CE - 110010315000202303310001SENTENCIA20230725172933

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03310-00

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. CARECE DEL

REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR

PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN

INTEGRAL DE LAS PRUEBAS QUE FUERON ALLEGADAS AL PROCESO

ORDINARIO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS

QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA

INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA

DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ B”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 24 de junio de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013335016-2015-00125-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que estuvo vinculado al Ejército Nacional desde el 22 de enero de 1987, hasta el 12 de mayo de 2014, con un total de t iempo de servicios de veintisiete años y cuatro meses.

Refirió que mediante radiograma de 17 de febrero de 2014, fue relevado de su cargo como comandante de la Brigada Móvil núm.3, con sede en la Macarena, por unas afirmaciones realizadas por el Ministro de Defensa en los medios de comunicación, como3

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

consecuencia de las publicaciones en la Revista Semana, que ponían en evidencia la corrupción frente a contratos millonarios dentro de la institución.

ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

consecuencia de las publicaciones en la Revista Semana, que ponían en evidencia la corrupción frente a contratos millonarios dentro de la institución.

Destacó que el 12 de mayo de 2014 fue comunicado del Decreto 780 de 22 de abril de ese mismo año, por medio del cual se le llamó a calificar servicios, decisión confirmada el 14 de julio de 2014.

Comentó que en Revista Semana, no se mencionó ni su nombre ni su cargo; no obstante, el motivo de su retiro no tuvo otra causa diferente a dicha publicación, pasando por alto que durante el último año de servicios obtuvo 8 felicitaciones, siendo seleccionado en una comisión de altos oficiales para representar al Ejército Nacional ante el Gobierno de China, por la excelente gestión realizada.

Adujo que, inconforme con lo anterior, pro movió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que lo retiraron del servicio act ivo y, en su lugar, se ordenara su reintegro a la institución, así como el pago de los dineros dejados de4

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

percibir durante su desvinculación, el reconocimiento de los perjuicios morales causados, entre otros.

Sostuvo que el mencionado proceso fue identificado con el número único de radicación 2015 -00125-00 y le correspondió en primera

percibir durante su desvinculación, el reconocimiento de los perjuicios morales causados, entre otros.

Sostuvo que el mencionado proceso fue identificado con el número único de radicación 2015 -00125-00 y le correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarenta y Uno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá2 que, en sentencia de 3 de octubre de 2016, denegó las pretensiones de la demanda.

Manifestó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el 9 de noviembre de 2016 fue repartido al magistrado conductor del proceso en segunda instancia.

Relató que el 13 de junio de 2017 solicitó como prueba documental el Acta núm. 0 51 de 6 de octubre de 2011, por medio del cual la Junta Clasificadora del Ejército Nacional lo calificó en lista núm. 1, nivel excelente, durante 5 años consecutivos, siendo comparado con otros 115 compañeros del mismo grado, información que no había podido suministrar pese a sus múltiples requerimientos.

2 En adelante el JUZGADO.5

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

Indicó que, así mismo, el 22 de agosto de 2018 entregó como prueba el fallo de 4 de julio de 2018 a su favor, emitido por la Procuraduría General de la Nación y , mas adelante , la sentencia de segunda instancia de 12 de septiembre de 2018 dictada por el TRIBUNAL que, en un caso idéntico al suyo, accedió a las pretensiones de la demanda.

General de la Nación y , mas adelante , la sentencia de segunda instancia de 12 de septiembre de 2018 dictada por el TRIBUNAL que, en un caso idéntico al suyo, accedió a las pretensiones de la demanda.

Señaló que en varias ocasiones solicitó mediante derechos de petición pronunciamiento de las pruebas, así como también puso de presente una nota periodística por medio de la cual exponía que las llamadas efectuadas por el Coronel (r) ROBINSON GONZÁLEZ DEL RIO, implicado en el escandalo de corrupción de los contratos millonarios dentro de la insti tucional, nunca fueron verificadas, por lo que no existía razón para llamarlo a calificar servicios.

Añadió que, comoquiera que sus peticiones no fueron contestadas, promovió acción de tutela contra el TRIBUNAL3, ante lo cual y, luego de estar “ congelado” el proceso por más de 6 años, de manera inmediata fue notificado del fallo de segunda instancia proferido el

3 A la cual le fue asignado el número único de radicación 110010315000 2023 01598 00 y correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado.6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03310-00

ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

24 de junio de 2022, a través del cual se confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, el TRIBUNAL omitió re alizar cualquier pronunciamiento frente a las solicitudes probatorias oportunamente presentadas y debidamente sustentadas, las cuales tenían por objeto

quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, el TRIBUNAL omitió re alizar cualquier pronunciamiento frente a las solicitudes probatorias oportunamente presentadas y debidamente sustentadas, las cuales tenían por objeto esclarecer la verdad de los hechos.

En efecto, resaltó que la autoridad judicial accionada pasó por alto: i) el testimonio del Mayor General FERNANDO CABRERA ARTUNDUAGA; ii) el Acta núm. 51 de 6 de octubre de 2011 de la Junta Clasificadora del Ejército Nacional ; iii) la sentencia dictada dentro del expediente 5000234200020150027500 y; iv) la información referente a la nota periodística del Coronel (r)

ROBINSON GONZÁLEZ DEL RIO.

Adujo que no existe pronunciamiento frente a las anteriores pruebas, vulnerándose de esta forma sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.7

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

Sumado a lo anterior, destacó que se le asignó funciones que no estaban señaladas para su cargo, con el fin de justificar el contenido de la decisión dispuesta en los actos administrativos acusados, de tal forma que no se le podían endilgar responsabilidades que no le correspondían.

Advirtió que para el momento en el cual revista Semana emitió la publicación, era comandante de una brigada móvil, pero como las llamadas que realizó el Coronel (r) ROBINSON GONZÁ LEZ DEL RIO se realizaron cuando fungía como Director de la Dirección de los

publicación, era comandante de una brigada móvil, pero como las llamadas que realizó el Coronel (r) ROBINSON GONZÁ LEZ DEL RIO se realizaron cuando fungía como Director de la Dirección de los Centros de Reclusión a Nivel Nacional del Ejército, el camino más fácil era “acallar los medios y retirarme del servicio”.

Además, aseveró que existe diferencia entre las funciones asignadas al Director de un Establecimiento Penitenciario y Carcelario y al Director de la Dirección de Centros de Reclusión, de tal forma que no tenía control disciplinario sobre las personas privadas de la libertad.

Finalmente, alegó que mientras se desempeñó como Director de la Dirección de Centros de Reclusión, nunca fue objeto de sanciones por8

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

su desempeño y, por el contrario, recibió felicitaciones y reconocimientos por su labor profesional.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] ordene la revocatoria de la decisión, dentro del radicado 11001333501620150012501, fechada el 24 de junio de 2022 y firmada por los Magistrados JOSÉ RODRIGO ROMERO ROMERO, LUIS GILBERTO ORTEGÓN Y ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS, el primero de ellos en calidad de ponente, integrantes de la Sección Segunda, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (T.A.C), la cual se me notifica solo hasta el 18 de

primero de ellos en calidad de ponente, integrantes de la Sección Segunda, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (T.A.C), la cual se me notifica solo hasta el 18 de abril de 2023 […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- El TRIBUNAL, el JUZGADO y la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, pese a ser notificados en debida forma del presente trámite constitucional, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia9

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.10

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de ev idente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdiccion es[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan a gotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus11

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbord e

como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbord e institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad pr ocesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímen es de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generar on la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generar on la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectaci ón de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las12

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sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se

necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providenci a impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fáct icos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].13

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ACTOR: OSCAR RICARDO COLORADO BARRIGA

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto la providencia de 24 de junio de 2022, proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00125-01, promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada omitió analizar las pruebas allegadas al expediente, entre ellas, el testimonio del Mayor General FERNANDO CABRERA ARTUNDUAGA, el Acta núm. 51 de 6 de octubre de 2011 de la Junta Clasificadora del Ejército Nacional que lo calificó en un nivel excelente en la pre stación del servicio, la sentencia dictada dentro del expediente 5000234200020150027500,

6 de octubre de 2011 de la Junta Clasificadora del Ejército Nacional que lo calificó en un nivel excelente en la pre stación del servicio, la sentencia dictada dentro del expediente 5000234200020150027500, por medio de la cual en un asunto idéntico se accedió a las pretensiones de la demanda y la nota periodística de la captura del

Coronel (r) ROBINSON GONZÁLEZ DEL RIO.14

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Agregó que le fueron asignadas funciones que no le correspondían a su cargo, con el fin de justificar el contenido de la decisión dispuesta en los actos administrativos acusados ; además, que mientras se desempeñó como Director de la Dirección de Centros de Reclusión, nunca fue objeto de sanciones por su desempeño y, por el contrario, recibió felicitaciones y reconocimientos por su labor profesional.

De acuerdo con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03310-00

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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta

tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.16

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principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 d el

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 d el artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constituc ión, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”17

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La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la

de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en l a Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional , y otro que es fruto de la labor legis lativa, al que se denomina simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 13]; el derecho a pre