CE - 110010315000202303237011SENTENCIA20230928145306

Demandantes: Elkin Albeiro Gallego Cardona y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01 Demandantes: ELKIN ALBEIRO GALLEGO CARDONA Y OTROS Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓNC Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma declaratoria de improcedencia improcedente – defecto fáctico – modifica y niega – desconocimiento del precedente y violación al derecho a la igualdad. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve el recurso de impugnación presentado por la parte accionante contra la sentencia proferida en primera instancia el 31 de julio de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado. En ese fallo se declaró improcedente la solicitud de amparo por no encontrarse superado el requisito general de la relevancia constitucional. I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo 1. Con escrito radicado el 14 de junio de 2023, los señores Jorge Albeiro Gallego Toro, María Consuelo Cardona, Miguel Ángel Gallego López, Libia Toro Amaya, Jesús María Cardona Cardona, Yuli Andrea Gallego Cardona,

Blanca Nelly Cardona Londoño, Ezequiel Gómez García, María Lucrecia Gómez García, José Yesid Gómez García, Agustín Fernando Gómez García, Diver Antonio Gómez García y Luz Stella Villalobos, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Los peticionarios consideraron que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechosDemandantes: Elkin Albeiro Gallego Cardona y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01

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fundamentales al debido proceso y a la igualdad. 2. Desde el punto de vista de los accionantes, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales se la adjudica a las sentencias del 5 de abril de 2013 y del 30 de noviembre de 2022. En aquellas oportunidades, las autoridades judiciales accionadas negaron las pretensiones de las demandas presentadas por los peticionarios en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional1. 1.2. Pretensiones 3. Los accionantes solicitaron: 1. Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados a los suscritos accionantes, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de abril de 2013 en el proceso de reparación directa de Ezequiel Gómez García y otros contra el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, radicado 73001233100020110034200, así como de la sentencia de segunda instancia proferida por el Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, el 30 de noviembre de 2022 la cual fue notificada por edicto electrónico el 14 de diciembre de 2022 en los procesos de reparación directa acumulados de ELKIN GALLEGO Y OTROS contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL identificados con los radicados No. 73001233100020110034201 (47224) y No. 73001233100020110008801 (53927), así como también las actuaciones posteriores a la sentencia, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 2 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo del Tolima. 2. Ordenar que el Consejo de Estado vuelva a proferir sentencia de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Ley y la

posteriores a la sentencia, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 2 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo del Tolima. 2. Ordenar que el Consejo de Estado vuelva a proferir sentencia de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados. 1.3. Hechos probados y/o admitidos 4. El día 19 de noviembre de 2010, miembros de las FARC detonaron un artefacto en el restaurante «El Central» en el municipio de Roncesvalles – Tolima, su onda explosiva causó lesiones físicas al auxiliar bachiller Elkin Albeiro Gallego Cardona, así como la muerte de los civiles Arbey Gómez García y Ana Joaquina. Por este hecho, los demandantes iniciaron los siguientes procesos de reparación directa. 1 El Tribunal Administrativo del Tolima profirió la sentencia del 5 de septiembre de 2013 dentro del rad. 73001-23-31-000-2011-00088-00/01. Sin embargo, una vez el asunto lo conoció la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante auto del 28 de mayo de 2018 se decidió acumular al proceso de reparación directa rad. 73001-23-31-000-2011-00342-00/01 por cuanto se fundaban en supuestos fácticos análogos. Rad. 50001-33-33-001-2016-00141-01.Demandantes: Elkin Albeiro Gallego Cardona y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01

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1.3.1. Proceso de reparación directa rad. 73001-23-31-000-2011-00342-00/01 5. Los señores Ezequiel, María Lucrecia, José Yesid, Agustín Fernando y Diver Antonio Gómez García y Luz Stella Villalobos García presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la muerte de Ana Joaquina García y Arbey Gómez García, luego de la detonación del artefacto explosivo el 19 de noviembre de 2010. 6. En primera instancia, el asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima que en sentencia del 5 de abril de 2013 negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. Esto, porque no le era imputable a la entidad demandada, toda vez que la explosión del artefacto se ocasionó por el hecho exclusivo y determinante de un tercero. 7. En contra de la anterior decisión, los accionantes presentaron recurso de apelación, el cual fue desatado por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 30 de noviembre de 2022, previa acumulación con el proceso 73001-23-31-000-2011-00088-00/01. 1.3.2. Proceso de reparación directa rad. 73001-23-31-000-2011-00088-00/01 8. A su turno, los señores Elkin Albeiro, Jesús María y Yuli Andrea Gallego Cardona; y Jorge Albeiro

Gallego Toro, María Consuelo Cardona, Miguel Ángel Gallego López, Libia Toro Amaya y Blanca Nelly Cardona Londoño presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de las lesiones físicas que padeció el auxiliar bachiller Elkin Albeiro Gallego Cardona luego de la detonación del artefacto explosivo el 19 de noviembre de 2010 en el municipio de Roncesvalles – Tolima. 9. En primera instancia, el asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima que en sentencia del 14 de diciembre de 2014 accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa. Esto, porque las lesiones físicas sufridas por el auxiliar bachiller, fueron ocasionadas en ejercicio del servicio militar obligatorio durante el cual el Estado tenía la obligación constitucional y legal de protegerlo en su integridad física y personal, circunstancia que fue omitida por la entidad demandada. 10. En contra de la anterior decisión, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional presentaron recurso de apelación. 11. El asunto correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que mediante auto del 28 de mayo de 2018 decretó la acumulaciónDemandantes: Elkin Albeiro Gallego Cardona y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01

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del proceso de reparación identificado con el número de radicado 73001-23-31-000-2011-00342-00/01 con el proceso identificado con el número de radicado 73001-23-31-000-2011-00088-00/01 por cuanto ambos se fundaban en supuestos fácticos análogos. 12. Luego, la autoridad judicial accionada en sentencia del 30 de noviembre de 2022 decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de diciembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y MODIFICAR la sentencia del 5 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar se dispone: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de las demandas, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 13. Como fundamento de su decisión, el juez de segundo grado precisó que el artefacto que ocasionó el daño a los demandantes fue detonado por terceros en hechos en los que no intervino la administración por acción u omisión. Además, la activación del explosivo fue imprevisto e irresistible para la demandada, dado el elemento sorpresa por medio del cual se realizó el acto destructivo y la ausencia de conocimiento de las autoridades acerca de la existencia previa de una amenaza cierta, concreta y vigente, que aconsejara la adopción de medidas adicionales a las que se pudieron haber adoptado, así como la realización de un número mayor de patrullajes a los que las fuerzas del orden tenían previsto para atender las necesidades de la población durante esos días. 14. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que el daño jurídico no era imputable a la entidad demandada por haberse acreditado una causa extraña, esto es, el hecho determinante y exclusivo de un

previsto para atender las necesidades de la población durante esos días. 14. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que el daño jurídico no era imputable a la entidad demandada por haberse acreditado una causa extraña, esto es, el hecho determinante y exclusivo de un tercero. 1.4. Fundamentos de la vulneración 15. Los tutelantes alegaron que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Esto, por cuanto incurrieron en los siguientes defectos: 1.4.1. Defecto fáctico 16. Las autoridades judiciales accionadas no valoraron los medios probatorios que acreditaban el conocimiento que tenían las entidades demandadas sobre «el plan pistola y plan granada orquestado por las FARC que daban indicios de un atentado terrorista en el municipio de Roncesvalles (Tol)» y a partir de las cuales se podía inferir que aquel no ocurrió de manera repentina e inesperada, como equivocadamente lo indican las demandadas.Demandantes: Elkin Albeiro Gallego Cardona y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01

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17. Entre los medios de convicción aludidos por los peticionarios, se encuentran las declaraciones rendidas por el personal de policía y las comunicaciones realizadas por el Departamento de Policía del Tolima que señalaban que una de las unidades más propensas a recibir un ataque por parte de las FARC era el comando ubicado en el municipio de Roncesvalles – Tolima2, sin embargo, en su sentir, aquellas pruebas no fueron valoradas por los operadores judiciales. 1.4.2. Desconocimiento del precedente judicial 18. Los peticionarios consideraron que las autoridades judiciales accionadas desconocieron la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación relacionada con la responsabilidad del Estado en los eventos en los que se causan daños a los conscriptos. Para el efecto, citó las siguientes providencias: - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 23 de septiembre de 1994. Rad. 8577. - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de agosto de 2002. Rad. 54001-23-31-000-1989-05672-01 (10.952). - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 12 de febrero de 2004. Rad. 23001-23-31-000-1995-06912-01 (14.719). - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 9 de junio de 2010. Rad. 52001-23-31-000-1998-00029-01 (17.313). 19. Adicionalmente, los accionantes consideraron que los operadores judiciales demandados desconocieron las siguientes sentencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que se señaló que, indistintamente de que las lesiones

(17.313). 19. Adicionalmente, los accionantes consideraron que los operadores judiciales demandados desconocieron las siguientes sentencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que se señaló que, indistintamente de que las lesiones hubieran sido producidas o no por agentes del Estado mientras aquellas hayan ocurrido durante un ataque o enfrentamiento armado, estas son imputables al Estado.

2 Al efecto, hizo alusión a los siguientes medios probatorios: i) poligrama 0337 COMAN DETOL del 10 de septiembre de 2010 en el que se alerta a las Estaciones del Cuarto Distrito impartiendo la orden de extremar al máximo las medidas de seguridad con el personal, instalaciones, vehículos y armamento; ii) poligrama No. 376 del 7 de septiembre de 2010 que alerta a las Estaciones del Cuarto Distrito especialmente a las Estaciones de Policía de Roncesvalles para que tomen las medidas de seguridad necesarias y coordinen con las unidades militares de cada jurisdicción acciones que permitan contrarrestar la ocurrencia de hechos contra las unidades y la población civil; iii) acta 76 del 22 de octubre de 2010 de instrucción impartida por el teniente de la Estación de Policía de Roncesvalles en la que se indicó que todo el personal policial debería ser consciente y responsable del complicado orden público; iv) análisis de inteligencia de evolución armada de las FARC y su presencia en el Tolima en el que se instruye al personal de la Policía Nacional que al tomar alimentos en distintos lugares siempre debe existir personal de seguridad que reaccione oportunamente ante una posible incursión armada; v) el libro de anotaciones de la Policía Nacional del 19 de noviembre de 2010 en el que se informa al centinela que tendrá que hacer requisa y registro al personal que ingresa al restaurante donde se toman alimentos.Demandantes: Elkin Albeiro Gallego Cardona y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de febrero de 2016. Rad. 19001-23-31-000-2002-00216-01 (29.299). - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de mayo de 2015. Rad. 52001-23-31-000-2002-00447-02 (28.568). 1.4.3. Violación del derecho a la igualdad 20. Por último, los accionantes señalaron que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció la siguiente providencia proferida por aquella sala de decisión en el año 2016 en el que se declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por las lesiones sufridas por el auxiliar bachiller de policía en hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2010 en el restaurante El Central del municipio de Roncesvalles – Tolima. - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 25 de febrero de 2016. Rad. 73001-23-31-000-2011-00090-00/01. 1.5. Trámite de la acción de tutela 21. En auto del 22 de junio de 2022, el magistrado ponente de la decisión de primera instancia admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo del Tolima y de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 22. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3; y ii) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.6. Intervenciones e informes

de Estado. 22. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3; y ii) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.6. Intervenciones e informes 23. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones: 1.6.1. Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado 24. El magistrado ponente de la decisión presentó informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por los siguientes argumentos. 25. En primer lugar, el magistrado ponente señaló que los tutelantes pretenden reabrir el debate probatorio surtido en sede ordinaria, para que sea el juez constitucional el que favorezca a la parte actora con una valoración probatoria que 3 Parte demandada dentro del proceso ordinario.Demandantes: Elkin Albeiro Gallego Cardona y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01

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beneficie sus intereses, sin que se acredite o avizore el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. 26. En segundo lugar, indicó que en la providencia del 30 de noviembre de 2022 se constató que el auxiliar bachiller Gallego Cardona resultó lesionado por la onda explosiva del artefacto que detonó el 19 de noviembre de 2010 en el municipio de Roncesvalles – Tolima y que, no fue un acto que perpetró la misma fuerza pública, ni se probó que iba dirigido en contra de ella, sino que fue ocasionado por terceros. Por esto, consideró que no se configuró el defecto fáctico alegado por los accionantes por cuanto en aquella se examinaron y valoraron todos los medios de convicción obrantes en el plenario a partir de los cuales concluyeron de forma clara y contundente que la explosión fue ocasionada por terceros y que aquella se dio de manera imprevisible e irresistible. 27. En tercer lugar, señaló que la providencia del 30 de noviembre de 2022 se fundamentó entre otras, en las sentencias del 31 de mayo4 y 16 de septiembre de 20125 en las que se indicó que en principio los daños sufridos por conscriptos o personas que prestan el servicio militar obligatorio debía analizarse bajo la esfera de la responsabilidad objetiva, sin embargo, indicó que aquel no era aplicable al caso bajo estudio en tanto no se probó que el hecho lesivo se produjo como consecuencia de una ruptura del principio de igualdad de las cargas públicas ni por el sometimiento de un riesgo excepcional diferente al cual estaba expuesta toda la población o sus demás compañeros de la fuerza pública. 1.6.2. Policía Nacional 28. La entidad vinculada rindió informe en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela. 29. Lo anterior, porque consideró que si bien estaba probado el daño antijurídico ocasionado con

1.6.2. Policía Nacional 28. La entidad vinculada rindió informe en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela. 29. Lo anterior, porque consideró que si bien estaba probado el daño antijurídico ocasionado con la muerte de Arbey Gómez García y Ana Joaquina García, resaltó que cumplir con este requisito no daba por sentada la responsabilidad de la institución, pues como lo encontró acreditado la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, se configuró el eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero por cuanto el atentado producido el 19 de noviembre de 2010 no fue previsible ni ocasionado por funcionarios policiales. 30. Agregó que la presente acción de tutela es improcedente al no existir un perjuicio irremediable ocasionado al accionante. 31. El Tribunal Administrativo del Tolima se limitó a allegar el expediente del proceso ordinario. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 31 de mayo de 2013. Rad. 22.666. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección a. Sentencia del 16 de septiembre de 2013. Rad. 31.499.Demandantes: Elkin Albeiro Gallego Cardona y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01

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32. Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que fueron notificados, guardaron silencio. 1.7. Sentencia de tutela de primera instancia 33. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 20236, declaró improcedente la acción de tutela por cuanto no se encontró configurado el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional. 34. En efecto, consideró que el asunto controvertido por los accionantes ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales. 35. Además de lo anterior, el juez de tutela de primera instancia plantea una afectación de derechos fundamentales que tienen su origen en un asunto de contenido probatorio y legal, el cual ya fue decidido por el juez natural de la causa por lo que no le correspondía al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo de amparo convirtiéndolo en una instancia adicional. 1.8. Impugnación 36. La parte accionante presentó escrito de impugnación7 en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar sus derechos fundamentales por los mismos argumentos expuestos en la solicitud de amparo. Además, indicó que contrario a lo manifestado por el juez de tutela de primer grado, el asunto sí reviste de relevancia constitucional, pues en su sentir, las autoridades judiciales accionadas, con las decisiones reprochadas, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso. 37. Mediante auto del 4 de septiembre de 2023, el magistrado ponente

de primer grado, el asunto sí reviste de relevancia constitucional, pues en su sentir, las autoridades judiciales accionadas, con las decisiones reprochadas, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso. 37. Mediante auto del 4 de septiembre de 2023, el magistrado ponente de primera instancia concedió el recurso de impugnación presentado contra la decisión del 31 de julio de 2023. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia 38. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por los accionantes contra la sentencia de primera instancia proferida el 31 de julio de 2023 6 La providencia de primera instancia se notificó el 3 de agosto de 2023. 7 El escrito de impugnación fue presentado el 9 de agosto de 2023.Demandantes: Elkin Albeiro Gallego Cardona y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01

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por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019. 2.2. Legitimación en la causa 39. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva). 40. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que los señores Jorge Albeiro Gallego Toro, María Consuelo Cardona, Miguel Ángel Gallego López, Libia Toro Amaya, Jesús María Cardona Cardona, Yuli Andrea Gallego Cardona, Blanca Nelly Cardona Londoño, Ezequiel Gómez García, María Lucrecia Gómez García, José Yesid Gómez García, Agustín Fernando Gómez García, Diver Antonio Gómez García y Luz Stella Villalobos se encuentran legitimados en la causa por activa. Esto porque figuran como demandantes en el proceso de reparación directa (acumulado) en el que se profirieron las providencias aquí cuestionadas. 41. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación también están legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades judiciales que profirieron las decisiones reprochadas en esta oportunidad.

2.3. Previo a hacer alusión a los problemas jurídicos, la Sala considera importante precisar que, si bien la parte actora censuró las providencias de primera y segunda instancia proferidas al interior del proceso contencioso administrativo, de proceder el análisis de fondo del asunto, la Sala hará el estudio del caso, únicamente frente a la sentencia dictada por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, por ser esta la que puso fin a la litis. 2.4. Problemas jurídicos 42. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida por la Sección Primera de esta Corporación, el 31 de julio de 2023. 43. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente: 44. ¿La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al proferir la sentenciaDemandantes: Elkin Albeiro Gallego Cardona y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-03237-01

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del 30 de noviembre de 2022 en la que negó las pretensiones de las demandas de reparación directa presentadas por los accionantes, y con ello, incurrir en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, así como omitir que en una anterior oportunidad aquella sala de decisión declaró administrativa y patrimonialmente responsable al Estado por hechos análogos a los estudiados allí? 45. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad; y (iii) el análisis del caso concreto, con fundamento en los cargos propuestos en la demanda de tutela. 2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial 46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales10. 47. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia12 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial13. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No.

seis requisitos generales de procedencia12 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial13. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 12 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación d