CE - 110010315000202303198011SENTENCIA20231002105952

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03198-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: BLANCA INÉS LANCHERO

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO. SANCIÓN

MORATORIA PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, A LA

SEGURIDAD SOCIAL Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 3 de agosto de 2023, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A ”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la presente solicitud de amparo constitucional.

1 En adelante la Sección Segunda.2

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Actora: BLANCA INÉS LANCHERO

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I.- ANTECEDENTES

Actora: BLANCA INÉS LANCHERO

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora BLANCA INÉS LANCHERO , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y de perpetuatio jurisdictionis, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ2 al proferir la providencia de 28 de abril de 2023 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 15001-33-33-009-2022-00108-01.

I.2.- Hechos

Indicó que con posterioridad al año 1990 se vinculó como docente oficial al servicio del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por lo que se encuentra afiliad a al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

2 En adelante el Tribunal3

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SOCIALES DEL MAGISTERIO3 y tiene derecho al reconocimiento y

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SOCIALES DEL MAGISTERIO3 y tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado, incluyendo los intereses de cada año.

Adujo que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL omitió consignar de forma oportuna al FOMAG las cesantías correspondientes al período laboral del año 2020, por lo cual el 29 de julio de 2021 solicitó el pago y el reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19904 y desarrollada en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Refirió que mediante acto administrativo 1.2.5.1.1 -38 de 2 6 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá denegó la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de dicha prestación social.

Afirmó que inconforme con lo anterior, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN - MINISTERIO

DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE

3 En adelante FOMAG 4 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”4

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PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, proceso que fue identificado con el número único de radicación 15001-33-33-009-2022-00108-01 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA5 que, mediante sentencia de 19 de diciembre de 2022, denegó las pretensiones de la demanda.

Señaló que inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 2 8 de abril de 2023 , confirmó el fallo de primera instancia bajo el argumento de que no era posible hacerle extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues la misma no era aplicable a los docentes oficiales.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte demandante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política, toda vez que la decisión cuestionada “[…] no apareja el contenido de la ley y de la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre de la

5 En adelante el Juzgado5

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5 En adelante el Juzgado5

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jurisdicción contenciosa […]”.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia, que:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 28/04/2023, en el expediente rad. No. 15001-33-33-009-2022-00108-01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO

PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,

SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO

DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS

FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA

SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando

considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: […]”.6

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I.5.- Defensa

I.5.1. El TRIBUNAL pese a ser debidamente notificado del presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El Ministerio de Educación Nacional resaltó que la acción de la referencia no es la vía procedente para obtener el derecho prestacional reclamado, pues no existe transgresión de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la actora.

I.6.1.- El Ministerio de Educación Nacional resaltó que la acción de la referencia no es la vía procedente para obtener el derecho prestacional reclamado, pues no existe transgresión de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la actora.

Afirmó que la acción impetrada no tiene una clara y marcada importancia constitucional que haga procedente la intervención del juez de tutela en un asunto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues la controversia planteada es de naturaleza estrictamente económica e involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela por carecer de absoluta relevancia constitucional, situación por la cual debería declararse improcedente la presente solicitud de amparo.

I.6.2.- El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ señaló que en el presente7

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caso no se evidencia ningún hecho constitutivo de vulneración que amerite que el juez constitucional intervenga para que cese la conculcación de derechos y no existen supuestos fácticos ni jurídicos que soporte la acción de tutela.

Indicó que la sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional contiene un criterio que no resulta vinculante para este caso, toda vez que el asunto que allí se decidió no guarda identidad fáctica o jurídica con el que se debate en el presente proceso pues e n esa

contiene un criterio que no resulta vinculante para este caso, toda vez que el asunto que allí se decidió no guarda identidad fáctica o jurídica con el que se debate en el presente proceso pues e n esa oportunidad la docente no se encontraba afiliada al FOMAG.

I.6.3.- El Juzgado, la Fiduprevisora S.A. y el FOMAG pese a ser debidamente notificados del presente trámite constitucional, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 3 de agosto de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia bajo el argumento de que no cumple el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que la controversia examinada es de carácter legal y económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la8

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sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías.

Indicó que la finalidad de la actora con la presente solicitud de amparo es que se utilice como una instancia adicional y se le reconozca dicha sanción moratoria dentro del medio de control identificado con el número único de radicación 15001 -33-33-0092022-00108-01.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

identificado con el número único de radicación 15001 -33-33-0092022-00108-01.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó revocarla, reiterando para ello los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio.

Insistió en que carece de veracidad la afirmación de que no existe una posición jurisprudencial respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto el Consejo de Estado tiene una postura decantada desde el año 2019, “[…] tal y como se observó en el recuento jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de tutela […]”.

Afirmó que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad9

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de la tutela contra providencias judiciales, incluyendo el de relevancia constitucional, pu esto que se pretende el amparo de derechos fundamentales vulnerados ante la falta de reconocimiento de la sanción moratoria, para lo cual transcribió fragmentos de sentencias proferidas por diferentes secciones del Consejo de Estado, en las cuales se estudió de fondo el asunto y se concluyó que sí revestía relevancia constitucional.

Refirió que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia de 28 de julio de 2019 decidió la impugnación de una

relevancia constitucional.

Refirió que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia de 28 de julio de 2019 decidió la impugnación de una sentencia de tutela de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, en un asunto de similar naturaleza en el que señaló que la acción cumplía con la relevancia constitucional.

Indicó que en esa y otras sentencias se arribó a “[…] acertadas conclusiones que siguen siendo postura en el Consejo de Estado, ya que en el interregno en el cual se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió el pronunciamiento más reciente en la materia, fue proferid o el 19 de enero de 2023, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc ión Segunda, Subsección A, consejero ponente Dr. William Hernández Gómez, consistente en un fallo de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y10

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restablecimiento del derecho, es decir, que mientras estamos en el presente trámite de la acción constitucional, el Consejo de Estado ratifica su postura en el tema de sanción moratoria cesantías anualizadas – Docente […]”.

Arguyó que la Corte Constitucional mediante sentencia SU -098 de 2018, indicó que en virtud de los principios de igualdad e in dubio

ratifica su postura en el tema de sanción moratoria cesantías anualizadas – Docente […]”.

Arguyó que la Corte Constitucional mediante sentencia SU -098 de 2018, indicó que en virtud de los principios de igualdad e in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995 , adicionada por la Ley 1071 de 2006, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues se trata de servidores públicos beneficiarios de la sanción moratori a prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social, “[…] es por ello, que no es de recibo para esta parte procesal que se afirme que el presente asunto no tiene relevancia constitucional, por cuanto al no tener los docentes la garantía de la prestación claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, luego entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir, que la únic a forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva […]”.11

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo núm ero 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados ha sta el momento12

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con to da claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional

definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con to da claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.13

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los pri ncipios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregula ridad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse com o crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos qu e generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza14

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza14

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y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencia s proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha s eñalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providenc ia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo15

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 28 de abril de 2023 , proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado co n el número único de radicación 15001-33-33-009-2022-00108-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y de perpetuatio jurisdictionis, habida cuenta que, a juicio de la accionante, la autoridad judicial accionada incur rió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y en violación16

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directa de la Constitución Política, toda vez que la decisión cuestionada “[…] no apareja el contenido de la ley y de la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de ci erre de la jurisdicción contenciosa […]”.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que, a través de providencia de 3 de agosto de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo, luego de considerar que incumplía con el requisito general de relevancia constitucional, habida cuenta que lo pretendido por la actora es convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional al proceso ordinario para que se resuelva una controversia q ue se reduce a un debate meramente legal y económico.

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó revocarla, reiterando para ello los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio, afirmando que la solicitud cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, por cuanto “[…] al no tener los docentes la garantía de la prestación claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, luego entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir, que17

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evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir, que17

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la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva […]”.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados al denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 15001-33-33-009-2022-00108-01.

En ese orden , la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito general de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria solicitada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.18

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moratoria solicitada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03198-01

Actora: BLANCA INÉS LANCHERO

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Cabe señalar que sobre el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la procedencia de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 20196, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedenci a de la acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de l os procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de

1998. En esa medida, adujeron que las providencias impugnadas

prevista por el numeral 3º del art