CE - 110010315000202303395011SENTENCIA20231023171954

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03395-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: ANA MATILDE CANTILLO GONZÁLEZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL

DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO.

SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 15 de agosto de 2023, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C” DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la presente solicitud de amparo constitucional.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora ANA MATILDE CANTILLO GONZÁLEZ, actuando a

1 En adelante la SECCIÓN TERCERA.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03395-01

Actora: ANA MATILDE CANTILLO GONZÁLEZ

1 En adelante la SECCIÓN TERCERA.2

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Actora: ANA MATILDE CANTILLO GONZÁLEZ

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través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO 2 al proferir la providencia de 11 de mayo de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00309-01.

I.2.- Hechos

Indicó que ante el Tribunal Administrativo del Atlántico 3 promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 4 contra el MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 5, el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 6, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Oficio núm. 2014824 de 25 de octubre de 2014, expedido por

2 En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.

declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Oficio núm. 2014824 de 25 de octubre de 2014, expedido por

2 En adelante la SECCIÓN SEGUNDA. 3 En adelante el TRIBUNAL. 4 A la cual se correspondió el número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00309-00-, 5 En adelante FOMAG. 6 En adelante la Fiduprevisora.3

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el Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa de la Alcaldía de Barranquilla; - Acto ficto o presunto negativo de la Fiduprevisora al no resolver la solicitud de pago oportuno de las cesantías definitivas.

Manifestó que como restablecimiento de derecho solicitó que se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

Señaló que mediante sentencia de 9 de noviembre de 2018 , el TRIBUNAL accedió a las preten siones de la demanda y a título de restablecimiento del derecho ordenó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria correspondiente al período comprendido entre el 19 de abril de 2012 y el 17 de junio de 2014, la cual se liquidaría “con el 18.02% de un día de salario de la asignación básica devengada por la actora para la anualidad de 2011”.

19 de abril de 2012 y el 17 de junio de 2014, la cual se liquidaría “con el 18.02% de un día de salario de la asignación básica devengada por la actora para la anualidad de 2011”.

Manifestó que inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 11 de mayo de 2023, modificó el ordinal cuarto de lo decidido por el a quo en el sentido de ordenar el pago de la sanción moratoria entendida como un día de salario por cada4

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día de retardo desde el 12 de abril de 2012 al 22 de enero de 2013.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en error al reconocer la sanción moratoria del 12 de abril de 2012 al 22 de enero de 2013, cuando en realidad solo accedió al dinero correspondiente al pago de sus cesantías hasta el 18 de junio de 2014, fecha que se debió tener en cuenta para efectos del referido reconocimiento, razón por la cual estimó que se desconoció el parágrafo único del artículo 5° de la Ley 1071 de 31 de julio 20067 y la sentencia SU 336 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.

I.4.- Pretensiones

parágrafo único del artículo 5° de la Ley 1071 de 31 de julio 20067 y la sentencia SU 336 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. se ORDENE al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección segunda – Subsección A. representado legalmente por el Dr. Gabriel Valbuena Hernández, o quien haga sus veces al momento de la notificación, MODIFICAR el numeral 1 del fallo de fecha 11 de mayo del 2023, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicación 08001-23-33-000-2016-00309-01 (6264 – 2019) y en su defecto aplicar lo establecido en la Sentencia de Unificación

7 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”5

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de la Corte Constitucional 336 – 2017, y la Ley 10 71 del 2006 en su Art. 5 Parágrafo único que dice:

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías

de la Corte Constitucional 336 – 2017, y la Ley 10 71 del 2006 en su Art. 5 Parágrafo único que dice:

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, LA ENTIDAD

OBLIGADA RECONOCERÁ Y CANCELARÁ DE SUS PROPIOS

RECURSOS, AL BENEFICIARIO, UN DÍA DE SA LARIO POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE LAS MISMAS, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

3. SOLICITO que la anterior modificación se haga teniendo como base el 12 de abril del 2012 fecha en que se deb ía hacer el pago de las Cesantías, HASTA el 18 de junio del 2014 , fecha en que se HIZO la consignación del pago de las Cesantías

(todo esto debidamente indexado).

I.5.- Defensa

I.5.1. La SECCIÓN SEGUNDA sostuvo que la presente acción de tutela no reúne la totalidad de los requisitos generales para su procedencia contra decisiones judiciales, pues no se vulneró derecho fundamental alguno ni se configuró ningún defecto fáctico o sustantivo que amerite la intervención del juez constitucional e indicó que lo que busca la actora es promover y tramitar una tercera instancia inexistente en el ordenamiento jurídico.

I.6.- Intervinientes

sustantivo que amerite la intervención del juez constitucional e indicó que lo que busca la actora es promover y tramitar una tercera instancia inexistente en el ordenamiento jurídico.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar su falta de legitimación en la6

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causa por pasiva, pues la eventual vulneración de derechos fundamentales invocados por la actora fue presuntamente ocasionada por la sentencia de la SECCIÓN SEGUNDA y no por dicha Corporación.

Igualmente, solicitó declarar improcedente el amparo deprecado y, subsidiariamente, denegar las pretensiones de la acción de tutela , pues no se cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional, en razón a que los argumentos expuestos ya habían sido resueltos en el proceso ordinario y lo que busca la actora es establecer y tramitar una tercera instancia prohibida en el ordenamiento jurídico.

I.6.2.- La Fiduprevisora advirtió que la argumentación de la accionante es “ exigua” en relación con la fundamentación de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, porque se está utilizando con el ánimo de invalidar actuaciones procesales previas y decisiones debidamente ejecutoriadas.

causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, porque se está utilizando con el ánimo de invalidar actuaciones procesales previas y decisiones debidamente ejecutoriadas.

Manifestó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho actuaron conforme al ordenamiento jurídico, sin que pueda aducirse desconocimiento de7

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los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

Afirmó que no es dable inferir que se haya presentado una transgresión de las garantías fundamentales de la actora, pues se le respetó el debido proceso y los procedimientos legalmente establecidos.

I.6.3.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, el FOMAG y el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, pese a ser debidamente notificados del presente trámite constitucional, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 15 de agosto de 2023, la SECCIÓN TERCERA declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia bajo el argumento de que no cumple el requisito general de la relevancia constitucional, en la medida en que se reiteran argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario.

declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia bajo el argumento de que no cumple el requisito general de la relevancia constitucional, en la medida en que se reiteran argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario.

Indicó que la providencia objeto de reproche no incurrió en los defectos alegados por la accionante , por cuanto la SECCIÓN SEGUNDA referenció expresamente las reglas jurisprudenciales de8

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las cuales se apartó.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio.

Además, s eñaló que el presente caso si tiene relevancia constitucional, toda vez que le asistía el derecho de solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que habla el parágrafo único del artículo 5° de la Ley 1071 de 2006 y que dicha norma ya estaba amparada por una sentencia de unificación de la Corte Constitucional como lo es la SU 336 de 2017.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

Corte Constitucional como lo es la SU 336 de 2017.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20219

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de l a violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de l a violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso10

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Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de va ciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decis iones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos11

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institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la prot ección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que

comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la prot ección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los d erechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida , mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para

que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.12

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 11 de mayo de 2023, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00309-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, habida cuenta que,13

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a juicio de la parte demandante , la autoridad judicial accionada incurrió en error al reconocerle la sanción moratoria del 12 de abril de 2012 al 22 de enero de 2013, cuando en realidad accedió al dinero de sus cesantías solo hasta el 18 de junio de 2014, fecha que se debió tener en cuenta para efectos de dicho reconocimiento, razón por la cual estimó que se desconoció el parágrafo único del artículo 5° de la Ley 1071 de 2006 y la sentencia SU 336 de 2017 proferida por la Corte Constitucional.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que, a través de sentencia de 15 de agosto de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo luego de considerar que incumplía con el requisito general de relevancia constitucional, habida cuenta que se reitera ron argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario.

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia para lo cual reiteró los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio, afirmando que le asistía el derecho de solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata el parágrafo único del artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, tal como lo

introductorio, afirmando que le asistía el derecho de solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata el parágrafo único del artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, tal como lo había explicado la Corte Constitucional en la sentencia SU 336 de 2017.14

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Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii) establecer si la autoridad jud icial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora al proferir el fallo de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 08001-2333-000-2016-00309-01.

En ese orden , la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de amparo de la referencia es que se reconozca la sanción

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria solicitada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Cabe señalar que sobre el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se discuten providencias15

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judiciales en las qu e se resolvió sobre la procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 20198, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,

restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decr eto 1582 de

1998. En esa medida, adujeron que las providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental

8 Corte Constitucional, sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido16

8 Corte Constitucional, sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03395-01

Actora: ANA MATILDE CANTILLO GONZÁLEZ

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ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional . La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se que da temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del tra bajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de f uente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental

del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fu