CE - 110010315000202303216011SENTENCIA20230922154739

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03216-01

Demandante: Mary Luz Aguilar Barragán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03216-01

Demandante: MARY LUZ AGUILAR BARRAGÁN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Sanción por consignación tardía de cesantías. De fectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial. Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnac ión presentada por el accionante contra la sentencia de 19 de ju lio de 2023 , dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela por carecer del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela por carecer del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora manifestó que con posterioridad al añ o 1990 se vinculó como docente del departamento de Boyacá y que, en razón a esto, el 15 de febrero de 2021 le debían ser consignadas las cesantías correspondientes al servicio que prestó durante el año 2020, lo que no sucedió en esa fecha.

Afirmó que el 15 de febrero de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación de Boyacá y al Fomag, el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, as í como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías descrita en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, solicitud que fue negada mediante acto administrativo No. 1.2.5.1.1. - 38 de 26 de agosto de 2021.

Refirió que, dado lo anterior, promovió demanda a tr avés del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación NacionalFomag y el departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad de l mencionado acto.

Señaló que del asunto co noció, en primera ins tancia, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito d e Tunja, que en sentencia de 21 de noviembre de 2022 negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo

Administrativo del Circuito d e Tunja, que en sentencia de 21 de noviembre de 2022 negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03216-01

Demandante: Mary Luz Aguilar Barragán

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2 Narró que contra la anterior determinación interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que “no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y de e ste órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de Colombia”.

Finalmente, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá por sentencia de 28 de abril de 2023 , confirmó el fallo apelado, luego de considerar que en el caso no era aplicable la Ley 50 de 1990.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de favorabi lidad,

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como de los principios de favorabi lidad, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica , los cuales considera vulnerados por la sentencia de 28 de abril de 2023 , mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el fallo que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Fomag y el departamento de Boyacá, con el fin de que se dejara sin efectos el acto administrativo No. 1.2.5.1.1.-38 de 26 de agosto de 2021 , mediante la cual se negó su solicitud de reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

En primer lugar, hizo referencia al cumplimien to de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutel a contra providencias judiciales. frente a la relevancia constitucional específicamente sostuvo que se vulneraron derechos fundamentales y existe una violación directa de la Constitución por la omisión de aplicación del principio de favorabilidad.

Afirmó que en la sentencia objetada adolece de defecto sustantivo por falta de aplicación de la sanción establecida el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual es procedente para los docentes del sector oficial teniendo en cuenta qu e también son servidores públicos.

Agregó que el tribunal accionado desconoció el artículo 10 de la Ley 91 de 1989

procedente para los docentes del sector oficial teniendo en cuenta qu e también son servidores públicos.

Agregó que el tribunal accionado desconoció el artículo 10 de la Ley 91 de 1989 que establece la obligación de consignar las cesantías al FOMAG. Al respecto , explicó lo siguiente:

“Este artículo contempla sin realizar ninguna elucubración mental d iferente, la expresión: “... La deuda liquidada a cargo de la Nación que resulte de los convenios interadministrativos celebrados entre la Nación y las entidades territoriales se pagarán al Fondo Nacional de Prestaciones Socia les del Magisterio…”, es decir es necesario la transferencia de estos recursos del patrimonio de la Nación – Ministerio de Educación Nacional y de las entidades territoriales al patrimonio del Fomag, situación que controvierte los argumentos expuestos en la sentencia de reproche en la presente acción de tutela contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Departamento de Boyacá, pues es claro que para poder cancelar las cesantías a los docentes, se neces ita que el patrono, en este caso las entidades territoriales y la Nación hayan transferido los recursos al Fomag”.

Indicó que la autoridad judicial accionada confunde la existencia de un régimen especial de cesantías de los docentes con la obligación de consignar las cesantías al respectivo fondo de cesantías que, en el caso de los docentes, es el FOMAG.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03216-01

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Demandante: Mary Luz Aguilar Barragán

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3 Posteriormente, la demandante aseveró que también se incurrió en violación directa de la Constitución comoquiera que se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, que consagra e l principio de favorabilidad. Refirió decisiones en las que la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin que conlleve tal situación al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como es el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial (sentencias C-741 de 2012 1 , C-486 de 2016 2 , SU-336 de 2017 3 y SU-098 de 2018 4 ).

De igual forma , la accionante alegó el defecto por desconocimiento del precedente judicial , pues la Sección Segunda d el Consejo de Estado ha establecido la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados del FOMAG, al considerar que no existe un régimen especial de cesantías porque se liquidan de la misma forma como se liquidan las de los demás empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los interese s que se liquidan de acuerdo a la DTF sobre el saldo acumulado.

Señaló que la decisión cuestionada es contraria a lo ex presado por la Sección Segunda del Consejo de Estado “en más de 22 ocasiones entre los años 2021,

acuerdo a la DTF sobre el saldo acumulado.

Señaló que la decisión cuestionada es contraria a lo ex presado por la Sección Segunda del Consejo de Estado “en más de 22 ocasiones entre los años 2021, 2022 y 2023”, en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de que resulta vi nculante para el Tribunal Administrativo d e Boyacá , en tanto son proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica.

Por lo anterior, elaboró un listado con las senten cias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Seg unda, que considera desconocidas por la autoridad judicial accionada; respecto de algunas efectuó una transcripción in extenso de sus apartes, tales como:

• Sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020 . Expediente No 08001 -23-33-000-201300666-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001 -23-31-000-2009-00867-01.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 29 de julio de 201 9. Expediente No. 11001 -0315-000-2018-03499-01. M.P.

Nicolás Yepes Corrales.

• Sentencia de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001 -23-33-000-2014-00173-01.

M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001 -23-33000-2014-00208-01. M.P.

M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001 -23-33000-2014-00208-01. M.P.

Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de octubre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-00254-01.

M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expedient e No. 08001 -23-31000-2014-0013201. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08 001-23-31-000-2014-00815-01. M.P.

Gabriel Valbuena Hernández.

1 M.P.: Nilson Pinilla Pinilla 2 M.P.: María Victoria Calle Correa. 3 M.P.: Iván Humberto Escrucería Mayolo. 4 M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03216-01

Demandante: Mary Luz Aguilar Barragán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 • Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-33000-2015-00331-01. M.P. César Palomino Cortés.

• Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02.

M.P. William Hernández Gómez.

César Palomino Cortés.

• Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02.

M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-000-2015-01127-01.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 4 0001-23-40-000-2017-00134-01.

M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2015-9000801. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2014-9002201. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-000-2017-00931-01.

M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. E xpediente No. 080001 -23-33-000-2017-00075-01.

M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P.

Carmelo Perdomo Cuéter.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-01.

M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

Carmelo Perdomo Cuéter.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-01.

M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 19 de mayo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 1 de julio de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01. M.P.

Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de agosto de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-00509-01. M.P.

César Palomino Cortés.

• Sentencia de 22 de septiembre de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-90124-01.

M.P. César Palomino Cortés.

• Sentencia de 19 de enero de 2023. Expediente No 76001 -23-31-000-2012-00212-02

(4470-2021). M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 19 de enero de 2023. Expediente No 47001 -23-33-000-2018-0231-01 (08712020). M.P. Rafael Francisco Gómez.

Igualmente, se refirió al de sconocimiento de las siguientes sente ncias proferidas por la Corte Constitucional respecto de las cuales efectuó la tran scripción de algunos de sus apartes.

• SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

por la Corte Constitucional respecto de las cuales efectuó la tran scripción de algunos de sus apartes.

• SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

• SU-332 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

• SU-041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Por últim o, aludió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se des carta desde ya la fuerza vinculante q ue tienen para el Tribunal Administrativo de Boyacá.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03216-01

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3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 28/04/2023, en el expediente rad. No. 15001 -33-33009-2022-0005901, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SE GURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CO NSTITUCIONAL DE LA

DE DERECHO, GARANTÍA A LA SE GURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CO NSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterio r declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mo ra como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados e stablecidos en los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente l a sentencia de 28 de abril de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Del mismo modo, se allegó copia digitalizada del expediente Nº 15001-33-33-0092022-0059-01 correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Mary Luz Aguilar Barragán.

5. Trámite procesal

2022-0059-01 correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Mary Luz Aguilar Barragán.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de junio 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad demandada. Además, se ordenó vincular a al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Presta ciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A., al departamento de Boyacá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja

La titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor o, en su lugar, la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto, sostuvo, lo pretendi do por la actora es discutir nuevamente los argumentos esbozados en la providencia objetada, como si esta acción fuera una tercera instancia de ese proceso.

Mencionó las actuaciones realiz adas en el proceso de nulidad y resta blecimiento del derecho para a firmar que el despacho dio el trámite legal correspon diente yRadicación: 11001-03-15-000-2023-03216-01

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6 agotó el debido proceso sin que vulnerara los derechos de la demandante cuya protección invoca.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá en otras sentencias donde se han estudiado casos similares, explicó las razones por las cuales la relevancia constitucional no se encuentra acreditada en estos asuntos, pues de un lado, con la sentencia SU -573 de 2019 la Corte Constitucio nal modificó el criterio de la sentencia SU -098 de 2018, en que se fundó la demanda ordinaria, y de otro, consideró que no es procedente analizar la regulación del docente bajo los principios de favorabilidad e igualdad, atendiendo el carácter meramente económico de la discusión.

Afirmó que, si en gracia de discusión se accede al estudio de fondo de la solicitud la acción de tutela debe negarse, por cuanto, adujo, lo que la parte actora esgrime en el escrito de tutela no es realmente la vulneración de dere chos fundamentales, sino una inconfor midad o desacuerdo con la sent encia de segunda instancia del proceso ordinario, lo que resulta improcedente, en tanto la acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos dentro del trámite ordinario, ni much o menos para modificar decisiones que ya han hecho tránsito a cosa juzgada.

Finalmente, adjuntó el vínculo de acceso al expediente del proceso de nulidad y

debates ya concluidos dentro del trámite ordinario, ni much o menos para modificar decisiones que ya han hecho tránsito a cosa juzgada.

Finalmente, adjuntó el vínculo de acceso al expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15001-3331-009-2022-00059-00.

6.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

El apoderado del ministerio rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud por falta de relevancia constitucional , por cuanto, adujo, que en el caso no se demostró la vulneración de derechos fundame ntales, pues, “el actor no logra edificar una fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad de la intervención del juez de amparo para hacer cesar las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados, ello atendiendo que no basta con mencionar que se viola el debido proceso, sino que debe asumirse una carga argumentativa mayor que demuestre una real y concreta amenaza o vulneración a los derecho”.

Sostuvo que la acción no tiene una clara y marcada importancia constitucional que haga procedente la intervención del juez de tutela en un asunto de la jurisdicción contencioso administrativa, por el contrario, el accionante presenta como debate procesal una controversia de natur aleza económica que involucra interese s privado, motivo por el cual insistió en la improcedencia del amparo.

6.3. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.

La coordinadora de tutelas de la entidad quien manifestó actuar en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fon do Nacional de

6.3. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.

La coordinadora de tutelas de la entidad quien manifestó actuar en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fon do Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se desvincule la entidad por falta de legitimación en la causa.

Mencionó que para que la solicitud de amparo constitucional proceda por v ía de hecho, la parte accionante debe exponer las causales genéricas y específicas de procedibilidad, para lo cual se refirió y transcribió apartes de la sentencia T -233 de 2007 de la Corte Constitucional5.

5 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.Radicación: 11001-03-15-000-2023-03216-01

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7 Señaló que de conformidad con el Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías . Sin embargo, sostuvo que la modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por esa disposición dentro de las cuales no está el FOMAG, pues se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por lo tanto, aseveró q ue las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

cuales no está el FOMAG, pues se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por lo tanto, aseveró q ue las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

Insistió que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes y que “los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vi gencia”. En ese punto, señaló que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de Educación certificadas y a los encargados de las ofi cinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.

En ese marco, aseveró que se produce imposibilidad jurídica d e crear cuentas individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de “consignación de cesantías” pues en el caso de los docentes, tienen la posibilidad de retirar sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos p ara tal efecto, por lo tanto no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en tanto esa figura se consagró para los eventos en que se da consignación tardía en las cuentas individuales lo que no ocurre en el cas o de los docentes.

Señaló que los efectos de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional

consignación tardía en las cuentas individuales lo que no ocurre en el cas o de los docentes.

Señaló que los efectos de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional no son extensibles al presente caso, toda vez que las circunstancias fácticas son diferentes, pues en la m encionada decisión se cuestiona una afiliación i noportuna al FOMAG que deviene en un retardo de la consignación de las cesantías y la demandante reclama una consignación extemporánea de sus cesantías y una indemnización por pago inoportuno de los intereses.

Finalmente, aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales a la accionante, toda vez que l as actuaciones judiciales se adelantaron en debida forma y atendiendo a los procedimientos legales.

6.4. El Tribunal Administrativo de Boyacá guardó silencio aun cuando se le notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

6.5. Intervención de la actora frente a las respuestas de la acción de tutela

La parte actora presentó un escrito en el que anuncia un pronunciamient o en torno las respuestas dadas por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, el Ministerio de Educación Nacional, Fiduprevisora y el Fomag. En ese sentido, reiteró los argumentos expuestos en la demanda en torno al desconocimiento del precedente judicial que establece l a aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 199 0 y a la inexistencia de un régimen especial de cesantías para los docentes teniendo en cuenta que las mismas se liquidan anualmente como las de cualquier empleado del sector público o privado , por lo que, considera, el único aspecto diferencial es

inexistencia de un régimen especial de cesantías para los docentes teniendo en cuenta que las mismas se liquidan anualmente como las de cualquier empleado del sector público o privado , por lo que, considera, el único aspecto diferencial es el pago de los intereses.

Sostuvo que el artículo 230 de la Constitución Política dispuso que los jueces en sus providencias únicamente se encuentran sometidos al imperio de la ley, que laRadicación: 11001-03-15-000-2023-03216-01

Demandante: Mary Luz Aguilar Barragán

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8 Ley Estatutaria 270 de 19 96 se reconoció a los jueces de la República en la toma de sus decisiones: i) independencia, ii) autonomía y iii) imparcialidad, “ no obstante, esta (i) auton omía judicial no es absoluta, pues se debe respetar ciertos límites en la interpretación y aplicación de la Ley, asimismo a través de la Sentencia C-836 de 2001 al analizar (ii) el concepto del precedente, la Corte Constitucional indicó que en función de esta autonomía judicial no es dable desconocer abiertamente la jurisprudencia, toda vez que se presc indiría un deber constitucional de cooperación e n aras del correcto funcionamiento de la administración de justicia. Es por ello, que la aplicación del princ ipio de igualdad y la garantía de la seguridad jurídica, teniendo en cuenta su enve rgadura, debe prevalecer en las actuaciones judiciales”.

Indicó que no desconoce la autonomía e independencia judicial, no obstante,

de igualdad y la garantía de la seguridad jurídica, teniendo en cuenta su enve rgadura, debe prevalecer en las actuaciones judiciales”.

Indicó que no desconoce la autonomía e independencia judicial, no obstante, declaró, sí es necesario que por vía de tutela se analice el presente asunto ante la copiosa y excesiva jurisprudencia sobre el tratamient o igualitario a todos los empleados públicos que le prestan servicios al país, teniendo en cuenta su importancia, máxime cuando existe sentencia de unificación (098 de 17 de octubre de 2018) expedida por la Sala Plena de la Corte Constituci onal, en donde se abordó en primera medida el concepto y la fina lidad del auxilio de cesantías, definiéndolo como una prestación social de conformidad con los artículos 42 y 48 de la Constitución Política, reiterando el carácter de irrenunciable, y también señalando que dicha prestación tiene como fin que el trabajador pueda cubrir sus necesidades en dado caso que se encuentre cesante, o en ciertos casos se deberá otorgar par a el acceso a vivienda y educación (cesantías parciales), considerándolo así como l a prestación social más importante no solo para el trabajador, sino también para su núcleo familiar.

Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido el pago de la sanción moratoria por no consignación de las cesantías en tiempo, aplicando lo dispuesto e n el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1 990 a servidores públicos docentes sin distinción, siempre y cuando estuviesen vinculados después del 1 de en ero de 1990, e incluso así la entidad se encuentre en proceso de

dispuesto e n el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1 990 a servidores públicos docentes sin distinción, siempre y cuando estuviesen vinculados después del 1 de en ero de 1990, e incluso así la entidad se encuentre en proceso de reestructuración no admite que el empleador no reconozca la prestación en tiempo y forma como lo aduce la norma señalada, “entonces, no es de recibo para esta parte procesal que teniendo los docentes el carácter de servidores públicos se soslaye esta modalidad de sanción moratoria contempl ada en la Ley 50 de 1990, aduciendo un presunto régimen especial, aún cuando en el mismo claramente existe una ausencia de normatividad respecto de esta tipo logía de sanción moratoria, siendo plausible como bien se indicó en la Sentencia SU 098 de 2018 la aplicación del régimen general a los servidores públicos en un tema que fue omitido en la Ley 91 de 1989 (sanción moratoria por no pago del auxilio de cesantías de acuerdo con la Ley 50 de 1990)”.

Para terminar, afirmó que por parte del Consejo de Estado se han proferido alrededor de 21 sentencias en l os últimos dos años en las cuales se ha manifestado que a los docentes afiliados al FOMAG le es aplicable la Ley 50 de 1990, por lo cual “se está solicitando en el presente asunto un trato igu alitario, en virtud del principio de favorabilidad, pues está demostrado un