CE - 110010315000202303208011SENTENCIA20231020082922

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-03208-01

Accionante: Hernán Laverde Martínez

Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , en la que se confirmó la decisión de nega r las pretensiones de la demanda tendientes a l ograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a docente oficial afiliad o al

FOMAG.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 22 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

El señor Hernán Laverde Martínez promovió acción de tutela para que se protejan

Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

El señor Hernán Laverde Martínez promovió acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y los principios de favorabilidad , seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

HECHOS

El señor Hernán Laverde Martínez afirmó que labora con la entidad territorial certificad en Educación del departamento de Boyacá con posterioridad a 1990, por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.

Así mismo, indicó que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional, en su condición de empleador, no consignó las cesantías correspondientes a los serv icios que prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( en adelante FOMAG), al cual pertenece como trabajador del Estado.

Igualmente, señaló que el 27 de julio de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que le fuera realiz ada la respectiva consignación, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50

que le fuera realiz ada la respectiva consignación, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Expuso que mediante el Acto Administrativo BOY2021EE029199 del 29 de agosto de 2021 expedido por el señor Marco Antonio Fonseca Sánchez, profesional universitario de la Secretaría de Educación de Boyacá, le negaron el reconocimiento y pago de la sanción reclamada y la indemniza ción por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

Por consiguiente, manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el 1.° de noviembre de 2023 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia de pr imera instancia, en la que se negaron las pretensiones.

De la misma forma, expuso que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia, al considerar que le asistía derecho a la mencionada sanción, conforme a lo sostenido por la jurispr udencia de los órganos de cierre de las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativo . Además, r efirió que elRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

28 de abril de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión recurrida.

www.consejodeestado.gov.co 3

28 de abril de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión recurrida.

Al respecto, el accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, porque su decisión no es acorde a la abundante jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado sobre el derecho que le asiste a la sanción moratoria.

Para el efecto, sostuvo, en primer lugar, que se superan todos los requisitos generales de procedibilidad de la ac ción de tutela para discutir la sentencia de la autoridad judicial accionada, especialmente, el de relevancia constitucional, y , en segundo lugar, se configuró una violación directa de la Constitución Política, por la no aplicación del artículo 53 superior , esto es, el principio de favorabilidad , y un defecto sustantivo.

Posteriormente, aseguró que la interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria genera un trato desigual de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, a pesar de que aquellos tienen la condición de empleados públicos.

Además, realizó un recuento de los antecedentes sobre la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar de manera efectiva las cesantías de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990 en el FOMAG, antes del 15 de febrero de cada anualidad, y afirmó que la Sección Segunda del Consejo de

de Educación Nacional de consignar de manera efectiva las cesantías de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990 en el FOMAG, antes del 15 de febrero de cada anualidad, y afirmó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dictado 22 sentencias entre el 2021 y el 2023, en las que ha accedido al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de docentes oficiales vinculados al FOMAG con posterioridad al 1.° de enero de 1990, en atención al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, proveídos con los cuales se le generó la confianza legítima de que su proceso sería resuelto en el mismo senti do, en atención al principio de seguridad jurídica; no obstante, el Tribunal accionado adoptó una decisión contraria.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Así, identificó las providencias dictadas, en su mayoría, por las distintas subsecciones de la Sección precitada con las siguientes fechas y radicados: 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009 -000867-01 (4854-2014); 29 de julio de 2019, 2018 -03499-01; 2 de diciembre de 2019, 201400173-01 (1688-16); 10 de junio d e 2020, 2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, 2014-00254-01 (4960 -2017); 12 de noviembre de 2020, 2014 -00132-01; 17 de junio de 2021, 2015 -00031-01; 17 de junio de 2021, 2014 -00815-01 (4979-2017); 4 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0483 -20); 25 de novi embre de 2021, 2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviembre de 2021, 2017 -00134-01 (22082020); 11 de noviembre de 2021, 2015 -90008-01 (2387-2020); 11 de noviembre de 2021, 2014 -90022-01 (5154 -2016); 20 de enero de 2022, 2017 -00931-01 (1001-2021); 3 de marzo de 2022, 2015 -00075-01 (2660 -2020); 28 de abri l de 2022, 2013 -00756-01 (2224 -2020); 9 de mayo de 2022, 2017 -00795-01 (26592020); 19 de mayo de 2022, 2019 -00359-01 (4004 -2021); 1.° de julio de 2022, 2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agosto de 2022, 2015 -00509-01 (2140-2020);

22 de septiembre de 2022, 2015 -90124-01 (2394 -2020); 19 de enero de 2023, 2012-00212-02 (4470-2021); y 26 de enero de 2023, 2018-0231-01 (0871-2020).

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte Constitucional en las sentencias C741/12, C486/16, SU336/17, SU098/18, SU332/19 y SU041/20 . Sobre el particular, añadió que en los tribunales administrativos del país también existen precedentes judiciales, en los que se ha reconocido el derecho a la sanción m oratoria a docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la falta de consignación de las cesantías por parte del patrono, Ministerio de Educación Nacional, el 15 de febrero del 2021, al FOMAG y que corresponden a su labor como maestros oficiale s en el 2020, como son las sentencias con las s iguientes fechas y radicados: 21 de julio de 2022, 201800097-00; 24 de enero de 2023, 2019 -00046-01; 31 de mayo de 2019, 201300734-00. Así mismo, identificó las siguientes providencias expedidas por distinto s juzgados: 23 de junio de 2022, 2022 -00020-00; 9 de septiembre de 2002, 202200115-00; 21 de septiembre de 2022, 2022 -00085-00; 27 de septiembre de 2022, 2022-00095-00; 28 de septiembre de 2022, 2022 -00066-00; 28 de septiembre de

00115-00; 21 de septiembre de 2022, 2022 -00085-00; 27 de septiembre de 2022, 2022-00095-00; 28 de septiembre de 2022, 2022 -00066-00; 28 de septiembre de 2022, 2022-00065-00; 30 de septiembre de 2022, 2022-00109-00; 6 de octubre de 2022, 2022 -00072-00; 25 de octubre de 2022, 2022 -00122-00; 16 de noviembre de 2022, 2022-00008-00; y 19 de enero de 2023, 2022-00098-00.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Aunado a ello, consideró que si el accionado pretendía efectuar u n cambio de jurisprudencia debió argumentarlo de esa forma, pero ello no ocurrió en el asunto, pues lo único que aquel expresó fue que, primero, existía el principio de unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG —a pesar de que ello no es óbice para el reconocimiento reclamado, pues esa unid ad no se predica de los recursos que aún no han sido transferidos por la cartera ministerial y, en todo caso, no puede confundirse con el momento en que deben girarse los recursos —, y, segundo, que no había se ntencia unificada, con lo cual dejó de lado las múltiples providencias expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes reseñadas.

segundo, que no había se ntencia unificada, con lo cual dejó de lado las múltiples providencias expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes reseñadas.

Así mismo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en tres errores, comoquiera que para saber si existió o n o mora en la consignación de las cesantías es necesario que el Ministerio de Educación Nacional conozca previamente el fondo al que está afiliado su empleado; la posición de aquel implica desconocer de dónde p roviene el patrimonio del FOMAG; y resulta un exabrupto señalar que un docente vinculado por una entidad territorial tiene derecho a la sanción moratoria, sin que la Nación se hubiese enterado y aquel no estuviese afiliado a dicho fondo.

En esa medida, coligió que la conclusión del Tribunal Administr ativo de Boyacá consistente en que el Ministerio de Educación Nacional no debe girar los recursos de las cesantías en debida forma de los docentes que ya se encuentran afiliados al FOMAG requiere una efectiva corrección de orden legal.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 28 de abril de 2023 en el proceso que promovió, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, a cceso a la administración de justicia y los pri ncipios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados

legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

En consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo, en el que atienda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó el máximo tribunal constituc ional en la s sentencias SU098/18, SU332/19 y SU 041/20 y la Sección Segunda de esta corporación , en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitado en la demanda.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutel a de la referencia fue admitida el 16 de junio de 2023, mediante proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, como accionado; al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja , a la Nación – Ministerio de Educación Nac ional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) , a la Fiduprevisora S.A. y al departamento de Boyacá - Secretaría de Educación, como terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá no rindió informe alguno, pese a que fue notificado del auto admisorio de esta acción.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Tunja , por conducto de su titular,

El Tribunal Administrativo de Boyacá no rindió informe alguno, pese a que fue notificado del auto admisorio de esta acción.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Tunja , por conducto de su titular, luego de señalar las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, afirmó que carece de legit imación en la causa por pasiva, en tanto la parte accionante alega una vulneración de los derechos fundamentales únicamente por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ocasión de la sentencia emitida el 28 de abril de 2023.

En gracia de discusión, adujo que debe negarse el amparo porque lo alegado no constituye una transgresión de derechos, sino una mera inconformidad o desacuerdo con la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario , lo que torna en improcedente la acción de tutela, pues e sta no está prevista como unaRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

tercera instancia para reabrir debates ya concluidos ni para modificar decisiones que hicieron tránsito a cosa juzgada.

Agregó que la acción constitucional no cumple con las cau sales de procedibilidad de este mecanismo, concretamente la de subsidiariedad y la de relevancia constitucional, lo cual fue explicado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en un caso similar, con fundamento en la Sentencia SU573/19 ; así como tampoco se configura un desconocimiento del precedente ju dicial, pues tanto él como el

constitucional, lo cual fue explicado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en un caso similar, con fundamento en la Sentencia SU573/19 ; así como tampoco se configura un desconocimiento del precedente ju dicial, pues tanto él como el Tribunal Administrativo de Boyacá expusieron de forma clara, idónea y suficiente las razones para apartarse de la Sentencia SU098/18 y de las sentencia del Consejo de Estado , y ac lararon los motivos por l os cuales el principio de favorabilidad no es aplicable en el asunto.

El Ministerio de Educación Nacional , por medio del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, después de hacer referencia a las pretensiones del señor Hernán Laverde Martínez y a sus competencias y a las de las entidades territoriales certificadas , afirmó que no se vulneraron derechos fundamentales y solicitó no acceder a las pretensiones invocadas o, en su defecto, desvincularlo.

La Fiduprevisora S.A. , mediante la coordinadora de tutelas, sostuvo que la argumentación de la parte accionante es exigua en relación con la configuración de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales, porque aquella está siendo utiliz ada para invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

De otra parte, adujo que, en virtud del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas en la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, lo cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989,

entidades administradoras de cesantías creadas en la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, lo cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989, bajo el principio de unidad de caja. Aclaró que la totalidad de los recurso s con que se constituye el mencionado fondo con forman el patrimonio autónomo que se administra por medio de un esquema fiduciario, por lo que los recursos se gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

En esa medida, explicó que la imposi bilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para los docentes afiliados al FOMAG se extiende a la consignación de cesantías, razón por la cual no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que esta ocurre por la consignación inoportuna de las cesantías.

Además, precisó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda aducirse que aquellas hayan inobservado los preceden tes judiciales sobre la materia objeto de la demanda o vulnerado las garantías fundamentales de l accionante. Por consiguiente, requirió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y desvincularlo, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

la demanda o vulnerado las garantías fundamentales de l accionante. Por consiguiente, requirió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y desvincularlo, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

El departamento de Boyacá guardó silenc io, pese a que fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de la referencia.

OPOSICIÓN A LAS CONTESTACIONES

El señor Hernán Laverde Martínez allegó memorial, en el cual afirmó que la autonomía judicial no es absoluta, en tanto deben respetarse , de un lado, ciertos límites en la interpretación y aplicación de la ley y, de otro, el precedente judicial, pues de lo contrario se prescindiría de un deber constitucional de cooperación para lograr un correcto funcionamiento de la administración de justicia. En esa medida, debe prevalecer la aplicación del principio de igualdad y la garantía de la seguridad jurídica en las actuaciones judiciales.

Así mismo, expuso la necesidad de que se analice el pre sente asunto, ante la copiosa jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos que le prestan servicios al país y e l reconocimiento de la sanción moratoria de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Adicionalmente, señaló que la sanción moratoria está consagrada en el artículo 99

de la Ley 50 de 1990, la cual se extendió a todas las personas que se vincularan aRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

los órganos y entidades del Estado, lo cual incluye necesariamente a los docentes oficiales conforme se ha señalado en las sentencias C741/12, C486/16 y SU336/17 dictadas por la Corte Constitucional y la proferida el 18 de julio de 2018, expediente 2 014-00580-01, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese entendido, estimó que la inaplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 implica la transgresión al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

Sumado a lo anterior, señaló que tampoco es de recibo el razonamiento de la Fiduprevisora S.A. sobre el incumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela.

Igualmente, advirtió que la postura que pretende se aplique sigue siendo el criterio vigente del Consejo d e Estado, pues durante el interregno en el cual se radicó la acción de tutela y la fecha de ese memorial se profirió un pronunciamiento, con fecha del 19 de enero de 2023, sobre la materia.

En esa medida, s eñaló que el Consejo de Estado ha dictado alrededor de 2 1 sentencias, en las que ha sostenido que a los docentes afiliados al FOMAG les es

fecha del 19 de enero de 2023, sobre la materia.

En esa medida, s eñaló que el Consejo de Estado ha dictado alrededor de 2 1 sentencias, en las que ha sostenido que a los docentes afiliados al FOMAG les es aplicable la Ley 50 de 1990, por lo cual la solicitud es que se otorgue un trato igualitario, razón por la que no pue de aceptarse la interpretación restrictiva del Tribunal Administrativo de Boyacá sobre la existencia de un régimen especial para dichos docentes.

Además, puso de presente que sí se configuró una violación directa de la Constitución por la no aplicaci ón del principio de favorabilidad , lo cual constituye un aspecto de especial relevancia constitucional , en consonancia con la abundante jurisprudencia en el caso específico de los docentes.

Agregó que han existido ocasiones en las que la Corte Constitucional ha aplicado el régimen general a personas ampar adas bajo uno especial, sin que ello conlleve al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como ha sido la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de estas , en la s sentencias C741/12, C486/16, SU336/17 y SU098/18.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Así mismo, adujo que la tesis de que existe un régimen especial de cesantías debe ser superado por parte del operador jurídico y merece un espec ial

www.consejodeestado.gov.co 10

Así mismo, adujo que la tesis de que existe un régimen especial de cesantías debe ser superado por parte del operador jurídico y merece un espec ial pronunciamiento del despacho , máxime si se tiene presente que el Tribunal Administrativo de Boyacá concluyó erróneamente que los docentes se encontraban excluidos de la sanción moratoria y que la única diferencia con los demás empleados del país es que el valor de los intereses de las cesantías se paga al liquidar el DTF sobre el saldo acumulado.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 22 de agosto de 2023 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las solicitudes de desvinculación formuladas y declaró improcedente el amparo de tutela deprec ado, puesto que consideró que el actor no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los motivos por los cuales el asunto tiene trascendencia constitucional y pretendió revivir un debate prop io del juez natural que ya fue resuelto.

IMPUGNACIÓN

El accionante interpuso recurso de impugnación en contra de la sentencia de tutela del 22 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, para lo cual insistió en los argumentos iniciales y , adicionalmente, afirmó que no es de recibo que no exista una posición unificada respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial , pues esta ha sido decantada desde el 2019 hasta la fecha, com o se evidencia del recuento jurisprudencial efectuado en el escrito de tutela.

respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial , pues esta ha sido decantada desde el 2019 hasta la fecha, com o se evidencia del recuento jurisprudencial efectuado en el escrito de tutela.

Así mismo, adujo que la postura anterior sigue siendo acogida por el Consejo de Estado, lo que resulta evidente si se tiene presente que en el interregno en que se instauró la acción de tutela y la actualidad se profirió l a sentencia del 19 de enero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se empleó aquella.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

Por último, iteró que existe un precedente unificado en la Corte Co nstitucional, esto es, la Sentencia SU098/18 y que fue acogido por el Consejo de Estado, de acuerdo con los prin cipios de igualdad e indubio pro operario y la Ley 224 de 1995.

En consecuencia, solicitó revocar el fallo de tutela recurrido y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales reclamados en protección y dejar sin efectos la sentencia objeto de esta acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción , la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la a cción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

temáticas: I) procedencia de la a cción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepci onal, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecid as en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencia s, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los juece s ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, t anto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.

2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03208 -01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

(iii) Que la acción de tu tela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sa crifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violac ión. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afec tados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los

interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirs e en una decisión judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto proce dimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se p resenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jur ídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la

que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jur ídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por