CE - 110010315000202303406011SENTENCIA20230922161854

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-03406-01

Accionante: Andrés Augusto Ibarra Montenegro

Accionados: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del d erecho, en la que se confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda tendientes a lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a docente o ficial afiliad o al

FOMAG.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 9 de agosto de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

El señor Andrés Augusto Ibarra Montenegro promovió acción de tutela para que se

Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

El señor Andrés Augusto Ibarra Montenegro promovió acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de j usticia, seguridad social y los principios de favorabilidad ,Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Huila.

HECHOS

El señor Andrés Augusto Ibarra Montenegro afirmó que está vincul ado laboralmente al municipio de Neiva con posterioridad al 1.° de enero de 1990, por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.

Así mismo, indicó que el 15 de febrero de 2021 el Minist erio de Educación Nacional, en su condición de empleador, no consignó las cesantías correspondientes a los servicios que prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( en adelante FOMAG), al cual pertenece como trabajador del Estado.

Igualmente, señaló que el 30 de agosto de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que le fuera realizada la respectiva consignación, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 5 0

que le fuera realizada la respectiva consignación, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 5 0 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Cons ejo de Estado. Sin embargo, expuso que la cartera ministerial remitió la petición a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a pesar de no ser de su competencia, y nunca se le otorgó respuesta a su requerimiento.

Por consiguiente, manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el 26 de enero de 202 3 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva dictó sentencia de primera instancia.

De la misma form a, expuso que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia, al considerar que le asistía derecho a la mencionada sanción, conforme a lo sostenido por la jurisprudencia de los órganos de cierre de las jurisdicciones constitucional y c ontencioso administrativo . Además, r efirió que el 16 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo de l Huila confirmó la decisión recurrida.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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Al respecto, el accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Huila vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad,

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Al respecto, el accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Huila vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, porque su decisión no es acorde a la abundante jurisprudencia constitucional y del Consej o de Estado sobre el derecho que le asiste a la sanción moratoria.

Para el efecto, realizó un recuento de los antecedentes sobre la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar de manera efectiva las cesantías de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990 en el FOMAG, antes del 15 de febrero de cada anualidad, y afirmó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dictado 22 sentencias entre el 2021 y el 2023, en las que ha accedido al reconocimiento y pago de la sanción mor atoria a favor de docentes oficiales vinculados al FOMAG con po sterioridad al 1.° de enero de 1990, en atención al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, proveídos con los cuales se le generó la confianza legítima de que su proceso sería resuelto en el mismo se ntido, en atención al principio de seguridad jurídica; no obstante, el Tr ibunal accionado adoptó una decisión contraria.

Así, identificó las providencias dictadas, en su mayoría, por las distintas subsecciones de la Sección precitada con las siguientes f echas y radicados: 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009-000867-01

subsecciones de la Sección precitada con las siguientes f echas y radicados: 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009-000867-01 (4854-2014); 29 de julio de 2019, 2018 -03499-01; 2 de diciembre de 2019, 201400173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020, 2014 -00208-01; 22 de octubre de 2020 , 2014-00254-01 (4960 -2017); 12 de noviembre de 2020, 2014 -00132-01; 17 d e junio de 2021, 2015 -00031-01; 17 de junio de 2021, 2014 -00815-01 (4979-2017); 4 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0483 -20); 25 de noviembre de 2021, 2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviembre de 2021, 2017 -00134-01 (22082020); 11 de noviemb re de 2021 , 2015-90008-01 (2387-2020); 11 de noviembre de 2021, 2014 -90022-01 (5154 -2016); 20 de enero de 2022, 2017 -00931-01 (1001-2021); 3 de marzo de 2022, 2015 -00075-01 (2660 -2020); 28 de a bril de

2022, 2013 -00756-01 (2224 -2020); 9 de mayo de 2022, 2017 -00795-01 (26592020); 19 de mayo de 2022, 2019 -00359-01 (4004 -2021); 1.° de julio de 2022, 2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agosto de 2022, 2015 -00509-01 (2140-2020); y 22 de septiembre de 2022, 2015-90124-01 (2394-2020).Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte Constitucional en las sentencias SU098/18, SU332/19 y SU041/20. Sobre el particular, añadió que en los tribunales administrativos del país tam bién existen precedentes judiciales de los años 2022 y 2023, en los que s e ha reconocido el derecho a la sanción moratoria a docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la falta de consignación de las cesantías por parte del patrono, Ministerio de Educación Nacional, el 15 de febrero del 2021, al FOMAG y que corresponden a su labor como maestros oficiales en el 2020, como son las

sentencias con las siguientes fechas y radicados: 21 de junio de 2022, 201800097-00; 24 de enero de 2023, 2019 -00046-01; 31 de mayo de 2019, 201300734-00. Así mismo, identificó las siguientes providencias expedidas por distintos juzgados: 23 de junio de 2022, 2022 -00020-00; 9 de septiembre de 2002, 202200115-00; 21 de septiembre de 2022, 2022 -00085-00; 27 de septiem bre de 2022, 2022-00095-00; 28 de septiembre de 2022, 2022 -00066-00; 28 d e septiembre de 2022, 2022-00065-00; 30 de septiembre de 2022, 2022-00109-00; 6 de octubre de 2022, 2022 -00072-00; 25 de octubre de 2022, 2022 -00122-00; 16 de noviembre de 2022, 2022-00008-00; y 19 de enero de 2023, 2022-00098-00.

Aunado a ello, consideró que si el accionado pretendía efectuar un cambio de jurisprudencia debió argumentarlo de esa forma, pero ello no ocurrió en el asunto, pues lo único que aquel expresó fue que, primer o, existía el principio de unidad de caja en el manejo de los r ecursos del FOMAG —a pesar de que ello no es óbice para el reconocimiento reclamado, pues esa unidad no se predica de los recursos que aún no han sido transferidos por la cartera ministerial y, en todo caso, no puede confundirse con el momento en que deben girarse l os recursos —, y,

para el reconocimiento reclamado, pues esa unidad no se predica de los recursos que aún no han sido transferidos por la cartera ministerial y, en todo caso, no puede confundirse con el momento en que deben girarse l os recursos —, y, segundo, que no había sentencia unificada, con lo cual dejó de lado las múltiples providencias expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes reseñadas.

Así mismo, sostuvo que el Tr ibunal Adm inistrativo del Huila incurrió en tres errores, comoquiera que no es cierto que de la Ley 344 de 1996 hubiera nacido la obligación de consignar las cesantías para los servidores públi cos del nivel territorial, pues lo que allí se estableció es que hasta su fecha de promulgación se respetaría el régimen de cesantías que cada empleado público de ese ordenRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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tuviera; la posición de aquel implicaría desconocer de dónde proviene el patrimonio del FOMAG; y resulta un exabrupto señalar que un docente vincu lado por una entidad territorial tiene derecho a la sanción moratoria, sin que la Nación se hubiese enterado y aquel no estuviese afiliado a dicho fondo.

En esa medida, coligió que la conclus ión del Tribunal Administrativo del Huila consistente en que el Ministeri o de Educación Nacional no debe girar los recursos de las cesantías en debida forma de los docentes que ya se encuentran afiliados

En esa medida, coligió que la conclus ión del Tribunal Administrativo del Huila consistente en que el Ministeri o de Educación Nacional no debe girar los recursos de las cesantías en debida forma de los docentes que ya se encuentran afiliados al FOMAG requiere una efectiva corrección de orden legal.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 16 de mayo 2023 en el proceso que promovió, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En consecuencia, re quirió ordenar al Tribunal Administrativo del Huila dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo, en el que atienda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó el máximo tribunal constitucional en la sentencia SU0 98/18 y la Sección Segunda de esta corporación, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitado en la demanda.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 29 de junio de 2023, mediante proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Huila , como accionado; a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al municipio de Neiva , como terceros con interés.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al municipio de Neiva , como terceros con interés.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Huila , por intermedio de la magistrada Nelcy Vargas Tovar, manifestó que la parte accionante no hizo alusión a los defectos en que incurrió en la sentencia cuestionada en esta se de, pues centró su argumento en que aquella no se ajusta a los postulados de ley. En esa medida, estimó que, si se considerara que el alegato se limita al desconocimiento de la normativa, lo cierto es que esa circunstancia implicaría la reiteración de las pretensiones del proceso ordinario, lo que tornaría improcedente la acció n de tutela, en tanto la decisión emitida tiene como soporte el caudal probatorio recopilado en el medio de control y la normativa.

Así las cosas, solicitó negar el amparo deprecado , puesto que en la providencia atacada no se observa la vulnera ción de al gún derecho fundamental de l señor Andrés Augusto Ibarra Montenegro y no se configuró ninguno de los requisitos específicos de procedencia de la acción.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva , por conducto de su titular , manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda , porque no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales reclamados en protección por el

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva , por conducto de su titular , manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda , porque no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales reclamados en protección por el accionante y, por el contrario, l os garantizó en las actuaciones procesales y en la sentencia de primera instancia.

Además, expuso que en el presente asunto no se supera el requisito de relevancia constitucional, en tanto se trata de una discusión donde se debaten aspectos que son absolutamente de índole legal y bajo esa óptica fue resuelta la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el accionante, sin que sea dable crear una instancia adicional al proceso ordinario.

Aclaró que los pronunciamientos citados por la parte accionante fueron analizados íntegramente en la sentenci a de prime ra instancia, pero aquellos versaron sobreRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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situaciones jurídicas especiales en las que no se enmarca la del solicitante de la protección, quien efectuó una interpretación sesgada de e sas decisiones judiciales, pues omitió su ratio decidendi , en la que clar amente el Consejo de Estado afirmó que a los docentes oficiales no se les aplica la Ley 50 de 1990 para efectos de las cesantías y sus intereses, dado que esas normas fueron extendida s por disposición del artículo 1.° del Decreto 1582 de 1998 úni camente a los

efectos de las cesantías y sus intereses, dado que esas normas fueron extendida s por disposición del artículo 1.° del Decreto 1582 de 1998 úni camente a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías.

Por último, adujo que las providen cias de los tribunales y juzgados del país a los que hizo referencia el accionante no constituyen precedente judicial ni criterio auxiliar de la actividad judicial en los términos del artículo 230 de la Constitución Política.

El municipio de Neiva , a trav és del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, aseguró que no pued e aceptars e lo señalado por la parte accionante, debido a que el Tribunal Administrativo del Huila realizó el análisis jurídico y jurisprudencial respectivo para adoptar la decisión y salvaguardó las garantías constitucionales.

Al respecto, resaltó que, como lo ex puso la autoridad judicial precitada, aplicar la Ley 50 de 1990 en cuanto a la forma de administrar, liquidar y cancelar las cesantías desconocería el régimen especial de la Ley 91 de 1989 establecido para los docentes y, por tanto, no es procedente su aplicación.

Además, aclaró que las secretar ías de educación certificadas de los entes territoriales no realizan ningún tipo de giro o pago de prestaciones sociales a los docentes, por cuanto no son administradoras de los recursos económicos del FOMAG.

En e se entendido, solicitó negar por improcedente la acción de tutela, debido a que con la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila no existió quebrantamiento de derecho fundamental alguno.

FOMAG.

En e se entendido, solicitó negar por improcedente la acción de tutela, debido a que con la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila no existió quebrantamiento de derecho fundamental alguno.

La Fiduprevisora S.A. , mediante la coordinadora de tutelas, sostuvo que la argumentación de la parte accionante es exigua en relación con la configuraciónRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales, porque aquella está siendo utilizada para inv alidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

De otra parte, adujo que, en virtud del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas en la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas indi viduales los recursos para el pago de las cesantías, lo cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989, bajo el principio de unidad de caja. Aclaró que la totalidad de los recursos con que se constituye el mencionado fondo conforman el pa trimonio autónomo que se administra por medio de un esquema fiduciario, por lo que los recursos se gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.

En esa medida, explicó que la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para los docentes afiliados al FOMAG se extiende a la

gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.

En esa medida, explicó que la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para los docentes afiliados al FOMAG se extiende a la consignación de cesantías, razón por la cual no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la L ey 50 de 1990, ya que esta ocurre por la consignación inoportuna de las cesantías.

Además, precisó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda aducirse que aquellas hayan inobservado los precedentes judiciales sobre la materia objeto de la dema nda o vuln erado las garantías fundamentales de l accionante. Por consiguiente, requirió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y desvincularlo, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

OPOSICIÓN A LAS CONTESTACIONES

El señor Andrés Augusto Ibarra Montenegro allegó memorial, en el cual afirmó que la autonomía judicial no es absoluta, en tanto deben respetarse , de un lado, ciertos límites en la interpretación y aplic ación de la ley y, de otro, el precedente judicial, pues de lo contrario se prescindiría de un deber constitucional de cooperación para lograr un correcto funcionamiento de la administración de justicia. En esa medida, debe prevalecer la aplicación del principio de igualdad y la garantía de la seguridad jurídica en las actuaciones judiciales.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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Así mismo, expuso la necesidad de que se analice el presente asunto, ante la copiosa jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos q ue le prestan servicios al país y e l reconocimiento de la sanci ón moratoria de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Adicionalmente, señaló que la sanción moratoria está consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual se extendió a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado, lo cual incluye necesariamente a los docentes oficiales conforme se ha señalado en las sentencias C741/12, C486/16, SU336/17 y SU09 8/18 dictadas por la Corte Constitucional y la proferida el 18 de julio de 2018, expediente 2014-00580-01, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese entendido, estimó que la inaplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 implica la transgresión al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

Igualmente, advirtió que la postura que pretende se aplique sigue siendo el crite rio vigente del Consejo de Estado, pues durante el interregno e n el cual se radicó la acción de tutela y la fecha de ese memorial se profirió un pronunciamiento, con

Igualmente, advirtió que la postura que pretende se aplique sigue siendo el crite rio vigente del Consejo de Estado, pues durante el interregno e n el cual se radicó la acción de tutela y la fecha de ese memorial se profirió un pronunciamiento, con fecha del 19 de enero de 2023, sobre la materia.

En esa medida, señaló que el Consejo d e Estado ha dictado alrededor de 2 2 sentencias, en las que ha sostenido q ue a los docentes afiliados al FOMAG les es aplicable la Ley 50 de 1990, por lo cual la solicitud es que se otorgue un trato igualitario, razón por la que no puede aceptarse la interp retación restrictiva del Tribunal Administrativo de l Huila sobre la exist encia de un régimen especial para dichos docentes.

Además, puso de presente que sí se configuró una violación directa de la Constitución por la no aplicaci ón del principio de favorab ilidad, lo cual constituye un aspecto de especial relevancia constitucion al, en consonancia con la abundante jurisprudencia en el caso específico de los docentes.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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Agregó que han existido ocasiones en las que la Corte Constitucional ha aplicado el régimen general a personas amparadas bajo uno especial, sin que ello c onlleve al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como ha sido la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a

el régimen general a personas amparadas bajo uno especial, sin que ello c onlleve al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como ha sido la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores público s por el pago tardío de estas , en la s sentencias C741/12,

C486/16, SU336/17 y SU098/18.

Así mismo, adujo que la tesis de que existe un régimen especial de cesantías debe ser superado por parte del operador jurídico y merece un especial pronunciamiento de l despacho , máxime si se tiene presente que el Tribunal Administrativo del Huila concluyó erróneamente que los docentes se encontraban excluidos de la sanción moratoria y que la única diferencia con los demás empleados del país es que el valor de los inter eses de las cesantías se paga al liquidar el DTF sobre el saldo acumulado.

Sumado a lo anterior, señaló que tampoco es de recibo el razonamiento del Juzgado Segundo Administrativo de Neiva sobre la supuesta debida fundamentación de la sentencia, pues ello desconoce el contenido de la Ley 91 de 1989 y el desarrollo legal y jurisprudencial sobre la materia.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 9 de agosto de 2023 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, porque, de un lado, el debate propuesto versa sobre la determinación de aspectos legales y la correcta aplicación e interpretación de las normas que regulan el reconoc imiento y pago de la sanción moratoria derivada de la consignac ión tardía de las cesantías en el

debate propuesto versa sobre la determinación de aspectos legales y la correcta aplicación e interpretación de las normas que regulan el reconoc imiento y pago de la sanción moratoria derivada de la consignac ión tardía de las cesantías en el régimen prestacional de los docentes oficiales , y, de otro, lo pretendido es convertir el mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario. Para soportar su postura, resaltó lo definido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU573/19.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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IMPUGNACIÓN

El accionante interpuso recurso de impugnación en contra de la sentencia de tutela del 22 de junio de 2023 proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, para lo cual insistió en los argumentos in iciales y, adicionalmente, afirmó que no es cierto que no exista una posición pacífica en el Consejo de Estado respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, p ues esta ha sido decantada desde el 2019 hasta la fecha, como se evidenci a del recuento jurisprudencial efectuado en el escrito de tutela.

En ese sentido, adujo que la postura anterior sigue siendo acogida por el Consejo de Estado, lo que resulta evidente si se tiene presente que en el interregno en que se instauró la acción de tutela y la actualidad se profirió la sentencia del 19 de

En ese sentido, adujo que la postura anterior sigue siendo acogida por el Consejo de Estado, lo que resulta evidente si se tiene presente que en el interregno en que se instauró la acción de tutela y la actualidad se profirió la sentencia del 19 de enero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se empleó aquella.

Además, aseveró que la acción de la referencia sí cumple con el requisito d e relevancia constitucional, para lo cual citó las sentencias del 23 de marzo de 2023 y del 17 de abril de 2023, radicado 2023 -00965-00, dictadas por la Subsección B de la Sección Seg unda del Consejo de Estado, y del 28 de julio de 2019 de la Sección Primera de esta corporación, en las que se llegó a esa conclusión por la vulneración de derechos fundamentales, porque no se tuvo en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de la sanción ante la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.

En consecuencia, solicitó revocar el fallo de tutela recurrido y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales reclamados en protección y dejar sin efectos la sentencia objeto de esta acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver l a presente acción , la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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caso concreto.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -03406 -01

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I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales especí ficas esta blecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga u na clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión tras ciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conju rar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razona ble y

fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razona ble y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sente ncias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos f