junio de 20196, 28 de junio de 20197, 29 de julio de 20198, 2 de diciembre de 20199, 10 de junio de 202010, 22 de octubre de 2020 11, 12 de noviembre de 2020 12, 17 de junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero de 202217, 3 de marzo de 202218, 28 de abril de 202219, 920 y 19 de mayo de 202221, 1 de julio de 202222, 22 de agosto de 2022 23, 22 de septiembre de 2022 24, 19 25 y 26 26 de enero de 2023.

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 2 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 3 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-3100020090086701 (48542014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15000-201804617-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15000-201804617-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp . 11001-03-15000-201804679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 8 Consejo de Estado, Sección Segu nda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (168816), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(03242016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-20140025401(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 1 7 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –

C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 1 7 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 – 2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segu nda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C. P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentenci a del 11 de n oviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 20 22, Exp. 080001-2333-000-201700931-01

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 20 22, Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201500075-01. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (26602020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-0079501. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentenci a del 28 de abril de 2022 , Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (22242020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900376-01

(4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 23 Consejo de Estado, Sección Seg unda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia d el 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03195-01

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Por último, se refirió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que tienen para el Tribunal Administrativo de Boyacá.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“1 Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 28/04/2023, en el expediente rad. No. 15001 -40-03-005-2022-00066-

“1 Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 28/04/2023, en el expediente rad. No. 15001 -40-03-005-2022-0006601, transgredió los derec hos fundamentales: AL D EBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁ S FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADM INISTRACIÓN DE JUSTICIA , PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONI S, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declarac ión, se ordene al TRIBU NAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el te ma edificó la Corte Constitucional en las se ntencias SU 098 de 17 d e octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la dema nda, de acuerdo a los postulados establecido s en

de 17 d e octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la dema nda, de acuerdo a los postulados establecido s en los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digitalizada de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 615001-40-03-005-2022-00066-01 promovido por la señora Anyul Cresencia Cañón Domínguez.

5. Trámite procesal

Por auto de 22 de junio de 2023, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó not ificar a la parte demandante y a la autoridad demandada. Además, s e ordenó vincular a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), al departamento de Boyacá.

6. Oposición

6.1. La coordinadora de tutelas de Fiduprevisora S.A. , como vocera y administradora d el FOMAG, pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con las causales generales y específic as de procedencia de la acción de tutela contra provi dencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante.

El gobernador del departamento de Boyacá , a través de apoderada judicial, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

25

El gobernador del departamento de Boyacá , a través de apoderada judicial, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31000-201200212-02 (44702021), C.P. William Hernández Gómez. 26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33000-2018-023101 (08712020), C.P. Rafael Francisco Gómez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03195-01

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Finalmente, señaló que no se cumplen los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, en tanto no es un asunto que revista relevan cia constitucional porque la actora emplea este mecanismo de protección para dar continuid ad al debate superad o en el proceso ordinario.

El Tribunal Administrativo de Boyacá y el Ministerio de Educación Nacional no se pronunció pese a que, como se vio, fue debidamente notificado.

7. Intervención de la actora frente a las respuestas de la acción de tutela

La parte actora presentó un escrito en el que anuncia un pronunciamiento en torno

no se pronunció pese a que, como se vio, fue debidamente notificado.

7. Intervención de la actora frente a las respuestas de la acción de tutela

La parte actora presentó un escrito en el que anuncia un pronunciamiento en torno la respuesta dada por la F iduprevisora. En ese sentido, reiteró los argumentos expuestos en la demanda en relación con el desconocimiento del precedente judicial que establece la a plicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y a la inexistencia de un régimen especial de cesantías para los docentes teniendo en cuenta que las mismas se liquidan anualmente como las de cualquier empleado del sector público o privado por lo que, considera, el único aspecto diferencial es el pago de los intereses.

8. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “ A” del Consejo de Estado por sentencia de 27 de julio de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela por las siguientes razones:

Consideró que la posición jurídica asumida por el Tribunal Administrativo de Boyacá no co nfigura los defectos alegados por la demandante, toda vez que, a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el pr oceso, la normatividad vigente y las providencias judiciales proferidas estableció que la sanción moratoria establecida e n el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , no era compatible con la normatividad aplicable a los docentes.

Por último, afirmó que no se co nfiguraron las causales específicas de procedencia de la acción de tutela porque las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial accionada para resolver el caso se basaron en un razonable ejercicio de interpretación normativa.

Por último, afirmó que no se co nfiguraron las causales específicas de procedencia de la acción de tutela porque las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial accionada para resolver el caso se basaron en un razonable ejercicio de interpretación normativa.

9. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara . Así mismo, reiteró los argumentos que sustentan los defectos alegados en la solicitud de amparo.

Insistió en que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró el principio de favorabilidad, al desconocer las sentencias de la Corte Constitucional C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU -336 de 2017 y SU -098 de 2018 , por cuanto, afirmó, e l presente asunto se o rigina en la aplicación de la Ley 50 de 1990 , esto es, cuando el empleador no consigna el auxilio de cesantías antes del 15 de febrero de cada anualidad, pago del cual también tienen derecho los docentes del sector oficial.

Aseguró que en distintas senten cias se ha arribado a “acertadas conclusiones que s iguen siendo postura en el Consejo de Estado, ya que en el interregno en el cual se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió el pronunciamiento más reciente en la materia, fue proferida el 19 de enero de 2023, Sala de lo Conte ncioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Dr. William Hernández Gómez, consistente en un fallo de segunda instancia dentro del medio de control de

enero de 2023, Sala de lo Conte ncioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Dr. William Hernández Gómez, consistente en un fallo de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento d el derecho, es deci r, que mientras estamos en el pr esente trámite de la acción constitucional, el Consejo de Estado ratifica su postura en el tema de sanción moratoria cesantías anualizadas – Docente”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03195-01

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Por último, s eñaló que en acciones de tutela el Conse jo de Estado ha prof erido fallos favorables en relación con la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por lo que refirió las sentencias de 23 de marzo de 2023 y 17 de abril de del mismo año, proferidas por la Sección Segunda, Su bsección “B” del Consejo de Estado y, para indicar existe “una postura pacífica en lo atinente a que a los docentes no solo les es aplicable la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sino que también se vulneran derechos fund amentales al momento de negar tal sanción en favor de los docentes, en virtud del principio de favorabilidad”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29

en virtud del principio de favorabilidad”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar , en los términos del escrito de imp ugnación, si debe rev ocar la sent encia de tutela de 27 de julio de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo d e Est ado que negó las pretensiones d e la acción de tutela, y acced er a la protección constitucional reclamada por la parte actora en tanto incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución , con la decisión de confirmar el no reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la mora en el pago de las c esantías prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , por lo qu e vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de favorabilidad, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica.

De manera previa, aun cu ando fue un requisito supera do en la primera ins tancia, la Sala verificará si el asunto tiene trascendencia superior, es decir, si realmente se propone un genuino debate constitucional que habil ite el estudio de m érito, condición de procedencia que p uede ser analizada oficiosamente como una forma

la Sala verificará si el asunto tiene trascendencia superior, es decir, si realmente se propone un genuino debate constitucional que habil ite el estudio de m érito, condición de procedencia que p uede ser analizada oficiosamente como una forma de resguardar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisp rudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le correspond e resolver a otras jurisdicciones”27.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conj unto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del he cho que de la actuación objeto de reproche constituci onal se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejempl o, en la sentencia T-310 de 200528, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administ rativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevan cia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

27 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 28

improcedencia de la tutela.

27 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 28 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03195-01

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En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado pa rtiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional29.

Al respecto, estable ció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 30, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fu ndamentales. En principio, la a cción de tutela no puede utilizarse

procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fu ndamentales. En principio, la a cción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que e l interesado argumente de maner a suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir es te requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que c onsidera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumen tos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a l as razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda aborda rse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argument os que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judicia les no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se con vierta en una instancia adicional del proceso

concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se con vierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interpo ner la demanda con serios y fuertes argumentos p ara derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se const ituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídi ca y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora considera que el Tribunal Administrativo de Boyacá con la sentencia de 28 de abril de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de just icia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la

29 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 30

como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la

29 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 30 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03195-01

Actor: ANYUL CRESENCIA CAÑÓN DOMINGUEZ

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“perpetuatio jurisdictionis ”, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y vio lación directa de la Constitución , conforme con los argumentos expuestos en los fundamentos de la acción d e tutela.

El juez de tutela de primera instancia en sentencia de 27 de julio de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela, al considera r que la precitad a autoridad judicial no incurrió en los defectos endilgados a la providencia objeto de rep roche constitucional.

En el escrito de impugnación, la parte actora insistió en los ar gumentos expuestos en el escrito de tutela, por lo que la Sa la limi tará su análisis, de efectuarse el estudio de fondo, a las anomalías allí alegadas.

4.2. La Sala anticipa que revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, declarará la improcedencia porque el asunto no cumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto se l imita a dar cont inuidad a la discusión litigiosa y

4.2. La Sala anticipa que revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, declarará la improcedencia porque el asunto no cumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto se l imita a dar cont inuidad a la discusión litigiosa y económica que fue resuelta en dos instancias, a lo se agrega que el debate propuesto no alude al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, sino que se concreta a un debate de mera legalidad.

De la revisión de los cargos de la solicitud de amparo, la Sala advierte que coinciden con los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la señora Anyul Cresencia Cañón Domínguez insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte Const itucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.

Así, se observa que en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 19 de diciembr e de 2022, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja (resumido en la providencia de segunda instancia), se lee lo siguiente:

“Solicitó dar aplicación al principio de favorabilidad o in dubio pro operario, y que las pruebas aportadas sean valoradas de acuerdo con el contexto legal y jurisprudencial que corresponde.

44. Frente al argumento del juez, dirig ido a que los casos expuestos en las sentencias de unificación no son iguales al presente asunto teniendo en cuenta que en los mismos no

corresponde.

44. Frente al argumento del juez, dirig ido a que los casos expuestos en las sentencias de unificación no son iguales al presente asunto teniendo en cuenta que en los mismos no existió afiliación al FOMAG, o no se giraron los recursos del sistema general de participaciones, indicó la recurrente que, las pretensiones en este caso están basadas en la interpretación unificada d e la Corte Constitucional de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG que tengan su régimen de cesantía anualizado, sumado a que la indemnización contenida en la Ley