CE - 110010315000202303246011SENTENCIA20231013135315

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

Temas: Tutela co ntra providencia judicial. Proceso disciplinario que se siguió al accionante en su condición de juez primero promiscuo municipal de Malambo (Atlántico), por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 48 , numeral 1, de la Ley 734 de 2002, concretada en la comisión de la conducta delictiva denominada prevaricato por acción establecida en el artículo 413

del Código Penal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 28 de julio de 202 3, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente la acción de tutela.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Javier Eduardo Ospino Guzmán, por medio de apoderado,1 promueve acción de tutela contra la providencia del 30 de noviembre de 2022, que dictó la Comisión

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Javier Eduardo Ospino Guzmán, por medio de apoderado,1 promueve acción de tutela contra la providencia del 30 de noviembre de 2022, que dictó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante la que modificó el fallo del 14 de diciembre de 2021, proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico.

1 Abogado Samudio Mosquera Palomeque.2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

a) Dejar sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia (sic) dictadas dentro del radicado 080011102000201 50120901 por las comisiones seccional Atlántico y nacional de disciplina judicial en contra del Dr. JAVIER EDUARDO OSPINO GUZMÁN por su condición de juez promiscuo municipal de Malambo Atlántico.

b) Como consecuencia de lo anterior ordenar su reintegro al cargo que venía ocupando como juez promiscuo municipal de Malambo Atlántico.

c) Restablecer retroactivamente todos los derechos de los que venía gozando en dicho cargo como son sus salarios, prestaciones sociales y demás emonumentos (sic) de ley.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hecho s relevantes, el accionante a través de su apoderado señaló los siguientes:

1. La juez primera promiscuo del circuito de Sabanalarga remitió copias a la Dirección

1.3. Hechos de la solicitud

Como hecho s relevantes, el accionante a través de su apoderado señaló los siguientes:

1. La juez primera promiscuo del circuito de Sabanalarga remitió copias a la Dirección Seccional de Fiscalías Anticorrupción y al Consejo Superior de la Judicatura para que fuera investigado en su calidad de juez promiscuo municipal de Malambo porque tramitó una acción de habeas corpus dentro del proceso 2014 00106 que se adelantaba en contra del señor Jhon Jairo Echevarría Villarreal, quien se encontraba detenido en el municipio de Sabanalarga (Atlántico).

1. Como consecuencia de lo anterior, el magistrado José Duván Salazar Arias con fundamento en los artículos 89 y 90 del Código Único Disciplinario, le abrió indagación preliminar y lo llamó a rendir descargos mediante providencia que se le notificó el 6 de mayo de 2016. En la aludida fecha presentó por escrito sus alegaciones y propuso nulidad. El 13 de mayo de 2019, el magistrado Carlos J. García Cifuentes ordenó la apertura de investigación disciplinaria en su contra.

1. El 13 de marzo de 2020, el asunto se a signó a la magistrada María José Casado Brajín, quien asumió la competencia y dispuso la práctica de pruebas. El 29 de julio de 2020, dictó auto para mejor proveer. El 27 de agosto de 2020, denegó la nulidad3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

propuesta contra la decisión que ordenó la apertura de indagación preliminar. El 24 de septiembre de 2020, se negaron los recursos de reposición y apelación, bajo el argumento de que el primero no se sustentó y, el segundo, era improcedente. El 11 de marzo de 2021, se cerró la investigación.

1. El 3 de mayo de 2021, la ponente registró proyecto de fallo. El 7 de mayo de 2021, a través de Acta 12 -A. I. 169 evaluó el mérito de la investigación y profirió pliego de cargos. El 7 de julio de 2021 , dio traslado para alegatos de conclusión. El 13 de septiembre de 2021, negó solicitud de visita especial al proceso elevada por la Procuraduría Provincial del Atlántico. El 5 de octubre de 2021, se registró proyecto de sentencia. El 7 de octubre de 2021, se desataron la reposición y la nulidad formuladas por la abogada que fungía como su apoderad a para esa época, en el sentido de negarlos. El 11 de octubre de 2021, se notificaron esas providencias y se dispuso la expedición de copias.

1. Mediante constancia expedida el 11 de enero de 2022, se estableció que el 14 de diciembre de 2021 fue dictada la sentencia con la que concluyó la primera instancia .

El 31 de enero de 202 2, se envió el expediente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta.

diciembre de 2021 fue dictada la sentencia con la que concluyó la primera instancia . El 31 de enero de 202 2, se envió el expediente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta.

1. Por medio de providencia del 3 0 de noviembre de 2022, se resolvió la consulta dentro del proceso con radicación 08001 1 1 02 000 2015 01209 01 , rebajándole la sanción a diez años , lo absolvió de los demás cargos y la confirmó en cuanto a la responsabilidad por la falta gravísima prevista en el artículo 48, numeral 1 , de la Ley 734 de 2002, concretada en la comisión de la conducta típica descrita como prevaricato por acción, establecida en el artículo 413 del Código Penal.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega que con las sentencias acusadas se vulneraron sus derechos al debido proceso , a la defensa, a la imparcialidad, a la igualdad, a la legalidad, a la dignidad humana y al mínimo vital, por las siguientes razones:4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

1. Se configura un defecto orgánico en razón a que la magistrada María José Casado Brajín adelantó la investigación disciplinaria y a su vez profirió el fallo condenatorio, lo cual viola flagrantemente el debido proceso, porque no existió separación entre el instructor y el juzgador, así como la convencionalidad suscrita por el Estado colombiano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) y el

cual viola flagrantemente el debido proceso, porque no existió separación entre el instructor y el juzgador, así como la convencionalidad suscrita por el Estado colombiano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) y el precedente judicial vinculante fijado en la sen tencia Petro Urrego vs. Colombia que conmina a separar esas funciones para alcanzar los estándares internacionales.

1. Así mismo, se incurrió en defecto procedimental absoluto, toda vez que la ponente actuó completamente al margen de lo establecido en la Ley 1952 de 2019, artículos 12 y 239, numeral 4, modifica da por la Ley 2094 de 2021, normas aplicables en su caso por principio de favorabilidad, ya que esas disposiciones son más garantistas para el investigado que las contempladas en la Ley 734 de 2002.

1. En el presente asunto se empleó una ley derogada, lo que constituye un defecto material o sustantivo , por cuanto para el momento en que se dictó sentencia estaba vigente el nuevo código general disciplinario o Ley 1952 de 2019, que le era más beneficioso debido a la separación de la etapa de investigación de la de juzgamiento y al garantizar cabalmente el principio de imparcialidad.

1. Igualmente, se desco noció el precedente judicial dado que s e inaplicaron las diferentes decisiones de la Corte Constitucional que señalan claramente que se debe separar la función de instrucción de la de juzgamiento , pues de no hacerlo se viola el debido proceso y los patrones internacionales tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes para todos los jueces del Estado colombiano por mandato del artículo 93

debido proceso y los patrones internacionales tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes para todos los jueces del Estado colombiano por mandato del artículo 93 de la Constitución y el fallo Petro Urrego vs. Colombia.

1. También se estructura la violación directa de la Constitución , porque los magistrados de la s comisiones de disciplina judicial seccional y nacional vulneraron los artículos 1.º, 2.º, 13, 29 y 93 de la Constitución Política, al desacatar su contenido en relación con la defensa del investigado, su derecho a la igualdad respecto a los sujetos en procesos similares en los que se separa la función de investigación con la de juzgamiento y se respetan los tratados y convenios internacio nales suscritos por5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

Colombia.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admit ió mediante auto del 20 de junio de 2023, que se ordenó notificar a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, como demandados, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. De la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. La magistrada María José Casado Brajín soli cita se niegue la tutela instaurada, con fundamento en los siguientes argumentos:

1.6.1. De la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. La magistrada María José Casado Brajín soli cita se niegue la tutela instaurada, con fundamento en los siguientes argumentos:

1. En efecto, realizó el trámite en el proceso disciplinario que se promovió en contra del señor Javier Eduardo Ospino Guzmán , pero ello se dio teniendo en cuenta la normativa vigente, es decir, la Ley 734 de 2002, la que no contemplaba la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento.

1. La ley 1952 de 2019, entró a regir el 29 de marzo de 2022, con las modificaciones que le introdujo la Ley 2094 de 2 021; en consecuencia, para la fecha en que se dictó la decisión de primera instancia ni siquiera estaba vigente.

1. Pese a lo anterior, se precisa que aún en el caso de que para cuando se profirió el fallo acusado estuviera en vigor la referida norma, el artículo 263 transitorio, señaló que en los procesos en los que se hubiera surtido la notificación del pli ego de cargos o instalado la audiencia del proceso verba l, su trámite se continuaría hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002.

1. Tal posición fue asumida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante providencia del 13 de julio de 2021, respecto a los conflictos de competencia que se suscitaron a nivel nacional, en aquellos juicios contra funcionarios en los que se había6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

suscitaron a nivel nacional, en aquellos juicios contra funcionarios en los que se había6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

dictado pliego de cargos y que se encontraran debidamente notificados al 29 de marzo de 2022.

1. Así las cosas, no se incurrió en violación de ningún derecho fundamental al accionante, pues se dio aplicación a la normativa vigente para la época en que se emitió la decisión cuestionada.

1.6.2. De la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El magistrado Alfonso Cajiao Cabrera pide se declare improcedente la solicitud de amparo, por lo siguiente:

1. En el presente asunto no se satisfacen los requisitos de procedibilidad que ha fijado la Corte cuando se dirige contra providencias judiciales, porque el accionante contó con los medios de defensa suficientes para garantizar sus derechos, sumado a que en el proveído objeto de censura no se configuró defecto alguno que evidencie una vía de hecho, por el contrario, lo pretendido es insistir en los elementos de juicio que adujo en el proceso disciplinario en el que fue sancionado, utilizando el mecanismo excepcional como una tercera instancia.

1. Las decisiones dictadas por esa corporación de cierre y juez natural de las causas disciplinarias, se hallan amparadas por los principios de autonomía e independencia judicial dado que se valoraron las pruebas recolectadas, fueron analizados los fundamentos fácticos y jurídicos, además, se estudiaron las razones de defensa, en cumplimiento de los requisitos formales para su elaboración como lo prevén la Constitución y las leyes aplicables, respectivamente.

fundamentos fácticos y jurídicos, además, se estudiaron las razones de defensa, en cumplimiento de los requisitos formales para su elaboración como lo prevén la Constitución y las leyes aplicables, respectivamente.

1. En relación con la presunta configuración de los defectos: orgánico, procedimental absoluto, material o sustantivo, por favorabilidad, por desconocimiento del precedente, por violación directa de la Constitución, propuestos por el accionante, fundados en que debió darse aplicación por favorabilidad a las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021 , como se demuestra en el fallo de segunda instancia, dentro de las diligencias s e atendió al contenido del artículo 71 de las normas ibidem.

1. Con fundamento en lo anterior, se tiene que únicamente se empleará el procedimiento previsto en las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2020, en los procesos en7

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Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

los cuales se haya notificado el pliego de cargos con posterioridad al 29 de marzo de

2022. En el asunto disciplinario que dio origen a la presente acción de tutela, dicha actuación se efectuó el 7 de mayo de 2021, inclusive la sentencia de primera instancia se produjo el 14 de diciembre de 2021, motivo por el cual no es procedente dar aplicación a la favorabilidad pretendida por la parte demandante.

1. Frente a las presuntas anomalías generadas en los autos de indagación preliminar y de apertura de investigación disciplinaria, estas pudieron alegarse en las diferentes etapas del proceso, además, no deben ser atendidas pues, debe advertirse que contra

1. Frente a las presuntas anomalías generadas en los autos de indagación preliminar y de apertura de investigación disciplinaria, estas pudieron alegarse en las diferentes etapas del proceso, además, no deben ser atendidas pues, debe advertirse que contra la decisión de primera instancia no se interpuso recurso alguno y las solicitudes de nulidad presentadas fueron resueltas de manera negativa en virtud de la convalidación, debido a que en el expediente y en el fallo de primer grado, el investigado fue notificado de cada una de las actuaciones adelantadas, así como a cada uno de sus representantes, es decir, siempre tuvo las oportunidades procesales para ejercer su defensa material, tal y como se indicó en la providencia del 30 de noviembre de 2022.

1. La acción de tutela debe declararse improcedente, dado su carácter residual y porque no se observa existencia de vía de hecho alguna, aunque la parte actora invoca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, imparcialidad, igualdad, legalidad, dignidad humana y mínimo vital, que fueron garantizados a cabalidad dentro del proceso.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante fallo del 28 de julio de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, por los siguientes motivos:

1. Efectuada la revisión del expediente disciplinario con radicado 08001 11 02 000 2015 01209 01, se constata que la sentencia del 30 de noviembre de 2022 , que resolvió el grado jurisdiccional de consulta fue remitida a través de mensaje de datos a la dirección electrónica del accionante el 1.º de diciembre de 2022 y, de conformidad

resolvió el grado jurisdiccional de consulta fue remitida a través de mensaje de datos a la dirección electrónica del accionante el 1.º de diciembre de 2022 y, de conformidad con el artículo 8 .º de la Ley 2213 de 2022, su notificación se entiende realizada una vez transcurridos los dos días hábiles siguientes , esto es, el 2 y el 5 de diciembre de 2022, por lo que el término para contabilizar la inmediatez empezó el 6 de diciembre8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

de 2022.

1. En tanto la acción de tutela se radicó el 8 de junio de 2023, p or consiguiente, transcurrieron más de seis meses entre la notificación de la providencia y la presentación de la tutela, por lo que se concluye que esta no fue incoada en tiempo.

Adicionalmente, el accionante no alegó ninguna circunstancia que justificara su tardanza.

1. Así mismo, vale decir qu e los reproches formulados por el actor estuvieron encaminados a controvertir exclusivamente la sentencia de primera instancia, que ni siquiera fue objeto de recurso de apelación, por lo que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad.

1.8. Impugnación

El accionante a través de apoderad o impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se protejan sus derechos fundamentales. Al respecto alega lo siguiente:

1. No le asiste razón a la primera instancia en cuanto a los argumentos en los que fundó la declaración de improcedencia, ya que la demanda de tutela no se interpuso

siguiente:

1. No le asiste razón a la primera instancia en cuanto a los argumentos en los que fundó la declaración de improcedencia, ya que la demanda de tutela no se interpuso como dice la sentencia el 8 de junio de 2023, sino el 6 de junio de 2023, esto es, dentro del término de los seis meses que establece la jurisprudencia, para ello se anexa «pantallazo de la radicación».

1. Además de lo anterior , en general los términos están errados , ya q ue las autoridades accionadas hicieron incurrir en error al juez constitucional porque no suministraron la información completa del expediente, toda vez que manifestaron que la notificación del fallo de segunda instancia se realizó el día 30 de noviembre de 2022; sin embargo, a su entonces apoderada no le enviaron dicha providencia, lo que la obligó a pedirle a la C omisión Nacional de Disciplina Judicial el envío de una copia para ejercer su trabajo profesional, lo que se produjo el 5 de diciembre de 2022, entonces se notificó dentro de los dos días hábiles siguientes, es decir 6 y 7 de diciembre de 2022; en consecuencia, la contabilización de la inmediatez iniciaría el 99

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

de diciembre de 2022, lo que lo habilita para impetrar el medio constitucional.

1. Ahora bien, la otra causal de improcedencia, esto es, la falta de subsidiariedad, resulta inexacto porque precisamente a la «segunda instancia» le tocó resolver sobre la nulidad que planteó, la cual no fue decretada, y por eso la solicitud de tutela se dirige

resulta inexacto porque precisamente a la «segunda instancia» le tocó resolver sobre la nulidad que planteó, la cual no fue decretada, y por eso la solicitud de tutela se dirige contra la providencia del 30 de noviembre de 2022, pues en el grado jurisdiccional de consulta no se estudió ni se pronunció a cabalidad sobre la convencionalidad y el debido proceso con relación a l fallo de l 14 de diciembre de 2021 , como se puede verificar en los folios 27 y 28 «de la actuación ante la comisiones de disciplina judicial», lo cual desvirtúa el hecho que acarrearía la no procedencia de la tutela.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, 2 según el cual «l as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto », esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Tercera, Subsección B, de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso , se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por « vía de excepción » la demanda que plantea el señor Javier

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso , se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por « vía de excepción » la demanda que plantea el señor Javier Eduardo Ospino Guzmán contra la sentencia del 30 de noviembre de 2022, que profirió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro de l proceso disciplinario con radicación 08001 11 02 000 2015 01209 01.

2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la pro tección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e

embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 3 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,4 donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión

3T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T-589 de

2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 4Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental a bsoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que , para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fon do cuando se esté en

en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fon do cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede establecer lo siguiente:

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 5 de octubre de 2015, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga resolvió enviar copias a la Dirección Seccional de Fiscalías Anticorrupción y al Consejo Superior de la Judicatura , para que se investigaran las posibles irregularidades en que se hubiere incurrido en el trámite de habeas corpus efectuado por el señor Javier Eduardo Ospino Guzmán, juez primero promiscuo municipal de Malambo, en el que concedió la libertad al interno Jhon Jairo Echeverría Villareal.7

2.4.2. El 14 de diciembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico profirió fallo dentro del proceso disciplinario con radicación 08001 11 02 000 2015 01209 00, en el que resolvió lo siguiente:8

PRIMERO: Sancionar con [destitución e inhabilidad general por el término de doce años], al doctor [Javier Eduardo Ospino Guzmán] en su condición de [juez promiscuo municipal de Malambo – Atlántico, al encontrarlo disciplinariamente responsable a título de dolo, de la falta gravísima consagrada en el artículo 48.1 del CDU, concretada en la com isión de la conducta delictiva denominada

[prevaricato por acción] (artículo 413 del Código Penal).

SEGUNDO: Notificar personalmente al funcionario investigado lo aquí de cidido, de

del CDU, concretada en la com isión de la conducta delictiva denominada [prevaricato por acción] (artículo 413 del Código Penal).

SEGUNDO: Notificar personalmente al funcionario investigado lo aquí de cidido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), informándole que contra la misma procede el recurso de apelación de conformidad con el artículo 115 de la misma norma.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, désele cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 220 de la [L]ey 734 de 2002.

2.4.3. El 30 de noviembre de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , al conocer el asunto en grado jurisdiccional de consulta, decidió lo siguiente:9

PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad presentada de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la decisión proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico, el 14 de diciembre de 2021[…] mediante la cual sancionó con

[destitución e inhabilidad por el término d e doce años], al doctor [Javier Eduardo

7 Índice 9, del expediente electrónico. 8 Índice 9, del expediente electrónico. 9 Índice 9, del expediente electrónico.13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 03246 01

Demandante: Javier Eduardo Ospino Guzmán

Ospino Guzmán] en su condición de [juez primero promiscuo