CE - 110010315000202303381011SENTENCIA20231002101113

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03381-01

Demandante: Alexander Pérez Hernández

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ventiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03381-01

Demandante: ALEXANDER PÉREZ HERNÁNDEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

RELIQUIDACIÓN SUBSIDIO FAMILIAR – SOLDADO

PROFESIONALREQUISITOS GENERALES DE

PROCEDIBILIDAD

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 28 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Alexander Pérez Hernández , por medio de apoderado judicial, interpuso

Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Alexander Pérez Hernández , por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proces o, así como los principios de tutela judicial efectiva y de confianza legítima . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, tutela judicial efectiva, debido proceso y garantía de la confianza legítima en el sistema de justicia del señor ALEXANDER

PEREZ HERNANDEZ.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto negó el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que una vez ordenada la Nulidad se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo Del Huila, proferir nueva sentencia dentro del expediente No. 41001-33-33-007-2021-00155-01 y en su lug ar proceda a preferir fallo concediendo el derecho al Subsidio familiar como lo establece el decreto 1794 de 2000.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2023-03381-01

Demandante: Alexander Pérez Hernández

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Alexander Pérez Hernández

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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El señor Alexander Pérez Hernández ingresó al Ejército Nacional y prestó el servicio militar como soldado regular desde el 24 de noviembre de 2003 hasta el 1º de diciembre de 2004, momento en el que oficializó su vinculación como soldado profesional.

El 28 de noviembre de 2009, el señor Pérez Hernández contrajo matrimonio con la señora María Guissela Suárez Álvarez y , como fruto de la unión , tuvo dos hijos; razón por la que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1161 de 2014, le fue reconocido un 25 % de su salario básico por concepto del subsidio familiar.

Manifestó que, en sentencia de 8 de junio del 20171, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad, con efectos ex tunc, del Decreto 3770 de 30 de septiembre de 2009, el cual había derogado el artículo 11 del Decreto 1794 de 14 de septiembre de 2000. Por lo anterior, el 11 de septiembre de 2018 , pidió el incremento de la asignación básica en un 20 % y el reajuste del subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000, y el Ejército Nacional mediante Oficio núm. 20183171998391 del 17 de

básica en un 20 % y el reajuste del subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000, y el Ejército Nacional mediante Oficio núm. 20183171998391 del 17 de octubre de 2018 negó el incremento y no se pronunció respecto al reajuste del subsidio familiar solicitado.

Inconforme con la respuesta de la administración, el señor Pérez Hernández ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional , con la finalidad de que se ordenará la nulidad del Oficio núm. 20183171998391 y se declarará la existencia del acto ficto derivado de l silencio administrativo ante la solicitud de reliquidación del subsidio familiar y, a título de restablecimiento, solicitó ordenar el reajuste de su asignación de retiro tomando como base un salario mínimo incrementado en un 60% a partir del 1 de diciemb re de 2004, y la reliquidación del subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 del 2000.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, en sentencia del 31 de enero de 2023, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad de la actuación administrativa.

Explicó que, de conformidad con el test de igualdad , la situación prestacional del actor no era equiparable con l a de los soldados profesionales que ingresaron al servicio como voluntari os; en esencia, porque la compensación económica (consistente en el reajuste de la asignación que pretende) que se les reconoce a estos últimos, fue incluida para los profesionales a partir de los Decretos 1793 y

servicio como voluntari os; en esencia, porque la compensación económica (consistente en el reajuste de la asignación que pretende) que se les reconoce a estos últimos, fue incluida para los profesionales a partir de los Decretos 1793 y 1794 de 2000 y debido a que el demandante se vinculó como soldado profesional con posterioridad al 31 de diciembre de 2000, no es predicable la igualdad entre iguales; precisamente, porque en los términos del artículo 1 º del Decreto 1794 de 2000, su asignación mensual es de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40%.

Frente al reajuste del subsidio familiar expuso que para dar aplicación a los efectos retrospectivos de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 ordenada

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia de 8 de junio de 2017, número único de radicación 11001-03-25-000-2010-00065-00, C.P. César Palomino Cortés.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03381-01

Demandante: Alexander Pérez Hernández

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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mediante sentencia del Consejo de Estado del 8 de junio de 2017, era necesario que se reportara el cambio de estado civil a la entidad castrense, pero de los

mediante sentencia del Consejo de Estado del 8 de junio de 2017, era necesario que se reportara el cambio de estado civil a la entidad castrense, pero de los documentos aportados no se logró determinar la fecha exacta en que se reportó el vínculo conyugal al Comando del Ejército Nacional.

Esta decisión fue apelada por el demandante y el Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 23 de mayo de 2023, la confirmó al estimar que el subsidio familiar fue reconocido en vigencia de la Ley aplicable , dad o que el actor solicitó el reconocimiento prestacional en vigencia del Decreto 1161 de 2014, y no del Decreto 1794 de 2000.

Explicó que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró vigencia cuando se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc , esto es con la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de Estado; que, en su inciso segundo, exige que el soldado reporte el cambio de su estado civil para el reconocimiento del subsidio familiar , situación sobre la que no obra prueba en el expediente objeto de estudio.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento de precedente judicial, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

Señaló que al resolver su caso el tribunal demandado de bió inaplicar por inconstitucional el Decreto 1161 de 2014 y, en su lugar, ordenar el reajuste del subsidio familiar bajo el régimen del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por

inconstitucional el Decreto 1161 de 2014 y, en su lugar, ordenar el reajuste del subsidio familiar bajo el régimen del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por cuanto la subrogación normativa fue evidentemente contraria al principio de prohibición de regresividad de los derechos laborales y al derecho a la igualdad entre los Soldados Profesionales, en concordancia con la sentencia del 8 de junio de 2017 que declaró con efectos ex tunc la nulidad del Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009.

Explicó que en el caso objeto de estudio no se le dio aplicación al Decreto 1794 del 2000, con fundamento en que no informó acerca del cambio de su estado civil, sin embargo, la autoridad judicial omitió que para el 28 de noviembre de 2009 tal exigencia fue derogada expresamente por el Decreto 3770 de 2009 y solo hasta finales de l año 2017 cobró firmeza la sentencia que declaró la nulidad de esa norma.

Manifestó que lo procedente en su caso era verificar si en el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2009 (momento en que se casó) y la expedición del Decreto 1161 de 201 4 el interesado tenía derecho a que le pagaran la prestación teniendo en cuenta que el hecho generador se consolidó durante la vigencia del Decreto 1794 del 2000 en razón de los efectos ex tunc ya conocidos.

En general, dijo que la providencia cuestionada no interpretó de manera sistemática las normas que regulan el caso en concreto ni los efectos bajo los cuales se declaró

Decreto 1794 del 2000 en razón de los efectos ex tunc ya conocidos.

En general, dijo que la providencia cuestionada no interpretó de manera sistemática las normas que regulan el caso en concreto ni los efectos bajo los cuales se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, mediante la sentencia del 8 de junio de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03381-01

Demandante: Alexander Pérez Hernández

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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En respaldo de lo expuesto citó las sentencias d e tutela proferidas en los expedientes con radicado: 11001 -03-15-000-2021-04441-01, 11001 -03-15-0002021-07051-01 y 11001 -03-15-000-2022-01132-01 proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

4. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Huila , por intermedio del ponente de la decisión objeto de debate, indicó que lo alegado por el actor en la solicitud de amparo como defecto sustantivo se equipara al desconocimiento de la normativa que invocó como sustento de las pretensiones en el proceso ordinario y, por ende, lo que se evidencia es que la solicitud de amparo es improcedente porque pretende usarla como una

defecto sustantivo se equipara al desconocimiento de la normativa que invocó como sustento de las pretensiones en el proceso ordinario y, por ende, lo que se evidencia es que la solicitud de amparo es improcedente porque pretende usarla como una instancia adicional al proceso ordinario , reiterando la misma discusión que ya fue valorada y zanjada por el juez natural.

Por lo expuesto solicitó negar la acción de tutela por ausencia de la vulneración alegada.

5. Intervenciones

El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva guardó silencio.

La Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional señaló que la acción de tutela de la referencia es improcedente porque la apoderada de la parte accionante planteó en esta sede los mismos argumentos que fueron expuestos y discutidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada no omitió valorar elementos probatorios ni incurrió en defecto sustantivo, sino que la decisión adoptada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho tuvo como sustento la omisión del actor frente a su obligaci ón como trabajador de informar el cambio de su estado civil de manera oportuna.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 28 de julio de 2023, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que el actor hizo uso de la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, pues, lo pretendido con lo expuesto en la solicitud de amparo es reabrir el debate que ya concluyó ante el juez natural y que prevalezca la interpretación normativa que le favorece.

pues, lo pretendido con lo expuesto en la solicitud de amparo es reabrir el debate que ya concluyó ante el juez natural y que prevalezca la interpretación normativa que le favorece.

7. Impugnación

El actor impugnó la anterior d ecisión, reiteró los argumentos del escrito inicial e indicó que el juez de tutela de primera instancia no se pronunció frente a los argumentos expuestos en el escrito de tutela relacionados con la naturaleza del subsidio familiar, su incidencia en el núcleo familiar y la finalidad constitucional del mismo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03381-01

Demandante: Alexander Pérez Hernández

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Señaló que el asunto es de relevancia constitucional porque subsiste la violación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso y que, por esa razón, se hizo necesario acudir al amparo constitucional de tutela. Explicó que los reproches propuestos cumplen con el requisito de relevancia constitucional, en el entendido de que el defecto sustantivo se configura porque se reliquida indebidamente una prestación social encaminada a proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en los términos del artículo 42 de la Constitución Política.

reliquida indebidamente una prestación social encaminada a proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en los términos del artículo 42 de la Constitución Política. Finalmente, indicó que tampoco es cierto que el debate se centre en un asunto meramente legal, pues lo que se cuestiona es la aplicación de los efectos ex tunc de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009. Conforme con lo expuesto, solicitó se revoque el fallo recurrido y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el De creto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuan do el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en l a sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acc ión de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-03381-01

Demandante: Alexander Pérez Hernández

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o confirmar la decisión impugnada que declaró improcedente la acción de tutela al considerar que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional. En tal sentido, la Sala verificará si la acción de t utela cumple los requisitos generales y específicos de procedibilidad y, de ser así, analizará de fondo la controversia planteada.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se ut ilice para discutir asuntos de mera

constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se ut ilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o rec urso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistent es o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de proce dencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afec tada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto

salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Cons ejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03381-01

Demandante: Alexander Pérez Hernández

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alexander Pérez Hernández

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cump lir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio deci dendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso

concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de inte rponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Sobre la falta de relevancia en el caso concreto

A juicio de la parte actora, con la providencia del 23 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial , lo que trajo como consecuencia que no se le reconociera y pagara el subsidio familiar en los términos en los que tenía derecho.

En principio, el estudio de los cargos en que sustenta las causales específicas de procedencia de la acción de tutela debería estudiarse a partir del denominado desconocimiento del precedente judicial, dado que la inconformidad del actor se centra en que, presuntamente, fueron desconocidos los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 20177 que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 30 de

centra en que, presuntamente, fueron desconocidos los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 20177 que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 30 de septiembre de 20098, de no ser porque la solicitud de amparo no cumple el requisito general de relevancia constitucional, pues una vez vista la providencia atacada y el escrito de tutela se evidencia que lo pretendido por el señor Pérez Hernández es prolongar la discusión zanjada por el juez de la causa, como se pasa a explicar.

6 Ibidem. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Secció n Segunda, sentencia de 8 de junio de 2017, número único de radicación 11001 -03-25-000-2010-00065-00, C.P. César Palomino Cortés. 8 “Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03381-01

Demandante: Alexander Pérez Hernández

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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En el escrito de tutela la parte actora propone argumentos que ya fueron expuestos ante la autoridad judicial demandada - en la demanda y en el recurso de apelación

En el escrito de tutela la parte actora propone argumentos que ya fueron expuestos ante la autoridad judicial demandada - en la demanda y en el recurso de apelación - y que fueron resueltos con suficiencia, s in embargo, manifiesta la inconformidad que le generó las conclusiones de los jueces de conocimiento, y, en general, la decisión contraria a sus intereses.

El actor reitera lo expuesto al interior del proceso ordinario en relación con la negativa de reajuste del subsidio familiar. Alega que, teniendo en cuenta que para la fecha en la que se derogó el art. 11 del Decreto 1794 de 2000, reunía los requisitos para acceder a la prestación en aplicación de la sentencia del 8 de junio de 2017, en la que el Conse jo de Estado declaró la nulidad con efectos “ ex tunc” del Decreto 3770 de 2009, revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 para poder solicitar el reconocimiento del subsidio bajo esos parámetros.

La Sala evidencia que el actor formuló como argumentos del recurso de apelación en el trámite del proceso ordinario, los siguientes:

«me permito presentar ante su honorable despacho RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN en contra de la sentencia de primera instancia, el cual desgloso bajo los siguientes argumentos: (…) mi poderdante, siendo soldado profesional del Ejército nacional a título de subsidio familiar, de conformidad el decreto 1161 de 2014, en la actualidad se le reconoce por dicho concepto el 23% de la asignación básica por su cónyuge e hijos, sin embargo la consolidación del derecho objetivo de reconocimiento, tuvo lugar en el momento en el que cambio su estado

el 23% de la asignación básica por su cónyuge e hijos, sin embargo la consolidación del derecho objetivo de reconocimiento, tuvo lugar en el momento en el que cambio su estado civil ha casado el día 06 de febrero de 2011(sic) y teniendo en cuenta los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado Sala de lo contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B del 8 de junio del 2017, que revivió la disposición normativa del artículo 11 del decreto 1794 del 2000 con el fin de evitar vacíos e inseguridad jurídica respecto de situación jurídicas no consolidadas desde su promulgación hasta que fue subrogado por el decreto 1161 del 2014, por tanto la norma vigente para aquel momento (01 de marzo del 2014) fecha de matrimonio era el artículo