CE - 110010315000202303214011SENTENCIA20230915163539

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-03214-01

Accionante: Martha Patricia Pereira Ospina

Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , en la que se confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda tendientes a lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a docente oficial afiliad a al

FOMAG.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 21 de julio de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

La señora Martha Pa tricia Pereira Ospina promovió acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la

ANTECEDENTES

La señora Martha Pa tricia Pereira Ospina promovió acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y los principios de favorabilidad , seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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HECHOS

La señora Martha Patricia Pereira Ospina afirmó que labora con la entidad territorial certificada en Educación d el departamento de Boyacá con posterioridad a 199 0, por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.

Así mismo, indicó que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional, en su condición de empleador, no consignó las cesantías correspondientes a los servicios que prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( en adelante FOMAG), al cual pertenece como trabajadora del Estado.

Igualmente, señaló que el 26 de julio de 2021, al haber transcurrid o 5 meses sin que le fuera realizada la respectiva consignación, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Expuso que mediante el Acto Administrativo BOY2021EE029425 del 26 de agosto de 2021 expedido por el señor Marco Antonio Fonseca Sánchez, profesional universitario de la Secretaría de Educación de Boyacá, le negaron el reconocimiento y pago de la sanción reclamada y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

Por consiguiente, manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el 30 de enero de 202 3 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia de primera instancia.

De la misma forma, expuso que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia, al considerar que le asistía derecho a la mencionada sanción, conforme a lo sostenido por la jurisprudencia de los órganos de cierre de las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativo . Además, r efirió que el 28 de abril de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión recurrida.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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Al respecto, la accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,

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Al respecto, la accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, porque su decisión no es acorde a la abundante jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado sobre el derecho que le asiste a la sanción moratoria.

Para el efecto, sostuvo, en primer lugar, que se superan todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tut ela para discutir la sentencia de la autoridad judicial accionada, especialmente, el de relevancia constitucional, y , en segundo lugar, se configuró una violación directa de la Constitución Política, por la no aplicación del artículo 53 superior, esto es, el principio de favorabilidad , y un defecto sustantivo.

Posteriormente, aseguró que la interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria genera un trato desigual de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, a pesar de que aquellos tienen la condición de empleados públicos.

Además, realizó un recuento de los antecedentes sobre la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar de manera efectiva las cesant ías de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990 en el FOMAG, antes del 15 de febrero de cada anualidad, y afirmó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dictado 22 sentencias entre el 2021 y el 2023, en las que ha accedido al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de docentes oficiales

de febrero de cada anualidad, y afirmó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dictado 22 sentencias entre el 2021 y el 2023, en las que ha accedido al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de docentes oficiales vinculados al FOMAG con posterioridad al 1.° de enero de 1990, en atención al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, proveídos con los cuales se le generó la confianza legítima de que su proc eso sería resuelto en el mismo sentido, en atención al principio de seguridad jurídica; no obstante, el Tribunal accionado adoptó una decisión contraria.

Así, identificó las providencias dictadas, en su mayoría, por las distintas subsecciones de la Secci ón precitada con las siguientes fechas y radicados: 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009 -000867-01 (4854-2014); 29 de julio de 2019, 2018 -03499-01; 2 de diciembre de 2019, 2014 -Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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00173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020, 201 4-00208-01; 22 de octubre de 2020,

2014-00254-01 (4960 -2017); 12 de noviembre de 2020, 2014 -00132-01; 17 de junio de 2021, 2015 -00031-01; 17 de junio de 2021, 2014 -00815-01 (4979-2017); 4 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0483 -20); 25 de noviembre de 20 21, 2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviembre de 2021, 2017 -00134-01 (22082020); 11 de noviembre de 2021, 2015 -90008-01 (2387-2020); 11 de noviembre de 2021, 2014 -90022-01 (5154 -2016); 20 de enero de 2022, 2017 -00931-01 (1001-2021); 3 de marzo de 2022, 2 015-00075-01 (2660 -2020); 28 de abril de 2022, 2013 -00756-01 (2224 -2020); 9 de mayo de 2022, 2017 -00795-01 (26592020); 19 de mayo de 2022, 2019 -00359-01 (4004 -2021); 1.° de julio de 2022, 2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agosto de 2022, 2015 -00509-01 (2140-2020); 22 de septiembre de 2022, 2015 -90124-01 (2394 -2020); 19 de enero de 2023, 2012-00212-02 (4470-2021); y 26 de enero de 2023, 2018-0231-01 (0871-2020).

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte

2012-00212-02 (4470-2021); y 26 de enero de 2023, 2018-0231-01 (0871-2020).

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte Constitucional en las sentencias C741/12, C486/16, SU336/17 , SU098/18, SU332/19 y SU041/20 . Sobre el particular, añadió que en los juzgados administrativos del país también existen precedentes judiciales de los años 2022 y 2023, en los que se ha reconocido el derecho a l a sanción moratoria a docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la falta de consignación de las cesantías por parte del patrono, Ministerio de Educación Nacional, el 15 de febrero del 2021, al FOMAG y que corresponden a su labor como maestr os oficiales en el 2020, como son las sentencias con las siguientes fechas y radicados: 23 de junio de 2022, 2022 -00020-00; 9 de septiembre de 2002, 2022 -00115-00; 21 de septiembre de 2022, 2022 -00085-00; 27 de septiembre de 2022, 2022 -00095-00; 28 de sept iembre de 2022, 2022 -00066-00; 28 de septiembre de 2022, 202200065-00; 30 de septiembre de 2022, 2022 -00109-00; 6 de octubre de 2022, 2022-00072-00; 25 de octubre de 2022, 2022 -00122-00; 16 de noviembre de 2022, 2022-00008-00; y 19 de enero de 2023, 2022-00098-00.

2022-00072-00; 25 de octubre de 2022, 2022 -00122-00; 16 de noviembre de 2022, 2022-00008-00; y 19 de enero de 2023, 2022-00098-00.

Aunado a ello, consideró que si el accionado pretendía efectuar un cambio de jurisprudencia debió argumentarlo de esa forma, pero ello no ocurrió en el asunto, pues lo único que aquel expresó fue que, primero, existía el principio de unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG —a pesar de que ello no es óbice para el reconocimiento reclamado, pues esa unidad no se predica de los recursosRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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que aún no han sido transferidos por la cartera ministerial y, en todo caso, no puede confundirse c on el momento en que deben girarse los recursos —, y, segundo, que no había sentencia unificada, con lo cual dejó de lado las múltiples providencias expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes reseñadas.

Así mismo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en tres errores, comoquiera que para saber si existió o no mora en la consignación de las cesantías es necesario que el Ministerio de Educación Nacional conozca previamente el fondo al que está afiliado su empleado; la posición de aquel implica desconocer de dónde proviene el patrimonio del FOMAG; y resulta un exabrupto

cesantías es necesario que el Ministerio de Educación Nacional conozca previamente el fondo al que está afiliado su empleado; la posición de aquel implica desconocer de dónde proviene el patrimonio del FOMAG; y resulta un exabrupto señalar que un docente vinculado por una entidad territorial tiene derecho a la sanción moratoria, sin que la Nación se hub iese enterado y aquel no estuviese afiliado a dicho fondo.

En esa medida, coligió que la conclusión del Tribunal Administrativo de Boyacá consistente en que el Ministerio de Educación Nacional no debe girar los recursos de las cesantías en debida forma d e los docentes que ya se encuentran afiliados al FOMAG requiere una efectiva corrección de orden legal.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 28 de abril de 2023 en el proceso que promovió, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo, en el que atienda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó el máximo tribunal constitucional en la sentencia SU098/18 y la Sección Segunda de esta corporación, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitado en la demanda.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

corporación, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitado en la demanda.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 16 de junio de 2023, mediante proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, como accionado; al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) , a la Fiduprevisora S.A. y al departamento de Boyacá - Secretaría de Educación, como terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá no rindió informe alguno, pese a que fue notificado del auto admisorio de esta acción.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Tunja , por conducto de su titular, luego de señalar las actuac iones adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la parte accionante alega una vulneración de los derechos fundamentales únicamente por parte del Tribunal Administ rativo de Boyacá, con ocasión de la sentencia emitida el 28 de abril de 2023.

En gracia de discusión, adujo que debe negarse el amparo porque lo alegado no

fundamentales únicamente por parte del Tribunal Administ rativo de Boyacá, con ocasión de la sentencia emitida el 28 de abril de 2023.

En gracia de discusión, adujo que debe negarse el amparo porque lo alegado no constituye una transgresión de derechos, sino una mera inconformidad o desacuerdo con la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario , lo que torna en improcedente la acción de tutela, pues esta no está prevista como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos ni para modificar decisiones que hicieron tránsito a cosa juzgada.

Agregó que la acción constitucional no cumple con las causales de procedibilidad de este mecanismo, concretamente la de subsidiariedad y la de relevancia constitucional, lo cual fue explicado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en un caso similar, con fu ndamento en la Sentencia SU573/19 ; así como tampoco se configura un desconocimiento del precedente judicial, pues tanto él como elRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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Tribunal Administrativo de Boyacá expusieron de forma clara, idónea y suficiente las razones para apartarse de la Sentencia S U098/18 y de las sentencia del Consejo de Estado , y aclararon los motivos por l os cuales el principio de favorabilidad no es aplicable en el asunto.

El Ministerio de Educación Nacional ¸ por medio del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio A sprilla Cáceres, después de hacer referencia a las

favorabilidad no es aplicable en el asunto.

El Ministerio de Educación Nacional ¸ por medio del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio A sprilla Cáceres, después de hacer referencia a las pretensiones de la señora Martha Patricia Pereira Ospina , afirmó que no se cumplió el requisito de relevancia constitucional y solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.

La Fiduprevisora S.A., mediante la coordinadora de tutelas, sostuvo que la argumentación de la parte accionante es exigua en relación con la configuración de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales , porque aquella está siendo utilizada para invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

De otra parte, adujo que, en virtud del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas en la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, lo cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989, bajo el principio de unidad de caja. Aclaró que la totalidad de los recursos con que se co nstituye el mencionado fondo conforman el patrimonio autónomo que se administra por medio de un esquema fiduciario, por lo que los recursos se gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.

En esa medida, explicó que la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para los docentes afiliados al FOMAG se extiende a la consignación de cesantías, razón por la cual no podría configurarse la sanción

En esa medida, explicó que la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para los docentes afiliados al FOMAG se extiende a la consignación de cesantías, razón por la cual no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que esta oc urre por la consignación inoportuna de las cesantías.

Además, precisó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda aducirse que aquellas hayan inobservado los precedentes judiciales sobre la materia objeto deRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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la demanda o vulnerado las garantías fundamentales de la accionante. Por consiguiente, requirió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y desvincularlo, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

La Previsora S.A. Compañía de Seguros S.A., por intermedio de apoderado, se opuso a la pr osperidad de la acción de tutela si se le llegare a imponer carga alguna, dado que no está vulnerando los derechos fundamentales de la accionante y no fue relacionada en el escrito inicia l, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

El departamento de Boyacá , a través de apoderada, luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos, solicitó desestimar las pretensiones de la acción

legitimación en la causa por pasiva.

El departamento de Boyacá , a través de apoderada, luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos, solicitó desestimar las pretensiones de la acción ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y aclaró que para el pago de cesantías el FOMAG recibe recursos de distintas fuente s, principalmente de la Nación, los cuales son administrados de acuerdo con un Programa Anual de Caja, por lo que ese régimen no tiene prevista la consignación de las cesantías de sus afiliados.

Adicionalmente, precisó las actuaciones que adelantó ante la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por parte de la accionante y refirió que realizó el proceso de liquidación oportunamente y de manera diligente la remitió al FOMAG , por ser de su competencia.

De otra parte, aseguró que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los doc entes afiliados a FOMAG, pues están amparados por un régimen jurídico especial en materia de cesantías que no la contempla. Igualmente, esclareció que en la Sentencia SU098/18 la Corte Constitucional decidió un caso de un docente nombrado en provisionalida d que nunca fue afiliado al FOMAG , por lo cual no resulta vinculante en el presente asunto, en tanto no guarda identidad fáctica o jurídica con lo aquí debatido.

En esa medida, adujo que no resulta factible que se emita un nuevo pronunciamiento de fondo sobre los hechos discutidos dado que no existe una

asunto, en tanto no guarda identidad fáctica o jurídica con lo aquí debatido.

En esa medida, adujo que no resulta factible que se emita un nuevo pronunciamiento de fondo sobre los hechos discutidos dado que no existe una sentencia de unificación por parte del órgano de cierre de la jurisdicción de loRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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contencioso administrativo y en el proceso ordinario se garantizó el debido proceso a todos los intervinientes y se emitió u na sentencia perfectamente soportada en las situaciones fácticas y jurídicas probadas dentro del proceso.

OPOSICIÓN A LAS CONTESTACIONES

La señora Martha Patricia Pereira Ospina allegó memorial, en el cual afirmó que la autonomía judicial no es absoluta , en tanto deben respetarse , de un lado, ciertos límites en la interpretación y aplicación de la ley y, de otro, el precedente judicial, pues de lo contrario se prescindiría de un deber constitucional de cooperación para lograr un correcto funcionamiento d e la administración de justicia . En esa medida, debe prevalecer la aplicación del principio de igualdad y la garantía de la seguridad jurídica en las actuaciones judiciales.

Así mismo, expuso la necesidad de que se analice el presente asunto, ante la copiosa jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos que le prestan servicios al país y e l reconocimiento de la sanción moratoria de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la no

copiosa jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos que le prestan servicios al país y e l reconocimiento de la sanción moratoria de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Adicionalmente, señaló que la sanción moratoria está consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual se extendió a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado, lo cual incluye necesariamente a los docentes oficiales conforme se ha señalado en las sentencias C741/12, C486/16 y SU336/17 dictadas por la Corte Constitucional y la proferida el 18 de julio de 2018, expediente 2014 -00580-01, por la Subs ección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese entendido, estimó que la inaplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 implica la transgresión al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

Sumado a lo anterior, señaló que tampoco es de recibo el razonamiento de la Fiduprevisora S.A. sobre el incumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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Igualmente, advirtió que la postura que pretende se aplique sigue siendo el criterio

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Igualmente, advirtió que la postura que pretende se aplique sigue siendo el criterio vigente del Consejo de Estado, pues durante el interregno en el cual se radicó la acción de tutela y la fecha de ese memorial se profirió un pronunciamiento, con fecha del 19 de enero de 2023, sobre la materia.

En esa medida, señaló que el Consejo de E stado ha dictado alrededor de 2 1 sentencias, en las que ha sostenido que a los docentes afiliados al FOMAG les es aplicable la Ley 50 de 1990, por lo cual la solicitud es que se otorgue un trato igualitario, razón por la que no puede aceptarse la interpret ación restrictiva del Tribunal Administrativo de Boyacá sobre la existencia de un régimen especial para dichos docentes.

Además, puso de presente que sí se configuró una violación directa de la Constitución por la no aplicaci ón del principio de favorabili dad, lo cual constituye un aspecto de especial relevancia constitucional , en consonancia con la abundante jurisprudencia en el caso específico de los docentes.

Agregó que han existido ocasiones en las que la Corte Constitucional ha aplicado el régimen general a personas amparadas bajo uno especial, sin que ello conlleve al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como ha sido la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos p or el pago tardío de estas , en la s sentencias C741/12,

C486/16, SU336/17 y SU098/18.

Así mismo, adujo que la tesis de que existe un régimen especial de cesantías

los servidores públicos p or el pago tardío de estas , en la s sentencias C741/12,

C486/16, SU336/17 y SU098/18.

Así mismo, adujo que la tesis de que existe un régimen especial de cesantías debe ser superado por parte del operador jurídico y merece un especial pronunciamiento del d espacho, máxime si se tiene presente que el Tribunal Administrativo de Boyacá concluyó erróneamente que los docentes se encontraban excluidos de la sanción moratoria y que la única diferencia con los demás empleados del país es que el valor de los interese s de las cesantías se paga al liquidar el DTF sobre el saldo acumulado.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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SENTENCIA IMPUGNADA

El 21 de julio de 2023 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo presentada por la señora Martha Patricia Pereira Ospina, puesto que consideró que, como lo concluyó la autoridad judicial accionada, la accionante no es acreedora de la sanción moratoria o la indemnización procurada, en tanto el régimen de los docentes no contempla el reconocimiento y pago de la sanción moratoria propia de la Ley 50 de 1990.

Aunado a ello, expuso que la Sección Segunda de esta corporación no ha unificado su criterio sobre la aplicación de la ley precitada en favor de los docentes oficiales afiliados al FOMAG, para el reconocimiento y pago de la sanción

Aunado a ello, expuso que la Sección Segunda de esta corporación no ha unificado su criterio sobre la aplicación de la ley precitada en favor de los docentes oficiales afiliados al FOMAG, para el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías , aspecto que solo puede ser definido en sede ordinaria.

Así mismo, puso de presente que el Tribunal Administrativo de Boyacá, al dictar la sentencia del 28 de abril de 2023, no incurrió en desconocimiento del precedente judicial en el que debía fundarse, pues negó las pretensiones de la demanda con fundamento en un estudio razonable de los hechos, de las pruebas, de la normativa y de la jurisprudencia aplicable al caso.

IMPUGNACIÓN

La accionante interpuso recurso de impugnación en contra de la sentencia de tutela del 21 de julio de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación, para lo cual insistió en los argumentos iniciales y , adicionalmente, afirmó que causa extrañeza el cambio abrupto de esta Subsección respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, pues esta ha sido decantada desde el 2019 hasta la fecha, como se evidencia del recuento jurisprudencial efectuado en el escrito de tutela.

Además, aseveró que resulta claro que el accionado vulneró el principio de favorabilidad, al pasar por alto la Sentencia SU098/18 de la Corte Constitucional , por lo cual es necesario que se analice la violación directa de la Constituci ón

Además, aseveró que resulta claro que el accionado vulneró el principio de favorabilidad, al pasar por alto la Sentencia SU098/18 de la Corte Constitucional , por lo cual es necesario que se analice la violación directa de la Constituci ón Política. Agregó que ese órgano de cierre ha aplicado el régimen general aRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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personas amparadas bajo uno especial, sin que ello conlleve el desconocimiento del principio de inescindibilidad, como es el caso de la procedencia de la sanción moratoria tratán dose de docentes del sector oficial , conforme a las sentencias

C741/12, C486/16, SU336/17 y SU098/18.

Así mismo, adujo que la postura anterior sigue siendo acogida por el Consejo de Estado, lo que resulta evidente si se tiene presente que en el interregno en que se instauró la acción de tutela y la actualidad se profirió la sentencia del 19 de enero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se empleó aquella.

De otra parte, reiteró que no es posible que existe unidad de caja entre el Ministerio de Educación Nacional y el FOMAG , pues si ello fuera así este último podría disponer de los recursos de cesantías, salud, auxilios funerarios o pensiones de los docentes para el pago de rubros destinados a infraes tructura educativa o para el giro de las universidades públicas u otras actividades del

podría disponer de los recursos de cesantías, salud, auxilios funerarios o pensiones de los docentes para el pago de rubros destinados a infraes tructura educativa o para el giro de las universidades públicas u otras actividades del primero de los mencionados o al contrario.

Por último, iteró que existe un precedente unificado en la Corte Constitucional, esto es, la Sentencia SU098/18 y que fue a cogido por el Consejo de Estado, de acuerdo con los prin cipios de igualdad e indubio pro operario y la Ley 224 de 1995.

En consecuencia, solicitó revocar el fallo de tutela recurrido y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales reclamados en protecc ión y dejar sin efectos la sentencia objeto de esta acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción , la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03214 -01

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