CE - 110010315000202303386011SENTENCIA20230914142408
Detalles
- Título
- CE - 110010315000202303386011SENTENCIA20230914142408
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03386-01
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP Demandado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: Acción de tut ela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 27 de julio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, presentó acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2022, en el2
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2022, en el2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03386-01
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección SocialUGPP
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 66001-2333-000-201600142-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, el señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo nació el 28 de febrero de 1961 y prestó sus servicios como detective alumno dactiloscopista y agente profesional en sus diferentes códigos y grados en el Departamento Administrativo de Seguridad
–DAS.
4. Expresó que, el señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión de jubilación; sin embargo, esta petición fue negada, mediante la Resolución núm. 55697 de 12 de noviembre de 2008.
5. Adujo que, el señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo presentó recurso de reposición contra la Resolución núm. 55697 de 2008, la cual fue confirmada en su integridad,
5. Adujo que, el señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo presentó recurso de reposición contra la Resolución núm. 55697 de 2008, la cual fue confirmada en su integridad, por medio de la Resolución núm. 014073 de 21 de septiembre de 2010.
6. Agregó que, el señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión especial de jubilación por actividades de alto riesgo, sin embargo, la entidad archivó la petición a través del Auto ADP 002875 del 8 de abril de 2015.
7. Manifestó que, el señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo presentó la reclamación de reconocimiento pensional teniendo en cuenta nuevos hechos, la cual fue negada por medio de la Resolución RDP 037061 del 11 de septiembre de 2015.
8. Señaló que presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución RDP 037061 del 11 de septiembre d e 2015; sin embargo, la entidad3
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confirmó dicho acto administrativo a través de las Resoluciones RDP 045493 del 3 de noviembre de 2015 y RDP 052298 del 9 de diciembre de 2015.
9. Adujo que, el señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y
9. Adujo que, el señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restableciendo del derecho, en donde solicitó que se le declarara la nulidad de las resoluciones indicadas supra.
10. El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia de primera instancia el 8 de mayo de 2017, negando las pretensiones de la demanda.
11. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia el 27 de octubre de 2022, resolviendo lo siguiente:
“[…] Primero. Revocar la sentencia proferida el 8 de mayo de 2017, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafisc ales de la Protección Social (UGPP). En su lugar se dispone:
Segundo. I naplicar, por vía de excepción de inconstitucionalidad, la expresión «siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departam ento», contenida en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, por las razones expuestas en esta decisión.
Tercero. Declarar la nulidad del Auto ADP 002875 del 8 de abril de 2015 y las Resoluciones RDP 037061 del 11 de septiembre de 2015, RDP 045493 del 3 d e noviembre de 2015 y RDP 052298 del 9 de diciembre de 2015, mediante las cuales
Resoluciones RDP 037061 del 11 de septiembre de 2015, RDP 045493 del 3 d e noviembre de 2015 y RDP 052298 del 9 de diciembre de 2015, mediante las cuales se negó la pensión de jubilación reclamada por el señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo.
Cuarto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de restablecimiento del derecho, a reconocer la pensión de jubilación del señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo, a partir del 28 de febrero de 2011, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores a su retiro definitivo del servicio, con la inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
Quinto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafisca les de la Protección Social (UGPP ), a título de restablecimiento del derecho, a pagar al señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo el retroactivo que surja como consecuencia de la liquidación dispuesta en el ordinal anterior, en forma indexada, desde el 11 de d iciembre de 2011, por prescripción trienal.4
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Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección SocialUGPP
Sexto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a ajustar las sumas a
Parafiscales de la Protección SocialUGPP
Sexto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a ajustar las sumas a reconocer, aplicando la fórmula señalada en la parte considerativa de esta sentencia.
Séptimo. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a dar cumplimiento a la presente sentencia, en los términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de
2011. […]”.
12. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:
“[…] A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar que el Tribunal Administrativo de Risaralda denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en que el señor Patiño Jaramillo no acreditó los requisitos necesarios para acceder a la prestación reclamada, esto es, 20 años de servicio. […]”.
[…]
“[…] De lo transcrito se puede concluir que en su artículo 1 el decreto dispuso que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas en el DAS por 20 años y que hubieran aprobado el curso de formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Sin embargo, en el artículo 2, ordenó que los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido y permanezcan al servicio de la entidad por un término no inferior a 18 años continuos como dactiloscopistas, podían acceder a la prestación al cumplir 50
embargo, en el artículo 2, ordenó que los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido y permanezcan al servicio de la entidad por un término no inferior a 18 años continuos como dactiloscopistas, podían acceder a la prestación al cumplir 50 años de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados.
Siendo ello así, y conforme al estudio del material probatorio allegado al proceso, se evidencia que el señor Patiño Jaramillo desempeñó los cargos de detective alumno dactiloscopista, agente y profesional en sus dife rentes códigos y grados, entre el 4 de agosto de 1983 y el 4 de enero de 2002, esto fue por un periodo de 18 años y 5 meses
De esta manera no es beneficiario del derecho pensional reclamado por virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1047 de 1978, porque no acreditó 20 años de servicio, sin embargo, en relación con lo previsto en el artículo 2, se advierte que no demostró que hubiere aprobado el curso de dactiloscopista ni que se encontrara vinculado a la entidad al cumplir los 50 años de edad, tal y como lo exige la literalidad de la norma, en atención a que nació el 28 de febrero de 1961 y se retiró del DAS el 4 de enero de 2002. […]”.
[…]
“[…] Lo anterior, en atención a que en el presente asunta, la Sala encuentra que la exigencia de cumplir 50 años de edad a fin de consolidar una pensión de vejez, pero que además esto ocurra en la época de vinculación oficial con la entidad, resulta violatorio del derecho a la ¡igualdad y desproporcionado frente a la situación de
exigencia de cumplir 50 años de edad a fin de consolidar una pensión de vejez, pero que además esto ocurra en la época de vinculación oficial con la entidad, resulta violatorio del derecho a la ¡igualdad y desproporcionado frente a la situación de quienes logran acreditar 20 años de labor, pues a estos últimos no se les exige la permanencia en el servicio estatal, con lo que, además, se vulnera el principio de favorabilidad de quienes acreditan el cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicio y edad necesarios para ser titular de una pensión especial de jubilación. […]”.5
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[…]
“[…] Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, y en el acervo probatorio, la Sala considera que el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación del régimen especial de los servidores del DAS de que trata el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, toda vez que acreditó el cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicio y edad allí contenidos.
Por lo tanto, se impone revocar la sentencia apelada y, e n su lugar, declarar la nulidad de los actos demandados. A título de restablecimiento de derecho se ordenará a la UGPP que reconozca la prestación en cuantía del 75 % del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, de acuerdo con el a rtículo 21 de la Ley 100 de 1993 ibídem, a partir del 28 de febrero de 2011, con la inclusión
de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, de acuerdo con el a rtículo 21 de la Ley 100 de 1993 ibídem, a partir del 28 de febrero de 2011, con la inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, con los reajustes legales correspondientes. Sin embargo, se declararán prescritas las mesadas anteriores al 1 1 de diciembre de 2011 […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
13. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRINCIPALES
Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, al ordenar reconocer y pagar una pensión de jubilación consagrada en el decreto 1047 de 1978 art. 2° en concordancia con el decreto 1933 de 1989 al señor LUIS ARNOVITH PATIÑO JARAMILLO, quien no tiene derecho al dicho reconocimiento al no contar con la totalidad de los requisitos legales para ser beneficiario de la prestación allí consagrada.
Segundo. Consecuentemente a lo anterior:
a.- DEJAR sin efectos la sentencia del 27 de octubre de 2022 dictada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, en el proceso contencioso No. 66001233300020160014200 por la flagrante vía de hecho y el abuso palmario del derecho en razón al reconocimiento de una pensión de jubilación especial al señor LUIS ARNOVITH PATIÑO JARAMILLO, quien no cumplió la totalidad de los
66001233300020160014200 por la flagrante vía de hecho y el abuso palmario del derecho en razón al reconocimiento de una pensión de jubilación especial al señor LUIS ARNOVITH PATIÑO JARAMILLO, quien no cumplió la totalidad de los requisitos señalados en el decreto 1047 de 1978 art. 2 en concordancia con el decreto 1933 de 1989 para ser beneficiario de ello.
b.- ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A dictar una nueva sentencia ajustada a derecho, en la cual se confirme la decisión del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SECCIÓN SEGUNDA DE DECISIÓN de fecha 08 de mayo de 2017 que negó las pretensiones de la demanda contenciosa No. 66001233300020160014200, por encontrar demostrado que el señor LUIS ARNOVITH PATIÑO JARAMILLO, no es beneficiario de la6
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prestación especial para personal del DAS por cuanto no reunió la totalidad de los requisitos señalados en decreto 1047 de 1978 art. 2 en concordancia con el decreto 1933 de 1989.
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria la sentencia del 27 de octubre de 2022 proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUN DA, SUBSECCIÓN A, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar […]”.
14. La actora en su escrito de tutela señal ó que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto fáctico, en un ii) defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas; y en un iii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Actuación
15. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto de 26 de junio de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó a Luis Arnovith Patiño Jaramillo, a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular; de igual manera, iv) en los términos del
en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular; de igual manera, iv) en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso, se dispuso vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
16. Luis Arnovith Patiño Jaramillo solicitó que:
“[…] 26. Por intermedio de apoderado judicial, solicitó que se nieguen las pretensiones propuestas por la UGPP. A su juicio, lo que pretende la entidad actora es que se revoque un pronunciamiento judicial ajustado a derecho y reabrir debates que ya fueron zanjados en estrados judiciales.7
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27. Declaró que no ha incurrido en la vulneración alegada por la parte actora. Por el contrario, acceder a lo pedido conllevaría a que se transgredan los principios de seguridad jurídica, favorabilidad y confianza legítima de los administrados respecto del Estado […]”.
[…]
“[…] La discusión relacionada con mi derecho a la Pensión Gracia, ya fue resuelto previamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Acción de Tutela no es el mecanismo para atacar dichas consideraciones correspondientes a ot ra instancia judicial, bajo el entendido que ese es el argumento al cual acude la UGPP al Juez de Tutela […]”.
es el mecanismo para atacar dichas consideraciones correspondientes a ot ra instancia judicial, bajo el entendido que ese es el argumento al cual acude la UGPP al Juez de Tutela […]”.
17. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:
“[…] 23. Explicó que, en el medio de control cuya providencia de segunda instancia se cuestiona se accedió a las pretensiones tras inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad una expresión contenida en el artículo 2.º del Decreto 1047 de 1978.
24. Precisó que la interpretación dada a la norma mencionada h a sido aplicada de forma reiterada. En ese sentido, la decisión objetada no se fundó en consideraciones caprichosas o arbitrarias ajenas «al entendimiento judicial que sobre la norma se ha realizado».
25. Por último, precisó que no vulneró los derechos fundamentales de la entidad actora y que el mecanismo constitucional de la referencia no tiene vocación de prosperidad […]”.
18. El Tribunal Administrativo de Risaralda guardó silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
19. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 27 de julio de
2023, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la UGPP contra la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado […]”.
20. La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que:
“[…] De conformidad con lo anterior, para la Sala lo que pretende la UGPP es reabrir el debate normativo zanjado al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
20. La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que:
“[…] De conformidad con lo anterior, para la Sala lo que pretende la UGPP es reabrir el debate normativo zanjado al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2016 -00142, con el fin de que se exija el cumplimiento del requisito de la vinculación del señor Patiño Jaramillo en el DAS hasta sus 50 años para que se niegue el reconocimiento pensional. Desde otra perspectiva, pretende8
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utilizar este mecanismo constitucional como una instancia procesal adicional en la que sean desfavorab les las súplicas de la demanda en la que fungió como accionada. 62. Se resalta, además, que sus reproches se enmarcan en un descontento con la interpretación legal efectuada, sin que haya cuestionado la aplicación de la figura de la excepción de inconstitu cionalidad, que fue la que dio lugar a que se accediera a la pensión de jubilación pedida en el mencionado medio de control.
63. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo judicial es improcedente porque no reviste relevancia constitucional dado que no existe una carga mínima argumentativa que controvierta la utilización de la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Lo anterior, se reitera, porque los cargos de esta tutela se dirigen a señalar que se aplicó inadecuadamente el artículo 2 del Decreto
carga mínima argumentativa que controvierta la utilización de la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Lo anterior, se reitera, porque los cargos de esta tutela se dirigen a señalar que se aplicó inadecuadamente el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, sin tener en cuenta que sobre esta disposición se realizó una excepción de inconstitucion alidad. En este orden, se echa de menos argumentos tendientes a controvertir la utilización de esta figura para el caso concreto.
2.6.2. Subsidiariedad en el caso concreto
64. Adicionalmente, no puede desconocer la Sala que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es viable interponer el recurso extraordinario de revisión frente al reconocimiento de «sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública», especialmente cuando la prestación otorgada resultó violat oria del debido proceso. Para el efecto, la UGPP tiene cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia objetada, de acuerdo con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 […]”.
[…]
“[…] 67. Es importante resaltar que la acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria, «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una instancia adicional para reabrir debates concluidos»18 .
68. Por lo anterior, para esta Sala tampoco se logró satisfacer el requisito de la subsidiariedad, pues la UGPP cuenta con el recurso extraordinario de revisión para controvertir el reconocimiento pensional efectuado en la sentencia de 27 de octubre
68. Por lo anterior, para esta Sala tampoco se logró satisfacer el requisito de la subsidiariedad, pues la UGPP cuenta con el recurso extraordinario de revisión para controvertir el reconocimiento pensional efectuado en la sentencia de 27 de octubre de 2022, si estima que este es contrario a derecho o a la Constitución […]”.
La impugnación
21. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Bajo este contexto, la sentencia hoy controvertida desconoce los requisitos establecidos en el artículo 2° del decreto 1047 de 1978 en concordancia con el decreto 1933 de 1989 para la causación del derecho, pues el texto de la norma legal es clara al estipular que al cumplir los 18 años de servicio como detective y los 50 de años de edad como requisitos para optar por el reconocimiento de la pensión de jubilación consagrada en la norma especial para personal del DAS, se requería además estar activo para esa fecha al departamento administrativo de seguridad, requisitos que no fueron cumplidos por el señor LUIS ARNOVITH PATIÑO JARAMILLO, y que el accionado en forma indebida pasa por alto apartándos e de9
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dar una interpretación literal al texto legal, pues con total desconocimiento de ello decide conceder el derecho bajo argumentos que se apartan de las exigencias legales, ya que el señor Patiño no estaba activo al servicio del DAS para la fecha en
dar una interpretación literal al texto legal, pues con total desconocimiento de ello decide conceder el derecho bajo argumentos que se apartan de las exigencias legales, ya que el señor Patiño no estaba activo al servicio del DAS para la fecha en reunió los 50 años de edad, tal y como lo reclama la norma que regula tal reconocimiento pensional.
Su señoría, señalar erradamente por el accionado que al cumplimiento de la edad sin estar ACTIVO en el DAS no era un requisito de causación sino de exigibilidad, y que por ello le permitía conceder la pensión con el solo cumplimento del tiempo de servicio y la edad, deja entrever la vía de hecho por aplicación indebida de la norma pues se aparta de la literalidad de la misma, donde indica que DEBEN cumplirse los 3 requisitos, es decir el tiempo de servicios, edad y estar activo en el DAS para el otorgamiento de la prestación, normativa que en ninguno de sus apartes indica que cumplir uno de ellos o dos de ellos da derecho a la prestación especial del DAS, pues se itera los tres requisitos son sine qua non y no de mera exigibilidad […]”.
[…]
“[…] Con base en las consideraciones expuestas por el a quo en el fallo del 27 de julio de 2023 y que dan lugar a la declaratoria de improcedencia de la acción, esta entidad se permite esgrimir dicha posición, al considerar que la acción de tutela en este caso es el mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados a la UGPP, aun cuando exista un mecanismo alterativo de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión, el cual, debido a sus ritualidades procesales supedita necesariamente que la protección de estos
fundamentales vulnerados a la UGPP, aun cuando exista un mecanismo alterativo de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión, el cual, debido a sus ritualidades procesales supedita necesariamente que la protección de estos derechos se postergue y no sea inmediata, lo que a su vez genera que el perjuicio ocasionado al Sistema General de Pensiones se incremente con el paso del tiempo. Adicionalmente, en el presente caso está demostrada la existencia de la relevancia constitucional, por tratarse de un reconocimiento pensional reconocido de forma irregular y que tiene incidencia directa sobre los recursos del sistema general de pensiones, en consecuencia, se procede a sustentar la procedencia de esta acción:
LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
“[…] Como se indicó anteriormente, la razón que expone el despacho accionando para aplicar la excepción por inconstitucionalidad es que el requisito consistente en que para la fecha en que se acredite la edad y el tiempo de servicios se tenga la vinculación con el DAS, vulnera el derecho a la igualdad, ya que esta condición no fue determinada para los beneficiarios del artículo 1 del Decreto ibídem. En este punto es necesario señalar que el Decreto 1047 de 1978 estableció en primera medida una regla general contemplada en el artículo 1 para que los empleados públicos con funciones de dactiloscopist as en el Departamento Administrativo de Seguridad pudieran acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación, esto era haber acreditado 20 años de servicios continuos o discontinuados y aprobar el curso de formación en dactiloscopia impartido por el in stituto correspondiente de dicho Departamento, sin importar la edad. Como se señaló, lo anterior constituía una
haber acreditado 20 años de servicios continuos o discontinuados y aprobar el curso de formación en dactiloscopia impartido por el in stituto correspondiente de dicho Departamento, sin importar la edad. Como se señaló, lo anterior constituía una norma general para acceder a la prestación, sin embargo, ese mismo Decreto consideró el caso de aquellas personas que NO logren acreditar el req uisito del tiempo de servicios, por lo cual regula de forma diferencial estos casos, dando una alternativa más laxa para aquellos funcionarios que estuvieren muy cerca de acreditar el tiempo de servicio de 20 años pero que no los cumplieron a cabalidad. Para eso, establece una alternativa, señalada en el artículo 2 ibidem, indicando que también es posible acceder a la prestación en aquellos eventos en que se logren cumplir por lo menos 18 años de servicios, esta vez continuos, y acreditado el curso de dactiloscopista 50 años de edad. […]”.
[…]10
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03386-01
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección SocialUGPP
“[…] Así las cosas, esta entidad considera que con el fallo del 27 de octubre de 2022 existe una vulneración a los derechos deprecados en esta acción por la UGPP, al no darse aplicación expresa al artículo 2 del Decreto 1047 de 1978 y en su lugar dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad sobre una norma que no vulnera de ninguna manera el derecho a la igualdad de los detectives del DAS para acceder a la prestación pensional, por el contrario, la norma es g arantista en tanto permite
aplicación a la excepción de inconstitucionalidad sobre una norma que no vulnera de ninguna manera el derecho a la igualdad de los detectives del DAS para acceder a la prestación pensional, por el contrario, la norma es g arantista en tanto permite que los detective que no cumplan con el requisito general de 20 años de servicios, tengan otra alternativa con menor exigencia en cuanto al tiempo de servicios representa, pero garantizando la sostenibilidad del sistema en cuanto a que los aportes pensionales se sigan efectuando hasta tanto del detective accede a la prestación. De esta manera, en este caso está demostrada suficientemente la relevancia constitucional, ya que al no ser aplicado de manera expresa el régimen pensional del Decreto 1047 de 1978 se está efectuando un reconocimiento irregular en favor del
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