CE - 110010315000202303219011SENTENCIA20231012172859

Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

Accionante: Numael Puin López

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

Accionante: NUMAEL PUIN LÓPEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE

DECISIÓN NRO. 5

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora es de naturaleza legal y económica.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela proferido el 21 de julio de 2023 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado , que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Numael Puin López , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 2 8 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión

El señor Numael Puin López , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 2 8 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 5, y para ello formuló las siguientes pretensiones 1:

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

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“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 28/04/2023, en el expediente rad. No. 15001-33-33-001-2022-00048-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO,

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS

FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD

SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA, PRINC IPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurispru dencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […]”. [Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte actora informó que es docente y que labora para el departamento de Boyacá, con vinculación posterior al año de 1990 , razón por la que considera tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías por el régimen anualizado, con pago de interés cada año.

Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas las cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece por los servicios prestados en el año 2020.

cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece por los servicios prestados en el año 2020.

Manifestó que el 23 de julio de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá el pago de las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 yRadicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

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en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Señaló que la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá emitió el acto administrativo identificado con el oficio BOY2021EE028445 del 29 de agosto de 2021 “(…) donde niegan el reco nocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, (…) así como también niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991 (…)”2.

El accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

(…)”2.

El accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG - y el departamento de Boyacá, con el fin que s e declarara la nulidad del precitado acto administrativo del 29 de agosto de 2021.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Tunja, que en sentencia del 16 de diciembre de 2022, negó las pretensiones, decisión contra la que la parte actora interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 5, en sentencia del 28 de abril de 2023 la confirmó.

La parte actora indicó que “ (…) de acuerdo con la sentencia SU 098 de 2018, en virtud del pr incipio de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006 no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públic os, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

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modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social (…) ”3.

Anotó que, en el trámite del proceso ordinario, los juzgadores de manera caprichosa no aplicaron el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha decisión no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino también el derecho a la seguridad social.

Sostuvo que la sentencia cuestionada no fue proferida acorde con la normatividad que regula la materia y la jurisprudencia y afirmó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta “ (…) las últimas 21 sentencias del Consejo de Estado, donde esta alta jurisdicción contenciosa administrativa se hace la pregunta ¿le es aplicable sí o no, la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por sus 6 consejer os, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva (…)”4.

Al respecto, hizo una relación de las sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 20205, el 24 de enero de 20196, 17 de junio de 20197, 28 de junio de 20198, el 29 de julio de 20199,

Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 20205, el 24 de enero de 20196, 17 de junio de 20197, 28 de junio de 20198, el 29 de julio de 20199, el 2 de diciembre de 2019 10, el 10 de junio de 2020 11, 22 de octubre de 202012, 12 de noviembre de 2020 13, 17 de junio de 2021 14, 4 de

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00. 4 Ibidem. 5 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2013 00666 01. 6 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2009 00867 01. 7 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04617 01. 8 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04679 01. 9 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 03499 01. 10 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00173 01. 11 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00208 01. 12 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01. 13 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01.

12 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01. 13 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01. 14 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 31 000 2014 00815 01 y nro. 08001 23 33 000 2015 00331 01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

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noviembre de 202115, 25 de noviembre de 2021 16, 11 de noviembre de 202117, 20 de enero de 2022 18, 3 de marzo de 2022 19, 28 de abril de 202220, 9 de mayo de 202221, 19 de mayo de 202222, 1 de julio de 202223, 22 de agosto de 2022 24, 22 de septiembre de 2022 25, 19 de enero de 202326 y 26 de enero de 202327.

Agregó que también se desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias SU-098 del 17 de octubre 2018, SU-332 del 25 de julio 2019 y SU-041 del 6 de febrero 2020.

Explicó que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia proferida el 23 de marzo de 2023 28 “(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa,

Explicó que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia proferida el 23 de marzo de 2023 28 “(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente (…)”29, por lo tanto, solicitó que en el presente asunto se dicte sentencia de tutela en igual sentido.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

15 Proceso identificado con el radicado nro. 19001 23 33 000 2015 00445 02. 16 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 33 000 2014 01127 01 y 40001 23 40 000 2017 00134 01. 17 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 40 000 2014 90022 01 y 080001 23 40 000 2015 90008 01. 18 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01. 19 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00075 01. 20 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2013 00756 01. 21 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01. 22 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01.

21 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01. 22 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01. 23 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00376 01. 24 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00509 01. 25 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 90124 01. 26 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2012 00212 02. 27 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2018 00231 01. 28 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00. 29 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

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3.1. La tutela fue radicada el 14 de junio de 2023 a través de la ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la S ubsección C, Sección Tercera que, por auto del 20 de junio de 2023 30 la admitió y dispuso notificar 31 a los magistrados del Tribunal Administrativo de

virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la S ubsección C, Sección Tercera que, por auto del 20 de junio de 2023 30 la admitió y dispuso notificar 31 a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá como parte accionada, así como vincular32 a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departame nto de Boyacá , como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, solicitó al Juzgado Primero Administrativo de Tunja que remitiera copia digital o el hipervínculo de consulta del proceso identificado con el radicado nro. 15001 33 33 001 2022 00048 00/02, el cual fue remitido33.

3.2. El jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación radicó escrito34 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Señaló que “(…) el actor no logra edificar una fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad de la intervención del juez de amparo para hacer cesar las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados, ello atendiendo con que no basta con mencionar que se viola el debido proceso, sino que debe asumirse una carga argumentativa mayor que demuestre una real y concreta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales (…) ”.

30 Visto en el índice 5 de la Sede Ele ctrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00.

o vulneración de los derechos fundamentales (…) ”.

30 Visto en el índice 5 de la Sede Ele ctrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00. 31 Esta orden se cumplió el 22 de junio de 2023. Visto en el índice 7, 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00. 32 Ibidem. 33 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00 34 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

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3.3. El apoderado del departamento de Boyacá rindió informe 35 en el que solicitó se desestimen las pretensiones del accionante, teniendo en cuenta que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Adujo que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, comoquiera que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago cesantías que no contempla

de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, comoquiera que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago cesantías que no contempla tal sanción.

Arguyó que “(…) el medio de tutela como mecanismo transitorio y excepcional no constituiría un instrumento dable y garantista para acceder a las pretensiones de la parte accionante, puesto que tal como se sustentó por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá en ejercicio de los criterios de transparencia y suficiencia se apartó de las decisiones emitidas por el Consejo de Estado (…)”.

3.4. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. presentó escrito36, en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar por no estar legitimados en la causa por pasiva.

Expuso que Fiduprevisora S.A. actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG, en virtud de un contrato de fiducia mercantil suscrito con el Ministerio de Educación Nacional.

Indicó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme con las normas aplicables, sin que se pueda ad ucir que el tribunal accionado haya desconocido, entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de debate.

35 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00.

judiciales relacionados con el tema objeto de debate.

35 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00. 36 Visto en el índice 1 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial d el proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

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3.5. Por escrito radicado el 30 de junio de 2023 37, el apoderado del accionante manifestó que se pronunciaba sobre “las contestaciones a la acción de tutela radicadas respectivamente por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Ministerio de Educación Nacional ”. Insistió en que el régimen de liquidación y pago del auxilio de cesantías aplicable para la totalidad de l os servidores públicos del orden territorial es el dispuesto por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para lo cual sostuvo que los docentes oficiales pueden ser catalogados como empleados públicos.

Agregó que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha r econocido el pago de la sanción moratoria por no consignación de las cesantías en tiempo, aplicando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a servidores públicos docentes sin distinción, siempre y cuando estuviesen vinculados después del 1 de enero de 1990”.

tiempo, aplicando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a servidores públicos docentes sin distinción, siempre y cuando estuviesen vinculados después del 1 de enero de 1990”.

3.6. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 5, guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de ju lio de 2023 38, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que “(…) no se advierte que la decisión cuestionada sea caprichosa o arbitraria y los argumentos expuestos por la solicitante están encaminados a volver sobre la controversia decidida por los jueces naturales (…)”.

Explicó que la acción de tutela contra providencia judicial tiene un carácter excepcional, por lo que no le corresponde al juez constitucional revisar, ni evaluar la interpretación y el alcance dado por el juez natural de la causa a los preceptos aplicados al resolver la controversia.

37 Visto en el índice 1 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00. 38 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

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Precisó que la tutela tampoco constituye una instancia adicional al proceso ordinario, ni es un escenario para refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la parte desfavorecida por una decis ión proponga “una mejor solución” al caso.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó 39 manifestando lo siguiente:

Aseveró que no es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial y para ello enlistó nuevamente las veintiséis sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación, relacionadas en el escrito de tutela .

Para sostener que la acción de tutela sí cumple con el requisito general de relevancia constitucional , hizo referencia a la sentencia del 23 de marzo de 2023 proferida por la Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, para acotar que allí se analizó un caso con idéntica naturaleza en el que se consideró que sí se superaban los requisitos generales de procedibilidad y, de manera específica, que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente, razón por la que solicitó que en este evento se profiera sentencia en igual sentido.

Por auto del 25 de agosto de 2023 se concedió la impugnación 40 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 7 de septiembre de 202341.

Por auto del 25 de agosto de 2023 se concedió la impugnación 40 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 7 de septiembre de 202341.

39 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00. 40 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00. 41 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 42, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201543, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 44, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12

el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 44, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 201945 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente 46:

6.2.1. El señor Numael Puin López, actuando por conducto de apoderado, promovió demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el departamento de Boyacá , con el fin de que se declar ara la nulidad del acto administrativo identificado con el oficio BOY2021EE028445 del 29 de

42 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 43 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.

Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 43 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 44 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 45 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913. 46 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 15001 33 33 001 2022 00048 00/02. Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03219 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

Accionante: Numael Puin López

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agosto de 2021, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías prevista

sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías prevista en la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora señalada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021; así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se refiere el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Tunja que, en sentencia proferida el 16 de diciembre de 2022, negó las pretensiones.

6.2.3. En contra de la precitada decisión el hoy accionante interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo de Boyacá , Sala de Decisión nro. 5, en sentencia del 28 de abril de 2023, la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta que el a quo declaró improcedente la acción de tutela y el accionante en la impugnación insiste en que sí está cumplido el requisito de relevancia constitucional, la Sala para resolver se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudenc ia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente

requisito de relevancia constitucional, la Sala para resolver se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudenc ia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01

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6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional47

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese s entido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”48.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en

partes”48.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional49.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades 50:

47 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos términos en la sentencia C – 590 de 2005. 48 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 49 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judic ial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”. 50 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.Radicación: 11001 03 15 000 2023 03219 01 Accionan