CE - 110010315000202303217011SENTENCIA20230926154839

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03217-01

Demandante: Nairo Hernán Molina Molina

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03217-01

Demandante: Nairo Hernán Molina Molina

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Tutela contra providencia judicial . Sanción moratoria de docentes afiliados al Fomag derivada de la consignación tardía de las cesantías anuales, en virtud del principio de favorabilidad.

Incumplimiento de requisito de procedibilidad. Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 19 de julio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,

declaró improcedente la acción de tutela.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Nairo Hernán Molina Molina, por intermedio de apoderado, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la seguridad social, a2

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la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al principio de la perpetuatio jurisdictionis y a la seguridad jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 25 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 1500133-33-008-2022-00045-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una nueva decisión en la que se atienda la siguiente multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el reconocimiento de la sanción moratoria ha edificado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado.

CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS 1 Exp. TConstitucional como el Consejo de Estado.

CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de

2018 Dra. GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL3

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1.1.2. Los hechos

El apoderado del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El señor Nairo Hernán Molina Molina labora como docente en el departamento de Boyacá después de 1990, por lo que , atendiendo a la fecha de vinculación , tiene derecho al reconocimiento y pago de s us cesantías bajo el régimen anualizado, con pago de interés cada año.

1. El 15 de febrero del año 2021, el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), no le consignó las cesantías correspondientes a los servicios prestados en el año 2020.

1. El 26 de julio de 2021, el señor Nairo Hernán Molina Molina solicitó al F omag el reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al haber transcurrido cinco meses sin que fuera realizada su consignación efectiva de cesantías, así como la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y e l Decreto Nacional 1176 de 1991.

1. El 29 de agosto de 2021, a través del Oficio BOY2021EE28489, la Secretaría de

Decreto Nacional 1176 de 1991.

1. El 29 de agosto de 2021, a través del Oficio BOY2021EE28489, la Secretaría de Educación de Boyacá negó el pedimento, por lo que el señor Nairo Hernán Molina Molina demandó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la decisión.6

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1. El 12 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja negó las súplicas de la demanda, al considerar que la sanción por mora solo opera para aquellos docentes que no son afiliados al Fomag.

1. Contra la anterior decisión, el señor Nairo Hernán Molina Molina interpuso recurso de apelación, argumentando que no solo la ley sino la abundante jurisprudencia tanto en sede constitucional como en sede de lo contencioso administrativo han despejado la duda sobre la aplicación pacífica de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales.

1. El 25 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, confirmó la sentencia de primera instancia.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

El apoderado del accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:

1. El presente asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que se configura una violación directa de la Constitución ante la no aplicación del principio de favorabilidad.

El apoderado del accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:

1. El presente asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que se configura una violación directa de la Constitución ante la no aplicación del principio de favorabilidad.

De acuerdo con la Sentencia SU-098 de 2018, en virtud del principio de igualdad e in dubio pro operario, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públ icos, son beneficiarios de la sanción moratoria. Además, el problema jurídico dentro del caso es de índole constitucional, por cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad social. Por tanto, la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva.

1. Los argumentos de la sentencia del Tribunal señalan: a) que no existe norma jurídica que contemple la sanción moratoria a favor de los docentes ; b) que no existe un precedente consolidado que obligue a acatarlo; y c) que acceder a lo pretendido implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del Fomag, en lo que respecta a la administración de los recursos —principio presupuestal de unidad de caja—, por desconocer el propósito del legislador.7

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1. O bsérvese que los dos primeros argumentos ya fueron superados por la jurisprudencia de la Sección S egunda del Consejo de Estado, en la s 26 sentencias expedidas en sus Subsecciones, en las que quedó claro que la Ley 50 de 1990 sí se aplica a los docentes, por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996, y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.

1. El Consejo de Estado acog ió una interpretación favorable en el sentido de indicar que sí le resulta aplicable la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, en consideración de lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018 . Ahora, que la autoridad accionada manifieste que la referida sentencia estudia otra situación fáctica y jurídica no resulta cierto, toda vez que la Ley 50 de 1990 castiga la falta de consignación de las cesantías en el fondo donde esté afiliado el trabajador, no la falta de afiliación a un fondo, es por esto que a los maestros deben tratárseles en igualdad de condiciones que al resto de empleados públicos del país.

1. Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de

1. Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de Decisión la jurispru dencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990, para los docentes vinculados después de 1 de enero de 1990, lo que significa que el patrono, en este caso el MEN, solo debe trasladar antes del 15 de febrero de 2021, del trabajo del docente en el año 2020, sus cesantías al Fomag. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Estado ha determinado —en diferente jurisprudencia— que se deben aplicar los criterios vigentes para la ocurrencia de los hechos, por lo que, en el caso, se deben respetar las leyes y los precedentes existentes al momento de causar el derecho correspondiente.

1. Ahora bien, la obligación del traslado de los recursos a las cesantías que tenía tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales, las Caja s Nacional y Departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro a los docentes que se encontraban vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 al Fomag —ya fuesen nacionalizados, territoriales o nacionales—, no está en discusión, toda vez que esta fue la intención y la orden impartida desde la creación de la Ley 91 de 1989 , esto es, el Fomag debía8

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recibir esos recursos ; sin embargo, en el caso se señaló que existe unidad de caja entre los recursos del Ministerio de Educación y el Fomag, lo que no e s cierto puesto que los recursos ya fueron consignados a la entidad. Si bien es cierto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se estableció la unidad de caja de los recursos del Fomag para el pago de las prestaciones sociales por parte del Fondo, no significa que este principio se predique de los recursos de Ministerio de Educación Nacional y el Fomag.

1. El Tribunal concluyó que la jurisprudencia del Consejo de Estado no era aplicable al caso, puesto que los asuntos allí analizados trataban de docentes no afiliados al Fomag, mientras que, en el sub judice, el docente sí lo estaba, argumento que no es cierto, comoquiera que los supuestos fácticos sobre los cuales se profirieron las sentencias del Consejo de Estado se efectuaron sobre la base de aplicación de la consignación para docentes afiliados al Fomag.

1. Con todo, expresar tal situación es tanto como permitir q ue las entidades territoriales vincularan docentes sin autorización de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue esto lo que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993. No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas

Nacional y luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue esto lo que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993. No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación en el sector educativo, sin que previamente estuviera autori zado por la Nación, en tanto precisamente existía una vinculación automática al Fomag para que fueran trasladadas las cesantías anualizadas, decretadas de manera anual por la Ley 91 de 1989, a todos los docentes, como es el caso del accionante, vinculado después del 1 de enero de 1990.

1. Cuando en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció que: «... los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales , se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley», la intención directa era que se tratara igual a los maestros que ya eran nacionales afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, que se les consignara las cesantías y que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono. Así9

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que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono. Así9

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mismo, como los afiliados al FNA recibían intereses de las cesantías, de conformidad con el artículo 33 del Decreto Ley 3118 de 1968, se debía utilizar igual normativa al caso de los vinculados después de 1990.

1. Por tanto, a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se expidieran en el futuro —pues así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como es el caso de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que son expresas en señalar la obligación del patrono con la consignación de las cesantías a los docentes oficiales en el Fomag a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 22 de junio de 2023, el consejero de Estado Carlos Enrique Moreno Rubio admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a los magistrados del Tribunal Administrativo Boyacá, en calidad de demandados, así como al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, a la NaciónMinisterio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y al

magistrados del Tribunal Administrativo Boyacá, en calidad de demandados, así como al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, a la NaciónMinisterio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y al Departamento de Boyacá-Secretaría de Educación, como terceros con interés en las resultas del proceso; tuvo como pruebas las aportadas por la parte actora con la acción de tutela; solicitó al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y al Tribunal Administrativo de Boyacá allegar copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 15001 -33-33-008-2022-0004500/01; reconoció personería al abogado Yobany Alberto López Quintero, como apoderado judicial de la parte demandante; y ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y a los terceros interesados para que, dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.

1.2.2. El 23 de junio de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al señor Nairo Hernán Molina Molina , al Tribunal Administrativo de Boyacá, al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, al M inisterio de Educación Nacional, al departamento de Boyacá, a la Secretaría de Educación de Boyacá y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).10

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Boyacá y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).10

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1.2.3. El 26 de junio de 2023, la secretaria del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja remitió el enlace para consulta del expediente requerido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá. El 26 de junio de 2023, el magistrado José Ascensión Fernández Osorio solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones deprecadas, en atención a lo siguiente:

1. Con la Sentencia SU -573 de 2019, la Corte Constitucional varió la posición que expuso en la Sentencia SU-098 de 2018 —la cual es sustento principal de la parte actora—, en el sentido de señalar que carecen de relevancia constitucional las acciones de tutela interp uestas contra las sentencias ordinarias que niegan el reconocimiento de la sanción morator ia para los docentes oficiales; y este criterio ha sido acogido por las diferentes Secciones del Consejo de Estado.

1. El asunto versa sobre prerrogativas eminentem ente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las

1. El asunto versa sobre prerrogativas eminentem ente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, conceptos laborales que no tienen una relación dir ecta con un derecho fundamental y e n ningún momento la parte actora afirma que esté en entredicho su mínimo vital, máxime cuando mantiene una relación legal y reglamentaria de la que se deriva una remuneración habitual y periódica.

1. En la providencia de segunda instancia se expusieron expresamente los motivos que impedían aplicar la posición que expuso la Sentencia SU-098 de 2018, debido a que sus supue stos fácticos no eran similares y, además se adelantó un extenso análisis legal y jurisprudencial no solo de la normatividad aplicable al docente respecto de sus cesantías anualizadas, de acuerdo con su fecha de vinculación, sino también de los elementos necesarios para la configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen docente, competencias y dinámica presupuestal.11

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1. Así las cosas, se tiene que el accionante redunda en el mismo debate que planteó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues esgrime casi idénticamente los razonamientos que fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en

1. Así las cosas, se tiene que el accionante redunda en el mismo debate que planteó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues esgrime casi idénticamente los razonamientos que fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias, lo cual denota que lo que se busca con la acción de tutela es que el Consejo de Estado actúe como una tercera instancia.

1.3.2. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja. El 26 de junio de 2023, la jueza Gloria Carmenza Páez Palacios se opuso a la prosperidad de las pretensiones, dados los siguientes argumentos:

1. Existe falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del juzgado, puesto que lo que la parte accionante alega es una presunta vulneración de sus derechos fundamentales únicamente por parte del tribunal, con ocasión de la sentencia de segunda instancia. No obstante, en gracia de discusión, la acción de tutela debe rechazarse por cuanto no está concebida como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos dentro del trámite ordinario, ni mucho menos para modificar decisiones que ya han hecho tránsito a cosa juzgada.

1. Además, sobre el asunto debatido no existe una posición unificada fijada por el órgano de cierre de la jurisdicción, pues, si bien, existen decisiones unificadas que aceptan que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, fundamentalmente basados en la Sentencia SU-098 de 2018, también lo es, que hay otras con suficientes argumentos que concluyen lo contrario.

aceptan que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, fundamentalmente basados en la Sentencia SU-098 de 2018, también lo es, que hay otras con suficientes argumentos que concluyen lo contrario.

1.3.3. El Ministerio de Educación Nacional. El 26 de junio de 2023, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asp prilla Cá ceres, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional. Advirtió que en el asunto se presentó como debate una controversia de nat uraleza estrictamente económica que involucra intereses privados, lo cual excede la compet encia del juez constitucional.

1.3.4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio . El 27 de junio de 2023, la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó12

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declarar improcedente la acción de tutela y desvincular a la entidad del trámite de tutela al no estar legitimados en la causa por pasiva. Señaló, lo siguiente:

1. Las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas en las

al no estar legitimados en la causa por pasiva. Señaló, lo siguiente:

1. Las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas en las que se fundan las preten siones de la de manda que resultó desfavorable para el accionante, ya que, en su caso, no se cuestiona una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías, sino en el reclamó de la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de docentes, comoquiera que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

1. Es de advertir que por disposición del artículo 2 del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías —creadas por la Ley 50 de 1990 — podrán administrar, en cuentas individuales, los recursos para el pago de las cesantías, no así ocurre para el Fomag —creado mediante la Ley 91 de 1989 — que se rige bajo el principio de unidad de caja , por lo que es claro que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

1. La acción de tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa y jurisprudencia aplicable sin que pueda aduci rse que desconocieron los precedentes judiciales mencionados con

1. La acción de tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa y jurisprudencia aplicable sin que pueda aduci rse que desconocieron los precedentes judiciales mencionados con la demanda.

1.3.5. La Gobernación de Boyacá. El 27 de junio de 2023, la apoderada Claudia Yaneth Ávila Castillo solicitó desestimar las pretensiones de tutela, en atención a los siguientes argumentos:

1. El Consejo de Estado no ha proferido sentencia de unificación que dirima el fondo de lo solicitado en la acción de tutela, es decir, si los docentes oficiales tienen derecho al pago de la sanción moratoria por la presunta consignación extemporánea de las13

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cesantías de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como a la indemnización por el pago inoportuno de los intereses sobre las cesantías de conformidad con la Ley 52 de 1975.

1. En todo caso, es de advertir que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fomag, en razón a que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción, máxime cuando el

razón a que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción, máxime cuando el trámite tal como está establecido en la norma especial se cumplió en su integri dad, puesto que la liquidación para el año 2021 se realizó dentro de los 20 primeros días hábiles del mes de enero y se remitió al fondo en medio electrónico el 4 de febrero de 2021 y en medio físico el día 5 siguiente y así mismo, los recursos se empezaro n a aprovisionar desde el mes de enero de 2021.

1. Por otro lado, es preciso señalar respecto de la Sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, que en esta se resolvió una acción de tutela de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al Fomag, y que solicitó al ente territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías conforme a la Ley 50 de 1990. En sede judicial ordinaria se accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que los juzgadores consideraron que era inaplicable la Ley 50 de 1990 al docente demandante. Así, teniendo en cuenta lo expuesto por la Corte, es procedente manifestar que, en el caso concreto, el accionante carece de fundamentos fácticos que puedan asemejarse a lo expuesto en la sentencia y, por lo tanto, sus pretensiones están encaminadas a no prosperar.

1.4. Otras actuaciones

El apoderado del accionante presentó los siguientes reparos con respecto de las contestaciones pre sentadas en la acción de tutela, reiterando en su ge neralidad lo expuesto en el libelo, así:

1.4. Otras actuaciones

El apoderado del accionante presentó los siguientes reparos con respecto de las contestaciones pre sentadas en la acción de tutela, reiterando en su ge neralidad lo expuesto en el libelo, así:

1. No es de recibo el argumento propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S. A. cuando indican que el presente asunto recae sobre derechos de carácter económico accesorio y no se trata de mínimos laborales, por cuanto el centro14

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03217-01

Demandante: Nairo Hernán Molina Molina

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

del caso se circunscribe a la obligatoriedad que tiene a cargo el Ministerio de Educación Nacional y la entidad territorial a la cual se encuentre adsc rito el docente, de garantizar el pago —en tiempo y forma — del auxilio de cesantías y, en consecuencia, que esté a disposición del trabajador cuando lo necesite, lo que desemboca evidentemente en el derecho fundamental a la seguridad social.

1. Es claro que en el caso debe respetarse la autonomía e independencia judicial, sin embargo, existe la necesidad de pronunciamiento en sede de tutela ante la voluminosa y reiterativa posición jurisprudencial de las altas cortes. En la Sentencia SU-098 del 17 de octubre de 2018, la Corte Constitucional abordó el concepto y la finalidad del auxilio de cesantías, definiéndolo como una prestación social de conformidad con los artículos 42 y 48 de la Constitución Nacional, reiterando el carácter de irrenunciable, y también

de cesantías, definiéndolo como una prestación social de conformidad con los artículos 42 y 48 de la Constitución Nacional, reiterando el carácter de irrenunciable, y también señaló que dicha prestación tiene como fin que el trabajador pueda cubrir sus necesidades, en caso de que se encuentre cesante, o para el acceso a vivienda y educación (cesantías parciales), considerándolo así como la prestación social más importante no solo para el trabajador, sino también para su núcleo familiar.

1. Teniendo los docentes el carácter de servidores públicos no puede soslayarse la aplicación de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, aduciendo un presunto régimen especial, ya que aunque existe ausencia de normatividad respecto de esta tipología de sanción moratoria, es plausible, como bi en se indicó en la Sentencia SU-098 de 2018, la aplicación del régimen general a los servidores públicos en un tema que f