CE - 110010315000202303209011SENTENCIA20231020120404

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Seguridad social, ii) igualdad, iii) acceso a la administración de justicia y iv) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela del 3 de agosto de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado , presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 de abril de 2023 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y2

Administrativo de Boyacá, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 de abril de 2023 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 1500133-33-010-2022-00040-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Boyacá, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio núm. 1.2.5.1.1 – 38 del 26 de agosto de 2021 , entendiéndose que niega el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 1990 1 y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías contempladas en la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752.

4. El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja profirió sentencia de primera instancia el 7 de octubre de 20 22, negando las pretensiones de la demanda.

4. El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja profirió sentencia de primera instancia el 7 de octubre de 20 22, negando las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia de segunda instancia el

25 de abril de 2013, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de octubre de 2022, mediante la cual el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja negó las pretensiones de la demand a, por las razones expuestas en precedencia. […]”.

6. El Tribunal Administrativo de Boyacá consideró lo siguiente: “[…] 58. La Sala analizará estos razonamientos a continuación:

1 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

Aunque la parte demandante se vinculó en vigencia del Decreto 1252 de 2000, los supuestos de hecho de la sanción moratoria son incompatibles con las competencias y los procedimientos presupuestales previstos para la financiación de las cesantías de los docentes […]”. […] “[…] 67. Así las cosas, una conclusión parcial de este análisis consiste en que la Ley 91 de 1989 universalizó para los docentes oficiales el régimen de cesantías anualizadas, pero respetó los derechos adquiridos de quienes, por su antigüedad

“[…] 67. Así las cosas, una conclusión parcial de este análisis consiste en que la Ley 91 de 1989 universalizó para los docentes oficiales el régimen de cesantías anualizadas, pero respetó los derechos adquiridos de quienes, por su antigüedad (vinculación antes del 1.º de enero de 1990), ya gozaban del régimen retroactivo.

68. Ahora bien, la Ley 50 de 1990 reformó el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y, en ese sentido, modificó el auxilio de cesantías para los trabajadores particulares, quienes también pasaron de un régimen retroactivo a uno anualizado, con el reconocimiento de intereses legales del 12 % anual: […]”. […] “[…] 69. Más adelante, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 extendió el régimen anualizado de cesantías a los empleados públicos que todavía mantenían el régimen retroactivo y expresamente mantuvo las particularidades del régimen del magisterio: […]”. […] “[…] 70. Finalmente, el artículo 1.º del Decreto 1582 de 1998, que reglamentó la Anterior disposición, dejó claro que el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 se extendió para los servidores públicos del orden territorial que se vincularan a partir del 31 de diciembre de 1996 y se afiliaran a un fondo privado de cesantías. […]”. […] “[…] 72. Posteriormente, en desarrollo de la Ley 4.ª de 1992, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1252 del 30 de junio de 2000 con el fin de unificar las cesantías de los servidores públicos: […]”.

[…]

[…] “[…] 72. Posteriormente, en desarrollo de la Ley 4.ª de 1992, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1252 del 30 de junio de 2000 con el fin de unificar las cesantías de los servidores públicos: […]”. […] “[…] 73. Según se observa, esta disposición preceptuó que a partir del 30 de j unio de 2000 todos los empleados públicos que se vincularan al servicio del Estado, sin importar que contaran un régimen especial, sería n beneficiarios de la Ley 50 de 1990 para efectos de sus cesantías.

74. Lo anterior implica que, en principio, la sanción moratoria que prevé el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990 se hizo extensiva a ese grupo de docentes (quienes se vincularon en vigencia del Decreto 12 52 de 2000), dada su calidad de empleados públicos, conforme lo dilucidó el Consejo de Estado en la sente ncia de unificación del 18 de julio de 201812.

75. No obstante, en criterio de la Sala, esta consagración normativa no es suficiente para acceder a su reconocimiento , debido a que sus supuestos de hecho son incompatibles con las competencias y los procedimientos presupuestales previstos para la financiación de las cesantías de los docentes. Dicho de otra forma, pese a que el Decreto 1252 de 2000 cobije a la parte demandante porque se vinculó después de su e xpedición, lo cierto es que las normas que organizan la manera4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

como se presupuestan y transfieren los recursos relativos a la prestación hacen que la penalidad sea de imposible configuración.

76. Al respecto, la Ley 715 de 2002 desarrolló el Sistema General de Participaciones y, en ese ejercicio, estableció que los recursos de la participación de educación se destinarían, entre otros aspectos, al “[p]ago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales” (art. 15.1). […]”. […] “[…] 78. El Decreto 3752 de 2003 reglamentó este aspecto y posteriormente quedó incorporado al Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (DUR. 1075/2015). Sus artículos 2.4.4.2.2.1 a 2.4.4.2.2.5 señalan que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe de scontar directamente de la participación de educación los recursos necesarios para cubrir las prestaciones docentes, para transferirlos al Fomag. […]”. […] “[…] 81. Estas normas permiten colegir que el giro de los recursos no lo realiza la entidad territorial certificada, que es la que administra el personal docente y, por ende, funge como nominador (art. 153 L. 115/1993 y art. 7.3 L. 715/2002); y tampoco el Ministerio de Educación, aunque es la entidad competente para reconocer las prestaciones soc iales de los docentes (art. 9.º L. 91/1989); sino el Ministerio de

el Ministerio de Educación, aunque es la entidad competente para reconocer las prestaciones soc iales de los docentes (art. 9.º L. 91/1989); sino el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (un tercero) de manera directa. […]”. […] “[…] 83. Entonces, frente a los docentes no exist e la obligación de consignar la prestación en un solo momento (es gradual) y el giro de los recursos no está a cargo del empleador, sino de una entidad ajena incluso al sector de educación.

84. Por lo tanto, desde la perspectiva del princip io de legalidad de las faltas y sanciones13, los supuestos de hecho de la san ción que reclama la demanda son incompatibles con los procedimientos presupuestales que prevé la legislación para la financiación y pago de las cesantías y sus intereses. Esto, sin mencionar que los docentes no poseen cuentas individuales dentro del Fomag (en virtud del principio de unidad de caja) y, por ende, la administración de los recursos a su interior no sigue los mismos parámetros que rigen a los fondos privados de cesantías.

El régimen docente cuenta con una norma especial respecto de los intereses a las cesantías

85. El artículo 15-3 de la Ley 91 de 1989 previó lo siguiente respecto de los intereses a las cesantías de los docentes oficiales que se causaran a partir de su vigencia:

[…]”. […] “[…] 86. Así las cosas, esta disposición contempló una prerrogativa particular, que consiste en que los intereses de la prestación se calculan con la tasa DTF aplicada sobre el monto de cesantías acumulado al 31 diciembre de cada año, no sobre la suma que corresponde a la liquidación anual del emolumento. Por consiguiente, la

consiste en que los intereses de la prestación se calculan con la tasa DTF aplicada sobre el monto de cesantías acumulado al 31 diciembre de cada año, no sobre la suma que corresponde a la liquidación anual del emolumento. Por consiguiente, la liquidación se realiza de forma diferente a como lo indica el artículo 99 -2 de la Ley 50 de 1990, el cual, como ya se vio, señala que los intereses corresponden al 12 % anual o proporcionales por fracción.5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

87. Entonces, los docentes cuent an con una norma especial que regula la liquidación de los intereses a las cesantías de una manera más favorable que la que prevé la Ley 50 de 1990 para los demás empleados públicos. […]”. […] “[…] 91. En consecuencia, como esta indemnización no pertenece al régimen especial de los docentes, no resulta procedente su imposición. Por eso mismo, la Sala resalta que el elemento temporal (o de oportunidad) de la prestación, cuyo incumplimiento genera la penalidad, no puede exigirse para este grupo de servidores. […]”. […] “[…] 93. Esto sin mencionar que, en criterio de la Sala, el diseño presupuestal para el aprovisionamiento de los recursos para el pago de las cesantías (giro previo, gradual y directo por parte del Ministerio de Hacienda) justifica que el Consejo Directivo del Foma g determinara a través del Acuerdo 39 del 15 de diciembre de 1998 un procedimiento para pagar los intereses a las cesantías en los meses de marzo y mayo, a partir de los reportes de información que efectúan las entidades

Directivo del Foma g determinara a través del Acuerdo 39 del 15 de diciembre de 1998 un procedimiento para pagar los intereses a las cesantías en los meses de marzo y mayo, a partir de los reportes de información que efectúan las entidades territoriales dentro de los 20 prim eros días de enero de cada año y después de adelantar las verificaciones correspondientes. La interpretación de la sentencia SU -098 de 2018 no es aplicable a este caso y, además, el asunto no cuenta con trascendencia constitucional, de acuerdo con la sentencia SU-573 de 2019[…]”. […] “[…] 95. Al respecto, la Corte Constitucional reiteradamente ha explicado que el precedente se define como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”15. A partir de este concepto, el alto tribunal ha señalado que para que una decisión judicial se considere precedente es necesario que reúna tres requisitos:

“(…) i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. (…)” (Subraya fuera del texto original)

96. Teniendo en cuenta lo anterior, la referida sentencia SU -098 de 2018 efectivamente extendió la sanción moratoria que prevé la Ley 50 de 1990 a favor de una docente oficial (no se pronunció sobre la indemnización por el pago tardío de los

96. Teniendo en cuenta lo anterior, la referida sentencia SU -098 de 2018 efectivamente extendió la sanción moratoria que prevé la Ley 50 de 1990 a favor de una docente oficial (no se pronunció sobre la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías), pero sus condiciones particulares no son similares a las que presenta este caso, en concordancia con el análisis que efectuó la sentencia SU573 de 2019. […]”. […] “[…] 100. Adicionalmente, la Corte Constitucional modificó el criterio de la sentencia SU-098 de 2018 con la sentencia SU-573 de 2019, que ya se mencionó. Esta última decisión, para lo que interesa a este análisis, sostuvo que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 (i) versa sobre una cuestión6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

meramente legal, con una connotación de contenido patrimonial, y (ii) no involucra la protección de derechos fundamentales. […]”. […] “[…] 104. Así las cosas, la supuesta concurrencia de interpretaciones es apenas aparente, pues parte del presupuesto relativo a la existencia de un vacío legal, que en realidad representa la intención del legislador de establecer un régimen particular y propio para los educadores, con dinámicas y beneficios diferentes a los que cobijan a los demás empleados públicos. Esto también significa que los grupos de trabajadores que pretenden compararse no se encuentran en el mismo plano de igualdad, que es el paso previo e imprescindible para aplicar el juicio integrado de igualdad19.

a los demás empleados públicos. Esto también significa que los grupos de trabajadores que pretenden compararse no se encuentran en el mismo plano de igualdad, que es el paso previo e imprescindible para aplicar el juicio integrado de igualdad19.

105. Todas las anteriores razones llevan al Tribunal a concluir que los cargos de la apelación no tienen prosperidad y, por ende, la sentencia de primera instancia, que desestimó las pretensiones de la demanda, debe confirmarse. Cabe destacar que el criterio que acoge esta providencia atiende la posición que asumió la Sala Plena de esta Corporación en sesión del 15 de marzo de 2023. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…]1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 25/04/2023, en el expediente rad. No. 15001 -33-33010-2022-00040-01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI CIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundant e

JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundant e jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de o ctubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los siguientes expedientes:7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

3. CORTE

CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332/2019

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041/2020

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS

FIRMANTES

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-31000200900867-01, No.

Interno: 4854-2014

24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

3 11001-03-15000-201804617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

000-201804617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4 11001-03-15000-201804679-01

28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

HERNANDO SANCHEZ

SÁNCHEZ

5 11001-0315000-201803499-01

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

7 08001-23-33000-201400208-01

10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ

9

08001-23-33000-201400132-01

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

10

08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017)

17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

11 08001-23-33000-201500331-01

17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-3317 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

16 080001-23-40000-201490022-01

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016)

11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021)

20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020)

3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020)

28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021)

19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER

23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020)

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020)

22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021)

19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020)

26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

8. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en la causal de ii) violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de auto del 21 de junio de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá; y iii) vinculó a la Nación - Ministerio de Educaci ón Nacional y al Fondo Nacional de Prestaciones

de tutela; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá; y iii) vinculó a la Nación - Ministerio de Educaci ón Nacional y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

9.1. De igual manera, el Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado comisionó al “[…] Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Tunja, para que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, notifique del presente trámite constitucional a todas las personas que intervinieron dentro del m edio de control nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 15001 33 33 010 2022 00040 00 [01] […]”.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó que10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configur ó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. El Tribunal Administrativo de Boyacá señaló que:

“[…] Con la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional varió la posición que expuso en la sentencia SU-098 de 2018 (la cual es el sustento principal de la parte

11. El Tribunal Administrativo de Boyacá señaló que:

“[…] Con la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional varió la posición que expuso en la sentencia SU-098 de 2018 (la cual es el sustento principal de la parte actora), en el sentido de señalar que carecen de relevancia constitucional las acciones de tu tela interpuestas contra las sentencias ordinarias que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales. La alta corporación sintetizó este precedente, así: […]”.

[…]

“[…] El presente caso encaja dentro de los parámetros de los fallos en cita, conforme se expuso en la sentencia cuestionada, porque:

▪ El asunto versa sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la cons ignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

▪ Dichos conceptos laborales no tienen una relación directa con un derecho fundamental. En este sentido, el Tribunal expresamente analizó y desestimó el argumento relacionado con el presunto desconocimiento del principio de favorabilidad en materia laboral3.

▪ En ningún momento la parte actora afirma que esté en entredicho su mínimo vital, máxime cuando mantiene una relación legal y reglamentaria de la que se deriva una remuneración habitual y periódica.

▪ La parte actora redunda en el mismo debate que planteó ante la jurisdicción administrativa, pues esgrime casi idénticamente los razonamientos que fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias.

▪ La parte actora redunda en el mismo debate que planteó ante la jurisdicción administrativa, pues esgrime casi idénticamente los razonamientos que fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias.

▪ El fallo atacado resolvió todos los cargos de la apelación de manera amplia y razonada. Además, expuso expresamente los motivos que impedían aplicar la posición que expuso la sentencia SU-098 de 2018, debido a que sus supuestos fácticos no eran similares.

▪ El fallo atacado también adelantó un extenso análisis legal y jurisprudencial no solo de la normatividad aplicable al docente respecto de sus cesantías anualizadas, de acuerdo con su fecha de vinculació n, sino también de los elementos necesarios para la configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen docente, competencias y dinámica presupuestal.

Con base en lo anterior, la presente tutela busca que el Consejo de Estado actúe como una tercera instancia, pese a que, conforme lo indica la jurisprudencia constitucional, “la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un ‘juicio de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado”4.11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

En consecuencia, respetuosamente el Tribunal solicita que se declare la

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03209-01

Actor: Hilberto Antonio Espitia Villate

En consecuencia, respetuosamente el Tribunal solicita que se declare la improcedencia de la tutela o, en su defecto, se nieguen sus pretensiones, en ausencia de vulneración iusfundamental alguna. […]”.

12. El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja manifestó que:

“[…] En este caso, es claro que este despacho y el Tribunal Administrativo de Boyacá, no adoptaron una decisión caprichosa, contrario sensu, en la parte considerativa de las sentencias se evidencia el cumplimiento de la carga argumentativa suficiente, con base en las normas legalmente aplicables y en los particulares supuestos de hecho que se debatieron en las respectivas instancias, no se avizora tampoco una interpretación alejada de la razonabilidad, de tal suerte que, en garantía de la independencia e imparcialidad que orienta la administración de justicia y que sirve de faro para adoptar las decisiones judiciales, la acción de tutela no puede abrirse paso en esta oportunidad.

Tampoco es cierto que se hayan vulnerado los derechos fundamentales que se invocan en el escrito de amparo, como quiera que al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2022-00040, se surtieron todas las etapas, brindado a la parte demandante la posibilidad de controvertir la s decisiones, como lo fue, a modo de ejemplo, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia fechada el 7 de octubre de 2022, en definitiva, se garantizó plenamente el debido proceso y el derecho de defensa. […]”.

de ejemplo, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia fechada el 7 de octubre de 20