CE - 110010315000202303212011SENTENCIA20231017124946

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

Demandante: Magda Yesmith Cortés Cano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

Demandante: MAGDA YESMITH CORTÉS CANO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sanción por consignación tardía de cesantías. Defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial. Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de 27 de julio de 2023, dictada por la Sección Segunda, Subsección “ A” del Consejo de Estado, en la que ne gó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

por la Sección Segunda, Subsección “ A” del Consejo de Estado, en la que ne gó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora manifestó que se vinculó como docente del departamento de Boyacá “después del año 1990” y que el Ministerio de Educación Nacional no consignó las cesantías correspondientes al año 2020, por lo que el 26 de julio de 2021 presentó una petición ante la Secretaría de Educación depa rtamental, con el fin de que se materializara el pago de estas y la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitud que fue remitida a Fiduprevisora S.A.

Señaló que por medio del acto administrativo BPY2021EE028948 de 29 de agosto de 2021 la S ecretaría de Educación Departamental de Boyacá negó la petición anterior.

Refirió que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG, Fiduprevisora S.A. y el departamento de Boyacá, con el fin de que se anulara el citado acto administrativo que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Aseveró que del asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, que en sentencia de 19 de diciembre de 2023 negó las súplicas de la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

Demandante: Magda Yesmith Cortés Cano

Administrativo del Circuito de Tunja, que en sentencia de 19 de diciembre de 2023 negó las súplicas de la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

Demandante: Magda Yesmith Cortés Cano

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2 Mencionó que contra la anterior determinación interpuso recurso de apelac ión, en el que manifestó que “no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de Colombia”.

Finalmente, indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá por sentencia de 28 de abril de 2023, confirmó el fallo apelado, luego de considerar que en el caso no era aplicable la Ley 50 de 1990.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el proceso No. 11001031500020230106300.

sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el proceso No. 11001031500020230106300.

Alegó la configuración del defecto sustantivo , violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU -098 de 20181, SU-332 de 2019 2 y SU -041 de 20203, y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20204, 24 de enero de 20195, 17 de junio de 20196, 28 de junio de 2019 7, 29 de julio de 2019 8, 2 de diciembre de 2019 9, 10 de junio de 2020 10, 22 de octubre de 2020 11, 12 de noviembre de 2020 12, 17 de junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 2021 16, 20 de enero de 2022 17, 3 de marzo de 2022 18, 28 de abril de 2022 19, 920 y 19 de mayo de 2022 21, 1 de julio

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 2 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 3 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 d e agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-3100020090086701 (48542014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15000-201804617-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15000-201804679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (168816), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(03242016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-2014002542016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-20140025401(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 – 2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 14 Consejo de Estado, Sección Segun da, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021), C.P. Sa ndra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C.P. William Hernánde z Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 17 Consejo de Estad o, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201500075-01. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (26602020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-0079501. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (22242020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

Demandante: Magda Yesmith Cortés Cano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 de 202222, 22 de agosto de 2022 23, 22 de septiembre de 2022 24, 1925 y 2626 de enero de 2023.

Por último, se refirió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vincul ante que tienen para el Tribunal Administrativo de Boyacá.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 28/04/2023, en el expediente rad. N o. 15001-33-33011-2022-0003801, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES

01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en l a demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los

siguientes expedientes”:

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digitalizada de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 15001-33-33-011-2022-00038-01.

siguientes expedientes”:

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digitalizada de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 15001-33-33-011-2022-00038-01.

Demandante: Magda Yesmith Cortés Cano.

5. Trámite procesal

Por auto de 22 de junio de 2023, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la auto ridad demandada. Además, se ordenó vincular a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), al departamento de Boyacá – Secretaría de Educación-.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentenci a d el 19 de mayo d e 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01

(2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31000-201200212-02 (44702021) , C.P. William Hernández Gómez. 26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33000-2018-023101 (08712020), C.P. Rafael Francisco Gómez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

Demandante: Magda Yesmith Cortés Cano

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6. Oposición

6.1. La coordinadora de tute las de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y solic itó se r desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante.

6.2. La apoderada del departamento de Boyacá pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda toda vez que no se han vulnerados los derechos

carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante.

6.2. La apoderada del departamento de Boyacá pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda toda vez que no se han vulnerados los derechos fundamentales a la accionante, pues el acto administrativo que negó la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías se encuentra conforme al ordenamiento jurídico pues ese es un asunto sobre el cual no tiene competencia ya que le correspo nde al FOMAG el reconocimiento de dicha sanción.

Adicionalmente, señaló que la actora no puede acceder al reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 porque los docentes afiliados al FOMAG tienen un régimen especial de cesantías que no contempla tal sanción, a lo que agregó que la liquidación de dicha prestación se realizó en el plazo previsto para tal efecto, en tanto, la liquidación se efectuó dentro de los primeros veinte (20) días hábiles del mes de enero de 2021 y los recursos se comenzaron a aprovisionar en ese mismo mes.

6.3. El Ministerio de Educación Nacional y las autoridades judiciales accionadas no se pronunciaron pese a que fueron debidamente notificados.

Resulta importante precisar que en el caso del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, por un error inadvertido el a quo envío la comunicación al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja . No obstante, ese despacho judicial advirtió el error y remi tió el oficio al despacho correspondiente lo que en efecto se logra acreditar teniendo en cuenta que por oficio No. A.R.L.S. 1056 de 4

judicial advirtió el error y remi tió el oficio al despacho correspondiente lo que en efecto se logra acreditar teniendo en cuenta que por oficio No. A.R.L.S. 1056 de 4 de julio de 2023 la secretaria del despacho, remitió el link habilitado para consultar el expediente No. 15001-33-33-011-2022-00038-01.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “ A” del Consejo de Estado por sentencia de 27 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:

Consideró que el Tribunal accionado realizó un análisis integral del caso bajo estudio y, en ese marco, consideró de manera razonable que la sentencia SU -098 de 2018 no constituía un precedente vinculante para resolverlo, en tanto en ese pronunciamiento la Corte Constitucional abordó el caso de docent es que no estaban afiliados al FOMAG y no se pronunció sobre e l reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Además, estimó que el argumento relativo a que dicha sanción no resultaba aplicable en el caso de la accionante, en tanto, se trata de una docente afiliada al FOMAG que cuenta con un régimen especial consagrado en la Ley 91 de 1989, por lo que la decisión no desconoció la normatividad que regula esa materia y tampoco los pronunciamientos que en ese mismo sentido han proferido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado . Al respecto, s e refirió a la Sentencia SU573 de 2019 respecto de la cual efectuó una transcripción de algunos de sus

tampoco los pronunciamientos que en ese mismo sentido han proferido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado . Al respecto, s e refirió a la Sentencia SU573 de 2019 respecto de la cual efectuó una transcripción de algunos de sus apartes, y concluyó que no se ha expedido sentencia de unificación sobre el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y, por loRadicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

Demandante: Magda Yesmith Cortés Cano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 tanto, el Tribunal accionado resolvió el caso con la postura que consideró pertinente, expresando los fundamentos necesarios y suficientes en el marco de la autonomía e independencia judicial.

Finalmente, concluyó que “ la acción de tutela no procede para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del j uez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino también porque este se encuentra amparado por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del té rmino previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara . Así mismo, reiteró los argumentos que sustentan los defectos alegados en la solicitud de amparo.

accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara . Así mismo, reiteró los argumentos que sustentan los defectos alegados en la solicitud de amparo.

Señaló que en fallos anteriores la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado tenía una postura pacífica en la que, con base en el principio de favorabilidad, accedía al derecho que ostentan los docentes de educación pública al pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, razón por la cual, afirmó que instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho así como acciones de tutela con casos de similar naturaleza para que en virtud al principio de seguridad jurídica se d ecida de la misma forma.

Manifestó que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró el principio de favorabilidad, al desconocer las sentencias de la Corte Constitucional C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU -336 de 2017 y SU -098 de 2018, por cuanto, afirm ó, en el presente asunto se origina en la aplicación de la Ley 50 de 1990 , esto es, cuando el empleador no consigna el auxilio de cesantías antes del 15 de febrero de cada anualidad, pago del cual también tienen derecho los docentes del sector oficial.

Aseguró que en distintas sentencias se ha arribado a “ acertadas conclusiones que siguen siendo postura en el Consejo de Estado, ya que en el interregno en el cual se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió el pronunciamiento más reciente en la materia, fue proferida el 19 de enero de 2023,

se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió el pronunciamiento más reciente en la materia, fue proferida el 19 de enero de 2023, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Dr. William Hernández Gómez, consistente en un fallo de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, que mientras estamos en el presente trámite de la acción constitucional, el Consejo de Estado ratifica su postura en el tema de sanción moratoria cesantías anualizadas – Docente”.

Reiteró que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en virtud de los principios de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006, indicó que no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social.

Adujo que en el interregno entre la radicación de la acción de tutela hasta la fecha, se profirió el pronunciamiento más reciente en la materia, de 19 de enero de 2023, por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en el que ad uce,Radicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

Demandante: Magda Yesmith Cortés Cano

por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en el que ad uce,Radicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

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6 “ratifica su postura en el tema de sanción moratoria cesantías anualizadas – Docente”.

Afirmó que se están vulnerando el derecho fundamental a la seguridad social al no poder disponer del auxilio de cesantías, pues conforme con los artículos 42 y 48 de la Constitución Política esta prestación social constituye “ una modalidad de protección del trabajador cesante y su familia”.

Señaló que en acciones de tutela el Consejo de Estado ha proferido fallos favorables en relación con la aplicación de la Ley 5 0 de 1990 a los docentes del sector oficial, por lo que refirió las sentencias de 23 de marzo de 2023 y 17 de abril de del mismo año, proferidas por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y, para indicar existe “una postura pacífica en lo atinente a que a los docentes no solo les es aplicable la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sino que también se vulneran derechos fundamentales al momento de negar tal sanción en favor de los docentes, en virtud del principio de favorabilidad”.

Finalmente, reiteró que la sentencia SU -098 de 2018 es un precedente unificado de la Corte Constitucional acogido por el Consejo de Estado, por lo que no se

negar tal sanción en favor de los docentes, en virtud del principio de favorabilidad”.

Finalmente, reiteró que la sentencia SU -098 de 2018 es un precedente unificado de la Corte Constitucional acogido por el Consejo de Estado, por lo que no se puede “excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estad o e s competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si debe revocar la sentencia de 27 de ju lio de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, que negó las pretensiones de la acción de tutela, y acceder a la protección constitucional solicitada porque la decisión de 28 de abril de 2023 del Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictionis ”, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desco nocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, por no reconocer la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías.

De manera previa, aun cuando fue un requisito superado en la primera instancia,

la Constitución, por no reconocer la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías.

De manera previa, aun cuando fue un requisito superado en la primera instancia, la Sala verificará si el asunto tiene trascendencia superior, es decir, si realmente se propone un genuino debate constitucional que habilite el estudio de mérito, condición de procedencia que puede ser analizada oficiosamente como una forma de resguardar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por fin alidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)Radicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

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7 evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones”27.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigi das a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200528, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin

vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200528, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carec e d e relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excep cional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional29.

Al respecto, estableció que este requisit o t iene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 30, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En princ ipio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argument e d e manera suficiente y razonable la relevancia

económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argument e d e manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de proce dibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud d e amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abor darse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las deci siones de los jueces, que se dictan

sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las deci siones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida

27 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 28 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 29 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 30 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03212-01

Demandante: Magda Yesmith Cortés Cano

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8 razonabilidad.