CE - 110010315000202303389011SENTENCIA20231211145530

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2023 03389 01

Demandante: María del Carmen Torres Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de reparación directa / Falla en el servicio médico asistencial / Ausencia del defecto alegado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por la accionante contra la sentencia del 28 de septiembre de 20203, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

1. La acción de tutela

La señora María del Carmen Torres Guerrero a través de apoderada, promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño , por estimar vulnerados su s derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y al acceso a la administración de justicia.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:2

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Demandante: María del Carmen Torres Guerrero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María del Carmen Torres Guerrero

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1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución, derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución.

2. ORDENAR, se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, integrada por los magistrados Álvaro Montenegro Calvachy, Edgar Guillermo Cabrera Ramos y Beatriz Isabel Melodelgado Pabón, el 21 de enero de 2023, notificada mediante correo electrónico el día 9 de marzo de 2023, que a su vez revocó la sentencia de primera instancia que reconoció unas pretensiones a la demandante.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. El 16 de mayo de 2012 la señora María del Carmen Torres tenía 32 semanas de gestación, su embarazo se desarrolló en condiciones normales, en tanto no fue considerado de alto riesgo, como se evidencia en su historia clínica y en los controles prenatales a los que asistió puntualmente, aunque en el último mes antes del alumbramiento no pudo asistir a un control por medicina general, toda vez que el centro de salud no contaba con médico para la época.

1. Ese mismo día, en horas de la madrugada al presentar dolor abdominal, acudió al servicio de urgencias del Centro de Salud Los Andes en Sotomayor, donde fue valorada inicialmente y se le dio manejo expectante a sus condiciones médicas de

1. Ese mismo día, en horas de la madrugada al presentar dolor abdominal, acudió al servicio de urgencias del Centro de Salud Los Andes en Sotomayor, donde fue valorada inicialmente y se le dio manejo expectante a sus condiciones médicas de preeclamsia e infección de vías urinarias, en horas de la tarde, cuando sus condiciones de salud se complicaron, ordenaron su remisión a un hospital de tercer nivel como urgencia vital, dado que por estar en uno de primer nivel, no contaba con ginecólogo, ni UCI neonatal para interrumpir el embarazo en caso de ser requerido el servicio, como efectivamente ocurrió.

1. Su estado de salud se complicó, por lo que fue remitida al Hospital Departamental de Pasto donde luego de practicarle una ecografía y otros exámenes se determinó que el feto se encontraba sin vida y se procedió a desembarazarla de urgencia, quedando la señora Torres Guerrero con graves complicaciones de salud.

1. A través de apoderado la señora María del Carmen Torres Guerrero y su grupo familiar radicaron el medio de control de reparación directa contra Asmet Salud EPS3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co S.A.S., el Centro de Salud Los Andes, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, el Hospital Departamental y Proinsalud S.A., con el propósito de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios materiales y morales

S.A.S., el Centro de Salud Los Andes, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, el Hospital Departamental y Proinsalud S.A., con el propósito de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios materiales y morales causados por la falla en la atención médico -obstétrica, y por la omisión y negligencia que condujo al fallecimiento de su hija.

1. El 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. El 24 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño, revocó en su integridad la sentencia proferida por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante

Luego de un recuento acerca del alcance d el requisito general de relevancia constitucional, sostuvo que el fallo objeto de litis incurrió en los siguientes defectos:

1.3.1. Defecto sustantivo

La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño resulta incongruente entre lo pedido por los apelantes y la motivación del recurso, dado que ninguno de ellos señaló como punto de debate si se debía declarar o no la responsabilidad del Centro de Salud Los Andes y Asmet Salud EPS, desconociendo que la falla del servicio se configuró por la deficiente atención en el manejo del embarazo de la señora María del Carmen Torres, dado que en ningún momento se le informó que presentaba un embarazo de alto riesgo, y a pesar de este, nunca fue remi tida a controles por ginecología en un hospital de mayor complejidad, como lo ratifica Asmet Salud al

del Carmen Torres, dado que en ningún momento se le informó que presentaba un embarazo de alto riesgo, y a pesar de este, nunca fue remi tida a controles por ginecología en un hospital de mayor complejidad, como lo ratifica Asmet Salud al señalar que la falla se originó en el centro de salud donde recibió la atención primigenia.

Mencionó que Asmet Salud EPS en el recurso de apelación «tocó lo referente a la afiliación de la paciente, más no sobre las fallas sustanciales presentadas por el centro de salud». De igual modo, consideró que La Previsora solo se limita a hacer4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co referencia a la última parte del informe del perito «cuando menciona que no se puede saber a ciencia cierta, que por la falla en el servicio se habría podido evitar el desenlace que finalmente sufrió la señora Torres Guerrero, pues dentro de las posibilidades estaba la muerte del feto y de la madre».

Refirió que el Centro de Salud Los Andes, «principal implicado en el resultado donde la madre pierde a su feto, por la demora en la remisión a un hospital de mayor complejidad, donde hubiera sido por lo menos valorada por ginecología», nunca apeló la sentencia de primera instancia porque aceptó que estaba demostrada su responsabilidad, razón por la cual no se puede favorecer a quien no apeló, «y aún más, esgrimir sobre puntos no solicitados en el escrito de apelación », lo que no está

la sentencia de primera instancia porque aceptó que estaba demostrada su responsabilidad, razón por la cual no se puede favorecer a quien no apeló, «y aún más, esgrimir sobre puntos no solicitados en el escrito de apelación », lo que no está en consonancia con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, en el que se establece los límites del superior al desatar el recurso de apelación.

1.3.2. Defecto fáctico

1. Si bien en el fallo de segunda instancia se mencionó el dictamen pericial del médico Oscar Giovanni Hernández, quien contaba con una experiencia de 11 años en la especialidad de ginecología y obstetricia, la autoridad judicial demandada «olvidó valorar la sustentación que el doctor Hernández rindió en audiencia, […] de allí se desprenden elementos fundamentales que nos ilustran sobre las fallas del servicio de la entidad demandada y las consecuencias en la salud de [la] señora María del Carmen que se estima n a partir de un razonamiento lógico de las pruebas », lo que, afirma, «incide directamente en la valoración probatoria».

Destacó que el perito médico aportó elementos médico -científicos del nexo causal entre el daño ocurrido en el binomio madre e hija y la atención brindada por el Centro de Salud Los Andes, a lo que agregó que esta prueba es fundamental en los juicios de reparación directa por falla médica «porque se emite un concepto técnico científico que aclara la relación entre el daño y el nexo causal, además de probar quien era garante en la prestación oportuna del servicio médico, pues son el personal idóneo para emitir juicios de valor, por lo tanto no se puede pasar por alto su apreciación».5

aclara la relación entre el daño y el nexo causal, además de probar quien era garante en la prestación oportuna del servicio médico, pues son el personal idóneo para emitir juicios de valor, por lo tanto no se puede pasar por alto su apreciación».5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) Se desatendió el contenido de las respuestas entregadas por el perito médico a las preguntas realizadas en la audiencia de pruebas que tuvo lugar en el curso de la primera instancia, en la que puso en evidencia los elementos esenciales de la falla médica «por no acatar los protocolos médicos y la tardanza en la remisión de la señora Torres Guerrero por parte de la demandada Centro de Salud Los Andes y Asmet Salud EPS por la prestación de salud». Al respecto, efectuó la transcripción de varios apartes de las respuestas dadas por el perito en relación con los protocolos que se dejaron de observar y las consecuencias que se podían derivar de no efectuar una remisión oportuna de una paciente con las circunstancias de salud que presentaba la señora María del Carmen Torres Guerrero.

1. No tuvo en cuenta la historia clínica donde se detalló que ingresó a las 4:00 am y la remisión se realiza a las 06:30 pm «y que solo es recibida en el hospital departamental de Nariño [a las] 11:30 pm, lo cierto es que la paciente demoró 16 horas hasta ser atendida». Sobre este particular, manifestó que las demandadas no desvirtuaron los

de Nariño [a las] 11:30 pm, lo cierto es que la paciente demoró 16 horas hasta ser atendida». Sobre este particular, manifestó que las demandadas no desvirtuaron los hechos evidentes de la historia clínica, que los apelantes no controvirtieron.

1.3.3. Desconocimiento del precedente

Desde la óptica de la jurisprudencia d e la Sección Tercera del Consejo de Estado contenida en la sentencia 2002 -00881, la accionante sostiene que si bien el informe pericial «no aseguró que el simple hecho de acatar los protocolos hubiera cambiado el resultado final en la madre, si pudo conclui r que no le brindó la oportunidad de darle un tratamiento expectante a la madre dado esos criterios de severidad con que ingresó la paciente, por tal motivo en el Centro de Salud Los Andes Sotomayor, solo se debía estabilizar la paciente e inmediatamente remitirla una vez ingresa a urgencias al centro de salud y no esperar tanto tiempo para enviarla a un hospital de tercer nivel».

1.4. Actuación procesal

Por auto del 27 de junio de 2023, se admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño y, como terceros interesados, al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, a la ESE Centro de6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Salud de Los Andes -Sotomayor (Nariño), a la ESE Hospital Universitario

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Salud de Los Andes -Sotomayor (Nariño), a la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño, al Instituto Departamental de Salud de Nariño, a Asmet Salud EPS, a Proinsalud S.A., a Fiduprevisora S.A., y a los señores Henry Francisco Mora y Yisela Dayana Chávez Torres , para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. La directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño , Diana Paola Rosero Zambrano, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues las pretensiones de la acción de tutela superan la capacidad y el objeto jurídico de la entidad, y su cumplimiento no le corresponde.

1.5.2. La gerente (E) del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE,1 Magda Nubis Quiroz Hernández, pidió que se le desvinculara del trámite de tutela, toda vez que en la primera instancia del proceso ordinario el establecimiento de salud fue absuelto, razón por la cual no interpuso recurso de apelación y las entidades que sí lo presentaron, no le endilgaron alguna responsabilidad a ese centro hospitalario.

1.5.3. La representante legal para asuntos judiciales de Asmet Salud EPS S.A.S., Bettsy Aguas Medina, consideró que la acción constitucional no satisface los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional razón por la cual debe declararse su improcedencia.

Bettsy Aguas Medina, consideró que la acción constitucional no satisface los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional razón por la cual debe declararse su improcedencia.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que la accionante tiene como propósito reabrir el debate judicial que se surtió ante el juez natural del proceso de reparación directa, el cual se encuentra tramitado y concluido, desnaturalizando su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales.

Sostuvo que la actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el cual puede promover con sustento en la causal quinta si considera que existe una nulidad originada en la sentencia que puso fin al

1 Expediente digital de tutela.7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, la cual es procedente en este caso, pues la actora indica en su escrito una presunta incongruencia entre lo pedido por los apelantes y la motivación de la sentencia de segunda instancia.

Indicó que la segunda instancia acertó en concluir que el solo hecho de que la señora María del Carmen Torres Guerrero hubiera presentado un carnet de Asmet Salud EPS, no define su responsabilidad en relación con el caso, pues en la demanda nada se dijo acerca de alguna actividad de esa EPS en relación con el episodio acontecido, «por lo cual era evidente la falta de legitimación en la causa por pasiva, siendo completamente

no define su responsabilidad en relación con el caso, pues en la demanda nada se dijo acerca de alguna actividad de esa EPS en relación con el episodio acontecido, «por lo cual era evidente la falta de legitimación en la causa por pasiva, siendo completamente desafortunado que ahora la ac cionante manifieste que Asmet era su entidad prestadora de salud, y que por esta afiliación la mayoría de Instituciones de salud se negaron a recibirla, considerando que la EPS incumplió la obligación de contar con la infraestructura necesaria para la atención en salud integral que requería, cuando de las pruebas aportadas y practicadas es claro que mi representada no tuvo injerencia ni participación en las conductas que a su criterio causaron el daño».

Señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño en la parte motiva de la sentencia se refirió a varios pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplicables al régimen de la falla probada en el servicio, haciendo hincapié en que la actividad médica se estudia bajo la óptica de una actividad de medio y no de resultado, por lo cual como es una postura contraria a la pretendida por la parte actora, ahora se argumenta como una vulneración con el único fin de reabrir el debate judicial.

Finalmente manifestó que la decisión o bjeto de estudio no fue arbitraria, sino que obedeció a una interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, confrontado con la normatividad que lo delimita y que resultaba aplicable al caso, sin olvidar que la autoridad judicial accionada en ejercicio de sus competencias cuenta con un amplio margen de apreciación para valorar los elementos de juicio y así formar libremente su convencimiento, sin que ello implique, como pretende la parte actora,

olvidar que la autoridad judicial accionada en ejercicio de sus competencias cuenta con un amplio margen de apreciación para valorar los elementos de juicio y así formar libremente su convencimiento, sin que ello implique, como pretende la parte actora, que se valore únicamente el dictamen pericial, pues este debe apreciarse en conjunto con los demás medios de prueba practicados con el fin de llegar a la verdad procesal.8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.4. La magistrada del Tribunal Administrativo de Nariño , Beatriz Isabel Melodelgado Pabón, ponente de la sentencia objeto de litis, solicitó negar el amparo reclamado dado que la accionante no demostró que las entidades demandadas incurrieran en una falla en el servicio, derivada del diagnóstico y la atención que se brindó a la señora María del Carmen Guerrero Torres. Agregó que las ayudas diagnósticas practicadas para establecer el motivo de l malestar -que eran las que se debía ordenar - no permitieron establecer que existiera una previa necesidad de internación para la práctica de algún tratamiento, que la actora se negó a acudir oportunamente a los controles por motivos personales y que una vez se presentó el malestar, se tomó dos días para acudir al Centro de Salud, por lo demás sin que se hubiera demostrado la causa del fatal desenlace.

Afirmó que la mora en la remisión no fue responsabilidad del personal del Centro de

malestar, se tomó dos días para acudir al Centro de Salud, por lo demás sin que se hubiera demostrado la causa del fatal desenlace.

Afirmó que la mora en la remisión no fue responsabilidad del personal del Centro de Salud, sino de la falta de destinos hospitalarios que tuvieran los elementos para atenderla.

Indicó que la atención que recibió la paciente fue prioritaria y oportuna, y procesalmente no se demostró que se hubiera incurrido en una falla imputable a las demandadas como causa eficiente del daño.

Señaló que contrario a la interpretación y alcance que la accionante pretende otorgarle al derecho al debido proceso, este no consiste en acceder a las pretensiones aún sin probar la existencia de la responsabilidad del Estado, y , menos aún , cuando lo pretendido es la condena de las demandadas por hechos que no están demostrados procesalmente.

Por último, resaltó que jurídicamente no es procedente que por vía de tutela la parte actora pretenda deducir consecuencias favorables de las falencias fácticas que se consignaron en la demanda, alegando una falla en el servicio que no se probó.

1.5.5. La apoderada judicial de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, Alba Inés Gómez Vélez, manifestó su oposición a la prosperidad de las pretensiones formuladas9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la acción de tutela por carecer de fundamento legal, toda vez que la decisión proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el proceso de reparación directa en el que actuó como demandada, se ajusta a la normativa que rige el caso concreto de los accionantes.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Nariño tuvo en cuenta el material probatorio allegado al expediente ordinario, mediante el cual pudo establecer las condiciones del estado de salud de la accionante y los procedimientos efectuados por las entidades demandadas, sin que de otra parte, obrara prueba alguna que permitiera demostrar que el personal del Centro de Salud Los Andes Sotomayor no hubiera gestionado la aceptación de la paciente en otro establecimiento hospitalario, o brindado atención según sus posibilidades mientras se adelantaba la remisión, y menos aún, que es tas circunstancias habrían garantizado un resultado diferente en relación con la probabilidad de vida del que estaba por nacer o el bienestar de la madre.

Concluyó que no acredita ron todos los elementos constitutivos de la responsabilidad de la entidad demandada, por cuanto, si bien el perito señaló que hubo errores en la atención, también indicó que no era posible establecer cuál fue la causa determinante del daño, o si, una actuación diferente en el Centro de Salud, hubiera concluido en otra situación de aquella por la que se exige la reparación.

Por último, manifestó que no se avizora la configuración del defecto fáctico consistente

del daño, o si, una actuación diferente en el Centro de Salud, hubiera concluido en otra situación de aquella por la que se exige la reparación.

Por último, manifestó que no se avizora la configuración del defecto fáctico consistente en una indebida apreciación probatoria, pues la interpretación, análisis y valoración aplicados por el tribunal accionado no se consideran arbitrarios e irrazonables, y la decisión se encuentra debidamente motivada y ajustada al ordenamiento jurídico, de forma tal que no resulta desproporcionada frente a los hechos y las pretensiones de la demanda y a lo que finalmente resultó demostrado en el proceso.

1.5.6. El señor Henry F rancisco Mora , en calidad de coadyuvante y tercero con interés legítimo, adujo que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en vía de hecho al «violentar el principio de congruencia que debe existir entre los argumentos del recurso y los fundamentos de la decisión, por no10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co valorar las pruebas integralmente y por basar su fallo solamente en la hora de remisión y no valorar la historia clínica de manera integral completa y valorar el dictamen pericial de manera parcial, al parecer sin tomar como fundamento la sustentación del perito y su decisión no contiene en su p arte motiva fundamentos del especialista, pues estas apuntaban a que existió sufrimiento fetal, demora en la remisión, no acatamiento de

de manera parcial, al parecer sin tomar como fundamento la sustentación del perito y su decisión no contiene en su p arte motiva fundamentos del especialista, pues estas apuntaban a que existió sufrimiento fetal, demora en la remisión, no acatamiento de los protocolos y por ende responsabilidad por parte de la ESE Centro de Salud de Los Andes, así como por parte de Asmet Salud EPS».

1.5.7. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto, la ESE. Centro de Salud de Los Andes, Proinsalud S.A. y la señora Yisela Dayana Chávez Torres, guardaron silencio, aun cuando se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 28 de septiembre de 2023 , declaró improcedente el amparo solicitado, al efecto sostuvo:

Al constatar que el primer cargo de la demandante se desarrolla a partir de la falta de congruencia externa de la sentencia objetada, en razón a que el Tribunal Administrativo de Nariño se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de reproche en los recursos de apelación presentados por La Previsora y Asmet Salud EPS, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto el 24 de enero de 2023, resulta procedente el recurso extraordinario de revisión.

Lo anterior explica, que no sea posible abordar el análisis del defecto fáctico propuesto por la parte demandante, pues toda la argumentación expuesta en relación con la supuesta indebida valoración del dictamen pericial allegado al proceso ordinario, se

Lo anterior explica, que no sea posible abordar el análisis del defecto fáctico propuesto por la parte demandante, pues toda la argumentación expuesta en relación con la supuesta indebida valoración del dictamen pericial allegado al proceso ordinario, se origina, a juicio de la parte actora, en la falta de congruencia derivada del estudio ultra petita realizado por la autoridad judicial accionada en relación con la responsabilidad del centro de salud Los Andes, quien a pesar de que fue condenado en primera instancia porque se configuró una falla en el servicio, no formuló recurso de apelación, luego, según se indica en el escrito de tutela, era un aspecto que no podía ser objeto de análisis en la sentencia objeto de tutela. La misma consideración se debe ext ender para no efectuar el presunto desconocimiento del precedente judicial relacionado con la falla en el servicio por la deficiente atención gineco-obstétrica.

En ese orden de ideas, la Sala observa que la acción de tutela promovida por la parte actora es improcedente, en tanto tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión contra la precitada providencia, medio de defensa judicial idóneo y eficaz q ue no puede ser sustituido a través del ejercicio de este medio de protección constitucional,11

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Demandante: María del Carmen Torres Guerrero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues ello sería vaciar de contenido los cauces procesales diseñados por el legislador a los que se deben ceñir las partes dentro del proceso judicial.

1.7. Impugnación

www.consejodeestado.gov.co pues ello sería vaciar de contenido los cauces procesales diseñados por el legislador a los que se deben ceñir las partes dentro del proceso judicial.

1.7. Impugnación

Consideró la accionante que la providencia proferida por el juez a quo de tutela se frustra el acceso a la administración de justicia ante la ausencia de una evaluación o valoración de fondo de los argumentos de la acción de amparo, toda vez que solo se valoró la forma, y, el fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, generó la vulneración de sus derechos fundamentales.

Agregó que si bien es cierto procede el recurso extraordinario de revisión, invocando la causal 5., a su juicio «con este recurso no se analiza a fondo la normatividad sustancial, con la cual negaron las pretensiones de la demanda en segunda instancia, ni la vulneración de los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, por consiguiente se seguiría vulnerando los derechos de mi defendida».

Reiteró que el Tribunal Administrativo de Nariño contrarió el principio de libre valoración de la prueba , comoquiera que desconoció el alcance de los elementos probatorios que obra n en el expediente -, cuya importancia radica en que de su interpretación se desprenden los elementos fundamentales de la falla del servicio en la que incurrieron las entidades demandadas.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el presente asunto de acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 2021, según el cual « [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o

5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 2021, según el cual « [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico12

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Corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Nariño quebrantó los derechos fundamentales invocados por la accionante al proferir la sentencia del 24 de enero de 2023 dentro del medio de control de reparación directa con radicado 52001 33 31 002 2014 00002 02 , por medio de la cual revocó la providencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera

como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El De