CE - 110010315000202303393011SENTENCIA20230928145459

Demandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03393-01

Demandante: JEOVANY CASTRILLÓN FERNÁNDEZ Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Temas: Tutela contra tutela providencia judicial – revoca para declarar improcedente – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida el 4 de agosto de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En esta decisión judicial, se negó la solicitud de amparo al no encontrar evidencia de que la autoridad judicial accionada hubiese incurrido en los defectos alegados.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Con escrito remitido el 23 de junio de 2023, e l señor Jeovany Castrillón Fernández, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de

1.1. La tutela

1. Con escrito remitido el 23 de junio de 2023, e l señor Jeovany Castrillón Fernández, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión. A través de la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

2. Consideró que las garantías previamente mencionadas fueron vulneradas con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión, el 8 de mayo de 2023. En dicha providencia, se revocó la decisión del 11 de junio de 2019 dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales. En ese fallo el juzgado había accedido parcialmente a las pretensiones en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante

SENA)1.

1 Radicado 17001-33-33-001-2016-00294-00/02.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2. Pretensiones

3. En virtud de lo anterior, el señor Castrillón Fernández solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Se ordene Tutelar los derechos constitucionales fundamentales de LA

www.consejodeestado.gov.co

1.2. Pretensiones

3. En virtud de lo anterior, el señor Castrillón Fernández solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Se ordene Tutelar los derechos constitucionales fundamentales de LA IGUALDAD Y EL DEBIDO PROCESO del señor JEOVANY CASTRILLÓN FERNANDÉZ dentro del proceso en referencia, 17001 -33-33-0001-2016-0029402, plasmados en los artículos 13 y 29, de la Constitución Política de Colombia

(Derechos Fundamentales al Debido Proceso, derecho a la igualdad y Acceso a la Administración de Justicia) vulner ados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, Sala Sexta de Decisión, en cabeza del Magistrado Ponente: Publio Martín Andrés Patiño Mejía.

SEGUNDA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS , Sala Sexta de Decisión que se EMITA SENTENCIA SUSTITUTIVA a la emitida el día 23 de mayo de 2023.

TERCERA: ORDENE la emisión de una providencia sustitutiva que resuelva con buen juicio, atendiendo a las normas jurídicas aplicables al caso concreto y atendiendo un efectivo test de proporcionalidad entre la segurida d jurídica y la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

CUARTA: TUTELAR cualquier otro derecho que se advierta como violentado conforme a los hechos y consideraciones de derecho que acá se realizan.

QUINTO: APLICAR el control de convencionalidad, c onforme lo ha determinado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en los términos del bloque de constitucionalidad2.

QUINTO: APLICAR el control de convencionalidad, c onforme lo ha determinado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en los términos del bloque de constitucionalidad2.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso.

5. El señor Castrillón Fernández se desempeñó, mediante varios contratos de prestación de servicios, en el SENA – Seccional Manizales, habiendo suscrito en total nueve. De estos, ocho se llevaron a cabo en el período comprendido entre los años 2010 y 2014, en calidad de supervisor, mientras que uno tuvo lugar en 2015, en calidad de instructor.

6. Posteriormente, solicitó ante el SENA el reconocimiento de una relación laboral y el pago correspondiente de los emolumentos relacionados con la prestación de sus servicios. Esta solicitud se basó en la consideración de que las labores que desempeñ ó estaban caracterizadas por una clara subordinación y dependencia con respecto a los horarios de trabajo asignados. Sin embargo, el SENA denegó su solicitud mediante oficio con fecha del 31 de mayo de 2016.

2 Transcripción original del texto que puede contener errores.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7. Inconforme con esta decisión, el señor Castrillón Fernández presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Su propósito era obtener el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y la consecuente liquidación de las prestaciones sociales correspondientes. Asimismo, solicitó que se declarara que dicha relación laboral estuvo vigente desde enero de 2010 hasta noviembre de 2015. Para respaldar esta afirmación, presentó los siguientes argumentos:

1. Tuve que llevar el delantal distintivo de los «empleados regulares» del SENA.

1. Cumplí con los horarios proporcionados por la coordinación académica de la entidad.

1. Al finalizar cada trimestre, tuve que ingresar las calificaciones de los aprendices en el sistema SENA Sofia Plus y elaborar la planificación de actividades para el próximo trimestre.

8. Inicialmente, la demanda fue conocida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales. Esa autoridad . mediante sentencia del 11 de junio de 2019, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, argumentando que la labor del actor como instructor en el SENA estaba dentro de una relación laboral. En consecuencia, ordenó el pago de prestaciones sociales y otros beneficios atrasados, pero solo para el año 2015, cuando el señor Castrillón Fernández trabajó como instructor. Para el periodo entre 2010 y 2014, cuando actuó como supervisor, el a quo no encontró evidencia del requisito de la subordinación.

cuando el señor Castrillón Fernández trabajó como instructor. Para el periodo entre 2010 y 2014, cuando actuó como supervisor, el a quo no encontró evidencia del requisito de la subordinación.

9. Para fundamentar su decisión, el juzgado concluyó que la subordinación sí estuvo presente en el contrato de 2015, cuando el señor Castrillón Fernández fungió como instructor, debido a varias razones, incluyendo la función de formación integral del SENA y e l cumplimiento de horarios. Sin embargo, no se demostró la subordinación en los servicios prestados como supervisor, ya que está no implicaba un horario estricto y el demandante daba instrucciones a otros contratistas.

10. En respuesta a esta decisión, tanto el SENA como el señor Castrillón Fernández presentaron recurso de apelación. La parte actora argumentó que la relación laboral también debía reconocerse en los contratos de supervisión entre el año 2010 y 2014, basándose en similitudes entre los contratos, la inclusión de viáticos como salario, una cláusula de interventoría, la prohibición de cesión y otros aspectos.

11. El SENA, por su parte, sostuvo que no se demostró la subordinación continuada, que los contratos eran para actividades temporales, no se cumplían horarios y que los testigos no proporcionaron detalles sobre la capacitación que el demandante ofrecía como instructor.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

12. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Caldas, en providencia dictada el 8 de mayo de 2023, mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda. Fundamentó su decisión en el hecho de que no se había demostrado una subordinación continua en los servicios de supervisión ni en el rol de instructor. La falta de indicios claros respecto a estos elementos cuando el señor Castrillón Fernández actuaba como instructor fue uno de los factores clave que llevaron a esa autoridad judicial a tomar esta decisión.

1.4. Sustento de la vulneración

13. El señor Castrillón Fernández manifestó que el Tribunal Administrativo de Caldas vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Esto, por los siguientes motivos:

14. Argumentó que el tribunal no tuvo en cuenta las declaraciones del juez de primera instancia en relación con los instructores que laboran en el SENA bajo contratos de prestación de servicios.

15. Además, hizo hincapié en que desempeñó labores equivalentes a las de los empleados de planta, como la elaboración de informes y el uso de delantal e identificación.

16. Afirmó que logró demostrar la existencia de subordinación entre el 2 de febrero y el 30 de noviembre de 2015. Esto se debió a que las actividades que

identificación.

16. Afirmó que logró demostrar la existencia de subordinación entre el 2 de febrero y el 30 de noviembre de 2015. Esto se debió a que las actividades que llevaba a cabo eran habituales y no se consideraban excepcionales ni ajenas al ámbito cotidiano de las funciones del SENA.

17. Además, indi có que la autoridad judicial accionada incurrió en un desconocimiento del precedente y una violación directa a la constitución, por las

siguientes razones:

18. En cuanto al desconocimiento del precedente, argumentó que en los Juzgados y Tribunales Administrativos se han presentado numerosos casos similares contra el SENA, lo que indica que el tribunal en cuestión ignoró su propio precedente. Además, resaltó la existencia de varias sentencias proferidas por est as autoridades judiciales que han protegido los derechos laborales de quienes han desempeñado funciones como docentes durante extensos períodos en el SENA3.

19. En relación con la violación directa a la Constitución, argume ntó que el artículo 13 de la Carta Política establece que todas las personas nacen libres e

3 Tribunal Administrativo de Caldas bajo los r adicados 17001 -33-33-001-2016-00260-00/02, demandante: Alexandra Gómez Serna ; 17001-33-33-002-2016-0031400/02, demandante: Carlos Alfredo Espinosa González ; 17001-33-33-008-2016-00336-00/02, demandante Angela María Arias Arias ; y 17001 - 33-39-006-2018-00459-00/02, demandante: Jimmy Salamanca

Jiménez.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández

María Arias Arias ; y 17001 - 33-39-006-2018-00459-00/02, demandante: Jimmy Salamanca

Jiménez.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

iguales ante la ley, y deben recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades. El fallo de segunda instancia pone de manifiesto que no se están equiparando los derechos, dado que otros trabajadores en situaciones similares han visto reconocidos sus derechos derivados de un contrato de trabajo, mientras que en el presente caso se niega este derecho adquirido después de años de espera.

1.5. Trámite de la acción

20. Mediante auto del 30 de junio de 2023 4 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B admitió la acción constitucional de referencia. En consecuencia, ordenó notificar como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Adicionalmente, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 610 del Código General del proceso.

21. Por otra parte, con el fin de contar con todos los medios probatorios, se le solicitó al Juzgado Primero Administrativo de Manizales y al Tribunal

acuerdo con lo establecido en el artículo 610 del Código General del proceso.

21. Por otra parte, con el fin de contar con todos los medios probatorios, se le solicitó al Juzgado Primero Administrativo de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión que proporcionaran una copia integra digital del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 17001-33-33-001-201600294-00/02.

1.6. Intervenciones

1.6.2. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

22. Solicitó que se declare improcedente la acción de amparo por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, dado que pretende reabrir un debate respecto a la demostración de la relación oculta.

23. Destacó que el accionante es consciente de la insuficiencia de sus pruebas y, además, no es procedente utilizar una acción de tutela para instaurar una tercera instancia en un asunto que ya ha sido resuelto, ya que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Caldas

24. Argumentó que la sentencia se dictó de acuerdo con las últimas directrices jurisprudenciales establecidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda.

Estas establecen, entre otras cosas, que la labor de instructor en el SENA no presume automáticamente la existencia de una relación de subordinación, y que

4 Notificado el 6 de julio de 2023.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

6

4 Notificado el 6 de julio de 2023.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

los documentos contractuales por sí solos no constituyen prueba suficiente de dicha subordinación.

25. Señaló sobre el precedente horizontal que, en diversas oportunidades se ha denegado las solicitudes de reconocimiento en un contrato realidad cuando solo se presenta como prueba el contrato mismo, sin respaldo adicional de testimonios u otros documentos.

1.6.4. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales

26. La autoridad judicial de primera instancia envió el expediente electrónico correspondiente, pero no proporcionó un informe sobre el caso en cuestión.

1.7. Sentencia de primera instancia

27. En providencia del 4 de agosto de 20235, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B negó las pretensiones de la acción de tutela al no evidenciar que el Tribunal Administrativo de Caldas hubie ra incurrido en algún defecto al dictar la providencia del 8 de mayo de 2023. La decisión se fundamentó

en los siguientes motivos:

28. Esa Sala encontró satisfechos los requisitos generales que habilitan la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Además, constató que no se configuró el defecto fáctico alegado, dado que el tribunal accionado valoró de manera adecuada las pruebas relacionadas con el elemento

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Además, constató que no se configuró el defecto fáctico alegado, dado que el tribunal accionado valoró de manera adecuada las pruebas relacionadas con el elemento de subordinación, en consonancia con las recientes directrices establecidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en relación con el asunto en cuestión.

29. Por otro lado, sostuvo que no se configuró el desconocimiento del precedente alegado, dado que no se demostró que el mismo juzgador hubiera adoptado decisiones divergentes en casos similares sin justificación alguna.

1.8. Impugnación

30. El señor Castrillón Fernández presentó un escrito de impugnación en el cual alegó que se configuró un defecto fáctico por parte de la autoridad judicial

accionada por las siguientes razones:

31. Argumentó que la autoridad judicial incurrió en un error al valorar las pruebas relacionadas con el contrato 458 de 2015. En este sentido, mencionó que en varios fallos 6 en contra del SENA se ha establecido que el mero desempeño de funciones como instructor, de acuerdo con la naturaleza de los

5 Decisión notificada el 17 de agosto de 2023. 6 Tribunal Administrativo de Caldas, bajo los radicados 17001 -33-33-001-2016-00260-00/02, demandante: Alexandra Gómez Serna; 17001 -33-33-002-2016-0031400/02, demandante: Carlos Alfredo Espinosa González; 17001 -33-33-008-2016-00336-00/02, demandante Angela María Arias Arias; y 17001 - 33-39-006-2018-00459-00/02, demandante: Jimmy Salamanca

Carlos Alfredo Espinosa González; 17001 -33-33-008-2016-00336-00/02, demandante Angela María Arias Arias; y 17001 - 33-39-006-2018-00459-00/02, demandante: Jimmy Salamanca

Jiménez.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

servicios contratados, implica de manera implícita la existencia de subordinación y dependencia.

32. Además, señaló que, aunque los testigos no recuerden haberlo visto como instructor, el contrato del año 2015 detalla las funciones que realizó en el ejercicio de dicha actividad.

33. Finalmente, hizo hincapié en que se vulneró su derecho a la igualdad en comparación con las personas que desempeñaron labores como instructores y se les reconocieron sus derechos laborales . En este contexto, resaltó que el contrato de instructor contenía cláusulas que imponían deberes y obligaciones al trabajador que no deberían aplicarse al contratista bajo un contrato de prestación de servicios.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el señor Jeovany Castrillón Fernández contra la sentencia de primera instancia proferida el 4 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos

señor Jeovany Castrillón Fernández contra la sentencia de primera instancia proferida el 4 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

35. La Sala advierte que el señor Jeovany Castrillón Fernández está legitimado en la causa por activa. Esto, en la medida en que fue la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

36. Por otro lado, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

37. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y el recurso de impugnación presentado, esta Sala debe determinar si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia proferido el 4 de agosto de 2023

por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

38. En ese sentido, el primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial la exigencia de relevancia constitucional.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández

Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

consiste en determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial la exigencia de relevancia constitucional.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

39. De encontrarse superado el mismo, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta de Decisión vulneró los derechos fundamentales del señor Castrillón Fernández al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia? Lo anterior, porque incurrió en un defecto f áctico, de desconocimiento de precedente y violación directa a la constitución con la sentencia proferida el 8 de mayo de 2023 en la que se revocó lo resuelto por el a quo que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para en su lugar denegarlas.

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; y (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial el de re levancia constitucional, el cual de encontrarse superado junto con las demás exigencias, se procederá al análisis de los defectos alegados por el accionante.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

con las demás exigencias, se procederá al análisis de los defectos alegados por el accionante.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 7. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es pr ocedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales9.

42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia 11 y ocho defectos

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio d e 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procede ncia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere inter puesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y queDemandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.

43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes

requisitos generales de procedencia:

especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.

43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes

requisitos generales de procedencia:

1. Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) Inmediatez, iii) Subsidiariedad, iv) Relevancia constitucional, v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

44. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

45. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

46. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

46. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, d e competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación de l supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de

incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: Jeovany Castrillón Fernández Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Radicado: 11001-03-15-000-2023-03393-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.5. Análisis sob