CE - 110010315000202303211011SENTENCIA20230922114258

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: Jenny Alexandra Barón Bohórquez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: JENNY ALEXANDRA BARÓN BOHÓRQUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el demandante contra la providencia de 28 de julio de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Jenny Alexandra Barón Bohórquez, mediante apoderado , interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por estimar vulnerados

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Jenny Alexandra Barón Bohórquez, mediante apoderado , interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso , a la seguridad social, seguridad jurídica la igualdad y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 28/04/2023, en el expediente rad. N o. 15001-33-33001-2022-00155-01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA (…)

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: La señora Jenny Alexandra Barón Bohórquez se ha desempeñado como docente del departamento de Boyacá, con vinculación posterior al año 1990.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: Jenny Alexandra Barón Bohórquez

del departamento de Boyacá, con vinculación posterior al año 1990.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: Jenny Alexandra Barón Bohórquez

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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La actora afirmó que el Ministerio de Educación Nacional no consignó en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG (en adelante FOMAG) las cesantías del año 2020 en la fecha prevista legalmente, es decir, a más tardar el 15 de febrero del año 2021.

El 9 de agosto de 2021, le solicitó al Ministerio de Educación el pago de las cesantías del año 2020 y el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía en el FOMAG, con fundamento en el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Esa petición fue resuelta de manera negativa, mediante acto administrativo núm. 1.2.5.1.138 del 26 de agosto de 2021.

Por lo anterior, la actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el departamento de Boyacá – Secretaría de Educación de Boyacá, con la finalidad de que se declarará la ilegalidad del

derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el departamento de Boyacá – Secretaría de Educación de Boyacá, con la finalidad de que se declarará la ilegalidad del mencionado acto administrativo . Y, en su lugar , se ordenará el reconoc imiento y pago de la de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.

El Juzgado primero Administrativo de Tunja , en sentencia de 1 4 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda , al considerar que, en materia de cesantías e intereses a las cesantías docentes, el sistema jurídico consagró un régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989 y que, por tanto, resulta incompatible aplicar las normas dispuestas en la Ley 50 de 1990 y Ley 52 de 1975, pues estas están previstas para particulares y otros servidores públicos, distintos al personal docente. Además, que el supuesto fáctico de la sentencia SU-098 de 2018 no era idéntico al caso examinado , por lo que lo resuelto en esa decisión no resultaba aplicable al presente asunto.

El demandante apeló la mencionada decisión.

El 28 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión de primera instancia con fundamento en que los docentes son afiliados forzosos al FOMAG y su régimen de cesantías está determinado por la Ley 91 de 1989, sin que ninguna disposición normativa establezca expresa o tácitamente que se les deba hacer extensivo lo regulado por la Ley 50 de 1990.

Explicó que, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma, no era

que ninguna disposición normativa establezca expresa o tácitamente que se les deba hacer extensivo lo regulado por la Ley 50 de 1990.

Explicó que, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma, no era procedente tomar partes del sistema general (Ley 50 de 1990) y al régimen especial (Ley 91 de 1989), con el fin de crear un régimen salarial y prestacional autónomo, constituido por varios apartes normativos de varios regímenes prestacionales.

En lo referente a la aplicación de la sentencia SU-098 de 2018, advirtió que en esa ocasión la Corte Constitucional resolvió un asunto de un docente que no se encontraba vinculado al FOMAG, es decir, un supuesto fáctico distinto al del caso en examen.

Así mismo, indicó que en las sentencias SU – 573 de 2019 y SU-041 de 2020, se precisó que lo resuelto en la SU -098 de 2018 no generaba efectos inter comunis. Además, consideró que no era posible aplicar el principio de igualdad para resolver el asunto, porque no se estaba frente a dos disposiciones que ofrecieran un tratoRadicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: Jenny Alexandra Barón Bohórquez

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diferenciado, en cambio, lo que ocurría era que la Ley 91 de 1989 no contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, situación que depende de la voluntad del legislador y que, por sí misma, no implica la transgresión del principio de igualdad.

Afirmó que los recursos del FOMAG se rigen por el principio de unidad de caja, es decir, que provienen de un fondo común y no mediante cuentas individuales asignadas a cada docente.

Señaló que , si bien algunas sentencias del Consejo de Estado han avalado el reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas docentes, había lugar a apartarse de dicha tesis en la medida en que no existe sentencia de unificación que implique el desconocimiento del precedente vertical.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, el tribunal demandado con la decisión de segunda instancia vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en las razones que se pasan a señalar.

Manifestó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución , porque no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 19981 extendió el sistema de cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del sector público del nivel territorial, vinculados a

violación directa de la Constitución , porque no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 19981 extendió el sistema de cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del sector público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. Que, por lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados por la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los docentes se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial , manifestó que se desatendió lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020. Además, las sentencias del Consejo de Estado, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales . Al respecto, citó como desconocidas las siguientes sentencias proferidas por esta Corporación: del 6 de

1 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó a plicable por virtud del Decreto 1252 de 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

1 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó a plicable por virtud del Decreto 1252 de 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: Jenny Alexandra Barón Bohórquez

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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agosto de 20202, 24 de enero de 20193, 17 de junio de 20194, 28 de junio de 20195, 29 de julio de 20196, 2 de diciembre de 20197, 10 de junio de 20208, 22 de octubre de 20209, 12 de noviembre de 2020 10, 17 de junio de 2021 11, 4 de noviembre de 202112, 25 de noviembre de 2021 13, 11 de noviembre de 2021 14, 20 de enero de 202215, 3 de marzo de 2022 16, 28 de abril de 2022 17, 9 de mayo de 2022 18, 19 de mayo de 202219, 1 de julio de 202220, 22 de agosto de 202221, 22 de septiembre de 202222, 19 de enero de 202323 y 26 de enero de 202324.

Agregó que, el Consejo de Estado, en pronunciamiento s del 17 de abril y 23 de

202222, 19 de enero de 202323 y 26 de enero de 202324.

Agregó que, el Consejo de Estado, en pronunciamiento s del 17 de abril y 23 de marzo de 2023, analizó dos casos con una idéntica naturaleza al presente asunto, en los que dio por superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001 -23-33000-201300666-01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de ener o de 2019, Exp. 76001 -23-3100020090086701 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2018-461701, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15000-2018-467901, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315000-20180349901, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009 , Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009 , Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001-23-31000-201400254-01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017), C.P. Gabriel Valbu ena Hernández y Exp. 08001 -23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de

01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021 , Exp. 080001-2340-000201590008-01 (2387 -2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021 , Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201500075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022 , Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022 , Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022 , Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 19 Consejo de Estado, Se cción Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31-000-201200212-02 , C.P. William Hernández Gómez. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2023, Exp 47001-23-33-000-20180231-01 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: Jenny Alexandra Barón Bohórquez

5

0231-01 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: Jenny Alexandra Barón Bohórquez

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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y, de manera específica, consider ó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente. Por ello, solicitó se profiera sentencia de tutela en igual sentido dentro del presente asunto.

Anotó que las sentencias citadas no fueron tenidas en cuenta en la providencia objeto de tutela, ni sobre ellas hubo algún tipo de pronunciamiento al interior del proceso ordinario.

Finalmente, destacó que el tribunal de mandado también desatendió sentencias dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

4. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Boyacá guardó silencio.

5. Intervenciones

El Ministerio de Educación Nacional afirmó que la acción de tutela es improcedente, dado su carácter residual y subsidiario y, que, en el caso concreto, la vulneración alegada no se encuentra probada. Además, resaltó que la controversia planteada gira en torno a un debate de índole económic o, por lo que

la vulneración alegada no se encuentra probada. Además, resaltó que la controversia planteada gira en torno a un debate de índole económic o, por lo que no es procedente la tutela.

Señaló que debe prevalecer la independencia y autonomía de quienes cumplen la función judicial.

Finalmente, solicitó ser desvinculado del trámite constitucional de la referencia, puesto que no es la responsable de los hechos y omisiones presentadas en el escrito inicial.

La Gobernación de Boyacá advirtió que no ha sido proferida sentencia de unificación aplicable al caso concreto y que la sentencia SU -098 de 2018 no es aplicable al presente asunto, porque en esta se estudió el caso de un docente que no se encontraba afiliado al FOMAG.

Así mismo, manifestó que el régimen especial de los docentes oficiales no prevé la consignación de las cesantías a sus afiliados, sino que los recursos correspondientes a esta prestación ingresan al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio mediante un giro global. En consecuencia , el pago de una eventual sanción moratoria recaería sobre el Fomag, administrado por la Fiduciaria La Previsora.

Consideró que, en el trámite judicial, la autoridad judicial demandada garantizó el debido proceso de las partes y profirió una sentencia debidamente soportada en situaciones fácticas y jurídicas probadas.

El Juzgado Primero Administrativo de Tunja Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela. Al respecto, afirmó que aplicó el marco jurídico y la jurisprudencia vigente relacionada con el caso concreto . Además,

El Juzgado Primero Administrativo de Tunja Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela. Al respecto, afirmó que aplicó el marco jurídico y la jurisprudencia vigente relacionada con el caso concreto . Además, advirtió que los planteamientos realizados por el accionante se dirigían a cuestionarRadicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: Jenny Alexandra Barón Bohórquez

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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la decisión judicial y no la vulneración de derechos fundamentales, por lo que afirma que la parte actora utiliza la acción de tutela como tercera instancia . Finalmente, sostuvo que, en gracia de discusión, no existe posición unificada con respecto del reconocimiento de la sanción moratoria a los docentes oficiales.

La Fiduprevisora S.A. solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, porque las autoridades judiciales aplicaron la normativa pertinente, garantizaron los derechos de las partes. Además, advirtió que el régimen especial de cesantías para los docentes, en virtud del principio de unidad de caja, no contempla la existencia de cuentas individuales, por lo que la prestación no se consigna, sino que desde el primer mes de cada vigencia está presupuestada y se traslada al fondo.

• Escrito presentado el 23 de junio de 2023

de cuentas individuales, por lo que la prestación no se consigna, sino que desde el primer mes de cada vigencia está presupuestada y se traslada al fondo.

• Escrito presentado el 23 de junio de 2023

El 23 de junio de 2023, la actora presentó escrito titulado “ pronunciamiento de las contestaciones formuladas ” en el que, en síntesis, reiteró los argumentos planteados en el escrito inicial.

Además, agregó que : i) el amparo cumple con los requisitos generales de relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez ; ii) si bien es necesario respetar la autono mía e independencia judicial, esta no es absoluta , por lo que deben aplicarse los precedentes judiciales expedidos por las Altas Cortes que fueron citados en el escrito de tutela; iii) la actora no cuenta con un régimen especial de cesantías, pensiones o de carácter laboral, razón por la que, al igual que ocurrió con el docente beneficiado con la SU -098 de 2018, tiene derecho a que le sea aplicada la Ley 50 de 1990.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en fallo de 28 de julio de 2023, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional , porque la actora pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional.

Explicó que en el fallo cuestionado se resolvieron de forma clara los argumentos planteados en el escrito inicial, en el sentido de explicar que , de conformidad con la Ley 91 de 1989, no era posible conceder la sanción por mora en el pago de las

planteados en el escrito inicial, en el sentido de explicar que , de conformidad con la Ley 91 de 1989, no era posible conceder la sanción por mora en el pago de las cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, en razón a que esta figura no está contemplada dentro del régimen especial de cesantías aplicable a los docentes.

Además, advirtió que no existe precedente que establezca que en la situación en la que se encuentra la demandante resulte procedente remitirse a esa norma.

7. Impugnación

La actora impugnó la decisión de primera instancia , afirmó que si cumple con el requisito de relevancia constitucional y reiteró los argumentos del escrito inicial.

Indicó que, contrario a lo afirmado por el a quo, desde el 2019, el Consejo de Estado sentó posición en lo atinente a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial. Para ello, reiteró los fallos citados en el escrito inicial , en donde esta Corporación, en virtud del principio de favorabilidad y teniendo en cuenta queRadicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: Jenny Alexandra Barón Bohórquez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

los docentes del sector oficial son empleados públicos, afirmó que son beneficiarios

a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

los docentes del sector oficial son empleados públicos, afirmó que son beneficiarios del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 – régimen de cesantías anualizadas.

Respecto al cumplimiento del requisito de relevancia co nstitucional, citó las sentencias de tutela de 23 de marzo y 17 de abril de 2023 25, proferida s por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la s que, en caso s con similares supuestos fácticos y jurídicos, se encontró acreditado el requisito, por lo que se estudió de fondo el asunto y se resolvió amparar los derechos fundamentales.

Conforme a lo expuesto , solicitó se revoque el fallo recurrido y , en su lugar , se acceda a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perj uicio

acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perj uicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectaci ón manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional26 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Radicado No. 11001031500020230096500 de fecha 17 de abril de 2023, C.P. César Palomino Cortes. 26 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de

manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-03211-01

Demandante: Jenny Alexandra Barón Bohórquez

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 27 y específicas 28

de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

De conformidad con lo resuelto por el juez de primera instancia, la Sala estudiará si el presente amparo cumple con el requisito de relevancia constitucional.

De superar ese análisis, corresponderá establecer si al proferir la sentencia de segunda instancia de 28 de abril de 2023, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2022-00155-01, el Tribunal Administrativo de Boyacá inc urrió en los defectos alegados por el tutelante, al confirmar la decisión de negar las pretensiones del medio de control.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad

Administrativo de Boyacá inc urrió en los defectos alegados por el tutelante, al confirmar la decisión de negar las pretensiones del medio de control.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucio nal1 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discut ir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o r