CE - 110010315000202303284001SENTENCIA20230814123738

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Temas: Contra sentencia dictada en proceso de reparación directa , que encontró probada la falla en el servicio médico asistencial. Prueba del nexo de causalidad. Alega defecto fáctico

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la ESE IMSALUD contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 16 de junio de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado judicial, la ESE IMSALUD pidió la protección de l derecho fundamental al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 2 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 2 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que, en segunda instancia, declaró la responsabilidad de la ESE IMSALUD por la muerte de la menor Nataly Yohandris García Celis (proceso de reparación directa con radicado 54001-33-31-002-2008-00415-01).

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO. TUTELAR el derecho constitucional al DEBIDO PROCESO que le asiste a la ESE

IMSALUD.

Como consecuencia de esto,

SEGUNDO. REVOCAR la providencia judicial de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el día 02 de marzo de 2023, en el marco de Acción de Reparación Directa 54-001-33-31-002-2008-00415-00 interpuesta por Nelson Emilio García Soto y otros, en lo que corresponde a la condena impuesta a la Empresa Social del Estado IMSALUD.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, adopte las medidas necesarias para dictar nueva sen tencia debidamente motivada, en el proceso de reparación directa instaurado por NELSON EMILIO GARCIA Y OTROS, contra la ESE IMSALUD, acorde a lo manifestado en el desarrollo de esta acción constitucional, de conformidad con el material probatorio allegado al proceso y realizando un análisis objetivo e integral del caso en concreto.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

2

material probatorio allegado al proceso y realizando un análisis objetivo e integral del caso en concreto.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 10 de mayo de 2005, nació Nataly Yohandris García Celis y fue diagnosticada con retraso psicomotor.

El 23 de noviembre de 2006, la menor Nataly Yohandris García Celis ingresó a la IPS Ospina Pérez, adscrita a la ESE IMSALUD, y recibió la vacuna contra la difteria, el tétano y la tosferina (vacuna DPT).

El 25 de noviembre de 2006, la menor ingresó al servicio de urgencias de la IPS Ospina Pérez, con cuadro de paro respiratorio y muerte cerebral. Por consiguiente, la menor fue remitida a la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz . No obstante, el 1° de diciembre de 2006, la menor falleció.

Nelson Emilio García Soto y otros interpusieron demanda de reparación directa contra la ESE IMSALUD y la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, por estimarlos administrativamente responsables por la muerte de la menor Nataly Yohandris García Celis. En síntesis, alegaron falla en el servicio médico asistencia l, por lo siguiente: (i) que la ESE IMSALUD aplicó la vacuna DPT a la menor, pese a estar contraindicada

Celis. En síntesis, alegaron falla en el servicio médico asistencia l, por lo siguiente: (i) que la ESE IMSALUD aplicó la vacuna DPT a la menor, pese a estar contraindicada para pacientes con retraso psicomotor, y (ii) que la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz se demoró injustificadamente para realizar valoración por la especialidad de epidemiología.

Por sentencia del 30 de septiembre de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo de Tunja1 denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa, toda vez que no encontró que la causa de la muerte fuera la aplicación de la vacuna, sino la asfixia derivada de la broncoaspiración cuando la menor era amamantada.

Nelson Emilio García Soto y otros apelaron y, mediante sentenc ia del 2 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró que la ESE IMSALUD fue responsable de la muerte de la menor Nataly Yohandris García Celis, toda vez que la muerte fue producto de la aplicación contraindicada de la vacuna DPT.

Por sentencia complementaria del 8 de junio de 2023 2, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander adicionó y corrigió la sentencia del 2 de marzo de 2023, en lo relacionado con las condenas por perjuicios morales.

4. Fundamentos de la acción de tutela

Preliminarmente, la parte actora adujo que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que la valoración probatoria realizada en la providencia cuestionada vulnera el derecho fundamental al

Preliminarmente, la parte actora adujo que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que la valoración probatoria realizada en la providencia cuestionada vulnera el derecho fundamental al debido proceso. Que fue debidamente agotado el proceso de reparación directa. Que la tutela es oportuna, por cuanto la sentencia atacada fue proferida el 2 de marzo de 2023 y la s entencia complementaria fue notificada el 15 de junio de 2023. Que el

1 Asumió el conocimiento de la primera instancia del proceso ordinario en cumplimiento de medidas de descongestión. 2 De conformidad con el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, dicha providencia fue notificada mediante estado electrónico del 15 de junio de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co defecto fáctico tuvo incidencia definitiva en el sentido de la decisión cuestionada. Que fueron debidamente identificados los motivos de vulneración. Que no se cuestiona una sentencia de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora adujo que la sentencia del 2 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues, a su juicio, en el proceso de reparación directa no se evidenció el nexo de causalidad entre la prestación del

de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues, a su juicio, en el proceso de reparación directa no se evidenció el nexo de causalidad entre la prestación del servicio médico asistencial y la muerte de la menor Nataly Yohandris García Celis.

Que la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no tuvo certeza de la causa de la muerte de la menor, sino que se limitó a decir que había un altísimo grado de probabilidad que la muerte fuera producto de la aplicación de la vacuna DPT. Que lo cierto es que no hubo demostración objetiva.

Que hubo contradicción en la valoración probatoria, puesto que el tribunal demandado reconoció que la menor ingresó al servicio de urgencias con muerte cerebral derivada de hipoxia, producida cuando la madre alimentaba a la menor.

Que la autoridad judicial demandada desconoce que la dosis de la vacuna fue de refuerzo y que no había un signo de alarma derivado de la aplicación de la primera dosis (fiebre, convulsiones, colapso, entre otros).

Que los testimonios rendidos en el proces o de reparación directa y la historia clínica son consistentes en indicar que la causa de la muerte fue la asfixia por broncoaspiración de leche materna. Que, de hecho, el dictamen de Medicina Legal indica que no existe evidencia objetiva del nexo de causa lidad entre la muerte de la menor y la aplicación de la segunda dosis de la vacuna DPT, pues, de haber sido así, la muerte se habría producido con la primera dosis.

Que fue aplicado el precedente fijado en el expediente 17001-23-31-000-1997-00107la muerte se habría producido con la primera dosis.

Que fue aplicado el precedente fijado en el expediente 17001-23-31-000-1997-0010701(22424), tramitado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero no guarda identidad fáctica, toda vez que, en ese caso, no había patologías de base, como la asfixia por broncoaspiración.

5. Trámite

Por auto del 21 de junio de 2023, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de tutela y dispuso lo siguiente: (i) notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander; (ii) notificar, en calidad de terceros con interés, al juez 5 Administrativo de Tunja , a los intervinientes en el proceso de reparación directa, esto es, al director de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz (demandado), al presidente de La Previsora S.A. Compañía de Seguros (llamado en garantía) y a los señores Nelson Emilio García Soto, Mery Yorley Celis Dávila, Dany Andrés García Celis, Ana Julia Soto, José del Carmen García, Yolanda Parra Dávila y Edgar Celis Girón (demandantes), y (iii ) denegar la medida provisional de suspensión de la ejecución de la sentencia del 2 de marzo de 2023.

La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 22 de junio y de l 6 de julio de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

4

2023.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander adujo que la parte actora simplemente manifiesta un desacuerdo frente a la valoración probatoria realizada en la sentencia cuestionada.

Que lo cierto es que la valoración probatoria fue adecuada y razonable, puesto que quedó acreditado que había una alta probabilidad de que la muerte estuviera asociada a complicación derivadas de la aplicación de la vacuna DPT.

Que quedó demostrado el nexo de causalidad, pues el fallecimiento ocurrió «dos (02) días después a la aplicación de tal vacuna […] a partir de la configuración de una responsabilidad objetiva de la ESE […] por la aplicación de vacunas, conforme lo ha concluido la jurisprudencia aplicable».

Que el hecho de que se tratara de una segunda dosis no es óbice para desestimar el nexo de causalidad, toda vez que lo cierto es que la broncoaspiración y los episodios convulsivos ocurrieron en los dos días siguientes a aplicación de dicha dosis.

Que, en últimas, la responsabilidad se deriva del riesgo inherente a la aplicación de vacunas. Que «se pudo colegir la existencia de una responsabilidad a título de régimen objetivo imputable a la E.S.E. IMSALUD derivado de la aplicación de la vacuna contra el DPT, que no concluye que la muerte se haya derivado de una falla en el servicio,

vacunas. Que «se pudo colegir la existencia de una responsabilidad a título de régimen objetivo imputable a la E.S.E. IMSALUD derivado de la aplicación de la vacuna contra el DPT, que no concluye que la muerte se haya derivado de una falla en el servicio, sino en el riesgo que es inherente a la aplicación de vacunas, en general, y a la DPT en particular, como se analizó en el fallo objeto de tutela».

La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz adujo que la providencia cuestionada está debidamente sustenta da y que, por ende, no hubo vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Que las pruebas del proceso de reparación fueron valoradas de manera conjunta e idónea.

Los demandantes del proceso de reparación directa adujeron que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, toda vez que es utilizada para cuestionar un simple desacuerdo frente a la valoración probatoria realizada por el tribunal demandado. Que la parte actora desconoce que el análisis estuvo sustentado en la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad.

El Juzgado Quinto Administrativo de Tunja aportó copia magnética del expediente de reparación directa con radi cado 54001-33-31-002-2008-00415-01, pero nada dijo con respecto al fondo del asunto.

La Previsora S.A. Compañía de Seguros no intervino, pese a que, como se vio, fue notificada de la admisión de la tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por la ESE

notificada de la admisión de la tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por la ESE IMSALUD para que se deje sin efectos la sentencia del 2 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que, en segunda instancia,Radicado: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declaró la responsabilidad de la ESE IMSALUD por la muerte de la menor Nataly Yohandris García Celis.

La Sala anticipa que denegará la tutela, por cuanto no se evidencia que la providencia cuestionada incurriera en defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación de requisitos generales de procedibilidad, (iii) el defecto fáctico por indebida valoración probatoria, y (iv) al análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales 3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian d e manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los

la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales 3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian d e manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos 4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de requisitos generales de procedibilidad

La Sala estima cumplido el requisito de relevancia constitucional. La discusión se refiere a la valoración probatoria realizada en la providencia cuestionada y, por ende, se involucra el derecho fundamental al debido proceso. No puede decirse que la tutela sea utilizada como una instancia adicional , toda vez que la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa fue tomada en segunda instancia. Por lo demás, la demanda de tutela está debidamente sustentada, pues da cuenta de los hechos y los argumentos que justifican la supuesta vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

La subsidiariedad también se encuentra acreditada, pues el proceso de reparación directa concluyó con providencia del 8 de junio de 2023 y no existen otros mecanismos de defensa disponibles. No se evidencia la procedencia del recurso extraordinario de revisión, por cuanto los argumentos expuestos en la demanda de tutela son de carácter sustancial (valoración probatoria) y, por tanto, no pueden encuadrarse en las causales de procedencia previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

También está cumplido el requisito de inmediatez, toda vez que, de conformidad con el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, la providencia que concluyó

de procedencia previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

También está cumplido el requisito de inmediatez, toda vez que, de conformidad con el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, la providencia que concluyó el proceso de reparación directa (sentencia complementaria del 8 de junio de 2023) fue notificada por estado electrónico del 15 de junio de 2023 y la demanda de tutela fue radicada al día siguiente.

Por lo demás, la demanda de tutela está debidamente sustentada y no está dirigida contra sentencias de tutela.

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisi ón sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. El defecto fáctico por indebida valoración probatoria

En materia probatoria, el sistema procesal colombiano no se rige por una tarifa legal,

www.consejodeestado.gov.co

4. El defecto fáctico por indebida valoración probatoria

En materia probatoria, el sistema procesal colombiano no se rige por una tarifa legal, sino por el principio de la libre valoración de la prueba. Así lo establece el artículo 176 del Código General del Proceso cuando señala que « las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reg las de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos».

En virtud del principio de libre valoración de la prueba y de los principios de autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de la Constitución Política), la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que los jueces gozan de amplias facultades para valorar las pruebas del proceso. Es al juez a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, mediante una valoración libre y discrecional, y bajo las reglas de la sana crítica.

De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por la valoración probatoria tenga ciertas restricciones, pues la prevalencia de dichos principios solo puede ceder cuando la decisión tenga errores sustanciales y estos provengan directamente de deficiencias en la valoración, a tal punto que no corresponda con la sana crítica, que no atienda a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, y que no respete la Constitución ni la ley. En ese caso, la decisión se tornaría en arbitraria y habilitaría la intervención del juez de tutela.

Resulta ilustrativo citar algunos supuestos previstos por la Corte Constitucional, en sentencia SU-257 de 2021, para determinar cuándo una providencia judicial incurre en

y habilitaría la intervención del juez de tutela.

Resulta ilustrativo citar algunos supuestos previstos por la Corte Constitucional, en sentencia SU-257 de 2021, para determinar cuándo una providencia judicial incurre en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria. Esos supuestos son:

(i) Si la conclusión que extrae de las pruebas que obran en el expediente es “ por completo equivocada”. Podría decirse que, en este evento, la decisión puede ser calificada de irracional, toda vez que la concl usión es diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica – a la que se desprende del contenido de los materiales probatorios. Esta desproporción podría ser identificada por cualquier persona de juicio medio.

(ii) Si la valoración que adelantó no cuen ta con un fundamento objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o voluntad.

(iii) Si las pruebas no han sido valoradas de manera integral. Caso en el que se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

(iv) Si la conclusión se basa en pruebas que no tienen relación alguna con el objeto del proceso (impertinentes); que no permiten demostrar el supuesto de hecho (inconducentes); o que fueron decretadas y practicadas, por ejemplo, desconociendo el derecho al de bido proceso de una de las Partes.

5. Análisis del caso concreto

Previo a resolver, conviene precisar que la acción de reparación directa que dio origen a la providencia acusada tuvo por objeto la reparación de los perjuicios causados por

Partes.

5. Análisis del caso concreto

Previo a resolver, conviene precisar que la acción de reparación directa que dio origen a la providencia acusada tuvo por objeto la reparación de los perjuicios causados por la muerte de la m enor Nataly Yohandris García Celis , ocurrida el 1° de diciembre de

2006. La parte actora adujo la responsabilidad del Estado, por estimar que la muerte fue producto de la aplicación de la vacuna DPT.

En la sentencia del 2 de marzo de 2023, de manera preliminar, el tribunal demandado consideró que debía aplicarse un régimen de responsabilidad objetiva, de conformidad con el precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a la responsabilidad del Estado por la aplicación de vacunas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Seguidamente, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander tuvo por probado lo siguiente:

(i) Que la menor Nataly Yohandris García Celis falleció el 1° de diciembre de 2006, por razón de muerte cerebral asociada a depresión respiratoria y broncoespasmo.

(ii) Que la historia clínica indica que la menor padecía enfermedad neurológica y que, el 23 de noviembre de 2006, la menor recibió vacuna DPT, «a pesar de la contraindicación […] que aumentaba la probabilidad de efecto neurológico asociado a uso de esta vacuna».

y que, el 23 de noviembre de 2006, la menor recibió vacuna DPT, «a pesar de la contraindicación […] que aumentaba la probabilidad de efecto neurológico asociado a uso de esta vacuna».

(iii) Que la historia clínica también indicó que, el 25 de noviembre de 2006 , ingresó al servicio de urgencias del Hospital Universitario Eduardo Meoz «remitida por paro respiratorio, paciente que el jueves se le realizó postura de vacuna posteriormente presentó flacidez generalizada, presenta episodio de convulsión, llevada al centro médico donde se realizan las maniobras de reanimación e intubación endotraqueal […] el estado general de ingreso es un coma, depresión respiratoria, con diagnóstico de muerte cerebral».

(iv) Que el testimonio del médico Esteban Hernández Flórez (médico tratante adscrito IMSALUD) señaló lo siguiente:

PREGUNTADO: desde su concepto médico y como tratante de la menor, podría explicar al despacho la relevancia de la vacunación a la menor cuando su patología de ingreso es de depresión respiratoria por hipoxi a secundaria o broncoaspiración.

CONTESTADO: la paciente recibió vacuna contra la Difteria, tétano y tosferina, dos días antes de su ingreso al hospital, y como reacción adversa a esta vacuna presentó fiebre que condicionó probablemente el desarrollo de su estado convulsivo, estado convulsivo que favoreció la broncoaspiración de la paciente y la llevó a un daño cerebral y posteriormente a la muerte de la paciente.

(v) Que el testimonio del médico Nelson Corredor Jauregui (médico tratante vinculado a la ESE Hospital universitario Eduardo Meoz) indica lo siguiente:

cerebral y posteriormente a la muerte de la paciente.

(v) Que el testimonio del médico Nelson Corredor Jauregui (médico tratante vinculado a la ESE Hospital universitario Eduardo Meoz) indica lo siguiente: «la paciente presentaba una enfermedad neurológica, la cual se vacunó con DPT a p esar de estar contraindicada por aumento en la probabilidad en efectos […]».

(vi) Que la Norma Técnica para la Vacunación Según el Programa Ampliado de Inmunizaciones, expedida por el Ministerio de Salud de Colombia, señala que la vacuna DPT puede presentar los siguientes efectos secundarios: fiebre, convulsiones en las 48 horas posteriores a la aplicación, llanto inusual sin causa aparente, estado de choque o colapso o trombocitopenia.

(vii) Que el concepto médico emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló lo siguiente: « No todas las enfermedades neurológicas contraindican la aplicación de la va cuna DPT. En términos prácticos solo las encefalopatías evolutivas tendrían una contraindicación absoluta. En los demás casos hay relatividad hablando de contraindicaciones. El retraso psicomotor por sí solo no contraindica la aplicación de la vacuna DPT salvo que se deba a una encefalopatía evolutiva. Mientras exista contraindicación absoluta la conducta es no aplicarla».Radicado: 11001-03-15-000-2023-03284-00

Demandante: ESE IMSALUD

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: ESE IMSALUD

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese contexto, el tribunal demandado hizo el siguiente estudio de nexo de causalidad:

[…] en el presente caso, esta Sala no desconoce los antecedentes médicos de la menor, así mismo, el hecho de que se estaba realizando la aplicación de la tercera dosis de la misma vacuna, sin que esta anteriormente haya tenido los efectos que hoy se traen a colación, sin embargo, también es necesario tener en cuenta las variaciones que se pueden presentar ante los efectos adversos en el cuerpo humano respecto a la aplicación de cualquier medicamento, en este caso la vacuna contra DPT, así mismo, que si b ien la paciente tenía un diagnóstico médico correspondiente a un retraso psicomotor, la broncoaspiración y los episodios convulsivos fueron presentados posterior a la aplicación de la vacuna, adaptándose a lo ya expuesto respecto a los efectos adversos que se establecen para la aplicación de esta vacuna. Aunado en lo anterior, si bien es cierto, el hecho de que la menor padeciera una encefalopatía estática como lo es el retraso psicomotor y que éste no implicara una contraindicación para la aplicación de la misma, sin embargo, si podía generar un aumento en la intensidad de los posibles efectos secundarios, tal como ocurrió en el caso objeto de estudio.

De acuerdo a los argumentos expuestos, fue posible para esta Sala de decisión establecer el elemento de responsabilidad, correspondiente a la imputación desde el régimen objetivo, bajo la figura del riesgo excepcional en cabeza de la E.S.E IMSALUD entidad encargada de realizar la

De acuerdo a los argumentos expuestos, fue posible para esta Sala de decisión establecer el elemento de responsabilidad, correspondiente a la imputación desde el régimen objetivo, bajo la figura del riesgo excepcional en cabeza de la E.S.E IMSALUD entidad encargada de realizar la aplicación de la vacuna contra la difteria, tétano y tos ferina (DPT), la cual le produjo los efectos adversos correspondiente a la fiebre y convulsiones de las cuales, a su vez, es posible entrever que se derivó la broncoaspiración de la menor, misma que generó la muerte cerebral de Nataly Yohandrís García Celis.

Ahora, la par te actora adujo que fueron indebidamente valorad os el informe pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el testimonio del médico Víctor Luis Gómez Ardila (médico tratante del Hospital Universitario Eduardo Meoz).

Para decidir, es necesario referirse al contenido de dichas pruebas y al respectivo estudio probatorio realizado por el tribunal demandado, con el fin de determinar si dicha valoración fue irrazonable o por completo equivocada o si dejó de aplicar el artíc ulo 176 del Código General del Proceso.

La Sala advierte que el informe pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue rendido por orden del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cúcuta. Dicho informe fue suscrito por el médico Camilo Alberto García Gauregui, prof esional especializado forense. En dicho informe, como conclusión, se lee lo siguiente:

De lo descrito es conclusivo que la paciente era portadora desde varios meses atrás al episodio

García Gauregui, prof esional especializado forense. En dicho informe, como conclusión, se lee lo siguiente:

De lo descrito es conclusivo que la paciente era portadora desde varios meses atrás al episodio que nos ocupa de patologías neurológicas que la comprometían severamente y le generaban muy mal pronóstico para la vida. La salud de la paciente se complica el día 25 de noviembre de 2006 por episodio de broncoaspiración que genera paro respiratorio y motiva su remisión al hospital Erasmo Meoz en donde cursa con deterioro neurológico dada su enfermedad de base, sin responder al tratamiento y termina falleciendo. Si bien infectología conceptuó que la dosis de la vacuna DPT aumenta la probabilidad de efecto neurológico, no estableció un nexo de causalidad entre la aplicación de la vacuna y el cuadro por el que ingresó al HEM la menor, lo cual es coherente con toda la información disponible del caso, incluidas las historias clínicas y los resultados de las valoraciones de los especialistas dados los antecedentes de e