CE - 110010315000202303408001SENTENCIA20230921161121
Detalles
- Título
- CE - 110010315000202303408001SENTENCIA20230921161121
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202303408-00
Actora: Araceli Andrea Ruíz Rúa Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro1
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de inmediatez
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) a cceso a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2
Núm. único de radicación: 110010315000202303408-00
Actora: Araceli Andrea Ruíz Rúa
I.ANTECEDENTES
La solicitud
en forma digital.2
Núm. único de radicación: 110010315000202303408-00
Actora: Araceli Andrea Ruíz Rúa
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín , porque, a su juicio, i) el Tribunal, al proferir el auto de 5 de diciembre de 2022, y ii) el Juzgado, al proferir el auto de 8 de abril de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 050013333006201900096-01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, junto con otros familiares, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal y el Hospital San Juan de Dios de Santa Rosa de Osos, con el fin de que fueran declarados administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales y extrapatrimoniales derivados de la m uerte de la neonata el 1.° de febrero de 2017, con ocasión a una indebida prestación del servicio médico.
4. Indicó que , el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín , mediante auto de 10 de abril de 2019, admitió la demanda.
4. Indicó que , el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín , mediante auto de 10 de abril de 2019, admitió la demanda.
5. Sostuvo que, el Juzgado, mediante auto de 29 de enero de 2020, resolvió no tener en cuenta los memoriales allegados por el Municipio de Santa Rosa de Osos, al considerar que ni del contenido de la demanda ni del auto admisorio se extraía que el mencionado Municipio hubiese sido convocado a dicho proceso.
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_PRUEBA_26_6_20239_(.pdf) Nr oActua 2 ”. Archivo aportado en forma digital.3
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Actora: Araceli Andrea Ruíz Rúa
6. Manifestó que, frente a dicha providencia, el apoderado del Municipio de Santa Rosa de Osos interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual fue resuelto por e l Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín mediante auto del 9 de marzo de 2020, en el sentido de reponer su decisión y vincular al Municipio como litisconsorte.
7. Señaló que, el apoderado de Alejandro Cardona Palacio presentó solicitud de nulidad, respecto de la cual, el Juzgado, mediante auto de 8 de abril del 2022,
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Rechazar de plano la solicitud de nulidad formulada por el apoderado del profesional de la medicina ALEJANDRO CARDONA PALACIO
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Rechazar de plano la solicitud de nulidad formulada por el apoderado del profesional de la medicina ALEJANDRO CARDONA PALACIO llamado en garantía por el Municipio de Santa Rosa de Osos, de conformidad con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: Dejar sin efecto el auto notificado por estados del 16 de marzo del 2020 – ver archivo 33-, por medio del cual se dispuso vincular en calidad de litisconsorte al Municipio de Santa Rosa de Osos.
TERCERO: Declarar la terminación del proceso respecto de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA y MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, por las razones expuestas en la parte motiva.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, la contestación allegada por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, así como los llamamientos en garantía formulados por ella aquella, se tornan inexistentes para el presente trámite y, por ende quedan sin efectos los autos admisorios de dichos llamamientos en garantía
[…]”.
8. Indicó que, la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 5 de diciembre de 2022, resolvió:
“[…] PRIMERO. CONFIRMAR la decisión contra auto proferido el día 8 de abril de 2022, por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante el cual decidió declarar la terminación del proceso respecto de la ESE HOSPITAL SAN
RAFAEL DE ANGOSTURA […]”.
8.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En el presente asunto, se tiene que con la demanda la parte actora aportó acta
RAFAEL DE ANGOSTURA […]”.
8.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En el presente asunto, se tiene que con la demanda la parte actora aportó acta del 4 de marzo de 2019, audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 169 Judicial I para asuntos administrativos, en la cual se indica en relación a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA que no fue convocada a la diligencia, y quien comparece en representación de la entidad lo hace en condición de Representante Legal sin tener la calidad de abogado, por lo que la Procuradora en la4
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audiencia de conciliación extra judicial, no le reconoce personería para actuar en la diligencia […] De igual manera, en relación a la solicitud del demandante de tener notificada a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURAANTIOQUIA, en esa diligencia, la Procuradora lo consideró improcedente […]”.
[…]
“[…] En la constancia de la audiencia de conciliación prejudicial se indicó que se declaró fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio con la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL y frente a la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, el trámite conciliatorio no se agotó por la inexistencia de la entidad, dada la liquidación de la misma en el año 2013, según lo informó el señor JAVIER ENRIQUE ARTEAGA
trámite conciliatorio no se agotó por la inexistencia de la entidad, dada la liquidación de la misma en el año 2013, según lo informó el señor JAVIER ENRIQUE ARTEAGA JIMENEZ, quien compareció como Representante Legal ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ANTIOQUIA. Además, se indica que queda agotado el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, según lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la ley 640 de 2001 y artículo 161 del CPACA.
De lo anterior, se concluye, que la Procuraduría 169 Judicial I para asuntos administrativos, en la audiencia de conciliación extrajudicial celebrada el 4 de marzo de 2019, indicó que con l a convocada ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL se agotó el requisito de procedibilidad, por el contrario, en relación con la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, el trámite conciliatorio no se agotó por la inexistencia de la entidad. Ahora, en relación a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA – ANTIOQUIA, se observa que fue considerado como asistente y sus consideraciones con relación a la entidad que debió vincularse al proceso, no fueron tenidos en cuenta por la Procuradora por no actuar mediante apoderado judicial, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 1 de la ley 640 de 2001 […] En relación a los argumentos expuestos por el recurrente, es pertinente señalar que estos hacen referencia al trámite adelantado por la Procuraduría en la audiencia de conciliación extrajudicial,
expuestos por el recurrente, es pertinente señalar que estos hacen referencia al trámite adelantado por la Procuraduría en la audiencia de conciliación extrajudicial, pues fue ese Despacho quien decidió no dar por notificado al Representante Legal de la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA -ANTIOQUIA y tampoco accedió a la solicitud de suspensión de tres meses para notificarle con fundamento en la ley 1285 de 2009, al considerarlo improcedente, como se observa en el contenido del acta de la audiencia de conciliación extrajudicial y se mencionó anteriormente.
Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Sala que frente a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA – ANTIOQUIA no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y conforme a lo dispuesto en el artículo 175 el CPACA, en concordancia con el artículo 36 de la ley 640 de 2001, era procedente declarar la terminación del proceso respecto de esta entidad […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. La actora solicitó en su escrito de tutela:5
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Actora: Araceli Andrea Ruíz Rúa
“[…] Primero Solicito al honorable Consejo de Estado se le ampare los derechos fundamentales invocados por la hoy accionante.
Segundo. DEJASE sin efectos los autos emitidos por parte del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, y el del Tribunal Ad ministrativo de Antioquia, y demás actuaciones que contraríen los derechos procesales de mi representante inclusive.
Segundo. DEJASE sin efectos los autos emitidos por parte del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, y el del Tribunal Ad ministrativo de Antioquia, y demás actuaciones que contraríen los derechos procesales de mi representante inclusive.
Tercero. Ordenar emitir una nueva decisión que en derecho corresponda.
Cuarto. Se vincule como tercero a la procuraduría 169 para asuntos administrativos de Medellín […]”.
10. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que lo siguiente:
“[…] Conforme a lo anterior se tiene que el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial, está expresamente garantizando en el artículo 228 que consagra el derecho de acceso a la administración de justicia. La incorporación de este principio en el referido artículo, busca garantizar que formalidades propias de los procesos judiciales, sean interpretadas y empleadas para la mat erialización de los derechos de los ciudadanos que acceden a la administración de justicia, y de ninguna forma como un obstáculo o impedimento para el ejercicio y protección de los mismos.
Tal y como se desprende de lo referenciado de manera precedente, en el momento de realizar la audiencia de conciliación prejudicial, solicité la suspensión de la diligencia a la señora delegada de la procuraduría en aras de convocar al representante de la E.S.E SAN RAFAEL DE ANGOSTURA, obsérvese que la norma procesal no me impide solicitar la suspensión de la diligencia en aras de cumplir el requisito exigido […] solicite en plena audiencia que al hacer presencia el represente de la E.S.E SAN RAFAEL DE ANGOSTURA, se diera por notificado al interior de la
requisito exigido […] solicite en plena audiencia que al hacer presencia el represente de la E.S.E SAN RAFAEL DE ANGOSTURA, se diera por notificado al interior de la misma por la figura de la conducta concluyente, ante lo cual se manifestó por parte de la delegada de la procuraduría que no era posible en razón a que asistió sin abogado, y era ahí en ese momento donde se debió aplazar en aras de que consiguiera una defensa técnica para que representara sus intereses y no cercenarme la posibilidad de agotar el requisito exigido, pues como vuelve y se referencia se estaba dentro del término contemplado en la ley 1285 de 2009.
Por tal circunstancia considero que se le trasgredieron los derechos invocados a mi poderdante pues los hoy accionados con sus decisiones no observaron el verdadero sentido de la norma procesal, sino que por el contrario le dieron prevalencia al derecho formal sobre el sustancial deprecando de esa forma en una violación al debido proceso y acceso a la administración de justicia […]”.
Actuación
11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de junio de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juez Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín; iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo,6
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al Municipio de Santa Rosa de Osos, a la ESE Hospital San Juan de Dios de
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al Municipio de Santa Rosa de Osos, a la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal, a la ESE Hospital San Rafael de Angostura, al Centro de Investigaciones Médicas de Antioquia, a la Corporación Balboa, a Seguros Generales Suramericana S.A., a Liberty Seguros S.A., a Seguros del Estado S.A., a la Previsora Compañía de Seguros, a Juanita Arango Abissaad, a Carlos Fernando Rosentihel Pinto, a Alejandro Cardona Palacio, a Carlos Arturo Gómez, a María Hermilda Ruíz, a Olga Lucia Ruíz, a Dorys Liliana Ruíz, a Jully Adriana Ruíz, a Walter Elías Ruíz, a Juan Camilo Ruíz, a Deicy Aleida Ruíz, a Jairo Alberto Gómez y a AMER 3; y iv) accedió a la solicitud que presentó la actora relacionada con la vinculación, en calidad de tercero con interés legítimo, de la Procuraduría 169 Judicial para Asuntos Administ rativos de Medellín, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
12. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín rindió informe
en los siguientes términos:
“[…] Respecto del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS que intervino en el proceso en calidad de sucesora procesal de la extinta HOSPITAL SAN JUAN DE
en los siguientes términos:
“[…] Respecto del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS que intervino en el proceso en calidad de sucesora procesal de la extinta HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA, se consideró que no era procedente su vinculación por cuanto: i) la extinción d e la ESE se dio antes de instaurar la demanda y no durante el proceso, ii) no se agotó requisito de procedibilidad y iii) porque su vinculación al proceso como litisconsorte facultativo no puede darse de manera oficiosa.
En relación con La E.S.E. HOSPITA L SAN RAFAEL DE ANGOSTURA, quedó expresamente señalado que, en el trámite de Conciliación prejudicial ante la Procuraduría 169 Judicial I para Asuntos Administrativos, no se agotó este requisito de procedibilidad ante esta entidad […]”.
[…]
“[…] Por su p arte, la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia del 5 de diciembre de 2022, encontró acertada la decisión de primera instancia, al comprobar que frente a la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA – ANTIOQUIA no se agotó el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 175 CPACA en concordancia con el artículo 36 de la Ley 640 de 2001.
3 Teniendo en cuenta que, el Despacho adoptó como medida de protección a su intimidad, en caso de aún ser menor de 18 años de edad, la supresión de los datos que permit ieran su identificación, razón por la cual, sus nombres fueron reemplazados por las siguientes iniciales AMER7
menor de 18 años de edad, la supresión de los datos que permit ieran su identificación, razón por la cual, sus nombres fueron reemplazados por las siguientes iniciales AMER7
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Actora: Araceli Andrea Ruíz Rúa
Acorde a lo expuesto, no se vislumbra que en la decisión emitida por esta dependencia judicial se configure un defecto orgánico, procedimental, fáctico, material, un error inducido, una decisión que carezca de motivación, desconocimiento del precedente o violación directa de la Constitución, pues al contrario, se estima de forma respetuosa que la providencia fue proferida con observancia del debido proceso, con competencia para decidir el asunto y aplicando la normativa y jurisprudencia vigente […]”.
13. El Municipio de Santa Rosa de Osos solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, por las siguientes razones:
“[…] la acción de tutela por incumplirse con los requisitos generales de procedencia de tutela de contra providencia judicial, específicamente no se cumple con i) el requisito de la inmediatez, pues la tutela no se presentó dentro de un tiempo razonable al radicarse luego de más 6 meses de ejecutoriada la providencia tutelada, ii) tampoco se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, ya que, la parte a ccionante sólo está reiterando los argumentos que discutió en el proceso de reparación directa y la acción de tutela no puede ser instancia adicional al proceso ordinario, iii) además, el escrito de acción de tutela no cumple con enunciarse de forma clara, detallada y comprensible los hechos que a criterio del
proceso de reparación directa y la acción de tutela no puede ser instancia adicional al proceso ordinario, iii) además, el escrito de acción de tutela no cumple con enunciarse de forma clara, detallada y comprensible los hechos que a criterio del demanda vulneraron derechos fundamentales y iv) no se cumple con el requisito de la subsidiaridad frente a la decisión del Juzgado y Tribunal de desvincular del municipio de Santa Rosa Osos, pues, la hoy accionante en el proceso de reparación directa sólo recurrió la providencia cuestionando la desvinculación de la ESE de Angostura y no formuló reparo alguno sobre la desvinculación de mi representada.
Dado lo anterior, frente al requisito específico de procedencia no es necesario hacer un pronunciamiento, pues, en este caso se afirma que se incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, sin embargo, dicha afirmación carece de procedencia y justificación, pues, la accionante no sólo pareciera desde los requisitos generales de procedencia de tutela, sino que, no hace un esfuerzo argumentativo para acreditar que hubo un exceso ritual manifiesto, al punto que el escrito de tutela sólo se aprecia una página con “argumentos” que es la No. 6, lo cual no puede satisfacer los estándares que la jurisprudencia ha determinado para que el juez de tutela intervenga en el proceso de conocimiento, pues, la tutela contra providencia es un mecanismo excepcional reglado por jurisprudencia que no puede aligerarse su procedencia y amparo […]”.
14. Liberty Seguros S.A. solicitó negar la acción de tutela, al considerar que:
“[…] la accionante no se le ha violado ningún derecho fundamental, tales como al
aligerarse su procedencia y amparo […]”.
14. Liberty Seguros S.A. solicitó negar la acción de tutela, al considerar que:
“[…] la accionante no se le ha violado ningún derecho fundamental, tales como al DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, por parte del Juzgado 6to Administrativo Oral del Circuito de Medellín – Antioquia ni del Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Sexta de Oralidad.
Tanto el Juez 6to Administrativo Oral del Circuito de Medellín – Antioquia como el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Sexta de Oralidad, al momento de emitir sus decisiones, actuaron dentro del marco normativo y jurisprudencial, motivando ampliamente las razones por las cuales se debía declarar terminado el proceso judicial identificado con RUN 050013333006 2019 00096 00, en contra de la ESE8
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HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA y del MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE OSOS […]”.
15. Seguros del Estado S.A. solicitó negar la acción de tutela . Para tal efecto,
expuso lo siguiente:
“[…] Así entonces, al revisar el escrito contentivo de la presente acción es evidente que la misma no cumple con los requerimientos que la Jurisprudencia ha establecido en aquellos casos en donde la acción se presenta contra alguna providencia judicial, fundamentalmente por cuanto está demostrado que en el proceso con radicado 2019-00096, se debatieron ampliamente los mismos temas que son objeto de la presente acción constitucional y se profirieron decisiones plenamente ajustadas a
fundamentalmente por cuanto está demostrado que en el proceso con radicado 2019-00096, se debatieron ampliamente los mismos temas que son objeto de la presente acción constitucional y se profirieron decisiones plenamente ajustadas a derecho y concretamente fundadas en las pruebas que válidamente fueron incorporadas por las partes; constituyendo entonces la conducta de los aquí accionados un abuso del derecho y una clara intención de aprovechar el mecanismo de la acción de tutela para obtener un beneficio con respecto a una situación ya resuelta por la Jurisdicción con cumplimiento pleno de las disposiciones propias del ordenamiento jurídico […]”.
[…]
“[…] Nótese que la decisión que se profirió inclusive se originó en la misma inactividad del demandante, quien desde que estaba en la etapa extrajudicial no tomó ningún tipo de medida cuando la propia Procuraduría General de la Nación tuvo como no agotado el re quisito de procedibilidad respecto de la E.S.E. del Municipio de Santa Rosa de Osos.
Así entonces, pretende la parte accionante que se revoque en sede de tutela una decisión que simple y llanamente hicieron una revisión respecto del cumplimiento de los requisitos para acudir ante la jurisdicción y luego de haber tomado todas las precauciones que le permitieran establecer si ante el Ministerio Público se había agotado o no la conciliación, tomaron la decisión que legalmente corresponde […]”.
16. Seguros Generales Suramericana S.A. rindió informe en los siguientes
términos:
“[…] se tiene que el auto proferido por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia -al cual se acusa infundadamente de violentar los derechos fundamentales de la parte accionantefue proferido el 5 de diciembre de
“[…] se tiene que el auto proferido por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia -al cual se acusa infundadamente de violentar los derechos fundamentales de la parte accionantefue proferido el 5 de diciembre de 2022 por esta Corporación, siendo notificado por estados del siguiente 6 de diciembre, y cobrando ejecutoria el 12 de diciembre de la misma anualidad.
Pese a lo anterior, la accionante interpu so la tutela el 26 de junio de 2023, transcurriendo más de 6 meses entre el momento en que se profirió la decisión cuestionada y el momento en que se radicó la acción de tutela que se responde.
Lo anterior evidencia que en este caso no se cumple el requisito general de inmediatez para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y ello es suficiente para que se desestime la acción constitucional instaurada […]”.
[…]9
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Actora: Araceli Andrea Ruíz Rúa
“[…] De igual manera, e insistiendo en que la acción de tutela es improcedente por no cumplir con el requisito general de inmediatez, se estima que la providencia impugnada no vulnera los derechos fundamentales de la accionante […]”.
[…]
“[…] Se concluye de lo expuesto que el Tribunal Administrativo de Antioq uia no incurrió en yerro alguno al aplicar las normas procesales que imponían al demandante el agotamiento de la conciliación prejudicial frente a todas las entidades vinculadas a la parte pasiva de quien con todas las entidades frente a las que formula la pretensión indemnizatoria […]”.
demandante el agotamiento de la conciliación prejudicial frente a todas las entidades vinculadas a la parte pasiva de quien con todas las entidades frente a las que formula la pretensión indemnizatoria […]”.
17. La Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y los demás terceros con interés legítimo que fueron vinculados a la acción de tutela de la referencia guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo d e 20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10
Núm. único de radicación: 110010315000202303408-00
Actora: Araceli Andrea Ruíz Rúa
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
20. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de inmediatez.
21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.11
Núm. único de radicación: 110010315000202303408-00
Actora: Araceli Andrea Ruíz Rúa
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
23. Esta Sección adoptó 9 como parámetros a seguir los señalados en la
Actora: Araceli Andrea Ruíz Rúa
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
23. Esta Sección adoptó 9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 10, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia obj eto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejerc
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