CE - 110010315000202303291011SENTENCIA20231125103329

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

Demandante: Jeferson Andrés Pérez Borrero y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

Demandante: JEFERSON ANDRÉS PÉREZ BORRERO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra fallo de reparación directa –. Requisitos generales y específicos de procedibilidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 14 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que resolvió:

«1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,

providencia del 14 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que resolvió:

«1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad invocados por los señores Jefersson Andrés, María del Rosario y Kebin Felipe Pérez Borrero, Manuel Pérez Rodríguez y María Lucía Borrero de Pérez, por las razones expuestas en las consideraciones.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores Jefersson Andrés, María del Rosario y Kebin Felipe Pérez Borrero; Manuel Pérez Rodríguez y María Lucía Borrero de Pérez interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección B, y el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá , por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad . En consecuencia, formul aron las siguientes pretensiones:

«(…)

PRIMERA-. Sean tutelados nuestros derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y a la tutela judicial efectiva, que nos fueron vulnerados producto de la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de noviembre de 2022 expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, dentro del proceso de Reparación Directa bajo el radicado No. 11001334306020160046701.

SEGUNDA-. Como consecuencia de lo anterior, se proceda a proferir una nueva sente ncia

proceso de Reparación Directa bajo el radicado No. 11001334306020160046701.

SEGUNDA-. Como consecuencia de lo anterior, se proceda a proferir una nueva sente ncia en la cual se realice un análisis de fondo por parte del fallador, con el fin de que sean reconocidos los perjuicios morales y materiales ocasionados a la totalidad de los demandantes, hoy accionantes, por los daños a la salud que le generó el impacto del rayo aRadicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

Demandante: Jeferson Andrés Pérez Borrero y otros

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Jefferson Andrés Pérez durante la prestación del servicio militar obligatorio y por el daño moral ocasionado a la familia producto de las lesiones sufridas por Jefferson.

TERCERA-. Se emita una sentencia que se debe ajustar al amparo, garantía real y efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y a la tutela judicial efectiva de los demandantes hoy accionantes.

CUARTA: Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales, imploro a su despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice nuestros derechos.

(…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

imploro a su despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice nuestros derechos.

(…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 23 de octubre de 2012, el señor Jefersson Andrés Pérez Borrero ingresó a prestar el servicio militar obligatorio como soldado regular en el Batallón de Infantería número 34 "JUANAMBU" en Florencia – Caquetá.

El 20 de noviembre de 2013, el demandante y otros integrantes de la compañía estaban en la vereda El Porvenir en el municipio de Belén de los Andaquíes , Caquetá, en Base Móvil de Patrullaje de orden público, donde cayó un rayodescarga eléctrica-, que ocasionó la muerte al soldado Juan Carlos Camayo Pizo y lesiones al soldado Jefersson Andrés Pérez Borrero quien recibió la descarga en la pierna izquierda que le ocasionó quemaduras en la planta del pie y región lumbar izquierda.

El señor Jefersson Andrés Pé rez Borrero , junto con el núcleo familiar , present ó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable por perjuicios causados con los quebrantos de salud de le ocasionó la descarga eléctrica durante la prestación del servicio militar obligatorio.

El Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá, en sentencia del 11 de noviembre de 2022, negó las pretensiones, porque, si bien se demostró la ocurrencia del hecho dañoso, no se probó la ocurrencia de un nexo causal o falla en el servicio,

de 2022, negó las pretensiones, porque, si bien se demostró la ocurrencia del hecho dañoso, no se probó la ocurrencia de un nexo causal o falla en el servicio, pues, el daño se produjo por el impacto de un rayo, el cual no podía entenderse como una forma de responsabilidad objetiva en la que todo daño que pueda sufrir una persona vinculada al servicio militar obligatorio tenga que ser resarcido necesariamente. Que, en el caso concreto , no se evidenció que el ac tor hubiera sido sometido a una situación de riesgo superior a aquella a la del resto de la población vinculada al servicio militar obligatorio, que el riesgo de recibir una descarga eléctrica proveniente de un rayo es un riesgo común a toda la población.

La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia con fundamento en que, a pesar de que las lesiones ocasionadas obedecieron a un hecho de la naturaleza, no se trató de un evento externo de la naturaleza, sino de hechos o curridos durante la prestación del servicio militar obligatorio. Que, además, no se demostró que ese evento rompiera el nexo causal, porque, según dijo, resultaba aplicable el régimen de responsabilidad objetiva.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 11 de noviembre de 2022, revocó la decisión de primera instancia, en su lugar, declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de las señoras Martha Edisabeth Pérez Borrero y Norma Yohanna Castellanos Pérez, al no existir prueba del parentesco con el señor Jefersson Andrés Pérez Borrero, y declaró administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional por las lesiones que sufrió el soldado mientras prestaba el servicio militar obligatorio. En consecuencia, condenó a la autoridad, por concepto de perjuicio moral, en el monto de un salario mínimo legal mensual vigente a título de reparación por daño moral a favor del señor conscripto.

Lo anterior, porque se acreditó el hecho dañoso consistente en la descarga eléctrica durante la prestación del servicio militar obligatorio, lo cual dio lugar a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por daño especial y, en ese contexto, estableció que, dado que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional no contestó la demanda, no acreditó una causal extraña para librarse del deber de reparar. Sin embargo, la parte actora no logró acreditar la gravedad de la lesión del señor Jeffersson Andrés Pérez Borrero ni que este hubiera perdido algún porcentaje de su capacidad laboral y, en ese sentido, en el entendido que fue

deber de reparar. Sin embargo, la parte actora no logró acreditar la gravedad de la lesión del señor Jeffersson Andrés Pérez Borrero ni que este hubiera perdido algún porcentaje de su capacidad laboral y, en ese sentido, en el entendido que fue lesionado por una descarga eléctrica mientras prestaba el servicio militar obligatorio, en aplicación del inciso 4 del artículo 283 del CGP, se determinó como indemnización un salario mínimo legal mensual vigente a título de reparación por daños morales a favor del señor conscripto.

La decisión fue notificada el 19 de diciembre de 2022.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los defectos por desconocimiento del precedente judicial, por violación directa de la Constitución, fáctico y procedimental, por las razones que se pasan a resumir.

En relación con el defecto por desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Tercera, en el expediente con radicado número 520012331000200800277 01 (46471) señaló que el título de imputación aplicable al daño causado por el soldado regular es el del régimen objetivo por la obligación de resultado.

Asimismo, que la Corporación, en sentencia del 13 de mayo de 2015 en el expediente con radicado número 50001 23 31 000 1994 04485 01 (17037) precisó que es deber del Estado devolver a los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio en las mismas condiciones en que ingresaron.

Al respecto, afirmó que, aunque se llegue a considerar que las lesiones

que es deber del Estado devolver a los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio en las mismas condiciones en que ingresaron.

Al respecto, afirmó que, aunque se llegue a considerar que las lesiones ocasionadas por el impacto eléctrico de un rayo no tiene una relación directa en que sus causas estén necesariamente ligadas propiamente a la actividad mi litar, si debe tenerse en cuenta que al momento de ingresar al servicio militar obligatorio estaba en perfectas condiciones y no presentaba alguna patología, situación médica o lesión preexistente y que, en cumplimiento de sus funciones, estaba propenso a la ocurrencia de situaciones causadas por la naturaleza, riesgo queRadicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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debe ser previsible por la entidad demandada al momento de enviar soldados regulares al cumplimiento de funciones.

Que las autoridades judiciales demandadas omitieron en el análisis efect uado que fue impactado por un rayo y que le corresponde al Estado de devolver al conscripto en las mismas condiciones en las que ingres ó a la institución.

Con fundamento en todo lo anterior afirmó que “a todas luces los jueces de primera y segunda instancia se apartaron del precedente del Consejo de Estado al aplicar de manera indebida

en las mismas condiciones en las que ingres ó a la institución.

Con fundamento en todo lo anterior afirmó que “a todas luces los jueces de primera y segunda instancia se apartaron del precedente del Consejo de Estado al aplicar de manera indebida el título de imputación objetiva en el presente asunto, pues nótese que de tajo cerraron la posibilidad de aplicar dicho régimen para dar paso al subjetivo del cual resulta que se debía demostrar la falla del servicio de las entidades accionadas, puesto que no sólo desconocen el precedente judicial sino que a su vez cuando lo aplican lo hacen de manera indebida”.

En punto al defecto fáctico señaló que, las autoridades judiciales demandadas no tuvieron en cuenta la prueba testimonial aportada, con la cual se probó “la cercanía familiar de los actores, de los daños que sufrieron a raíz de las lesiones y daño en la salud de la víctima directa, y la tristeza y congoja por las que han pasado”. A su juicio, tampoco se tuvo en cuenta que Jefferson Pérez ingresó a prestar el servicio militar obligatorio en perfecto estado de salud, al punto que fue declarado apto.

Igualmente, adujo descon ocido “lo demostrado frente a la ocurrencia del accidente en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar” , ya que fue en la prestación del servicio militar obligatorio que ocurrió el accidente, tal y como se acreditó con el acta de desacuartelamiento número 001116 de julio de 2014.

Alegó que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta el daño moral ocasionado a la familia de la víctima directa, a pesar de que con la prueba testimonial se probó la relación familiar que Jefferson Pérez tiene con cada uno de los actores, así como

Alegó que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta el daño moral ocasionado a la familia de la víctima directa, a pesar de que con la prueba testimonial se probó la relación familiar que Jefferson Pérez tiene con cada uno de los actores, así como el daño moral e incluso económico que sufrieron a raíz de las lesiones y daño en la salud de Jefferson Pérez, la tristeza y congoja por las que ha pasado la familia alrededor de todo el proceso médico y de rehabilitación.

Para sustentar el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto sostuvo que, las autoridades demandadas utilizaron irreflexivamente normas procesales que generaron que se apartara abruptamente del derecho sustancial, porque, “supeditaron el reconocimiento y la tasación del perjuicio moral de los demandantes a un dictamen de pérdida de capacidad laboral, cuando existen otras pruebas que demuestran la gravedad de la lesión tanto para la víctima directa como para la familia del mismo, verbigracia, la historia clínica, las declaraciones testimoniales) y demás documentos que sirven de soporte para acreditar perjuicios como el moral, pues de ninguna manera se puede tener al dictamen de pérdida de capacidad laboral como una especie de tarifa legal probatoria que ante su ausencia, no se pueda tazar la indemnización de perjuicios”.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , en auto del 26 de julio de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar magistrados de la subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Sesenta Administrativo de Bogotá . Asimismo, al Ministro de Defensa Nacional y a losRadicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Sesenta Administrativo de Bogotá . Asimismo, al Ministro de Defensa Nacional y a losRadicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

Demandante: Jeferson Andrés Pérez Borrero y otros

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señores Luz Marina y Martha Edisabeth Pérez Borrero y Norma Yohanna Castellanos Pérez, como terceros interesados1.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, puso de presente que en la providencia cuestionada en el acápite relativo a la imputación jurídica y fáctica, claramente indicó que se aplicaría el régimen objetivo de responsabilidad, que, justamente, al analizar la imputación, se acudi ó en todo momento al régimen de imputación objetiva, para ello se analizó la responsabilidad del Estado por los daños causados a soldados conscriptos con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha considerado diversas posibilid ades dentro del marco de restablecer el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En relación con las señoras Martha Edisabeth Pérez Borrero, como tía y Norma Yohanna Castellanos Pérez, en condición de prima de la víctima directa, no

dentro del marco de restablecer el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En relación con las señoras Martha Edisabeth Pérez Borrero, como tía y Norma Yohanna Castellanos Pérez, en condición de prima de la víctima directa, no acreditaron el vínculo, por los que requirió a la parte actora para que los remita, “so pena de declarar dicha omisión como excepción previa”, por lo cual, en la misma sentencia, se precisó que parte actora no cumplió esa carga probatoria puesto que no aport ó elemento p robatorio alguno para acreditar el parentesco de estas demandantes con la víctima directa Jeffersson Andrés Pérez Borrero, razón por la cual se declaró que no estaban legitimadas en la causa por activa.

Adicionalmente, precisó que en primera instancia fueron negadas las declaraciones solicitadas por la parte actora para acreditar el “vínculo afectivo entre la víctima directa y sus tías y prima Martha Edisabeth Pérez Borrero y Norma Yohanna Castellanos Pérez”, sin que dicha decisión fuera recurrida por los actores, por lo que, la Sala encontró que, únicamente los demandantes Jeffersson Andrés Pérez Borrero, María del Rosario Pérez Borrero, Kebin Felipe Pérez Borrero, Manuel Pérez Rodríguez, María Lucía Borrero de Pérez y Luz Marina Pérez Borrero, quienes acreditaron su vínculo con la víctima directa mediante el registro civil se encontraban legitimados por activa.

Igualmente, expuso que, para la Sala result ó procedente reconocer indemnización por el perjuicio moral sufrido por el accionante, porque de acuerdo con el material probatorio aportado sufrió el impacto de una descarga eléctrica mientras prestaba

activa.

Igualmente, expuso que, para la Sala result ó procedente reconocer indemnización por el perjuicio moral sufrido por el accionante, porque de acuerdo con el material probatorio aportado sufrió el impacto de una descarga eléctrica mientras prestaba su servicio militar obligatorio y durante varios d ías soport ó las secuelas de esa lesión, tales como dolor de cabeza, dolor de cadera, dolor y limitación de movimiento en su pierna izquierda, por lo que, fue atendido por el servicio médico de la Dirección General de Sanidad Militar, sin embargo, en lo relativo a la acreditación de la gravedad o levedad de la lesión, no se logró establecer que el señor Jeffersson Andrés Pérez Borrero hubiera sufrido la pérdida de su capacidad laboral, así mismo, destacó que la parte actora en la demanda solicit ó la indemnización de perjuicios con fundamento en el daño a la vida de relación, pues la familia de la víctima directa debió padecer del infortunio que él sufrió al no poder disfrutar del goce y normalidad del desempeño de todos sus órganos de su cuerpo, solicitud que fue negada porque esta tipología de perjuicio fue abandonada desde la sentencia de unificación del 14 de septiembre del 2011, sumado a que el perjuicio y el daño al proyecto de vida fueron indemnizados previamente mediante los perjuicios morales reconocidos en favor de la víctima directa.

1 La acción de tutela fue radicada el 16 de junio de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

Demandante: Jeferson Andrés Pérez Borrero y otros

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1 La acción de tutela fue radicada el 16 de junio de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

Demandante: Jeferson Andrés Pérez Borrero y otros

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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En punto a los perjuicios por daño a la salud, en el plenario no se logró acreditar que el señor Jeffersson Andrés Pérez Borrero hubiera sufrido alguna incapacidad o afectación que le impida desarrollar su vida como normalmente lo venía haciendo, tampoco se demostró pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente), destaco que la misma parte demandante desistió de la práctica de su valoración por la Junta Médica Laboral, prueba que fue solicitada por el mismo demandante y a su vez decretada.

El Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá señaló que la interpretación que hace el accionante del contenido de las decisiones son subjetivas por el hecho de no corresponder a sus intereses, pues, resulta evidente que pretende convertir la acción de tutela en una tercera instancia, explicó que la d ecisión cuestionada es consecuencia del análisis juicioso de cada uno de los elementos que estructuran la responsabilidad del estado por lesiones a conscriptos que terminó en la definición

acción de tutela en una tercera instancia, explicó que la d ecisión cuestionada es consecuencia del análisis juicioso de cada uno de los elementos que estructuran la responsabilidad del estado por lesiones a conscriptos que terminó en la definición denegatoria de las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo causal, sin que por ello se vulnere el derecho al acceso a la administración de justicia y debido proceso.

Frente al desconocimiento del precedente judicial en relación con la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, dijo que, en efecto, así lo consideró el despacho, preciso que cuando los conscriptos sufren desmedro físico o fallecen por razón del servicio, el Estado asume la obligación de reparar todos los daños antijurídicos que se causen con ocasión del mismo, pero, olvidó la parte accionante que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido que en esos casos la entidad puede eximirse de responsabilidad cuando el nexo de causalidad se rompe por una causa extraña.

Que, en virtud de lo anterior y dadas las circunstancias del caso concret o, el despacho encontró demostrada una causal eximente de responsabilidad por un hecho de la naturaleza, que, escapó de la voluntad de la administración y en consecuencia se negaron las pretensiones de la demanda, se demostró de esa manera que el precedent e jurisprudencial ha sido respetado y acogido en la decisión, sin que la sentencia desfavorable a las pretensiones de la demanda constituya vulneración a los derechos fundamentales invocados por los actores.

En cuanto al defecto factico alegado por no val orar las pruebas testimoniales relacionadas con la cercanía familiar y las condiciones en las que entró el

constituya vulneración a los derechos fundamentales invocados por los actores.

En cuanto al defecto factico alegado por no val orar las pruebas testimoniales relacionadas con la cercanía familiar y las condiciones en las que entró el accionante a prestar el servicio militar obligatorio, aclaró que dicho cargo no se sustentó y se limitó a decir que no se le dio el valor probatorio que pretende.

Respecto del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, de igual manera, dijo que no se explicó ni se encuentra sustentado.

Solicitó negar el amparo solicitado.

6. Intervención de los terceros con interés

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional y los señores Luz Marina y Martha Edisabeth Pérez Borrero y Norma Yohanna Castellanos Pérez guardaron silencio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

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7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , en sentencia el 14 de agosto de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela , por las siguientes razones.

En relación con la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa de las

agosto de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela , por las siguientes razones.

En relación con la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa de las señoras Martha Edisabeth Pérez Borrero y Norma Yohanna Castellanos Pérez, indicó que los accionantes no cuentan con legitimación en la causa por activa para reclamar el amparo de los derechos de las aludidas señoras, quienes, además, fueron vinculadas en la presente acción como terceras interesadas y no realizaron ninguna intervención, motivo por el cual, anticipó que no se pronunciará en torno a la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa de aquellas en la providencia cuestionada y centraría su estudio jurídico únicamente en los aspectos del defecto fáctico que guarden rela ción con los aquí tutelantes.

Sostuvo que n o se acreditó la configuración de alguno de los defectos invocados, pues, en relación con el desconocimiento del precedente determinó que no se desconoció, distinto es que el extremo activo no demostró la graveda d de las lesiones padecidas por el soldado ni que haya perdido algún porcentaje de su capacidad laboral, toda vez que desistió de la prueba que había solicitado para ese fin (calificación de la pérdida de capacidad laboral por parte de la junta médicolaboral militar) y no aportó al proceso otros elementos para demostrar un deterioro patrimonial del conscripto, no consideraron viable reconocer el daño a la salud y los perjuicios materiales.

En cuanto al defecto fáctico, consideró que no se configuró porque no se demostró la magnitud de las lesiones de aquel ni que hayan desencadenado alguna

perjuicios materiales.

En cuanto al defecto fáctico, consideró que no se configuró porque no se demostró la magnitud de las lesiones de aquel ni que hayan desencadenado alguna afectación a la estabilidad emocional de sus familiares que deba ser reparada por el Estado y, frente al defecto procedimental, en coherencia con lo anterior, concluyó que, la parte demandante en las diligencias ordinarias no cumplió la carga de la prueba y desistió del medio más eficiente y conducente para demostrar el hecho relativo al detrimento de las condiciones de salud del exsoldado, por ende, la negativa al reconocimiento de la totalidad de los agravios.

Adicionalmente, precisó “para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probato rio que se surtió dentro del proceso ordinario, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses”.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia , para lo cual cuestionó la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva de las señoras Luz Marina Pérez Borrero y Norma Yohanna Castellanos Pérez y, en lo demás, reiteró los mismos cargos que expuso en el escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,Radicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,Radicado: 11001-03-15-000-2023-03291-01

Demandante: Jeferson Andrés Pérez Borrero y otros

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los d erechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela

fundamentales.

La Sala Plena